Jairo Estrada Álvarez
Profesor del Departamento de Ciencia Política
Universidad Nacional de Colombia
Actualmente hay mayores elementos de juicio para una valoración de las medidas y acciones que marcan la trayectoria inicial del gobierno de Gustavo Petro y del contexto bajo el cual se desenvuelve. En absoluto pueden considerarse definitivos respecto de lo que será todo el cuatrienio, si se tiene en cuenta que la trayectoria del proceso político se va constituyendo según los rasgos específicos que asuman conflictos y contradicciones inherentes al orden social y, sobre todo, las tendencias que exhiban las luchas sociales y de clase.
Así es que una valoración de estos meses de gobierno representa apenas un ejercicio de análisis parcial y provisional; más aún cuando los anunciados propósitos gubernamentales poseen alcances que descartan la simple reproducción inercial del régimen de dominación de clase tal y como se ha constituido durante las últimas décadas y señalan la pretensión de producir un cambio político “desde dentro”, orientado a variar la trayectoria de la forma de capitalismo hasta ahora imperante en el país.
El gobierno progresista social-liberal se ha presentado como una alternativa frente al largo proceso de “demolición neoliberal” impuesto durante las últimas décadas, que ha tenido como producto histórico, por un lado, un régimen de democracia de excepción, cuya reproducción por las vías de la democracia formal electoral (clientelista, corrupta, criminal y mafiosa) se ha acompañado de configuraciones autoritarias y de prácticas de terrorismo de Estado para enfrentar la subversión social en sus diversas expresiones, incluida la subversión armada. Y, por el otro, un régimen de acumulación sustentado en el proceso de financiarización, el predominio de economías de extracción minero-energética en relación de depredación con la naturaleza, la tendencia a la mercantilización generalizada de la vida social, la creciente inserción dependiente en la economía capitalista mundial y la apropiación en pocas manos de la riqueza socialmente producida.
El señalado proceso de “demolición neoliberal” ha conducido a la conformación de un orden social profundamente antidemocrático y excluyente y a una sociedad abismalmente desigual en la que el ingreso y la riqueza se concentra en unos pocos grupos económicos y familias. La preservación de esos rasgos se ha fundamentado esencialmente en el rechazo a cualquier propósito de reforma, en el despliegue de resistencias sistémicas cuando estas se han pretendido adelantar y en el ejercicio estructural de la violencia a través de las más variadas modalidades, incluido el mercenarismo paramilitar.
Los propósitos generales del “capitalismo progresista” presumen un proceso de reforma continuada con un alcance temporal que trasciende el período de gobierno y tienen como supuesto, por una parte, enfrentar las resistencias sistémicas derivadas de la defensa del régimen de “demolición neoliberal” y, por la otra, provocar una reorganización del bloque dominante en el poder, que, además de la que tendría que producirse y consolidarse en el seno de las clases dominantes, supondría la vinculación (o adhesión, según el caso) de importantes sectores de las clases subalternas. En ese sentido, se trataría de lograr la redefinición de la correlación social y política de fuerzas y su consolidación hacia una constelación policlasista con capacidad de brindar condiciones de posibilidad de mediano y largo plazo para el proceso de reformismo continuado.
El Acuerdo de paz celebrado con la guerrilla de las FARC-EP el 24 de noviembre de 2016 logró abrir unas fisuras en el muy hermético régimen de dominación de clase, pero sin cumplir hasta ahora con sus principales propósitos reformistas y modernizantes, dado el estado más que precario del proceso de implementación. El acumulado de malestar social expresado inicialmente en el paro del noviembre de 2019 y en la protesta contra la represión estatal de septiembre de 2020, derivó en el paro nacional del 28 de abril de 2021 y la rebelión social subsiguiente, con la que asistió a la más aguda e intensa interpelación hasta ahora vivida del orden social existente, evidenciando sus tendencias a la crisis y sus límites históricos, sin que ella pudiera devenir en todo caso en alternativa política frente al statu quo.
Sobre esos acumulados inmediatos previos y su propia trayectoria, se produjo el triunfo en la elección presidencial de la fórmula de Gustavo Petro y Francia Márquez. Su programa de gobierno, leído desde una perspectiva estructural, es básicamente de modernización y de reforma del orden social vigente, de un “capitalismo progresista”, alternativo a la “demolición neoliberal”.
El proyecto del “capitalismo progresista”
Ese “capitalismo progresista” revindica esencialmente:
1. El predominio de la democracia liberal, como forma constitutiva y a consolidar del régimen político, a fin de enfrentar tendencias al autoritarismo (incluidos contenidos fascistas) de la dominación de clase y a habilitar condiciones para el desmonte de estructuras clientelistas, corruptas, criminales y mafiosas ancladas en la organización institucional del Estado.
