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Acuerdos para la educación superior pública: logros y retos de la movilización estudiantil y profesoral


Movilización estudiantil y profesoral

La crisis a la que asiste la educación superior en Colombia no es reciente. Como tampoco lo han sido los intentos gubernamentales por gestionarla recurriendo a procesos privatizadores y mercantilizadores. En el año 2011, el Gobierno de Juan Manuel Santos (2010-2018) presentó un proyecto de reforma de la educación superior que no fue consultado con la comunidad académica. Dicho proyecto pretendía incorporar el ánimo de lucro como mecanismo de autofinanciamiento de las universidades públicas y privadas, extender las carreras técnicas y tecnológicas y fortalecer los mecanismos de financiamiento por medio del crédito educativo y el subsidio a la demanda. Ante esta situación, se produjo una rearticulación del movimiento estudiantil alrededor de la Mesa Amplia Nacional Estudiantil (MANE).

En su defensa de la educación superior como un derecho y un bien común, la MANE presionó por la materialización de un programa mínimo de reformas orientadas a garantizar la financiación, la autonomía, el bienestar y las libertades democráticas en la educación superior. Sin embargo, distintas situaciones de desarticulación al interior del movimiento generaron su disolución y, en consecuencia, el avance en las medidas privatizadoras impulsadas por el Gobierno. En este sentido, la crisis a la que actualmente se asiste en la educación superior en Colombia ha activado la memoria histórica de las luchas estudiantiles y profesorales, y ha convocado nuevamente a una amplia movilización social.

Durante los últimos meses del año 2018 se desarrolló una intensa movilización estudiantil y profesoral en defensa de la universidad pública, gratuita, democrática y de calidad. Desde las diversas regiones del país se alertó sobre la crisis universitaria, especialmente sobre la crisis financiera que atraviesa la educación superior pública y las implicaciones que ésta tiene para garantizar universidades abiertas, de calidad y comprometidas con la construcción de una sociedad justa y democrática. Además, se planteó una serie de propuestas para resolver dicha crisis.

Sin embargo, en el marco de un nuevo ciclo de protestas estudiantiles el Gobierno del presidente Iván Duque pretendió desactivar la movilización impulsado dos estrategias. Por una parte, acordó con los rectores del Sistema Universitario Estatal (SUE) y con la red de Instituciones técnicas, tecnológicas y universitarias una serie de medidas que en su entender resolverían las dificultades que en materia financiera tienen las instituciones públicas de educación superior. Sin embargo, como lo alertó el movimiento, dicho acuerdo no resolvía la crisis financiera descrita. Por otra parte, lanza el Programa "Generación E," el cual no es más que una iniciativa efectista que, además de desviar la atención sobre los problemas estructurales que padece el sistema de educación superior en Colombia, termina profundizando la crisis que ha dado origen a las movilizaciones anotadas.


Instalación de la mesa de negociación

Pese al hermetismo del Gobierno Nacional, y transcurrido un poco más de dos meses de movilización, la fuerza del movimiento estudiantil y profesoral condujo a la instalación de una mesa de diálogo el 1 de noviembre de 2018. En este espacio de negociación participaron diversas organizaciones: UNEES, ACREES, FENARES, Red de cabildos indígenas universitarios, Plataforma afroestudiantil, por parte de los estudiantes; ASPU, ASOPRUDEA, ARPUP y la Mesa Nacional de Profesores de la Universidad Nacional de Colombia, en representación de los docentes; y los ministerios de Educación nacional y Hacienda, ICETEX y COLCIENCIAS, por el Gobierno.

Los temas que organizaron inicialmente la discusión fueron: i. el financiero, ii. el normativo y iii. la autonomía y el gobierno universitario. Sin embargo, los dos primeros asuntos ocuparon el grueso de la negociación. Según los informes producidos por los delegados de la Mesa Nacional de Profesores de la Universidad Nacional de Colombia1, la metodología de la mesa llevó a la construcción de unas matrices en las cuales se identificaron los consensos y disensos.

Los puntos sobre los cuales versó la negociación en materia financiera fueron: i. regalías, ii. recursos de ICETEX, iii. excedentes de cooperativas, iv. recursos de inversión y saneamiento de pasivos, v. descuento de votación, vi. recursos a las ITTU, vii. construcción de una política de Estado para la educación superior y organización mesas territoriales, viii. recursos a la base presupuestal, ix. modificación de los artículos 86 y 87 de la ley 30, x. tributación de los profesores universitarios y xi. Sistema de Ciencia y Tecnología − COLCIENCIAS.

El disenso fundamental, al decir de los profesores mencionados, radicó en los recursos que debían ser destinados a la base presupuestal de las universidades públicas y su forma de asignación. Los representantes del movimiento presentaron una proyección de recaudos fiscales que permitiría un incremento de los ingresos para las universidades públicas e ITTU del siguiente orden, "2019: IPC + 8%; 2020: IPC + 11%; 2021: IPC + 13%; 2022: IPC + 17%". Por su parte, el Gobierno nacional, sostenía la posibilidad de un incremento máximo de "IPC más 3,5% para el 2019, el IPC más 4% para los años 2020, 2021 y en el año 2022 un crecimiento a la base de IPC más 4,5%"2, incrementando el porcentaje que se había acordado previamente con el SUE.

