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El campesinado en Minga: La disputa por el reconocimiento como sujetos políticos y destinatarios de derechos

El pliego presentado por los campesinos que convergen en la Mesa Campesina Cauca contiene 10 puntos que desarrollan una unidad de sentido alrededor del reconocimiento del campesinado como sujeto de derechos. Así, plantean que la materialización de la igualdad real y efectiva de esta población, que ha tenido un importante papel en la construcción de la cultura y la identidad nacional, debe ser llevada a cabo a través de la incorporación de dicho reconocimiento en el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 "Pacto por Colombia, pacto por la equidad".

​La lucha de campesinos e indígenas, promulgada y acusada por los medios de comunicación como particularista y plagada de ambiciones imposibles de realizar, alberga en sus exigencias componentes del orden reivindicativo, jurídico y político que evidencian un proceso histórico de abandono estatal y de políticas públicas construidas de espaldas a los intereses de los habitantes de la Colombia rural.

Más de mil hombres y mujeres, provenientes de diversos municipios del norte, sur, oriente y centro del departamento del Cauca, que derivan su sustento de la producción campesina pequeño-parcelaria, se lanzaron junto al Movimiento Indígena a la movilización que ajustó los 26 días sobre la vía panamericana, la ruta internacional que conecta a Colombia con el resto del continente, en el marco de la Minga Social por la defensa de la vida, el territorio, la democracia, la justicia y la paz.

Con una población rural cercana al 62%, compuesta por campesinos, indígenas y afrocolombianos, el Cauca (IEI, 2016), como buena parte de los demás departamentos del país, se ha caracterizado históricamente por una inequitativa e injusta distribución de la propiedad rural, como lo evidencia el hecho de que —según el Índice de Gini— la mayoría de los municipios caucanos ha cambiado del 0,80 en la década de los setenta a un poco más del 0,90 en la actualidad (Paz Otero, 2019).

Las exigencias de los campesinos mingueros

El pliego presentado por los campesinos que convergen en la Mesa Campesina Cauca (Ministerio del Interior, 2018), de la que hacen parte organizaciones del Proceso de Unidad Popular del Suroccidente Colombiano (PUPSOC), la Federación Nacional Sindical Unitaria Agropecuaria (FENSUAGRO), el Comité de Integración del Macizo Colombiano (CIMA) y el Coordinador Nacional Agrario (CNA), contiene 10 puntos que desarrollan una unidad de sentido alrededor del reconocimiento del campesinado como sujeto de derechos (Mesa Campesina Cauca, 2019). Así, plantean que la materialización de la igualdad real y efectiva de esta población, que ha tenido un importante papel en la construcción de la cultura y la identidad nacional, debe ser llevada a cabo a través de la incorporación de dicho reconocimiento en el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 "Pacto por Colombia, pacto por la equidad".

La solicitud de la elaboración participativa de una política pública que respete sus acervos culturales e identitarios y que adopte medidas encaminadas a garantizar su igualdad en términos materiales, se complementa con la exigencia de la inclusión en las bases del PND de un capítulo anexo que contemple el "Pacto por la equidad rural y el bienestar de la población campesina" con apropiaciones presupuestales que correspondan a las líneas de: 1. acceso, formalización y territorialidades campesinas - áreas protegidas; 2. fortalecimiento de la economía campesina y adecuación institucional; 3. acceso a derechos; 4. infraestructura productiva; 5. cultivos de coca, amapola y marihuana; 6. campesinado, ambiente y cambio climático; 7. mujer campesina, y 8. jurisdicción agraria.

El pliego incorporó también solicitudes expresas en relación con las herramientas de planeación que deberían ser adoptadas para efectuar un adecuado seguimiento de la implementación de políticas en favor del campesinado. Así, se propuso un trazador presupuestal especial que tendría como finalidad identificar las asignaciones presupuestales que las entidades del Estado del orden nacional dispongan anualmente para este propósito.

En consecuencia, la propuesta presentada inicialmente contempló una base presupuestal por un valor de 595.400.000 millones de pesos (Mesa Campesina Cauca, 2019) por medio de la creación de un fondo autónomo y la adjudicación y formalización dentro del cuatrienio de un total de 2.800.000 hectáreas de tierras a favor de población campesina, de conformidad con los criterios establecidos por el Decreto Ley 902 de 2017, para los sujetos de acceso a tierra y formalización a título gratuito.

