Bien ComÚN1
Presentación
El proceso de elección y designación del próximo rector de la Universidad Nacional (UN) de Colombia para el período 2024-2027 ha profundizado una amplia discusión dentro de la comunidad universitaria sobre la Universidad que queremos.
El curso tomado bajo la actual administración, el cual se soporta en los cimientos forjados durante la rectoría de Marco Palacios y Ramón Fayad (2003-2006), ha consolidado una suerte de capitalismo universitario en el cual las funciones misionales de la UN han quedado subordinadas fundamentalmente a las necesidades del mercado: se forma cada vez más para el éxito individual y el emprendimiento, se favorecen las áreas y las disciplinas más ligadas al mercado en desmedro de las que generan menos “rentabilidad”, se privilegia la investigación aplicada sobre el ciclo largo de la investigación académica y la extensión universitaria se transmuta cada vez más en una extensión mercantil.
Esto ha conducido a la captura de la UN a mano de grupos privados, desconociendo la complejidad y la multiplicidad de acciones que debería llevar a cabo la Universidad si quisiera cumplir sus funciones misionales en una perspectiva de construcción de Nación, diálogo con los territorios e incidencia en la solución de las problemáticas que aquejan al país. Las reformas del último período son la más reciente expresión institucional del camino adoptado.
De ahí que la propuesta programática, Por una universidad pública y nacional que garantice el acceso al bien común del conocimiento y el derecho fundamental a la educación superior, impulsada por el profesor Leopoldo Múnera despertara un amplio respaldo en la comunidad académica. Este programa para la rectoría abre la posibilidad de recuperar para la Universidad Nacional su horizonte ético-político: la búsqueda de una sociedad justa y democrática y la superación de un régimen corporativo subordinado a los intereses de la “sociedad corporativa del conocimiento”, que horada la autonomía universitaria.
Lo anterior explica el amplio respaldo que en la consulta del 12 de marzo de 2024 le dio la comunidad universitaria de las nueve (9) sedes de la Universidad Nacional de Colombia (Bogotá, Medellín, Manizales, Palmira, La Paz, Tumaco, Orinoquía, Amazonía, Caribe) a la propuesta liderada por Leopoldo Múnera.
Sin embargo, cinco de los ocho integrantes del Consejo Superior Universitario (CSU) decidieron desconocer la voluntad manifestada por la comunidad universitaria. Para justificar el voto secreto arguyeron razones de seguridad y, además, apelaron a la metodología del voto preferencial que les permitió acudir a un procedimiento ilegal para designar al candidato que obtuvo la tercera votación (8% del ponderado) en la consulta.
La decisión mayoritaria del CSU ha generado una profunda y sentida indignación en el grueso de la comunidad universitaria, incluso en aquellos que no acompañaron con su voto al profesor Múnera. De ahí que haya abierto una amplia movilización social y académica que ha puesto en su horizonte la apuesta por una Constituyente Universitaria, que recoge una bandera del movimiento universitario, que durante décadas ha señalado la necesidad de interpelar los poderes instituidos en las universidades, funcionales al proceso de adaptación empresarial y proclives al corporativismo autoritario, como forma del gobierno universitario.
A ello se suma el malestar generado por la gestión de la actual rectoría de la profesora Dolly Montoya (2018-2021 / 2021-2024) y que encuentran un punto de quiebre con la aprobación de un conjunto de reformas no consensuadas, como las de Extensión (Acuerdo 011/23), Posgrados (Acuerdo 034/23), y las que están en curso: el estatuto estudiantil en su componente disciplinario, la reforma a las asociaciones de egresados y la que se propone sobre los Programas de Trabajo Académico – PTA. También, la conformación de Spin off (como la Corporación Rotorr) y del Instituto de Liderazgo Público, cuyos desarrollos desdibujan y pervierten las funciones misionales de la universidad.
Este documento tiene como objetivo proponer algunos elementos analíticos y metodológicos sobre el proceso constituyente universitario con el fin de contribuir a la discusión y plantear cursos de acción que permitan avanzar en ese sentido.
El paradigma de la sociedad corporativa del conocimiento ha impulsado profundas transformaciones en los sistemas de investigación y en las funciones misionales de las universidades durante los siglos XX y XXI. En el recambio de los milenios y en el marco del capitalismo universitario, el modelo neoliberal ha impuesto esquemas de regulación emergentes que alteran la autonomía de las agendas de investigación, el valor de la práctica docente, el reconocimiento de la educación como derecho y otorgan un lugar privilegiado a las necesidades del mercado, en lo que se ha denominado, más específicamente, el neoliberalismo académico.