Finalmente, el 14 de diciembre ⸺y después de intensas jornadas de negociación⸺ se logró el siguiente acuerdo3:

  1. Sistema General de Regalías (SGR): i. Elaboración participativa de un acto legislativo para reformar el SGR y la constitución de una mesa técnica. ii. Presupuesto bienal de regalías que condujo a la destinación de $1.5 billones a las IES públicas. iii. Financiación becas doctorales. Reforma al ICETEX: El PND (2018-2022) incluirá elementos que permitan avanzar hacia una reforma integral del ICETEX y de la ley 1911. Participación de la Mesa de diálogo en la mesa de trabajo de la Comisión VI de Senado para la discusión de dicha reforma.


  2. Destinación de excedentes de cooperativas para funcionamiento de IES públicas en los términos establecidos en el artículo 19-4 del Estatuto tributario.


  3. Recursos de inversión: El Gobierno Nacional destinará, por una parte, $1,35 billones del PGN a saneamientos de pasivos y proyectos de inversión, y por la otra, el 20% de saldos presupuestales apropiados y no comprometidos (hasta por $300 mil millones).


  4. Recursos de financiamiento de las ITTU: Inclusión en el PND de un artículo que habilite la transferencia de recursos del PGN para el funcionamiento de las ITTU.


  5. Reconocimiento del 100% de descuento por votación para las IES públicas: Se garantiza el reembolso.


  6. Modificación a los artículos 86 y 87 de la ley 30 de 1992: Inclusión en el PND de un artículo que permita revisión de las fuentes de financiación.


  7. Tributación docente: Modificación del artículo 206 de ley de financiamiento sobre exención tributaria de los gastos de representación docente.


  8. Ajuste normativo a PUBLINDEX: Revisión de políticas sobre publicaciones científicas y divulgación.


  9. Creación de la Mesa de diálogo para la construcción de acuerdos para le educación superior pública: Se crea y reglamenta la Mesa a través de resolución del MEN N.o 019195 del 14 de diciembre de 2018, definiendo de esta manera un espacio participativo para el "seguimiento, discusión y proposición de acuerdos, que permitan alcanzar soluciones a las problemáticas estructurales de la educación superior pública"1.


  10. Recursos de funcionamiento a la base presupuestal: La fórmula acordada es 2019 (IPC +3,5%), 2020 (IPC +4,0%), 2021 (IPC +4,5%), 2022 (IPC +4,65%). Crecimiento real de los aportes de un 17.71% y se reconoce autonomía de las universidades para su ejecución.

Articulado a este acuerdo se encuentra una serie de compromisos del Gobierno Nacional para garantizar los derechos humanos de los manifestantes y el ejercicio de la protesta. En el Acta del 12, 13 y 14 de diciembre de 2018 se establece que en el marco de la elaboración del Plan Nacional de Acción de Derechos Humanos se creará un "Comité Permanente de Derechos Humanos del sector educativo en el ámbito de la protesta social", el cual documentará y hará seguimiento a todos los asuntos referidos a la protección de los DDHH de los manifestantes de la educación. También, se establecen una serie de garantías académicas y laborales para el desarrollo del proceso académico.

Atendiendo a lo recogido en el Acta de acuerdo firmada entre el movimiento y el Gobierno, así como a la resolución del MEN, se identifican, entre otros, los siguientes logros:


  • En términos financieros: Durante el período de gobierno de Iván Duque hay un compromiso de recursos para las IES del orden de $5,85 billones, los cuales se distribuyen entre base presupuestal, cooperativas, saldos presupuestales y regalías. En todo caso, es importante destacar que el movimiento dejó constancia de la necesidad de ampliar anualmente la base presupuestal en un mínimo de IPC+4,65% durante los 4 años.

  • En términos normativos: El Gobierno de Iván Duque se compromete incluir en la ley del PND una serie de artículos que permitan impulsar: i. la reforma del ICETEX; ii. la destinación a las IES de saldos presupuestales apropiados y no comprometidos del PGN; iii. la habilitación legal para la transferencia de recursos del PGN a funcionamiento de las ITTU; iv. la modificación a los artículos 86 y 87 de la ley 30; v. las estrategias para la materialización del pacto por la educación. Estas inclusiones deberán conducir a las reformas de la ley 30 de 1992 y la 1911. También, se asume el compromiso de impulsar una reforma constitucional al SGR.

  • En términos participativos: Se crea la Mesa de diálogo y una serie de mesas técnicas a través de las cuales la comunidad universitaria podrá hacer seguimiento a la implementación de los acuerdos y proponer una serie de medidas que conduzcan a la construcción de una nueva política de educación superior.


Ahora bien, más allá de los elementos anteriormente expuestos, es necesario visibilizar otra serie de logros producto de la movilización iniciada durante el segundo semestre de 2018. Primero, es clave señalar que este proceso dio vitalidad a los procesos de organización y movilización estudiantil y profesoral en Colombia. El paro se mantuvo de forma muy creativa y responsable gracias a los procesos organizativos dinamizados por los diferentes actores de la comunidad académica. Además, se destaca la elaboración de estudios cualificados y sistemáticos que caracterizaron la crisis y facilitaron la construcción de propuestas para su solución.