Las exigencias de la Minga Social fueron calificadas por los portavoces del Gobierno como descabelladas, además de ser un intento estructurado de desestabilización promocionado por la oposición política que buscaba "incendiar el país". En los medios de comunicación se mostraban las cifras de las hectáreas de tierra pedidas por las comunidades movilizadas como aterradoras y desproporcionadas, aunque a esos mismos medios nunca les haya interesado mostrar con similar indignación las 29.635 ha concesionadas a favor de la Anglo Gold Ashanti y la Continental Gold para un solo megaproyecto de explotación minera en pleno corazón del macizo colombiano.

Los derechos que siguen siendo negados

En relación con el reconocimiento del campesinado como sujeto de derechos, resulta posible ubicar, tanto en el ordenamiento jurídico interno como en el ámbito del derecho internacional, disposiciones vigentes que habilitan interpretaciones concretas respecto de la obligación que tiene el Estado colombiano de garantizar el acceso progresivo de derechos a esta población.

El artículo 64 de la Constitución política estableció que:

Es deber del Estado promover el acceso progresivo a la propiedad de la tierra de los trabajadores agrarios, en forma individual o asociativa, y a los servicios de educación, salud, vivienda, seguridad social, recreación, crédito, comunicaciones, comercialización de los productos, asistencia técnica y empresarial, con el fin de mejorar el ingreso y calidad de vida de los campesinos.

El artículo 65, por su parte, consagró una especial protección del Estado relativa a la producción de alimentos otorgando

(…) prioridad al desarrollo integral de las actividades agrícolas, pecuarias, pesqueras, forestales y agroindustriales, así como también a la construcción de obras de infraestructura física y adecuación de tierras. De igual manera, el Estado promoverá la investigación y la transferencia de tecnología para la producción de alimentos y materias primas de origen agropecuario, con el propósito de incrementar la productividad.

En el mismo sentido, la Corte Suprema de Justicia en Sentencia STP2028 del 13 de febrero de 2018 ratificaría que los artículos citados, e incluso el Decreto Ley 902 de 2017, reconocen al campesinado colombiano como un grupo de especial protección y, por ende, como beneficiario de las distintas acciones de discriminación positiva encaminadas a garantizar el axioma de igualdad material al que tiene derecho ese sector de la población.

En la referida providencia, la Corte Suprema se pronunció respecto de la posibilidad de exigir mediante la acción de tutela que dichas acciones positivas fuesen llevadas a cabo, refiriéndose en concreto a la inclusión en el Censo Nacional de Población y de Vivienda 2018, de 7 preguntas que a criterio de los tutelantes, permitían el autorreconocimiento de la condición de "campesino" y una base para la verificación de la situación del campesinado.

La Corte Suprema ha ratificado que debe reconocerse al campesinado colombiano como un grupo de especial protección y, por ende, como beneficiario de las distintas acciones de discriminación positiva encaminadas a garantizar el axioma de igualdad material al que tiene derecho ese sector de la población.

La Corte se permitió a su vez hacer un llamado de atención a varias entidades para que en el marco de sus competencias, elaboren estudios complementarios que "permitan delimitar a profundidad el concepto "campesino", contabilizar a los ciudadanos que integran ese grupo poblacional y además que, en cabeza del Grupo de Asuntos Campesinos del Ministerio del Interior, se identifique la situación actual de la población campesina y se apoye la formulación y seguimiento de planes, programas y políticas públicas que permitan la materialización del derecho fundamental a la igualdad material que le asiste al campesinado colombiano" (Corte Suprema de Justicia, 2018).

La insistencia por ser "contados" que tuvo el lema de Para que el campesino cuente, tiene que ser contado, no es gratuita, pues la falta de medidas que establezcan instrumentos que permitan adelantar una caracterización adecuada ejemplifica de buena manera la negativa estatal de reconocer que, como en otros casos, el campesinado ostenta la calidad de sujeto de especial protección constitucional, pues en sus realidades convergen situaciones discriminatorias que lo han puesto en desventaja respecto de determinadas estructuras sociales, políticas, económicas y culturales.

Es precisamente en estas condiciones objetivas que se sustenta la afirmación de que corresponde al Estado la obligación de poner en marcha estrategias, políticas, programas y medidas que tengan como propósito central eliminar —o siquiera disminuir— las barreras que impiden el goce de derechos en condiciones igualitarias.

Ahora bien, instrumentos normativos vigentes en el ordenamiento interno han dado pasos certeros en ese sentido. Así, la Resolución 1817 del 29 de noviembre de 2017 (Ministerio del Interior, 2017) dispuso la creación del Grupo de Asuntos Campesinos que tiene, entre otras funciones, "asesorar en la formulación y apoyar el seguimiento de la política pública orientada a la protección y el desarrollo de la diversidad cultural para la población campesina, que vele por su integridad y promueva sus derechos".