¿Cuál es el horizonte de la disputa?
El paradigma de la sociedad corporativa del conocimiento ha impulsado profundas transformaciones en los sistemas de investigación y en las funciones misionales de las universidades durante los siglos XX y XXI. En el recambio de los milenios y en el marco del capitalismo universitario, el modelo neoliberal ha impuesto esquemas de regulación emergentes que alteran la autonomía de las agendas de investigación, el valor de la práctica docente, el reconocimiento de la educación como derecho y otorgan un lugar privilegiado a las necesidades del mercado, en lo que se ha denominado, más específicamente, el neoliberalismo académico.
De esta manera, el modelo de privatización asume un rol protagónico en la gestión universitaria, con las implicaciones que se desprenden en términos del valor social de la investigación, el acrecentamiento de las brechas entre las comunidades académicas del norte y el sur global, la pérdida de estímulos a las actividades de docencia y extensión solidaria que no son valoradas por las fuerzas del mercado, el afianzamiento de unas distorsionadas jerarquías disciplinares, la ausencia de un bienestar integral para la comunidad universitaria, el incremento de las precarias condiciones laborales de sus trabajadores y trabajadoras, y la reproducción de las desigualdades por fuera y al interior del sistema educativo.
La recuperación de la universidad como un espacio de la vida individual y colectiva comprometido con la configuración del conocimiento como un bien común, la garantía del derecho fundamental a la educación, y la (re)construcción de sociedades democráticas son tareas prioritarias dada la situación de crisis planetaria que enfrentamos y que se origina en la ruptura del metabolismo sociedad-naturaleza. De ahí la urgencia de avanzar en transformaciones que fortalezcan el carácter público de la universidad, constituyéndola como un espacio privilegiado para la producción de conocimientos, fortalecimiento de culturas y expresiones artísticas adecuadas a la materialización de principios humanitarios de justicia y democracia en sus múltiples dimensiones.
¿Cuáles son los antecedentes movilizadores del Proceso Constituyente?
La coyuntura a la que asistimos define parcialmente las improntas del proceso en curso. En lo que concierne al siglo XXI, este se explica también por un acumulado histórico de luchas en defensa del carácter público de la universidad y del reconocimiento de la educación como derecho fundamental y bien común. En el siguiente gráfico se recuperan algunos de los antecedentes más significativos de la última década 2 :
MANE (2011)
- En oposición a la reforma de la Ley 30 propuesta por el gobierno de Juan Manuel Santos.
- Se logró detener la reforma y se elaboró un programa mínimo de reformas orientado a garantizar financiación, autonomía, bienestar y libertad democrática. A esto se suma una exposicion de motivos que sirviera de inspiración para una nueva ley general de educación superior.
UNEES, MESA DE DIÁLOGOS Y OTROS ACTORES (2018)
- Por la crisis financiera de la universidad, la precarización de la planta docente y la inexistencia de un gobierno univeritario democrático.
- Mesa de diálogos y acuerdos por la educación superior pública: Financiación mediante el Sistema General de Regalías, reforma del ICETEX, ampliación de recursos de inversión, ampliación de recursos de funcionamiento a la base presupuestal, y compromisos para avanzar en normas que definieran la educación superior como derecho fundamental.
ESTALLIDO SOCIAL (2021)
- Ante las iniciativas de Iván Duque en un contexto de pandemia se da una amplia movilización juvenil a la que se articulan expresiones del movimiento estudiantil como la UNEES.
- Se logra detener la reforma tributaria, se generan condiciones electorales para triunfo de progresismo y se avanza en una agenda en educación que vincula, entre otros: erradicación VBG, autonomía y gobierno universitario, aumento de la financiación y la extensión de la gratuidad en la matrícula en las instituciones de educación superior públicas.
METCO UN – Sede Bogotá (2023)
- Garantías académicas, gobierno universitario.
- Conformación de las METCO, horizonte de la constituyente universitaria, nuevo modelo de educación en asuntos de género, derechos humanos, financiación, bienestar, interrelación universidad-sociedad y democracia y autonomía.
Aunado a estas experiencias movilizadoras existen procesos constituyentes liderados en universidades que en algunos casos han sido fundamentales para la democratización de la práctica y el gobierno universitario, entre ellas se destacan los de las universidades de Nariño.
