Carolina Jiménez Martín
Profesora del Departamento de Ciencia Política
Universidad Nacional de Colombia
Vivimos momentos convulsos en Nuestra América. La profundización de la crisis socioambiental y los padecimientos que de esta se desprenden sobre nuestros pueblos y territorios reclama con urgencia la definición de alternativas políticas que generen condiciones efectivas tanto materiales como subjetivas, capaces de confrontar y transformar el orden social vigente.
Los diversos balances elaborados sobre el alcance transformador del progresismo de primera generación parecerían indicar los límites de estas experiencias. Las lecturas han insistido sobre la insostenibilidad de las políticas sociales de bienestar si no van acompañadas de transformaciones más profundas en las estructuras que soportan y dinamizan los regímenes económicos y políticos, así como en el sentido común de los pueblos.
Los acontecimientos recientes en los países donde la conducción política recae sobre gobiernos progresistas de segunda y tercera generación también parecerían alertar sobre su incapacidad transformadora. Los procesos que se viven en Chile con Gabriel Boric y Argentina con Alberto Fernández son ilustrativos de estas cuestiones.
La derrota del apruebo en Chile expresa, por un lado, el fortalecimiento de ciertas tendencias neoconservadoras y, por la otra, el desencanto de amplios sectores populares y expresiones del movimiento social con la conducción política en curso.
Se han planteado diversos análisis que explicarían el estruendoso resultado de 62 % por el rechazo y 38 % por el apruebo. Ciertamente, los más precisos proponen situar la reflexión en el origen mismo de la Convención Constitucional regulada por la neutralizadora ley 21200 de 2019. En efecto, se problematiza el carácter constitucional ⎼y no constituyente⎼ del espacio; la regla del quórum de dos tercios de sus miembros en ejercicio; la irreformabilidad de los tratados internacionales y las sentencias judiciales en firme, así como el sometimiento a un plebiscito, lo cual representa elementos dispuestos a contener la potencia rebelde desplegada en el 18O (movimiento popular que comenzó el 18 de octubre de 2019) y a otorgar capacidad política de veto a la derecha y la Concertación.
Los diversos balances elaborados sobre el alcance transformador del progresismo de primera generación parecerían indicar los límites de estas experiencias. Las lecturas han insistido sobre la insostenibilidad de las políticas sociales de bienestar si no van acompañadas de transformaciones más profundas en las estructuras que soportan y dinamizan los regímenes económicos y políticos, así como en el sentido común de los pueblos.
Adicionalmente, la conducción política del gobierno de Gabriel Boric soportada en un manejo represivo del movimiento popular, en una clara lucha desigual de los estudiantes de secundaria y del pueblo mapuche contra la fuerza letal de los carabineros, así como una agenda política débil para atender los reclamos más sentidos de las capas populares, fuerza vital del movimiento del 18O, explican el voto de castigo político expresado en el rechazo.
Atendiendo a estos asuntos, el historiador chileno Sergio Grez propone leer los resultados desde una perspectiva de clase y, se podría agregar, con enfoque territorial, pues se destacan las altas tazas de rechazo en regiones con alta presencia del pueblo mapuche, como es la Araucanía, o zonas donde la lucha ambiental es nuclear.
Pese a los elementos sociopolíticos que explican la derrota electoral en el plebiscito, el presidente Boric tomo un camino que franquea aún más las posibilidades transformadoras y que se constituye de facto en un desprecio por la agenda social del 18O. Los anuncios de cambio de gabinete en el cual se fortalecen tendencias de centro y derecha con el espacio dado a la Concertación resultan a todas luces desconcertantes.
El caso argentino no se distancia de esta orientación centro-derechista. El gobierno de Alberto Fernández no genera causes efectivos para alivianar los padecimientos sociales. Por el contrario, el acuerdo con el FMI y las medidas de austeridad impulsadas por el superministro Sergio Massa generan un escenario desolador para las capas populares. Al respecto, Claudio Katz (2022) señala:
La batalla democrática en curso coexiste con un brutal recorte de los ingresos populares, implementado por el gobierno y monitoreado por el FMI. Desde el desembarco de Massa, ese ajuste se procesa a un paso redoblado. Ya sancionó una poda de 128.000 millones de pesos del presupuesto de vivienda, educación y salud, congeló los ingresos al estado, licúa las jubilaciones, achica los planes sociales y en vez de auditar la deuda externa inspecciona las cooperativas. Massa efectiviza la cirugía que pospusieron Guzmán y Batakis. Puso en marcha un tarifazo que es la antítesis de la redistribución de ingresos, reavivó el negocio especulativo de la deuda pública en pesos y sin definir una devaluación en regla, ya empujó la inflación cerca de los tres dígitos. Hay una tremenda pérdida del salario, mientras toda la recuperación económica del 2021 fue embolsada por los capitalistas. Las ganancias récord de las grandes empresas contrastan con el millón de niños que debió renunciar a la ingestión de una comida.