De otro lado, la adopción formal por parte de la Asamblea General de las Naciones Unidas durante su 73.o periodo de sesiones de la Declaración sobre los Derechos de los Campesinos y Otras Personas que Trabajan en las Zonas Rurales representa, sin lugar a dudas, un logro importante en un camino que se prolongó durante casi dos décadas, en las que movimientos campesinos alrededor del mundo se propusieron la consecución de una herramienta del marco normativo internacional que fuese contentiva de lineamientos que faculten a los países para desarrollar y fortalecer políticas específicas que atiendan las particularidades de campesinas y campesinos.

En el Cauca, hombres y mujeres trabajadores del campo tienen claro que, como auguran los refranes populares, "la pelea es peleando" y que la disputa por ser reconocidos en medio de un modelo económico que desprecia la vida, la naturaleza y la cultura es un horizonte que se sigue proyectando.

Por su parte, el Gobierno colombiano se abstuvo de brindar su respaldo a la adopción de la declaración que reconoce tres derechos vitales: el derecho a la tierra, el derecho al agua y el derecho a las semillas. La valoración que de esta postura hacen dirigentes campesinos parte de un análisis respecto a la concepción que la respalda: "El Gobierno de Duque y el Estado colombiano, ven al campesinado como un factor productivo que se debe modernizar para insertarlo en la economía capitalista como un eslabón de las cadenas productivas manejadas por el gran comercio y como apéndices de la agroindustria" (Óscar Gerardo Salazar, vocero PUPSOC-FENSUAGRO en la Mesa Campesina Cauca, comunicación personal, 5 de abril, 2019).

El camino que le sigue a la Minga

La suscripción de un acuerdo entre los mingueros y el Gobierno Nacional contempla la destinación de 823.148 millones de pesos priorizados para vivienda, proyectos productivos e infraestructura rural, tierras y vías, entre otros. De ese monto, la Mesa Campesina logra la asignación de 23.789 millones (Gobierno Nacional - Minga Social, 2019).

Sin embargo, más allá del debate presupuestal, el logro más significativo se refiere al compromiso asumido por el Gobierno de incluir un pacto específico en la ponencia para segundo debate de la Ley del Plan Nacional de Desarrollo, el cual tendrá como centro la promoción del bienestar del campesinado colombiano. A la par, avanza en manos de la bancada alternativa, la construcción de insumos a ser presentados como aportes al pacto con la intención de asegurar el debate sobre una política pública encaminada a garantizar el goce de los derechos de campesinas y campesinos en condiciones de igualdad.

En el Cauca, hombres y mujeres trabajadores del campo tienen claro que, como auguran los refranes populares, "la pelea es peleando" y que la disputa por ser reconocidos en medio de un modelo económico que desprecia la vida, la naturaleza y la cultura es un horizonte que se sigue proyectando.



Referencias

  • Corte Suprema de Justicia (2018). Sentencia STP2028 del 13 de febrero de 2018. Bogotá: Corte Suprema de Justicia.
  • Gobierno Nacional de Colombia - Minga Social por la defensa de la vida, el territorio, la democracia, la justicia y la paz (2019). Acta 011 del 6 de abril de 2019. Reunión entre el Gobierno Nacional en cabeza de la Ministra del Interior, el Alto Comisionado para la Paz, la Directora de Planeación Nacional, el Director de Gestión del Riesgo y delegados de la Minga Social por la defensa de la vida, el territorio, la democracia, la justicia y la paz.
  • Instituto de Estudios Interculturales (2016). La estructura de la propiedad rural en el Cauca: perspectivas sobre las Necesidades de tierra en contextos interculturales. Cali: Pontifica Universidad Javeriana.
  • Mesa Campesina Cauca. (2019). Exigencia presupuestal Minga Social.
  • Mesa Campesina Cauca. (2019). Inclusión del campesinado en el PND 2018-2022.
  • Ministerio del Interior de Colombia (2017). Resolución 1817 de 2017. Bogotá: Ministerio del Interior.
  • Ministerio del Interior de Colombia (2018). Resolución 1071 de 2018. Bogotá: Ministerio del Interior.
  • Paz Otero, Juan Manuel (9 de febrero de 2019). Lo que dice el Censo de la tenencia de tierra en el Cauca. El Nuevo Liberal.


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Lunes, 18 Noviembre 2019

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