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Una reflexión necesaria sobre anticomunismo y violencia

 La pregunta puede ser simple: ¿Qué pasa cuando la persecución política constituye un rasgo permanente del sistema y sus consecuencias se proyectan como indicadores tendenciales a lo largo del tiempo extendido? No hay explicaciones sencillas. Las razones de un conflicto civil con características armadas que incorporan una forma de organización del Estado a lo largo de tres cuartos de siglo, es algo que requiere búsquedas, hipótesis y que implica riesgos de interpretación desde el punto de vista conceptual y fáctico. Atreverse a pensar ha sido siempre un riesgo que conlleva consecuencias, especialmente si el desafío alude al discurso establecido en los tabernáculos de la historiografía oficial, llena de preguntas sin respuesta.

 La pregunta puede ser simple: ¿Qué pasa cuando la persecución política constituye un rasgo permanente del sistema y sus consecuencias se proyectan como indicadores tendenciales a lo largo del tiempo extendido? No hay explicaciones sencillas. Las razones de un conflicto civil con características armadas que incorporan una forma de organización del Estado a lo largo de tres cuartos de siglo, es algo que requiere búsquedas, hipótesis y que implica riesgos de interpretación desde el punto de vista conceptual y fáctico. Atreverse a pensar ha sido siempre un riesgo que conlleva consecuencias, especialmente si el desafío alude al discurso establecido en los tabernáculos de la historiografía oficial, llena de preguntas sin respuesta.

En el momento actual, la aplicación del Acuerdo Final de paz ha generado instituciones transitorias pero decisivas, sujetas, más que a la controversia teórica o académica, al ataque artero y demoledor de los defensores del inmovilismo histórico. La Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición y la Jurisdicción Especial para la Paz, esta última como componente de justicia del SIVJRNR1, representan instancias destinadas a escudriñar dos campos distintos pero conectados. La primera aborda el de la verdad histórica que debe iluminar la explicación racional, reflexiva y exhaustiva de las causas, desarrollos, momentos críticos e intentos de cambios, en el ámbito de un tiempo prolongado de conflictividad social (léase, lucha de clases), civil y armada, cuyos plazos históricos no corresponden a definiciones absolutas y no pueden estar fijados por decreto, excepto para establecer los límites temporales de su competencia a futuro. Su límite de actividad son sólo tres años. La segunda, vinculada al Sistema que Integral de verdad justicia reparación y no repetición, atiende la administración de la justicia transicional, aplicable a los delitos cometidos en el marco del conflicto armado, antes del 1 de diciembre de 2016. Su vigencia está prevista por 20 años.

Los orígenes multicausales de la guerra interior han sido abordados desde distintos ángulos. En esta oportunidad se trata de subrayar uno de los factores causales inscrito en las políticas del Estado entre los años 60 del siglo XX y la actualidad, el cual ha sido preexistente a los cronogramas que se han querido establecer oficialmente. Ese factor causal alude a las políticas públicas de contención anticomunista y a partir de su continua asociación con esa concepción se valora la sumisión de las clases subalternas, mientras el papel del Estado se ciñe a una función de disciplinamiento social y represión de las conductas divergentes.

Tales políticas de contención han tenido varias expresiones en el largo siglo XX y se han alimentado de las influencias internacionales dominantes, tanto del imperialismo como de la muy importante incidencia del Vaticano en la formación ideológica colombiana. El seguimiento minucioso de la conducta del Estado a este respecto pone de presente la estrecha relación entre las manifestaciones de rebeldía social, la calificación de las mismas como perturbaciones del orden público y su asociación con "ideas foráneas", especialmente después de los acontecimientos revolucionarios de Rusia de 1917 y años posteriores. El sentido "antibolchevique" se expresa notoriamente en las motivaciones normativas a lo largo de los años 20, como a propósito de la expedición de la ley 69 de 1928, posteriormente titulada "heroica", que autoriza la masacre de las bananeras de diciembre de 1928.