Estas medidas se lideran por un gobierno que se eligió con una agenda “progresista” y que en el marco de su campaña electoral fue enfático en señalar que la onerosa deuda con el FMI no podría sobreponerse a los intereses de la sociedad:
De ahí que, aunque las diversas expresiones de la izquierda argentina rechacen de manera contundente el ataque del que fue victima Cristina Fernández, el cual es una expresión de la escalada de esa derecha reaccionara del PRO, esto no implica un respaldo a la dupla de los Fernández.
Aunque no es comparable el proceso boliviano con el cursado en Argentina y Chile, es importante destacar los reclamos de un sector importante del MAS-ISPS, liderado por Evo Morales, que, además, han sido respaldados por expresiones del movimiento popular, frente a los hechos de corrupción de dirigentes políticos que participan del proceso del cambio.
Lo acontecido en Chile y Argentina es ilustrativo de los límites de los gobiernos progresistas y genera aprendizajes sobre los que debería reflexionar tanto el movimiento popular colombiano como el proceso político liderado por Gustavo Petro.
Ello a pesar de que son valiosos los avances del Gobierno del Pacto Histórico referidos a una agenda reformista anunciada que resulta a todas luces impostergable ante el desasosiego que padecen millones de familias colombianas, a saber:
1. Liderar una reforma tributaria, que si bien tiene límites, permite avanzar en un horizonte de progresividad y justicia tributaria en tanto aumenta los impuestos a los ricos (reducción de beneficios fiscales, impuesto del 10 % a las exportaciones de hidrocarburos cuando se supere un umbral en el precio, impuestos a los dividendos y al patrimonio, entre otros).
2. La reanudación de los diálogos de paz con el ELN y el diseño de una ruta de acogimiento de grupos paramilitares, como el Clan del Golfo, medidas que resultan fundamentales para quebrar algunos de los soportes de las geografías de la guerra, que, si bien no son nuevas, se han modificado en el último lustro tras lo acordado en La Habana
3. El Plan de choque contra el hambre y el proyecto de ley por el derecho a la alimentación, soberanía y autonomías alimentarias y el reconocimiento del campesinado como sujeto de derechos, los cuales buscarían generar condiciones para garantizar el acceso a la alimentación a través de la reactivación de la economía campesina y popular y el subsidio a alimentos de la canasta básica para hogares vulnerables, entre otras medidas. Estas acciones en un país en donde 2 millones de hogares (34,5 % de las familias colombianas) solo tiene recursos para dos comidas diarias (DANE, 2022) se constituye claramente en un mejoramiento de las condiciones de existencia.
4. Nueva agenda en términos de política exterior. De manera especial se destaca la reactivación de las relaciones con Venezuela y Cuba. En el primer caso, se avanzó en la apertura de embajadas en los dos países y la definición de una agenda económica, especialmente comercial. En el segundo, se reconoció los buenos oficios de Cuba para lograr la paz en Colombia y se puso fin al falaz señalamiento sobre la alianza de la Isla con el terrorismo. Esto se inscribe en una nueva agenda de integración para Nuestra América, la cual tiene la sombra del dominio histórico imperial de los Estados Unidos sobre Colombia.
5. Los anuncios de cumplimiento de la sentencia de recuperación de baldíos, de creación de la jurisdicción agraria, la prohibición del uso del glifosato y la activación de diálogos territoriales con carácter vinculante para el PND.