Estos dos elementos posibilitaron el reconocimiento del movimiento por parte de la sociedad colombiana y la instalación en el debate público de los problemas que aquejan a las Instituciones de Educación Superior. Finalmente, se abrió un horizonte participativo al interior de las universidades, el cual se constituye en un insumo vital para impulsar la construcción del gobierno universitario. Todo lo anterior alimenta un escenario futuro de luchas para la transformación de las desigualdades que caracterizan a la educación superior en Colombia y de solución de la crisis en una perspectiva de defensa de lo público y garantía plena del derecho a la educación superior.


Retos del movimiento estudiantil y profesoral

Después de las movilizaciones observadas en 2011, Colombia asiste nuevamente a la configuración de un movimiento estudiantil y profesoral que despliega su dinámica en el marco de la crisis que caracteriza al sistema de educación superior, de los condicionantes que impone el sistema político del país y del entramado institucional que ha producido el neoliberalismo después de 1990. En este contexto, son varios los retos que se le plantean al movimiento en el marco de los logros obtenidos.

En primera instancia, es clave el mantenimiento de la unidad y la búsqueda de propuestas y acciones concertadas que permitan dinamizar la Mesa de diálogo y sus mesas técnicas y generar una correlación de fuerzas que favorezca la materialización de las demandas más amplias de los estudiantes y los profesores, relacionadas con el diseño de una política de educación superior alternativa a los procesos de privatización, mercantilización y ausencia de autonomía y democracia que caracterizan al sistema.

Por otra parte, es claro que los compromisos establecidos con el Gobierno en el marco del Acuerdo de diciembre de 2018 dependen de la concurrencia de otros actores, como las autoridades de los departamentos y los municipios (para asegurar que los recursos provenientes del Sistema General de Regalías se canalicen hacia los objetivos establecidos) y los congresistas de la República (que discutirán el acto legislativo que pretende reformar el Sistema General de Regalías y, además, deberán aprobar el articulado de Plan Nacional de Desarrollo que se incluirá los acuerdos establecidos en materia de educación superior). Resulta evidente la necesidad de que el movimiento recurra a los repertorios y mecanismos de participación y de presión de los que dispone para asegurar la coordinación entre dichos actores y la materialización de lo acordado con el Gobierno.

Adicionalmente, el cumplimiento de los acuerdos se encuentra condicionado por la restricción fiscal que afronta el país. Es preciso garantizar que los acuerdos a los que se ha llegado, y los que puedan surgir de la Mesa de negociación, se materialicen en normas que obliguen a los gobiernos de turno a cumplir con los compromisos presupuestales que sirvan para resolver las urgencias financieras de las instituciones de educación superior, y aquellos sobre los que eventualmente se edifique una política alternativa de educación superior. Desde 1990, la restricción fiscal ha sido un argumento utilizado por los gobiernos para negar cualquier posibilidad de transformación del sistema de educación superior por vías alternativas a la privatización, la mercantilización y el crédito educativo a la demanda.

Lo logrado es importante. Sin embargo, la tarea que se viene requiere de la fuerza y creatividad de los actores que participamos de la defensa de la universidad pública. En este sentido, es importante que el llamado a la unidad trascienda el campo de la educación superior y permita la articulación de actores de los niveles de educación preescolar, básica y media. Garantizar el derecho a la educación implica hacerlo en todos sus niveles. Por motivos de justicia social (las desigualdades se producen, reproducen y proyectan a lo largo de todos los niveles educativos), tanto como por criterios de calidad (la formación básica y media repercute en la educación superior y, a su vez, la expectativa de ingreso a la educación superior condiciona los resultados obtenidos por los estudiantes en los niveles de educación primaria y secundaria), se requiere una visión integral y armonizada del proceso educativo. Esto en un contexto en el que el proceso educativo se enriquezca y transforme por medio del diálogo con otras educaciones (indígenas y populares, por ejemplo). La contracara de esta visión es el reconocimiento, participación y articulación de todos los actores del sistema educativo en aras de un modelo educativo que, sustentado en el diálogo de saberes, se piense "desde la cuna hasta la tumba".


1 El 30 de noviembre de 2018, el profesor Mario Hernández y la profesora Nubia Ruiz elaboraron un informe que circuló por medios electrónicos, en el cual se presenta el balance sobre los consensos y disensos. En esta parte del artículo se recogen algunos de los análisis propuestos por ellos.

2 Informe de los delegados de la Mesa de profesores (ibíd.).

3 Acta de acuerdo Mesa de diálogo para la construcción de acuerdos para la educación superior pública. https://www.mineducacion.gov.co/1759/articles-379966_recurso_4.pdf

4 Resolución del MEN N.o 019195 del 14 de diciembre de 2018. Consultar en: https://www.mineducacion.gov.co/1759/w3-article-380431.html


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Lunes, 18 Noviembre 2019

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