Veinte años después, en medio de la Novena Conferencia Panamericana, la violenta represión del Bogotazo conjuga en una opinión convergente la explicación del secretario de Estado George Marshall y la directa acusación de Mariano Ospina Pérez a los comunistas de ser los causantes del crimen de Gaitán y de los graves disturbios creados por la violencia gubernamental2. La adhesión de los gobernantes a la Doctrina de seguridad nacional de los Estados Unidos y a su versión global como cruzada en defensa de la civilización occidental y cristiana lleva a la participación de Colombia, como único país latinoamericano, en la guerra en Corea contra el comunismo. En septiembre de 1954 la Asamblea Nacional Constituyente (ANAC) había declarado al comunismo fuera de la ley. El decreto 343 de 1956 detalla minuciosamente las actividades y conductas castigadas dentro de la modalidad del Estado penal anticomunista.

Bajo las limitaciones del Frente Nacional excluyente, del estado de sitio y de los operativos de orden público a su término, así como de la acción contrainsurgente, el Partido Comunista fue obligado de hecho a presentar sus candidatos circunstancialmente bajo otras denominaciones, como el caso del MRL3, o a través de coaliciones con otras fuerzas, como la Unión Nacional de Oposición, en los años 70, y el Frente Democrático, en los primeros 80. Aún bajo este camuflaje legalista, obligado en parte para esquivar la persecución, la estigmatización y los atentados, los hechos se siguieron presentando.


Acerca del enemigo interno

De la contención del comunismo como enemigo externo, extracontinental, lejano pero amenazante peligro para la civilización occidental y cristiana y el llamado mundo libre, se construye con un arsenal retórico más sofisticado la focalización de un "enemigo interno", que, supuestamente, encarna a ese peligro externo, soviético, chino o cubano, ausente. Se estigmatiza la denominación de "partido comunista", se fuerza a una semiclandestinidad bajo la vigilancia doble, de la Policía y del mecanismo complejo de la Inteligencia militar, en tanto agencia estratégica de los asuntos de Estado y antisubversión. Un panoptismo institucional vigila y castiga a un sujeto ciudadano devenido en "enemigo", cuya identidad debe estar a la vista de los factores de la dominación y de los ejecutores de la victimización bajo sus órdenes.

Se ha "despolitizado" la persecución en cuanto no alude directamente al Partido Comunista o utiliza en lugar del calificativo comunista el de terrorista, guerrillero o castrochavista. Los manuales de contrainsurgencia del Ejército son claros en focalizar el sentido ideológico al precisar el enemigo. El objeto sobre el cual trabaja la persecución política, la estigmatización política e ideológica, la segregación social y burocrática permanece inalterado en el tiempo y en los procesos como un factor constante que es descrito y delineado por referencia a su modo de pensar, de actuar o por su actividad social y/o política. El anticomunismo terminó por crear un modelo sistemático de restricciones a la democracia, compatible con la contrainsurgencia y formas de genocidio político.

La idea de un enemigo interno, que actúa y cumple órdenes por cuenta de un tercero determinador, que de hecho nunca fue el caso en el Partido Comunista Colombiano, perdió sustento al desaparecer la Unión Soviética. Al hacer de la seguridad un asunto aparentemente técnico, desideologizado, que aboga y prescribe una despolitización de los conflictos, aspira a ser una normatividad neutra que persigue un terrorismo abstracto y desterritorializado. Las leyes 1453 de 2011, de Seguridad ciudadana; 1801 de 2016, Código Nacional de Policía y Convivencia; 1621 de 2013, de Inteligencia y Contrainteligencia, y 599 de 2000, Código Penal, entre otras disposiciones debidamente actualizadas, direccionan su contenido de clase a partir de ese fantasma del mal.

Sin embargo, la ultraderecha militarista ha pretendido culpar a los comunistas de la violencia en el país. El Partido Comunista siempre llamó a rechazar la violencia oficial, es decir, ejercida desde el poder del Estado y sus aparatos represivos. Llamó a ejercer el legítimo derecho a la rebelión cuando le eran negados a la sociedad los derechos fundamentales a la expresión, a la movilización, a la organización, a la representación política. La resistencia campesina organizada contra la opresión fue una consecuencia —no una causa— de la confrontación armada interna y, además, fue una respuesta ante los planes de aniquilación puestos en marcha por los diferentes gobiernos.