En todo caso, y a pesar de lo expuesto con anterioridad, no dejan de ser desconcertantes ciertos anuncios que limitan las condiciones para desmilitarizar la vida social y avanzar en la democratización de la vida en los territorios, soportes de la denominada Paz Total. Al respecto son cuestionables, entre otros, dos asuntos:
- El anuncio del nuevo director general de la Policía Nacional, el mayor general Henry Sanabria, referidos a la transformación del Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD). La reforma del ESMAD pasaría por un nuevo enfoque en cuyo marco el uso de la fuerza sería el último recurso para la contención de las manifestaciones de la sociedad civil. De ahí la definición de dos dispositivos: el primero, de acompañamiento y diálogo y, el segundo, de intervención, que se articulan en torno a la nueva “Unidad de Diálogo y Acompañamiento a la Manifestación Pública”. Se trataría de modificaciones en el enfoque de control y disuasión sin cambios referidos al uso de las armas “no letales”. Por tanto, podrían seguir siendo usadas la Venom, los gases lacrimógenos y el propulsor de agua. Ahora bien, aunque no se conoce aún el documento que recogería la propuesta de reforma del ESMAD, los ejes dados a conocer por el entrante director generan ruidos y desazón. En efecto, ante las alarmantes cifras de violación de los DD. HH. a manos del ESMAD no resulta claro que la creación del dispositivo de acompañamiento y diálogo sea suficiente para contener una orientación que ha resultado letal para los y las manifestantes. Las cifras de violación de los DD. HH. referidas, que han sido denunciada por diferentes organizaciones, dan cuenta de una fuerza que ya desde su concepción misional no genera garantías democráticas para el despliegue del conflicto social y el ejercicio del derecho legítimo a la movilización y la protesta pacífica. Y fue justamente la comprensión sobre el carácter antidemocrático de esta fuerza lo que condujo al Pacto Histórico durante la campaña electoral a formular la propuesta de acabar con el ESMAD.
- Los anuncios hechos por el presidente Gustavo Petro, luego de su reunión con la general Laura Richardson (comandante del Comando Sur de Estados Unidos), en relación con una nueva estrategia de colaboración militar con los EE. UU. que implicaría una fuerza militar en la Amazonía destinada a combatir la deforestación y contener la quema de la selva amazónica. Así, bajo la retórica de la defensa del ambiente, se abre la compuerta para continuar la presencia de tropas de los EE. UU. en nuestro territorio nacional. En el país existe una amplia documentación sobre la violación de los DD. HH. en los territorios en los que estos actores militares han hecho presencia. Al respecto la Organización de los Pueblos Indígenas de la Amazonía Colombiana (OPIAC) ha manifestado su rechazo a la militarización de sus terriotiros ancestrales.
Estos elementos, entre otros, expresan las ambiguedades y contradicciones que acompaña al gobierno en turno. En un contexto mundial, en el cual se acentúan la crisis y la estanflación es galopante, resulta a todas luces imprescindible insistir en un horizonte antisistémico, pues como bien lo advierte Víctor Moncayo (2022, Revista Izquierda No. 106), “Estos inicios del nuevo gobierno han sido recibidos por muy amplios sectores de la población, como el comienzo decidido y frontal del cambio ofrecido, produciendo un efecto de difícil descripción, pero que sin duda, y quizás por la novedad de las primeras ejecutorias, es la de un cierto enceguecimiento, que de una manera distinta a la tramoya electoral ya desarticulada, no nos permite regresar a considerar de manera crítica la realidad fundamental de la naturaleza capitalista de una sociedad como la nuestra. (…) las perspectivas son aún inciertas, pues definitivamente es muy precipitado avanzar más en los efectos que producirá el nuevo gobierno, y muchísimo menos sabemos en qué momento podremos liberarnos del enceguecimiento que ha sucedido al eclipse electoral. Lo único que abrigamos con alguna certeza es que ya hemos conocido la naturaleza de los movimientos de resistencia varias veces evocados, en los cuales, sin duda, hay un cierto aliento de un potencial constituyente, que puede retomar la senda de búsqueda de un nuevo orden histórico que supere el capitalismo y que no conduzca a la renovación de las formas de dominación”.
Los desafíos sociales del gobierno de Petro-Márquez son enormes y sobre ellos recaen las ilusiones y aspiraciones populares. El riesgo de una frustración puede golpear de modo importante las configuraciones disruptivas en curso.
De ahí que resulte fundamental la existencia de un movimiento social robusto y fortalecido que mantenga su autonomía, que esté atento y reclamando el cumplimiento de los principios programáticos bajo los cuales fueron electos Petro y Francia, y que siga caminando en la construcción y fortalecimiento del poder desde abajo. De no poder caminar en esa dirección, se constituiría una gran pérdida del acumulado de luchas y energías rebeldes que se han desplegado con fuerza en el último lustro.
Lo acontecido en Chile y Argentina es ilustrativo de los límites de los gobiernos progresistas y genera aprendizajes sobre los que debería reflexionar tanto el movimiento popular colombiano como el proceso político liderado por Gustavo Petro.
1 Sergio Grez (2022). ¿Por qué el RECHAZO se impuso entre los TRABAJADORES, los JÓVENES y las MUJERES? / Mate al Rey 77. Recuperado en: https://www.youtube.com/watch?v=OtItx7diOJc
2 https://www.reuters.com/article/elecciones-argentina-citas-idARL2N2780YC
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