2. La descarbonización del régimen de acumulación a través de la llamada transición energética, acompañada del desarrollo de un capitalismo de la producción que contribuya a enfrentar los impactos del cambio climático, sustentado en procesos de reindustrialización, de producción de alimentos, de “mercados verdes” y en la que tenga cabida la economía social y popular.
3. La materialización de derechos económicos, sociales y culturales de la población, consonante con las disposiciones de la Constitución de 1991, por efecto de la puesta en marcha de reformas sociales orientadas a la desmercantilización (desneoliberalización) de campos de la vida social, especialmente asociados con la protección social de la población (salud, pensiones, rentas de subsistencia, entre otros) y la educación.
4. La redefinición de las modalidades de actuación en las relaciones internacionales desde un enfoque de multipolaridad, lo cual incluye nuevas formas de las relaciones con los Estados Unidos, sin cuestionar el rol de aliado estratégico de esa potencia imperial y la condición de socio global de la OTAN. En ese marco, se pretende redefinir la inserción en la economía mundial con mayor autonomía e impulsar una agenda de integración regional, con políticas para enfrentar el cambio climático como principal referente.
5. El logro de la paz total e integral, como política de Estado orientada a superar de manera definitiva las expresiones de violencia y el conflicto armado, a través del diálogo y la búsqueda de acuerdos de paz con organizaciones alzadas en armas y de conversaciones con las denominadas estructuras armadas de criminalidad de alto impacto tendientes a su sometimiento y desmantelamiento. A ello se agrega una visión de paz a acompañarse de reformas y de diálogos sociales vinculantes que se deben adelantar en territorios rurales y urbanos particularmente afectados por la violencia y el conflicto armado.
Esos propósitos generales del “capitalismo progresista” presumen un proceso de reforma continuada con un alcance temporal que trasciende el período de gobierno y tienen como supuesto, por una parte, enfrentar las resistencias sistémicas derivadas de la defensa del régimen de “demolición neoliberal” y, por la otra, provocar una reorganización del bloque dominante en el poder, que, además de la que tendría que producirse y consolidarse en el seno de las clases dominantes, supondría la vinculación (o adhesión, según el caso) de importantes sectores de las clases subalternas. En ese sentido, se trataría de lograr la redefinición de la correlación social y política de fuerzas y su consolidación hacia una constelación policlasista con capacidad de brindar condiciones de posibilidad de mediano y largo plazo para el proceso de reformismo continuado.
Lo corrido del gobierno de Petro representa apenas el inicio de un proceso más complejo del que se deben esperar no solo una intensificación de las resistencias sistémicas hasta ahora exhibidas, sino la irrupción de problemas inherentes a la conformación (inestable) de una constelación policlasista. En el primer caso, se trata de las derivadas de las afectaciones a los regímenes sectorizados de privilegios (ciertos negocios capitalistas) y de las que se considere que pueden producir un socavamiento de las condiciones generales actuales de reproducción del régimen de dominación de clase. En el segundo caso, me refiero tanto a las dificultades para unificar intereses policlasistas que normalmente conllevan una reducción de los alcances de las reformas, como al hecho mismo de las resistencias y las luchas que en todo caso tendrá que enfrentar el gobierno progresista.
Soportes y limitaciones de la fuerza progresista
Para la materialización de su proyecto, el gobierno progresista inició con un haber significativo: el respaldo de más de 11,2 millones de electores, el ambiente cultural de expectativa y de posibilidad del cambio por tenerse por primera vez en la historia republicana un “gobierno popular”, el liderazgo de un presidente con iniciativa política, capacidad discursiva, fuerza argumentativa y arraigo en sectores importantes de las clases subalternas, que se juntó con la representación calificada de voces plebeyas, de los territorios, excluidas y discriminadas históricamente, en cabeza de la vicepresidenta mujer y negra, Francia Márquez.
Al mismo tiempo, no obstante, el proyecto progresista ha exhibido unas limitaciones de origen. El liderazgo está centrado exclusivamente en la figura del presidente y depende de sus indicaciones. Su organización política, el Pacto Histórico, posee la forma de una coalición que funciona principalmente en el escenario parlamentario, integrada por numerosas organizaciones políticas e individualidades con reconocimientos diferenciados (ideológicamente definibles como democráticas, liberales y de izquierdas social e institucional), que en la acción política coinciden en propósitos comunes, pero responden en buena medida a sus proyectos particulares. Tal organización no alcanza a asumir la forma de un frente político con táctica y estrategia política identificable. Se trata de un soporte político relativamente débil para el propio gobierno, con iniciativa política menor, superado con creces por el liderazgo presidencial y a su zaga.