El Partido Comunista Colombiano, desde su congreso número 13, celebrado en noviembre de 1980, acordó impulsar la búsqueda de una solución política a través del diálogo y soluciones al estado de sitio permanente, a la persecución y encarcelamiento de líderes sociales, a la necesidad de la reforma agraria a favor de campesinos, indígenas y negros desarraigados por la violencia de los poderosos. Los documentos de dicho congreso proponen los pasos para alcanzar la salida política4. Esa es la razón por la cual el Partido Comunista Colombiano respaldó los diálogos de La Uribe, la tregua, la creación de un movimiento político —la Unión Patriótica— para adelantar una transición hacia una apertura democrática y el logro de la paz por la vía de la democratización de la sociedad y del Estado. Los congresos posteriores ahondaron en ese rumbo estratégico.

La decisión de las FARC-EP de adelantar un acuerdo de paz fue consecuentemente saludada, respaldado y acompañado por el PCC. Tan trascendental logro es una auténtica conquista del pueblo colombiano en su conjunto, que destaca el mérito de las/os revolucionarios al tomar las definiciones que enrumban el sentido del momento histórico, como indicaba Fidel. La postura negacionista de la historia intenta inútilmente desconocer los hechos y destruir el coronado empeño de construir una paz justa y democrática. Mantener la consigna en defensa del Acuerdo Final, en apoyo a su plena realización de implementación, envuelve hoy la tarea de salvar las vidas de decenas de líderes sociales, excombatientes y activistas populares que están en los listados de la sistematización que caracteriza en la actualidad el exterminio, con la complicidad del Estado y la impunidad de un Fiscal enemigo de la paz y enredado en bochornosos hechos de corrupción. Significa reclamar la libertad de los presos políticos, el regreso a Colombia de Simón Trinidad y la liberación inmediata de Jesús Santrich.

Es más, el negacionismo quiere hacer olvidar la historia fundacional de Colombia y enfrentar a dos pueblos genéticamente hermanos por cuenta de los voraces apetitos imperialistas de Washington. Salvar la paz de América Latina es impedir que el imperio se apodere militarmente de Venezuela, de Colombia y del Caribe. La misión de una solución política no ha culminado: debe expresarse en una política de diálogo para la paz con el ELN y de garantías para la vida.

En marzo de 2017 un prestigioso grupo de católicos, entre ellos obispos, religiosos y religiosas invitaron a la dirección del Partido Comunista y a dirigentes de izquierda a un acto simbólico en la Plazoleta de los Mártires, frente a la basílica del Voto Nacional, para pedir perdón por el papel cómplice y permisivo de la Iglesia y de sus jerarquías en la persecución política y en la justificación de los crímenes de comunistas y activistas de izquierda. En uno de los apartes de su Petición señalan:


Una mirada retrospectiva de nuestra vergonzosa historia de luchas fratricidas, concentrándonos sobre todo en las que se desarrolla desde el siglo XIX y que se prolongan hasta el presente, nos muestra que nuestra Iglesia tomó partido por determinada ideología en contra de otras y que ha utilizado su autoridad moral, sobre todo en algunos periodos, con un lenguaje prepotente y violento, para estigmatizar a determinadas facciones políticas y sociales que eran blanco de formas aguda de represión por parte de los poderes de turno, haciéndose cómplice de esa represión y en no pocas ocasiones justificando explícitamente su exterminio (…) Todo ese contexto llegó a nuestro Catolicismo colombiano, liderado por nuestras jerarquías, a una alianza de largo aliento con el Partido Conservador, protagonista de primer orden de esa violencia, y con la ideología y las estrategias anticomunistas que arraigaron con fuerza en el Estado colombiano, incentivadas desde las grandes potencias occidentales, que son las que más han inundado de sangre y de sufrimiento nuestro suelo patrio, ensañándose contra todo movimiento popular que exige justicia, para lo cual el simple rótulo de "comunista" la ha llevado a justificar todas las formas de barbarie contra ellos. Este sesgo ideológico aún condiciona muchas posiciones de nuestro clero y aún causa discriminaciones y sufrimientos injustos a sectores deprimidos de nuestra sociedad. Por ello pedimos perdón a quienes han sufrido toda esa estigmatización y exterminio apoyado en el satanizado rótulo de "comunista" y nos proponemos seguir trabajando por la erradicación en nuestra Iglesia de esas secuelas ideológicas que tanto sufrimiento han producido5.