Estas trayectorias de lucha posibilitan comprensiones y elaboraciones que hoy, bajo un nuevo escenario, alimentan un proceso de movilización y producción de ideas y pensamiento sobre la universidad que desea la comunidad universitaria y que requiere la sociedad colombiana.
Por ello algunas de las banderas que hoy ondea la movilización se basan en manifestaciones previas como la reforma de la Ley 30 de 1992. En algunos casos, los elementos situados convergen con las actuales apuestas del gobierno nacional (ley estatutaria de educación, reforma integral a la ley 30, incremento de las bases presupuestales de las universidades públicas, reforma al modelo de calidad de la educación superior, fortalecimiento de la educación superior pública) pero que no son asimilables por sus acumulados históricos, alcances y contextos al llamado gubernamental a impulsar un “Proceso Constituyente” en Colombia sobre 9 puntos específicos (construcción de paz, reforma agraria, garantía de mínimos vitales, ordenamiento territorial, ajustes a las funciones del Banco de la República, lucha contra el cambio climático, expedición de un estatuto del trabajo, reforma al poder judicial y la financiación pública de la política).
¿Por qué́ hablar de la apertura de un proceso constituyente en la UN?
Los antecedentes descritos denotan un proceso acumulativo de fuerzas y de comprensiones sociales frente a la construcción de un proyecto de universidad diferente en el que queremos y merecemos vivir y que dialogue con las demandas y necesidades de una sociedad que se expresa desde su diversidad y pluralidad. El camino recorrido es importante, pero demanda la profundización del trabajo organizativo y de la deliberación colectiva y territorial, acciones imprescindibles para fortalecer y profundizar las dinámicas y procesos constituyentes en curso.
A partir de los avances previos, se plantea la apertura de un proceso constituyente que retome la conjunción de dos tipos de dinámicas que se expresan actualmente: por un lado, el rechazo a ciertos elementos del orden institucional vigente por considerarlos antidemocráticos y no garantizar la autonomía, ser excluyentes, o estar dominados por una lógica empresarial (dinámicas destituyentes); por el otro, procesos de producción de poder social desde abajo, capaces de anidar prácticas y sistemas de relaciones que sitúan otro horizonte de universidad en el cual el cuidado y la defensa de lo público y del conocimiento como bien común son estructurantes (dinámicas constituyentes).
Un proceso constituyente universitario expresa que el conjunto de la comunidad académica (estudiantes, profesoras y profesores, trabajadores y trabajadoras, egresados y egresadas), encuentran inaceptable la situación que se configura desde el poder constituido3 (instituciones, órganos colegiados no representativos, directrices burocráticas, representaciones alejadas de quienes dicen representar, entre otras) y manifiestan su voluntad de habitar y vivir en la universidad de otra manera. Por tal razón despliegan su potencia política para la construcción de acuerdos colectivos que permitan situar y constituir otro tipo de universidad posible.
El momento constituyente en curso requiere alcanzar amplios consensos que permitan que los diferentes actores de la comunidad universitaria sientan recogidos sus sentires y aportes para la construcción de la universidad que queremos.
Es una oportunidad para discutir y construir otra forma de gobierno universitario que permita que la toma de decisiones reconozca las dinámicas universitarias y la capacidad de todos los estamentos para tomar decisiones consensuadas, que garantice un modelo de educación superior pública al servicio de un proyecto de nación y no al de un simple modelo de mercado.
El proceso constituyente no es “paro”. Es comunidad en movimiento: ¡es el embrión de otra universidad posible!
Aquí recuperamos la lectura propuesta por Enrique Dussel en sus Veinte tesis sobre la política, alrededor del poder político de la comunidad como potencia,
La “voluntad-de-vivir” es la esencia positiva, el contenido como fuerza, como potencia que puede mover, arrastrar, impulsar. En su fundamento la voluntad nos empuja a evitar la muerte, a postergarla, a permanecer en la vida humana (…) el poder político no se toma (…) El poder lo tiene siempre y solamente la comunidad política (…) Lo tiene siempre aunque sea debilitado, acosado, intimidado, de manera que no pueda expresarse (…) Denominaremos entonces potentia al poder que tiene la comunidad como una facultad o capacidad que le es inherente a un pueblo en tanto última instancia de la soberanía, de la autoridad, de la gobernabilidad, de lo político. Este poder como potentia, que como una red se despliega por todo el campo político siendo cada actor político un nodo, se desarrolla en diversos niveles y esferas, constituyendo así la esencia y fundamento de todo lo político4.