Dentro de las limitaciones de origen se encuentran igualmente los compromisos derivados de las alianzas políticas con partidos del establecimiento a fin de lograr gobernabilidad, tanto en la conformación del gabinete ministerial como para el logro de mayorías parlamentarias. En este caso, se trata de acuerdos políticos con diferente modulación que llevaron a que los partidos Verde (de sectores medios urbanos), Liberal, Conservador y de La U, se declararan partidos de gobierno y dispuestos a apoyar un programa de reformas (a convenir en sus contenidos). Tales acuerdos han sido pactados por el propio presidente de la República, gestionados y “cuidados” en su mayoría por líderes políticos provenientes de esos partidos, algunos integrando hoy el Pacto Histórico.
Como consecuencia de ello es notoria, por una parte, la heterogeneidad del gabinete ministerial en el que se conjugan expresiones variadas del progresismo, influencias notorias de facciones del liberalismo, especialmente del santismo, y políticos y académicos de trayectoria independiente, y, por la otra, la presión a la negociación (y disminución) continua de los alcances de las reformas, que se mueve entre los contenidos progresistas, liberales sociales y los que fungen como freno al desborde de las “líneas rojas” de preservación del orden tal y como está. En lo esencial, se trata del conflicto entre la reforma para darle sustento a la continuidad de reformas futuras y la reforma controlada, gatopardista.
A lo anterior se agrega que el respaldo social y popular alcanzado por el presidente Petro no ha logrado traducirse en movilización social por las reformas y menos aún en procesos organizativos del campo popular en esa dirección. En este punto es preciso llamar la atención sobre la improcedencia de establecer una relación de directa proporcionalidad entre el malestar social generalizado devenido en rebelión social en 2021 y el respaldo en movilización a las reformas del gobierno progresista.
Ninguna reforma, a pesar de las limitaciones que todas ellas tienen en sus contenidos y alcances, le parece apropiada al amplio espectro opositor. No hay disposición alguna a ceder en los propósitos (tímidos) de redistribución del balance existente entre los fondos de acumulación y los fondos de consumo; son evidentes las resistencias frente a la pretensión de reducción del escandaloso patrón de desigualdad que caracteriza el orden social existente. Se está frente a una organización del capital que en absoluto quiere ceder en su tasa de ganancia, que se resiste a cualquier alteración de las condiciones impuestas por el largo proceso de demolición neoliberal y es renuente incluso a la visión de un “capitalismo progresista”, como el pretendido por el gobierno de Petro.
El progresismo colombiano recogió parte de ese descontento, logró condensarlo parcialmente en su programa de gobierno, pero no es una fuerza con la capacidad de representarlo a plenitud, entre otras cosas porque dentro de las dinámicas organizativas en todo caso existentes no se admite la representación interpuesta, sino que se afirma la autorepresentación y se responde a lecturas distintas del poder y de la producción del poder, en las que las formas institucionalizadas producen desconfianza.
No se está, en efecto, frente a la reproducción de experiencias vividas en otros momentos progresistas o de izquierdas en la Región en los que la movilización social condujo, ella misma (a través de procesos destituyentes y constituyentes a la vez), a la conformación de “instrumentos políticos” que se alzaron con la victoria electoral y realizaron de asambleas constituyentes, de las cuales surgieron nuevas constituciones que desarrollaron contenidos democráticos y avanzaron en marcos normativos de desneoliberalización.
Mas allá de las configuraciones específicas de procesos organizativos del campo popular, con particular fuerza en los territorios, entre los jóvenes y las mujeres, los pueblos étnicos y los reductos organizados de la clase trabajadora y del campesinado, es claro que es en el despliegue de su capacidad de producción de poder donde se encuentran las mayores posibilidades para generar un proceso de reforma. En este caso emerge el conflicto entre los contenidos de las reformas que el gobierno progresista pueda sacar adelante y las reformas a las cuales aspiran las clases subalternas, más profundas, con alcances estructurales, y frente a las cuales se ha abierto un compás de espera.
Mientras tanto, llama particularmente la atención que sea el presidente de la República, quien de manera reiterada esté haciendo llamados a la organización y la movilización de las clases subalternas; con razón advierte que es en esa circunstancia en la que su proyecto puede tener verdaderas posibilidades. Por lo pronto, es evidente que la política reformista no se acompaña de la esperada movilización social. Y que ‒salvo sectores tradicionales organizados de la clase trabajadora, que han adherido al proyecto progresista‒, las expresiones organizadas del movimiento social y popular se mueven entre la simpatía y la autonomía frente a él, a la espera de que se produzcan de manera efectiva los cambios prometidos.