Asumir la batalla por la verdad y la No repetición

Los comunistas hemos aceptado el reto de la verdad histórica en franca confrontación con el descomunal aparato de la desinformación y distorsión histórica que ha puesto en pie el gobierno de Duque, en un propósito intencional acorde con los objetivos del imperio que consiste en vaciar de contenido el orgullo y la identidad nacionales, los símbolos de la rebeldía, el espíritu latinoamericanista y todo sentido de solidaridad y hermandad continental. En razón de ese reto formulamos cinco tesis y algunas recomendaciones, que constituyen propuestas por desarrollar, ampliar y profundizar. En tal sentido planteamos:


 La ultraderecha militarista ha pretendido culpar a los comunistas de la violencia en el país. El Partido Comunista siempre llamó a rechazar la violencia oficial, es decir, ejercida desde el poder del Estado y sus aparatos represivos. Llamó a ejercer el legítimo derecho a la rebelión cuando le eran negados a la sociedad los derechos fundamentales a la expresión, a la movilización, a la organización, a la representación política. La resistencia campesina organizada contra la opresión fue una consecuencia —no una causa— de la confrontación armada interna y, además, fue una respuesta ante los planes de aniquilación puestos en marcha por los diferentes gobiernos.

 1. Reconocer la sistematicidad de los crímenes de Estado, identificar los intereses de "terceros" en la dirección de la violencia y sentar como premisa que las víctimas fueron asesinadas por sus convicciones políticas devela que la conspiración no provenía de los de abajo, sino que se larvaba principalmente en las altas esferas del poder. La confrontación social no fue un asalto al Estado; fue un ataque sistemático desde el poder contra los débiles para acaparar más tierras, concesionar riquezas mineras e hídricas y secuestrar la política pública para ponerla exclusivamente al servicio de la acumulación privada de capital.

2. El "genocidio por razones políticas" nunca ocultó su profunda raigambre anticomunista. La mayor parte de los crímenes contra miembros de la UP tuvo una intencionalidad dirigida a destruir el alma organizativa que incluía una gran proporción de militantes, activistas y dirigentes connotados del Partido Comunista Colombiano, entidad que asumió compartir, unitariamente con otras expresiones políticas, el compromiso de constituir la UP. Las prácticas genocidas en Colombia no surgieron con la UP. Desde albores del siglo XX acompañaron la configuración del capitalismo y su régimen político. El 9 de abril de 1948 inauguró un viraje trágico hacia el anticomunismo como línea de Estado. Las operaciones Villarrica, de 1955, y Marquetalia, de 1962 y 1964, fueron estruendosas matanzas de campesinos justificadas en el exterminio masivo de comunistas. Al término del Frente Nacional, el país conoció los genocidios de la Unión Nacional de Oposición (UNO) y el Frente Democrático, antecedentes próximos de la Unión Patriótica.

3. El hilo conductor de esta tragedia histórica, que no concluye, ha sido la estigmatización y la persecución a personas y organizaciones por su manera de pensar. El paramilitarismo y el terrorismo de Estado coinciden en el propósito de extirpar corrientes del pensamiento universal a partir del exterminio selectivo y su naturalización, por tratarse del "enemigo" interno comunista. La lucha de clases y la "limpieza social" desde el poder se han dado la mano con las normas que legalizan los aparatos que asesinan a opositores de izquierda.

4. El fundamentalismo ideológico anticomunista produce falsas democracias caracterizadas por la negación, mediante formas legales e ilegales, más o menos cruentas o flexibles, del reconocimiento y la participación de una parte de la ciudadanía en los asuntos del Estado. No es democrático un Estado Social de Derecho que convive con un genocidio. El reto de la justicia restaurativa es también reconocer las causas profundas del exterminio fundadas en fanatismos y prejuicios ideológicos para encubrir intereses y privilegios privados.

5. La rebelión es un resultado de un estado de cosas que generaliza la opresión, el acorralamiento, la estigmatización, el gueto. Las normas legales acompañan, revisten de "legitimidad" y dan soporte al discurso oficial. El Estado reconoció que la insurgencia actuó en recurso al derecho de rebelión, reconocimiento que hizo posible el diálogo, la negociación, el acuerdo y las decisiones vinculadas a su implementación. En virtud de tal reconocimiento la guerrilla hizo dejación de las armas. El negacionismo intenta deslegitimar lo acordado y el proceso de solución política alcanzado. No se limita a borrar la existencia de la guerra. Niega también las causas y las reduce a una "amenaza terrorista". Como necesita un enemigo a situar en el campo de la política acoge el vocablo castrochavismo, tomado del léxico el Departamento de Estado para actualizar el perfil anticomunista del "enemigo interno".

