Carolina Jiménez Martín
Profesora del Departamento de Ciencia Política
Universidad Nacional de Colombia
I. Tiempos de incertidumbre y horizonte político
Atravesamos tiempos de incertidumbres. La crisis del sistema capitalista ha abierto importantes debates sobre si el mundo en las actuales condiciones asiste a un colapso general o simplemente transitamos momentos convulsos.
En las cumbres de las potencias mundiales, aunque se reconoce la existencia de la crisis, se aboga por su “desaparición” a través de la activación de una serie de medidas que permitan la adaptación del capitalismo a las cambiantes circunstancias del mundo contemporáneo.
La estrategia de la adaptación y la implementación de un conjunto de reformas que atemperen las contradicciones existentes nublan la comprensión de la naturaleza y magnitud de la crisis1 e implican de facto una renuncia a la búsqueda de una transformación total del orden social vigente.
Los progresismos del siglo XXI, desde su gestación, han quedado atrapados en esta estrategia. Bajo la consigna de desarrollar un capitalismo serio han limitado su horizonte de visibilidad para resolver una serie “perturbaciones fragmentarias, contingentes”, ignorando el carácter sistémico de la crisis y los límites naturales que encuentra cualquier proyecto reformista en los propios intereses del capital.
El gobierno de Gustavo Petro, a un año del inicio de sus funciones, no ha estado ajeno a esta discusión. Por el contrario, los debates y las salidas a la crisis definen los contornos de su gobierno. En efecto, el presidente, en la pasada instalación de la Legislatura Ordinaria del Congreso de la República, correspondiente al período del 20 de julio de 2023 al 20 de julio de 2024, señaló:
El cumplimiento en la implementación del Acuerdo Final de Paz no presenta avances sustanciales. El mismo presidente Petro ha advertido sobre las dificultades en la titulación y formalización de las tierras, y se ha conocido recientemente una crítica desde el Ministerio de Agricultura a las cifras dadas por el director de la Agencia Nacional de Tierras (ANT). Quizá uno de los casos más preocupantes sea la falta de una hoja de ruta para la reorientación del proceso de implementación, lo cual se explica, entre otras cosas, en que no se conoce la actualización del Plan Marco de Implementación (PMI), pese a lo mandatado en el PND.
Estamos viviendo unas circunstancias profundamente difíciles a escala civilizatoria, a escala vital. Lo que está en cuestión hoy en el mundo no es el capitalismo, no es el poder mundial solamente, no es la existencia de unas u otras naciones. Lo que está en cuestión hoy en la humanidad es la vida, la existencia, no de unos, de toda la humanidad, de toda la vida en el planeta (…) El camino de Colombia es su propia diversidad, su propia vitalidad natural y humana. El camino de Colombia es ser ‒en un mundo que muere‒ una potencia mundial de la vida. (…) ¿Y cómo lograr ese camino, entonces? ¿Cómo llegar a él? ¿Tiene que ver con el socialismo, como algún prejuicio señala por allí? ¿Con la idea de que el socialismo es la propiedad estatal de los medios de producción y así podríamos llegar a ser potencia mundial de la vida? No. Eso no es lo que proponemos. ¿Tiene que ver con el capitalismo? Creo que nos podría ayudar en un tramo, pero aún no está resuelta la pregunta de si el capital puede superar lo que produjo un Frankenstein en la crisis climática. No podemos decir si sí o si no. Ya lo veremos.
Las palabras del presidente ilustran una lectura compleja del momento actual. Su insistencia en convertir a Colombia en potencia mundial de la vida a través de dos pilares ‒justicia ambiental y social‒ indicarían un reconocimiento de la insostenibilidad de un modelo de sociedad soportado en la quema de combustibles fósiles y en la desigualdad social.
II. El gatopardismo2 del cambio
Ahora bien, pese a la comprensión robusta que se percibe en sus intervenciones, especialmente en las de los foros internacionales, un ejercicio de contraste con la acción gubernamental durante estos 12 meses nos muestra importantes limitaciones, por no decir contradicciones. Una mirada general a dos de las políticas de este gobierno advierte sobre ciertos asuntos.