Si el gobierno progresista no logra responder a las expectativas que generó, tendrá que enfrentar de manera creciente la protesta y la movilización social. En este punto está marcado por el hecho de que la población que lo ha respaldado espera resultados casi inmediatos que se traduzcan en cambios palpables en la vida y la existencia cotidiana, mientras que los impactos de las reformas pretendidas son más bien de mediano y largo plazo. Ese interregno, en ausencia de organización y dirección política, puede ser instrumentalizado por los sectores más a la derecha del espectro político. En el contexto del necesario fortalecimiento de sus bases sociales, y para mostrar ejecutorias de corto plazo, el gobierno ha anunciado la puesta en marcha de un programa contra el hambre y ampliado y mejorado rentas de subsistencia focalizadas en los sectores más pobres de la población.
El empedrado camino de las reformas
Como ya se señaló, el gobierno progresista afirma representar una opción de cambio “desde dentro”. Ello implica básicamente tres cosas: primera, que los contenidos de los cambios son solo concebibles en el marco de las posibilidades que da el orden constitucional vigente; segunda, que las reformas deben adelantarse atendiendo a los rituales y procedimientos propios del “orden democrático” vigente; tercera, que además de la transacción previa de los proyectos, una vez presentados al Congreso son también allí objeto de negociación, y luego de su aprobación y sanción presidencial deben superar el control de constitucionalidad por parte de la Corte Constitucional. En ese trasegar es de esperar que las reformas contempladas terminen sensiblemente disminuidas.
La reproducción del orden, tal y como está diseñada, solo admite con facilidad la reforma cosmética. En la medida en que las reformas posean más alcances, así mismo crecen las dificultades para su aprobación. La organización institucional del poder representa sin duda un determinante objetivo, limitante a la vez, de las reformas que pretende llevar a cabo el gobierno progresista. En la medida en que el proceso se desenvuelva, será más notorio el contraste entre el discurso presidencial (con propuestas e iniciativas salidas del redil) y las realidades de las reformas que en efecto se puedan aprobar.
Desde luego que el proceso reformista pretendido por el gobierno progresista no puede reducirse a la definición de nuevos marcos normativos. Aunque es claro que nuevas normas no cambian por sí solas las realidades existentes, también lo es que expresan la correlación de fuerzas en momentos históricos determinados y en consecuencia contribuyen a habilitar mejores condiciones para disputas posteriores. En la lógica de un proceso de reformismo continuado, las reformas propuestas serían una especie de cuota inicial, aún tímida, de procesos de democratización y desneoliberalización.
Como parte del nuevo marco normativo y a la vez como posibilidad de traducir el programa progresista en políticas públicas, se encuentra especialmente el Plan Nacional de Desarrollo. En este caso, se está frente a la opción más clara de incidencia sobre la trayectoria del proceso de acumulación, contra la cual actúan las evidentes limitaciones fiscales, la inercia de los procesos de planeación y presupuestación y los frenos que imponen sectores de la tecnocracia y la burocracia de carrera. En particular está por verse si el gobierno progresista logra modificar de manera significativa la estructura de asignación de los recursos del presupuesto general de la nación, heredada de décadas de gobiernos neoliberales y de guerra contrainsurgente, a fin de reorientarla en función de sus propósitos políticos.
Si se comparan los anuncios de campaña con las acciones de gobierno hasta ahora conocidas, es evidente que ‒en los aspectos esenciales‒ Petro está cumpliendo su programa progresista; eso sí, con constatable moderación frente a los anuncios iniciales. Así, por ejemplo, entre otros:
a. Ha puesto en marcha y se encuentra desarrollando su política de paz total e integral, con la que ha manifestado su compromiso con la implementación del Acuerdo de paz con las FARC-EP; afirma buscar la superación de las violencias y el conflicto armado mediante acuerdos de paz con organizaciones de origen rebelde, el sometimiento a la justicia de las denominadas estructuras armadas de criminalidad de alto impacto y su desmantelamiento, diálogos sociales vinculantes con las comunidades que habitan territorios rurales y urbanos y la realización de reformas económicas y sociales. Lo cual incluye la definición de marcos normativos tramitados (reforma a la ley 2272 de 2022 de orden público, o a tramitar en el Congreso, proyecto de ley de sometimiento).
b. Logró la aprobación de la reforma tributaria en noviembre de 2022 y tramitará en el Congreso de la República en el primer semestre de 2023 proyectos de reforma de gran calado social en materia de salud, pensiones y laboral en 2023.