Y justamente esa “voluntad-de-vivir” es lo que explica y fundamenta la acción política estratégica que despliega la comunidad académica para la defensa y el cuidado de la universidad como un ejercicio de “puesta en común”.
Esta acción política encuentra su principio instituyente en la autonomía universitaria reconocida constitucionalmente:
ARTÍCULO 69. Se garantiza la autonomía universitaria. Las universidades podrán darse sus directivas y regirse por sus propios estatutos, de acuerdo con la ley. La ley establecerá un régimen especial para las universidades del Estado. El Estado fortalecerá la investigación científica en las universidades oficiales y privadas y ofrecerá las condiciones especiales para su desarrollo. El Estado facilitará mecanismos financieros que hagan posible el acceso de todas las personas aptas a la educación superior (Constitución Política de Colombia de 1991).
De ahí que, reivindicando justamente esa autonomía, en el reconocimiento que el sujeto de la autonomía es la propia comunidad universitaria y por ello tiene la capacidad de autodeterminarse y de gobernarse, dentro de los marcos del sistema constitucional existente, emerge la propuesta de la constituyente universitaria. No hay autonomía ni hay común sin comunidad. La captura de la universidad por fuerzas constituidas que utilizan a beneficio propio las normas existentes es contraria a la autonomía. Es momento de llevar a un juicio ético y político las normas existentes. Estas no son sagradas si son injustas. Su anquilosamiento es una prueba contundente del extrañamiento que vive actualmente la comunidad universitaria (poder constituyente) con respecto a las instituciones que la gobiernan (poder constituido).
¿Qué se entiende, entonces, por la constituyente universitaria?
La formación en curso de un consenso crítico en torno a la situación vivida en la universidad anima y articula el escenario de un proceso constituyente universitario. Este se entiende como una dinámica colectiva, amplia y deliberativa organizado por la comunidad universitaria y orientado a producir un conjunto de acuerdos conducentes a transformar el sistema de relaciones, normas y prácticas que regulan la vida universitaria, en la perspectiva de superar el modo de vida impuesto por neoliberalismo académico y los mecanismos que permiten su reproducción, en particular, la captura de la universidad por grupos constituidos que niegan la autonomía y la democracia, imponiendo por encima de ellas sus intereses particulares.
Se trata de una comunidad universitaria que se instituye como un actor colectivo en movimiento que despliega su potencia para transformar las instituciones que hoy son responsables de la crisis vivida y que niegan la configuración de la educación superior como un derecho fundamental y un bien común.
En tanto tiene un carácter destituyente y constituyente es un proceso de largo plazo, demanda un esfuerzo deliberativo y organizativo que posibilite una universidad en movimiento. De ahí la necesidad de situar los momentos de dicho ejercicio, en el cual se recuperen los acumulados, se valoren las posibilidades que ofrece la institucionalidad existente a nivel universitario y nacional, pero también, crítica y creativamente, produzca una propuesta de cambio que permita a la Universidad Nacional de Colombia como un todo, enfrentar los desafíos que implican su reafirmación como universidad de la nación colombiana, en un contexto de tensiones y transformaciones socioculturales, desafíos socio- ambientales y apuestas por la construcción de paz.
¿Cuáles podrían ser los momentos y fases del proceso constituyente?
Un proceso constituyente es de largo aliento en tanto convoca a pensar y producir una propuesta de reforma general de la Universidad que posibilite la creación de un gobierno universitario que dinamice un nuevo modelo de organización institucional y de educación. De ahí que requiera definir colectivamente objetivos de corto, mediano y largo alcance que recuperen los acumulados históricos, interpreten críticamente el momento presente, y ofrezcan horizontes otros de sentido.
Este proceso puede implicar tres momentos centrales, no necesariamente secuenciales y que deben converger:
- Momento destituyente y de desobediencia civil no-violenta en el cual la comunidad universitaria se niega a que le impongan un rector que no es legítimo, demanda la revocatoria de los y las representantes que no representan a la comunidad y exige la derogatoria de las reformas que no contaron con mecanismos para la real incidencia de la comunidad académica y que son lesivas para la vida universitaria, si se toman como referente los horizontes de defensa de la educación superior como derecho fundamental y bien común.