La Paz total
En la ley del Plan Nacional de Desarrollo (2294 de 2023) se establece que uno de los objetivos es desembocar en la paz total. La cual se entiende como
[…] la búsqueda de una oportunidad para que todos podamos vivir una vida digna, basada en la justicia; es decir, en una cultura de la paz que reconoce el valor excelso de la vida en todas sus formas y que garantiza el cuidado de la casa común […] Busca transformar los territorios, superar el déficit de derechos económicos, sociales, culturales, ambientales, y acabar con las violencias armadas, tanto aquellas de origen sociopolítico como las que están marcadas por el lucro, la acumulación y el aseguramiento de riqueza.
Por su parte la Ley de paz total (2272 de 2022) establece:
La política de paz es una política de Estado. Será prioritaria y transversal en los asuntos de Estado, participativa, amplia, incluyente e integral, tanto en lo referente a la implementación de acuerdos, como con relación a procesos de negociación, diálogo y sometimiento a la justicia. Los instrumentos de la paz total tendrán como finalidad prevalente el logro de la paz estable y duradera, con garantías de no repetición y de seguridad para todos los colombianos; estándares que eviten la impunidad y garanticen en el mayor nivel posible, los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación.
Estos dos instrumentos normativos recogen el horizonte político del gobierno en este tema: 1. Cumplimiento de los acuerdos de paz; 2. Negociación con insurgencias; 3. Conversaciones con estructuras armadas organizadas de crimen de alto impacto. La importancia de estos tres ejes para caminar en un horizonte de justicia ambiental y social es indiscutible. Sin embargo, pese a su carácter nucleador, los avances son irrisorios.
El cumplimiento en la implementación del Acuerdo Final de Paz no presenta avances sustanciales3. El mismo presidente Petro ha advertido sobre las dificultades en la titulación y formalización de las tierras, y se ha conocido recientemente una crítica desde el Ministerio de Agricultura a las cifras dadas por el director de la Agencia Nacional de Tierras (ANT). Quizá uno de los casos más preocupantes sea la falta de una hoja de ruta para la reorientación del proceso de implementación, lo cual se explica, entre otras cosas, en que no se conoce la actualización del Plan Marco de Implementación (PMI), pese a lo mandatado en el PND.
Surtido un año, la Agencia de Renovación del Territorio (ART) no ha dado a conocer la nueva estrategia para los PDET. Esto advertiría que se ha mantenido la concepción distorsionada/simulada que se construyó bajo el gobierno de Iván Duque. Esto no es un dato menor, pues se trata del programa territorial más significativo para avanzar en un horizonte de justicia territorial.
Surtido un año, la Agencia de Renovación del Territorio (ART) no ha dado a conocer la nueva estrategia para los PDET. Esto advertiría que se ha mantenido la concepción distorsionada/simulada que se construyó bajo el gobierno de Iván Duque. Esto no es un dato menor, pues se trata del programa territorial más significativo para avanzar en un horizonte de justicia territorial. Un repaso por otros puntos del acuerdo muestra las ausencias o dilaciones en temas como la ley de participación de las organizaciones y movimientos sociales, garantías de seguridad, condiciones para la reincorporación económica y social de los excombatientes y el seguimiento de las recomendaciones de la CEV, entre otros asuntos.
Frente a los otros dos ejes, si bien se instaló la mesa de conversaciones con el ELN y se avanza en el diseño del proceso participativo, por una parte, y, por otra, se han dado a conocer algunas conversaciones con grupos criminales, existe poca claridad sobre el derrotero que seguirán estos procesos y el alcance humanitario mientras avanzan los diálogos, situación que ha generado un alto nivel de especulación entre diferentes fuerzas políticas. Esto sin contar la falta de claridad en el acercamiento con la Segunda Marquetalia.
La reforma de la ley 30
En el discurso que acompañó las movilizaciones del 7 de junio, Gustavo Petro advirtió sobre la necesidad de volver realidad el programa de gobierno por el cual el pueblo votó. Entre las dos reformas que, según anunció, se radicarían en la siguiente legislatura se encuentra la de educación superior:
[…] el Gobierno del Cambio presentará al Congreso la reforma de la Ley 30 de 1992 o de educación superior, para “que la juventud colombiana pueda acceder a un derecho que es educarse, porque educarse es también en el ser humano poder vivir con dignidad”.