c. Presentó al Congreso de la República el proyecto de ley del Plan Nacional de Desarrollo 2002-2026, que incluye cinco transformaciones (Ordenamiento territorial alrededor del agua y justicia ambiental; Seguridad humana y justicia social; Derecho humano a la alimentación; Internacionalización, transformación productiva para la vida y acción climática, y Convergencia Regional), con las que pretende sentar las bases para la reorientación del “modelo económico”, habilitando condiciones para un desarrollo del capitalismo productivo concordante con su propósito de transición energética y fortaleciendo el componente social y ambiental.
d. Ha trazado los lineamientos y realizado las primeras ejecutorias de aspectos de la política social orientados a enfrentar el hambre de la población más pobre y mejorar la precariedad del ingreso a través de la creación de rentas de subsistencia (adultos mayores, jóvenes estudiantes) o el aumento de rentas existentes (familias), de tal manera que se superen umbrales de miseria y pobreza extrema, lo cual se ha sustentado en gran medida en los efectos redistributivos del ingreso derivados de la reforma tributaria.
e. Ha definido con precisión los contornos de la política antidrogas, distanciándose de la “guerra contra las drogas”, afirmando centrar el combate en las fases de rentabilidad extraordinaria y contra el “empresariado” que se beneficia del negocio corporativo transnacional del narcotráfico, al tiempo que pretende generar opciones alternativas en el marco de la economía popular frente los productores de la hoja de coca, agregando el tratamiento penal alternativo. Una visión similar se ha extendido a las otras economías ilegales, como es el caso de la minería.
f. Ha puesto en marcha una reorientación de la política de seguridad hacia la seguridad humana, señalando que esta debe privilegiar la vida y las soluciones políticas antes que la confrontación bélica y la exclusiva presencia militar en los territorios y el tratamiento de orden público de los conflictos.
g. Ha puesto nuevos acentos en la política exterior desde un enfoque que conjuga el multilateralismo con la consulta y el acuerdo permanente con los Estados Unidos. Debe destacarse, entre otros, el inicio del proceso de normalización de las relaciones con Venezuela; el trato amistoso frente a Cuba luego del despropósito del gobierno de Duque de contribuir a incluir al país hermano en la lista de países patrocinadores del terrorismo que elabora arbitrariamente Estados Unidos; la postura frente al golpe parlamentario en Perú; las intervenciones en foros internacionales sobre derechos humanos y la problemática ambiental y del cambio climático; los anuncios de impulsar proceso de integración regional; la apertura hacia relaciones con países africanos.
En la mayoría de estos ejemplos de políticas del gobierno progresista se está apenas en sus momentos iniciales, sin que sea posible aún conceptuar acerca de sus resultados definitivos, más allá de las ya señaladas limitaciones de origen y de la concepción política que subyace al proyecto progresista. Hasta el momento, el único revés constatable ha sido el retiro del proyecto de reforma política-electoral, que en todo caso ilustra acerca de los límites de procesos de reforma “desde dentro”.
Esos ejemplos rompen la trayectoria que venía desde gobierno de Iván Duque y son expresivos de la orientación del “cambio político” propugnado por el gobierno progresista. Este, sabedor de los tiempos limitados de un período presidencial, optó por su presentación en paquete con la expectativa de lograr los mayores avances posibles en el primer año y medio de gobierno, y considerando que la coalición de gobierno y la mayoría parlamentaria se pueden ir desvaneciendo a medida que avance el cuatrienio. Esa estrategia ha generado las resistencias inherentes a un régimen de dominación de clase que no admite la reforma. El momento político que se vive da cuenta de un campo abierto y en disputa sin definición plena de los alcances que pueda tener el proceso reformista.
Fuerzas opositoras y frenos al gobierno progresista
Desde su inicio, el gobierno progresista se ha encontrado con numerosos obstáculos y una férrea oposición. Pese a sus limitaciones y a las reiteradas declaraciones de tranquilidad para los mercados, ha sido visto por sectores mayoritarios del bloque dominante de poder como una amenaza sistémica y ‒en las versiones más extremistas de derecha‒ como un gobierno con la pretensión de imponer el “comunismo” en el país. Dado que en la historia colombiana solo han gobernado proyectos políticos de las clases dominantes y no ha habido espacio político ni siquiera para proyectos de alternancia política dentro del orden social existente, el gobierno progresista ha sido comprendido como una “anomalía” que ha alterado el normalizado estado de cosas y la lógica cultural de la dominación de clase. Frente a esa “anomalía”, las estrategias de respuesta han sido diferenciadas y expresan la ruptura del consenso en el bloque de poder, apreciada durante los últimos lustros y acentuada con la firma del Acuerdo de paz con las FARC-EP.