- Momento instituyente de un gobierno universitario que se comprometa a respetar y materializar el mandato que se ha expresado en la consulta universitaria alrededor de un programa de gobierno construido colectivamente y que fue estudiado y refrendado por la comunidad académica de manera mayoritaria. Este mandato resulta clave para atender los desafíos y crisis más urgentes de la universidad y que pasan, por ejemplo, por: dar respuestas rápidas a las problemáticas del bienestar universitario, rechazar el capacitismo en la vida universitaria, la implementación adecuada del Plan Integral de Cobertura PIC, resolver las deficiencias de infraestructura de nuestras sedes o instaurar la jurisdicción especial disciplinaria para investigar y juzgar las denuncias sobre las violencias sexuales y raciales. Enfrentar estos y otros desafíos requiere de referentes que trasciendan el neoliberalismo académico y exigen la puesta en marcha de dispositivos de política, planeación y gestión acordes con la garantía del derecho fundamental a la educación superior y la defensa del conocimiento como bien común.
- Momento constituyente en el que se construyen alternativas no solo para la Universidad Nacional de Colombia, sino también posibilidades de sentido y gobierno para todo el sistema de educación superior. De ahí que este proceso implique la producción de una propuesta de reforma para la UN en su singularidad, de una nueva ley de educación superior y una ley estatutaria que garantice el derecho fundamental a la educación en su generalidad.
Los momentos descritos podrían organizarse en tres fases:
- derogación del paquete de reformas aprobadas en los dos últimos semestres y suspensión del proceso de las que se encuentran en curso de aprobación;
- revocatoria de las representaciones estudiantil y profesoral al CSU;
- respeto de la consulta universitaria y el nombramiento por parte del CSU del candidato que obtuvo la amplia mayoría en la consulta y;
- posicionamiento de la UN con respecto a las normas que se tramitan en el nivel nacional con respecto a la educación en general y, la educación superior en particular.
El momento constituyente en curso requiere alcanzar amplios consensos que permitan que los diferentes actores de la comunidad universitaria sientan recogidos sus sentires y aportes para la construcción de la universidad que queremos.
Es una oportunidad para discutir y construir otra forma de gobierno universitario que permita que la toma de decisiones reconozca las dinámicas universitarias y la capacidad de todos los estamentos para tomar decisiones consensuadas, que garantice un modelo de educación superior pública al servicio de un proyecto de nación y no al de un simple modelo de mercado.
El proceso constituyente no es “paro”. Es comunidad en movimiento: ¡es el embrión de otra universidad posible!
Ciudad universitaria, abril 5 de 2024
1 Bien ComÚN es un espacio amplio de reflexión profesoral sobre la Universidad Nacional de Colombia y sus dinámicas, así como sobre su lugar en el sistema universitario estatal y sobre la educación superior en general. Como colectivo se conformó en el año 2023 y está integrado por profesoras y profesores de distintas facultades y disciplinas.
2 Sin embargo, no podemos desconocer otras experiencias de las dos últimas décadas de findes del siglo pasado. En la década de los ochenta (80) se conformó el Comité de Unidad Estudiantil -CUE- (1985), como un proceso de unidad y organización estudiantil de carácter nacional en el marco de procesos unitarios (CUT, ONIC, ANUC). Se planteaba la democratización de la universidad, la defensa del carácter público, la financiación, las garantías de bienestar, la autonomía universitaria, la defensa de los derechos humanos y contra la represión a la organización y movilización estudiantil.
3 “La necesaria institucionalización del poder de la comunidad, del pueblo, constituye lo que denominaremos la potestas. La comunidad institucionalizada, es decir, habiendo creado mediaciones para su posible ejercicio, se escinde de la mera comunidad indiferenciada. Esta escisión entre potentia y potestas, entre a) el poder de la comunidad político como sede, origen y fundamento (el nivel oculto ontológico) y b) la diferenciación heterogénea de funciones por medio de instituciones que permiten que el poder se haga real, empírico, factible, que aparezca en el campo político (como fenómeno), es necesaria y marca la aparición prístina de la política, siendo al mismo tiempo el peligro supremo como origen de todas las injusticias y dominaciones”. Enrique Dussel (2008). 20 tesis de la política. Siglo XXI, p. 30.
4 Enrique Dussel (2008). 20 tesis de la política. Siglo XXI, pp. 23, 26 y 27.
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