A partir de ese anuncio, el Ministerio debería iniciar un proceso de diálogo participativo para que las comunidades educativas, en este caso las de educación superior, realizarán sus aportes. El proceso estuvo acompañado de las afugias del tiempo y la improvisación. La falta de una pedagogía mínima sobre la Ley 30, tiempos de diálogo que coincidieron con períodos de receso en las universidades e instituciones de educación superior, la inexistencia de un documento borrador que orientara la reflexión, entre otros asuntos, limitó la expresión del mandato popular.
Con posterioridad a este flojo proceso participativo, el Ministerio de Educación Nacional dio a conocer el 20 de julio los dos borradores de proyectos de ley: el primero sería la estatutaria para regular el derecho fundamental a la educación, mientras el segundo plantea las modificaciones del articulado de la Ley 30 de 1992.
En las propuestas publicadas se destacan, entre otras cosas: i. La importancia de garantizar el derecho fundamental a la educación, especialmente a la educación superior, que presenta la mayor limitación para el acceso; ii. Las ampliaciones presupuestales que se harían para la financiación de las ITTUS; iii. La necesidad de resolver desigualdades territoriales; iv. El aumento del porcentaje destinado a bienestar de las comunidades educativas; v. El reconocimiento de los saberes múltiples y sistemas de educación propios; vi. El respeto a la autonomía universitaria, y vii. El reconocimiento de los gobiernos universitarios.
No obstante, el proyecto presenta significativas carencias e imprecisiones que cuestionan el alcance y sentido de estas leyes, en especial el impacto que realmente podrían tener para impulsar las transformaciones que demandan los sistemas de educación para el siglo XXI. En este contexto se destacan: i. La inexistencia de un horizonte de sentido para la educación y su aporte a la construcción del proyecto de nación; ii. La concepción del derecho soportada en la idea de la igualdad de oportunidades y la educación para toda la vida; iii. La reducción del problema educativo a un asunto de acceso y cobertura; iv. La ausencia de una propuesta de regionalización para la educación superior que realmente permita resolver desigualdades territoriales; v. El impulso a un esquema de postgrados, lo cual limita el proceso de investigación hacia el doctorado; vi. El afianzamiento de un modelo soportado en la evaluación y los resultados de aprendizaje; vii. Los vacíos en el componente de internacionalización; viii. El desconocimiento de una de las problemáticas más sentidas por las comunidades universitarias y la que ha ocupado el mayo espacio de movilización: violencias sexuales y las desigualdades basadas en género; ix. La falta de reconocimiento a los sujetos de la ley, especialmente de los jóvenes, y x. Una mirada acotada del gobierno y la democratización de la vida universitaria.
Al final queda el sinsabor que la preocupación fundamental es ampliar cupos (lógica binaria: pública y privada) y resolver la usura del ICETEX, subestimando el significado cultural que tiene impulsar una reforma educativa para soportar el gobierno del cambio.
Los desaciertos son importantes, la falta de una narrativa que potencie la movilización popular; la falta de estrategia para recuperar las soberanías: energética, monetaria, alimentaria, tecnológica-científica, militar; las prácticas clientelares de los gabinetes y la designación en altos cargos de personas con desconocimiento de los procesos; la improvisación en ciertas carteras; el cuidado por el pacto de clases que ha conducido a abrirle importantes espacios a fuerzas ajenas al horizonte político, entre otros asuntos, explican también los sinsabores que deja este año de gobierno.
III. Los factores de poder y la lucha de clases
El presidente Gustavo Petro, en una entrevista dada a María Jimena Dussan, explicó las dificultades que ha atravesado en su gobierno. El argumento principal giró en torno a dos asuntos: i. Las rigideces y los obstáculos derivados de los poderes de facto, los factores reales de poder, y ii. La falta de un poder popular vigoroso planteando los términos de un nuevo acuerdo nacional. Al respecto señaló:
El poder todavía lo tienen otros […] Los Estados han sido vaciados de poder, y hay poderes de facto, muchísimo más grandes que el Estado mismo […] El Congreso es un condensador, no es el espacio único, es el espacio que al final resuelve a través de la ley, pero antes la sociedad tiene que cocerse un acuerdo, si eso se hace el Congreso responde, si eso no se hace el Congreso se divide, lo que me preocupa a mi no es tanto el Congreso, sino si hay una disposición en la sociedad para hacer un acuerdo nacional y aquí en este año que ha pasado he tenido mis dudas porque dentro de la sociedad están los factores de poder, que son de facto, no son elegidos, ellos tienen una manera de comportarse en el país […].