 Mantener la consigna en defensa del Acuerdo Final, en apoyo a su plena realización de implementación, envuelve hoy la tarea de salvar las vidas de decenas de líderes sociales, excombatientes y activistas populares que están en los listados de la sistematización que caracteriza en la actualidad el exterminio, con la complicidad del Estado y la impunidad de un Fiscal enemigo de la paz y enredado en bochornosos hechos de corrupción. Significa reclamar la libertad de los presos políticos, el regreso a Colombia de Simón Trinidad y la liberación inmediata de Jesús Santrich.

Proponemos desembocar en un conjunto de recomendaciones dirigidas a la No repetición, a saber:

  • reconocimiento del anticomunismo y su peso en la violencia, en sentido histórico y en relación a los tiempos llamados de "conflicto", por el derecho al buen nombre;


  • revisión y debate público sobre doctrina de seguridad y defensa para crear una visión propia y una política de paz permanente de Estado, supresión de la "doctrina de seguridad nacional" y del "enemigo interno", desclasificación de los manuales operativos del Ejército y las bases de datos de la Inteligencia militar que referencian nombres de personas perseguidos en razón de su militancia;


  • revisión y desmonte de toda normatividad que favorece la existencia y rearme del paramilitarismo;


  • cambios en el modelo extractivista, minero-energético, agroexportador y portuario que permitan aplicar las medidas políticas para el desmonte del paramilitarismo;


  • cese de toda forma de estigmatización anticomunista, bajo cualquier denominación;


  • reparación de los peores daños derivados de la política anticomunista: acto legislativo 6 de 1954, monumento a las víctimas de la estigmatización anticomunista, reparación a la JUCO por la masacre de Medellín de 1987, reparación por los crímenes de dirigentes comunistas asesinados en su actividad política;


  • reconocimiento y reparación a los municipios y veredas victimizados con violencia anticomunista: Villarrica, Marquetalia, Riochiquito, El Pato, Apartadó, Cimitarra, Yacopí, Florián, Santo Domingo (Arauca), Ituango, Segovia, Remedios.


En 2020 se completarán 90 años de existencia del Partido Comunista Colombiano. La vigencia de su papel y de su significado para pueblo colombiano se traduce en la reivindicación de su reparación política, de su buen nombre, de la memoria de aquellas y aquellos que murieron defendiendo sus ideas, las ideas del comunismo, de la justicia, de la igualdad, del humanismo, del territorio y los bienes comunes. La fuerza del partido es la invariante que a lo largo del tiempo se ha manifestado como una organicidad política funcional no fácilmente destructible, que asume la praxis política con consignas movilizadoras de la lucha social, que golpea en la contradicción principal como factor subjetivo, activo y permanente, capaz de inspirar acción y convocar a la unidad del bloque alternativo del pueblo.


1
 El Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No repetición se aprueba en virtud del procedimiento legislativo especial para la paz por el Acto Legislativo 01 del 4 de abril de 2017 "Por medio del cual se crea un título de disposiciones transitorio de la Constitución para la terminación del conflicto armado y la construcción de una paz estable y duradera y se dictan otras disposiciones".

2 El 3 de mayo de 1948 la Cancillería colombiana rompe las relaciones diplomáticas con la Unión Soviética. El discurso anticomunista se oficializa y articula a la creación de la OEA, en el marco de la 9.ª Conferencia Panamericana, específicamente en la Resolución 032 de la misma.

3 MRL, Movimiento Revolucionario Liberal, corriente de izquierda liberal que surgió bajo la dirección inicial de Alfonso López Michelsen contra la llamada alternación presidencial y se disolvió poco después al ingresar éste al gobierno de Carlos Lleras.

4 Ver Apertura democrática para Colombia, Documentos del 13 Congreso del Partido Comunista Colombiano. Bogotá, Noviembre 10 de 1980.

5 Ver: Petición de perdón de miembros de la Iglesia Católica colombiana por la participación de nuestra Iglesia en la violencia que viene del pasado (www.redescristianas.net). 


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Lunes, 18 Noviembre 2019

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