Por una parte, se encuentra la facción cuyos proyectos políticos optaron por la alianza pragmática con el progresismo ‒necesitada por este para lograr hacerse con la presidencia, garantizar la mayoría parlamentaria y la gobernabilidad‒ a fin de lograr posiciones de alto nivel en el gobierno, preservar cuotas burocráticas, acceder a la disputa por el presupuesto público y, sobre todo, fungir como factor garante de un proceso de reforma controlada que impida afectar las fundamentos esenciales de la organización (institucionalizada) del poder de clase. En este caso se está frente a un tipo de defensa del orden existente que accede a la reforma cosmética, pues la considera útil para su reproducción y necesaria para neutralizar elementos desestabilizadores que puedan provenir del malestar social existente que, en todo caso, se reconoce. Se trata de la representación ejercida por sectores de los partidos Liberal, Conservador y de La U, así como de las fuerzas que pudieran definirse como santistas o de origen santista, dispersas en algunos de esos partidos y en el propio Pacto Histórico. Conscientes de su poder dentro del Gobierno y de su fuerza parlamentaria han pretendido imponer el freno y la negociación continua de la política gubernamental y de los proyectos de reforma presentados al Congreso de la República a fin de “moderarlos” y disminuirlos en sus alcances, como ya se anotó.
Estas alianzas deben considerarse transitorias y muy seguramente se irán desgajando a medida que avance el cuatrienio presidencial, debilitando la capacidad de gobierno y de gestión de la cosa pública y preparando el terreno para perfilarse como opción política de cara a la elección presidencial de 2026. Sus desde ahora predecibles posturas frente a las elecciones locales de octubre de 2023 indican que ‒en sentido estricto‒ no se trata de fuerzas comprometidas con el pretendido cambio progresista a extender y consolidar en el nivel local, sino más bien en búsqueda pragmática de preservación de sus propias posiciones de poder político y económico localizado y, en el mejor de los casos, orientadas a reproducir en el nivel departamental y municipal la lógica de freno que han pretendido imponer en el orden nacional.
Por otra parte, se encuentra la facción representada por los sectores más a la derecha y la extrema derecha del campo político que desde un inicio vienen ejerciendo una férrea oposición. En este caso, las posturas en defensa del orden existente y de los intereses generales de la clase son explícitas, abiertamente contrarias a cualquier atisbo de reforma y presentadas sin recato. Su estrategia se encuadra dentro de la lógica cultural y la acción comunicativa exhibidas por la derecha transnacional: protección de valores fundantes de la sociedad, cuya transgresión habría conducido a una “crisis moral”; reivindicación de rasgos de la ideología fascista; posturas en defensa y justificación del racismo y del patriarcalismo; naturalización de la pobreza y la desigualdad, así como del orden de la propiedad privada y del mercado como garante de la eficiencia y la productividad; evocación del dominio autoritario (sin descartar la dictadura) y del ejercicio de la violencia estatal en el tratamiento de los conflictos sociales y de clase.
La pregunta gruesa es si la perspectiva de un gran acuerdo político nacional es para consolidar los límites inherentes al proyecto del “capitalismo progresista”, o si logra comprender la apertura de un arco hacia transformaciones que transgredan y desborden, por ejemplo, desatando un proceso constituyente abierto. En ese punto, no hay definiciones a priori, la trayectoria la marcará el devenir histórico-concreto de los conflictos y contradicciones inherentes al orden social vigente, las luchas sociales y de clase. Por lo pronto, debe reconocerse que se está viviendo un nuevo momento político-cultural y una tendencia a la mayor politización de la sociedad dados los temas y problemas que ha puesto el progresismo sobre la mesa.
Todos estos rasgos son reproducidos de manera continua y sistemática con el fin de lograr el desgaste y desprestigio del gobierno, responsabilizándolo de todos los acumulados de crisis (a pesar de ser en gran medida herencia de gobiernos anteriores); escarbando las pasiones, estimulando la rabia y produciendo mentiras; buscando provocar el pánico económico y acrecentar el descontento. Todo ello orientado a preparar condiciones sociales y culturales de miedo e inseguridad, que posibiliten la proyección de su proyecto político para las elecciones locales de 2023, pero sobre todo de anticipación de escenarios de la elección presidencial de 2026. A través de los señalados recursos se busca ampliar la base social, ya existente, incluso en sectores de las clases subalternas. La permanente acción desestabilizadora no excluye la posibilidad de la aventura golpista.