Al decir del presidente, el poder popular posibilitaría cocer el acuerdo nacional que sostendrían las reformas del cambio:
Se necesita una sociedad más viva, hay un reflujo, esperamos que el gobierno haga y nosotros nos quedamos en la casa, pero así no es posible hacer un cambio […] Se necesita el pueblo, ese es el protagonista que tiene que aparecer […] Si nosotros hemos hecho unas propuestas para que esas desigualdades cesen, a través de la organización misma de comunidad, lo que estamos diciendo es que la fuerza popular es la que tiene que insurgir para que las reformas sean posibles; ese protagonista en el diálogo social que es el pueblo, la población, las fuerzas populares, en su diversidad, las del territorio excluido, las de las juventudes populares, poniéndose en evidencia en la mesa, en el tablero de las decisiones, pude dialogar con los factores de poder, y los factores de poder sabrían que no tienen ante sí solo a un presidente sino a una sociedad […].
Y si bien los dos asuntos advertidos por Petro son elementos sustanciales a la hora de impulsar las transformaciones, de dinamizar la lucha de clases, pues es cierto que una sociedad paquidérmica dificulta reclamar los cambios, en todo caso, existe una responsabilidad fundamental en el actual gobierno, que pareciera que el presidente no logra aún situar. Los desaciertos son importantes, la falta de una narrativa que potencie la movilización popular; la falta de estrategia para recuperar las soberanías: energética, monetaria, alimentaria, tecnológica-científica, militar; las prácticas clientelares de los gabinetes y la designación en altos cargos de personas con desconocimiento de los procesos; la improvisación en ciertas carteras; el cuidado por el pacto de clases que ha conducido a abrirle importantes espacios a fuerzas ajenas al horizonte político, entre otros asuntos, explican también los sinsabores que deja este año de gobierno.
Ahora bien, aún hay tiempo para corregir el rumbo, el inaplazable golpe de timón no da más espera. Convertir a Colombia en potencia mundial de la vida reclama un presidente y, por supuesto, un gobierno capaz de revisar las paquidermias estatales y resituar el horizonte de visibilidad del gobierno del cambio.
1 Rosa Luxemburgo (1899) en su texto ¿Reforma social o revolución? propone una reflexión ilustradora sobre los límites del reformismo. Al respecto señala: “A primera vista, el título de esta obra puede resultar sorprendente. ¿Reforma social o revolución? ¿Puede la socialdemocracia estar en contra de la reforma social? ¿Puede considerar como opuestos la revolución social ‒la transformación total del orden vigente, que representa su fin último‒ y la reforma social? Por supuesto que no. Para la socialdemocracia, la lucha práctica cotidiana por las reformas sociales, por mejorar la situación del pueblo trabajador aun dentro del orden vigente, por instituciones democráticas, constituye el único camino para conducir la lucha de clases proletaria y para trabajar para conseguir el fin último: la conquista del poder político y la abolición del sistema asalariado”.
2 Si queremos que todo siga como está, es preciso que todo cambie. ¿Me explico? […] ¿Y qué ocurriría entonces? ¡Bah! Negociaciones punteadas con inocuos tiros de fusil, y luego todo seguirá lo mismo, pero todo estará cambiado. […] Una de estas batallas en las que se lucha hasta que todo queda como estuvo. Giuseppe Tomasi di Lampedusa: El gatopardo.
3 Entre los avances significativos se destaca la promulgación del acto legislativo 03 del 24 de julio del 2023 por medio del cual se establece la jurisdicción agraria y rural.
4 “Nuestra relación con Colombia es muy, muy fuerte y sigue siéndolo. No hemos cancelado nada. Continúa toda la cooperación y esa relación no puede ser más fuerte de lo que hoy es”
5 USCAP, Plan de cooperación en seguridad regional entre Estados Unidos y Colombia, que este año celebra su décimo aniversario, ha permitido que la Policía Nacional de Colombia y la Armada de Colombia compartan su conocimiento y experiencia a otros países de la región y promuevan actividades de formación y cooperación internacional.
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