El espectro de las derechas, liderado por la más extrema del Centro Democrático, se encuentra en preparación y desarrollo de su opción política, lo cual incluye en perspectiva la construcción de acuerdos políticos con partidos ya declarados en oposición, como Cambio Radical, y aquellos que con el devenir del cuatrienio se vayan desgajando de la coalición del gobierno. En su visión es claro que se debe enfrentar con toda radicalidad la presunta amenaza comunista que representa el progresismo y su eventual continuidad. Su posibilidad se encuentra en el fracaso del proyecto reformista.
Con matices y variaciones, las posturas en defensa del régimen de dominación de clase y contrarias al reformismo acotado del gobierno progresista vienen siendo amplificadas a través de una calculada estrategia comunicacional orquestada desde los grandes medios de comunicación (radio, prensa escrita, televisión) y los medios individuales masivos de comunicación (“bodegas”, “influenciadores”, twiteros). Los primeros, esencialmente propiedad de grupos económicos, han sustituido los partidos del establecimiento y su pobreza intelectual, erigiéndose en el partido y la voz del “interés capitalista general”; sus dueños no necesitan expresarse, pues lo hacen a través del periodismo mercenario que se encuentra como nunca entronizado en ellos. Los segundos operan con otras modalidades de la lógica mercantil, expresivas de que hacer oposición ‒no importa cómo‒ también representa “emprendimientos” con los cuales se puede “facturar”. La lógica cultural del neoliberalismo ha hecho también de la práctica de oponerse un negocio.
Los gremios del capital, agrupados en el Consejo Nacional Gremial, así como aquellos que representan intereses sectoriales, se han erigido también en fuerzas opositoras dedicadas a mostrar que la afectación de sus negocios impactaría la economía y las condiciones de vida de la población en su conjunto. Según esa postura, el proyecto de reforma a la salud sería para afectar la salud de los colombianos; el proyecto de reforma laboral deterioraría el trabajo y el ingreso; el proyecto de reforma pensional conllevaría al deterioro de protección social, y la reforma tributaria castigaría la inversión y el crecimiento.
A lo anterior se agrega la oposición ejercida por el Fiscal General de la Nación y la Procuradora General de la Nación, quienes traspasando sus funciones se han dedicado a emitir conceptos políticos sobre las reformas propuestas al Congreso, ajustados a la ideología de derecha, en presunta defensa del orden constitucional vigente.
Ninguna reforma, a pesar de las limitaciones que todas ellas tienen en sus contenidos y alcances, le parece apropiada al amplio espectro opositor. No hay disposición alguna a ceder en los propósitos (tímidos) de redistribución del balance existente entre los fondos de acumulación y los fondos de consumo; son evidentes las resistencias frente a la pretensión de reducción del escandaloso patrón de desigualdad que caracteriza el orden social existente.
Se está frente a una organización del capital que en absoluto quiere ceder en su tasa de ganancia, que se resiste a cualquier alteración de las condiciones impuestas por el largo proceso de demolición neoliberal y es renuente incluso a la visión de un “capitalismo progresista”, como el pretendido por el gobierno de Petro. El propio aparato de justicia en cabeza de la Corte Constitucional ha advertido de manera inusual sobre acciones preventivas frente a reformas que a su juicio desborden el orden constitucional.
En contraste y evidenciando las visiones en extremo retrógradas que predominan en el seno las clases dominantes, las reformas propuestas por el gobierno progresista cuentan con el visto bueno del FMI, el Banco Mundial y la OECD. Lo cual parece una paradoja.
Perspectivas más cercanas
Dentro de las múltiples aristas de la política del gobierno progresista, en la sección final de este ensayo me quiero concentrar solamente en dos de ellas, interrelacionadas, por considerarlas decisorias de la trayectoria más definitiva que irá asumiendo el gobierno de Gustavo Petro, y sobre todo porque ellas condensan aspectos cardinales de la organización del régimen de dominación de clase. Me refiero a la política de paz total e integral y a la lucha contra el narcotráfico. La primera tiene que ver con la posibilidad de sentar las bases para superar de manera definitiva la violencia y el conflicto armado, tras la paz pospuesta, inconclusa y traicionada con las FARC-EP; la segunda, comprende la posibilidad de avanzar de manera significativa en el desmonte de fundamentos criminales y mafiosos del orden social vigente.
Más allá del debate teórico y filosófico-político sobre el concepto de paz total e integral, en la dimensión histórico-concreta es evidente que el proyecto progresista representa una visión en la que las posibilidades del “capitalismo progresista” se encuentran atadas al “desarme de los armados”, a la política sin armas, por la vía del diálogo y la solución política, como condición del predominio del Estado de derecho y de la operación de las reglas organizadoras del “orden democrático”.
En contrario, ese camino es concebido por las fuerzas opositoras de derecha como el camino de la rendición del Estado frente al crimen organizado. Y, en términos de estrategias políticas, como el cierre de opciones políticas que han construido sus proyectos con base en la confrontación, la “solución militar” y el imperio de política de seguridad, orientadas en su conjunto a preservar a toda costa el régimen de privilegios. El eventual éxito de la paz total e integral sería la derrota de una forma de hacer política que ha existido durante las últimas seis décadas, que adquirió sus mayores dimensiones con los gobiernos de la seguridad democrática y ha cumplido una función organizadora de la dominación de clase y de la trayectoria del proceso de acumulación capitalista, en la que el despojo ha ocupado un lugar central.
Si el proceso de negociaciones con el ELN no exhibe avances significativos y acuerdos de impacto político y social, si las mesas de diálogos con las otras organizaciones definidas como de origen rebelde no arrojan los resultados presupuestados por el gobierno, se entrará en un terreno en el que los discursos guerreristas hoy menguados tomarán nuevos alientos y las presiones para un endurecimiento de la política progresista se harán mayores, pretendiendo forzar desplazamientos hacia la derecha. Lo mismo puede afirmarse si fracasa la política de sometimiento a la justicia de las denominadas estructuras armadas de criminalidad de alto impacto.
En lo concerniente al combate al narcotráfico, se está frente al contrasentido de que quienes permitieron con sus políticas que durante las últimas cinco décadas este se entronizara socialmente, se constituyera en poder criminal, político, económico, social y cultural incrustado en el propio Estado y acrecentara su propio poder mediante una política de alianzas, que incluyó el desempeño de funciones de contrainsurgencia y de mercenarismo paramilitar, se pretenden erigir en guardianes morales frente a la política progresista a la que se le endilga el propósito de favorecerlo. Es común escuchar desde esos sectores que se le está entregando el país al narcotráfico, cuando se le ha entregado de manera sistemática desde la década de los setenta del siglo pasado; o que está en curso un proceso de lavado masivo de activos, cuando esta ha sido también una práctica consuetudinaria. La célebre sentencia del Hamlet de Shakespeare: “Algo huele a podrido en el estado de Dinamarca” ilustra muy bien la situación actual en “Cundinamarca”.
En este caso está en juego otro de los aspectos nodales de la política progresista. Sin caer en la ingenuidad de que un gobierno puede resolver el problema de un poder corporativo trasnacional, como es el narcotráfico, es claro que aún bajo esa limitación es posible considerar líneas de acción en el ámbito nacional-estatal que disminuyan su poder local, si la lucha contra esa economía ilegal se centra en los eslabones más poderosos y sobre todo en el desmonte de las estructuras complejas que le sirven de soporte, las cuales superan las meras estructuras armadas.
Las resistencias contra el curso que se le pretende imprimir a la política gubernamental indican que se quiere impedir que las condiciones y razones del olor a podrido se conozcan, que se afecte una de las fuentes de producción (y reproducción) del inmenso poder nacional y local de sectores de las clases dominantes, que se evidencie que la decadencia moral, la podredumbre de esos sectores, como en el pescado, empezó por la cabeza, por sus dirigentes. Aún es prematuro afirmar si la política del gobierno progresista logra registrar avances notorios y tangibles en los trazos de su anunciada acción contra el narcotráfico. También en este campo el futuro más cercano del proyecto del capitalismo progresista se encuentra en dependencia de cómo se desenvuelva la política correspondiente.
Estos dos aspectos y otros de la política del progresismo apenas enunciados en este texto no parecen tener salidas definitivas “desde arriba” o “desde dentro”, incluso en la iniciativa de un “gran acuerdo político nacional”. Esta, si prosperara, tendría limitaciones de origen; a lo sumo podría ser útil para pactar “reglas de juego” hacia una transición política “pacífica” más compleja. La pregunta gruesa es si la perspectiva de un gran acuerdo político nacional es para consolidar los límites inherentes al proyecto del “capitalismo progresista”, o si logra comprender la apertura de un arco hacia transformaciones que transgredan y desborden, por ejemplo, desatando un proceso constituyente abierto. En ese punto, no hay definiciones a priori, la trayectoria la marcará el devenir histórico-concreto de los conflictos y contradicciones inherentes al orden social vigente, las luchas sociales y de clase. Por lo pronto, debe reconocerse que se está viviendo un nuevo momento político-cultural y una tendencia a la mayor politización de la sociedad dados los temas y problemas que ha puesto el progresismo sobre la mesa.
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