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Pospandemia, políticas de derecha y oportunismo político


Jairo Estrada Álvarez

Profesor del Departamento de Ciencia Política

Universidad Nacional de Colombia


En medio de la problemática sanitaria y de salud pública que ha salido a flote con ocasión de la pandemia del covid-19, y con la cual se han puesto en evidencia de manera incontrovertible los límites históricos del orden social existente en el país, vale la pena hacerse la pregunta acerca de cómo el gobierno de Duque y la derecha colombiana enfrentan la situación, más allá de las medidas específicas y graneadas que se han venido anunciando y adelantando.


El miedo, la incertidumbre y la desprotección generan, desde el punto de vista cultural, escenarios propicios para el despliegue de políticas autoritarias, de seguridad, control y represión social, propias de las agendas políticas de la derecha. Si tales políticas venían siendo cuestionadas, demandando una redefinición hacia procesos de real democratización, como se lo propuso el Acuerdo de paz y más recientemente la magnífica movilización y protesta social y ciudadana derivada del paro nacional del 21N, la situación de excepcionalidad transitoria, además de darles un respiro, les genera un nuevo impulso, sustentado en las "condiciones excepcionales" y en el oportunismo político.


El "Estado de derecho" se encuentra suspendido de facto; el Congreso de la República no delibera ni legisla (conocidos su talante y carencias); la administración de justicia transcurre a media marcha, mostrando su carácter de clase; las luchas sociales y políticas viven una situación de hibernación, más allá de brotes en extremo focalizados o de alguna acción política virtual. Impera en sentido estricto una "dictadura constitucional". La pandemia es útil para instalar y afianzar la idea de que la mejor forma de organización social se fundamenta en la autoridad vertical, ejercida desde la Presidencia de la República, con el respaldo de la Fuerza Pública. Y también para encubrir procesos en incubación o ya desatados de la crisis del régimen de dominación de clase, expresados en la corrupción agigantada, o en la crisis económica y social cuyo desencadeamiento ya antecedía a la pandemia, o en casos específicos como los de la llegada fraudulenta de Duque a la presidencia, o el juzgamiento en curso de reconocidos cuadros de la derecha, empezando por el senador Uribe, para mencionar solo algunos.


Desde luego que ese estado de cosas posee límites. Por una parte, la mediocridad actual del liderazgo político de derecha, en cabeza del Presidente y de su gobierno, a lo cual se agrega la ausencia de un proyecto consistente, coherente e integral para enfrentar la situación, aserto que es válido también para los partidos de derechas que le sirven de soporte. Por otra parte, la maduración de la pandemia, anuncia -tal y como se advierte en otros lugares del planeta- que nos veremos abocados a una profundización sin precedentes de la crisis económica capitalista que ya se encontraba en curso y, sobre todo, a un deterioro extremo de la situación social de la clase trabajadora.


Tales límites no pueden llevar a equívocos. De ellos no se puede inferir que haya una derecha no actuante. Todo lo contrario. En sus versiones más extremistas, lo que se está apreciando es la pretensión de instrumentalizar la coyuntura, tanto para trasladar el foco de la atención y las preocupaciones a la pandemia, mostrándola como causante de la problemática económica y social (excluyendo toda responsabilidad sistémica), como para preservar y ampliar de manera engañosa sus bases sociales a través de políticas focalizadas de subsidios y de una juiciosamente diseñada filantropía del empresariado capitalista, así como para adelantar sus propósitos políticos mayores, dando continuidad a estrategias ya diseñadas y en curso (políticas, económicas y sociales). No hay humanidad que valga. Salvar los negocios, más que la economía, es indudablemente una de ellas.


De los mencionados límites tampoco se puede inferir que estemos frente a un inminente derrumbe del orden social vigente y a una clausura de las políticas neoliberales que hasta ahora han predominado. Siempre es preciso recordar que el capitalismo ha demostrado históricamente capacidad de reproducción en condiciones críticas, y sobre todo que el curso de los procesos políticos y sociales está en gran medida atravesado por las luchas y el estado del "movimiento real" de la clase trabajadora. Las "causas naturales", como en el caso de la pandemia, también tienen explicaciones derivadas de la relación social capitalista predominante.


En medio de la pandemia, asistimos a una novedoso transcurrir del conflicto social y de clase, que -en la perspectiva del régimen de dominación y explotación- conduce a la necesaria pregunta acerca de cuáles serán las condiciones que emergerán en escenarios pospandemia. Particularmente si terminarán expresándose en el deseo generalizado (y construido mediáticamente) por el restablecimiento de la "normalidad" anterior a la crisis sanitaria y de salud pública; o si se asistirá a un nuevo proceso de reestructuración capitalista que habilite nuevas condiciones para un estabilización sistémica de mediano y largo plazo, como sucedió en su momento con el llamado consenso keynesiano, tras las Gran Depresión de 1929-1933; o, incluso, si se podrán abrir nuevos caminos para la construcción de proyectos alternativos de sociedad, que logren trascender las elaboración teórica y discursiva.


Las configuraciones pospandemia no están en absoluto predeterminadas y sugieren -en cualquier escenario posible- que el curso que termine imponiéndose dependerá de las luchas que las clases subalternas estén en capacidad de adelantar, de la potencia devenida en poder constituyente que se logre de desatar. Lo cual supone, por su parte, articulación, coordinación, preparación de la movilización, organización de movimiento, en suma, una labor de construcción de una alternativa de izquierda para la pospandemia, que aún no se vislumbra, entre otras cosas, por la necesidad impuesta de discutir y proponer medidas urgentes para la "gestión de la crisis". Pero es evidente que, siendo una necesidad, se trata de un accionar defensivo y de mera preservación.


En ese marco, reitero que el oportunismo de la política de derecha del gobierno de Duque es más que notorio. Al tiempo que busca instrumentalizar una gestión de la crisis a su favor, ha optado por dar continuidad a sus políticas para salir adelante en escenarios pospandemia y garantizar una controlada vuelta a la "normalidad". Dentro de los muchos ejemplos que pudieran ser susceptibles de análisis quiero destacar algunos, dados sus alcances y previsibles implicaciones.


1. El apoyo irrestricto a la política intervencionista de Estados Unidos en Venezuela. Más allá de los análisis específicos que se puedan hacer sobre el gobierno de Maduro, incluidas críticas válidas, es evidente que la política exterior de Duque implica, además de la grosera violación de los principios de soberanía y autodeterminación de los pueblos, una amenaza real a la paz regional, que supone el uso de territorio colombiano y el involucramiento directo de nuestro país en la contienda militar; todo ello con incalculables consecuencias. La derecha actúa bajo el supuesto de que la confrontación abierta, además de representar culturalmente el escenario más deseable para su política, puede conducir a una consolidación de la posición hegemónica de los Estados Unidos en la región y con ello de los proyectos políticos de derecha tanto en el orden transnacional como en los respectivos países. Sin medir consecuencias -y deshechando realidades geopolíticas sobre la configuración actual del orden mundial-, redoblar tambores de guerra no solo es política de derecha: es política fascista, de "solución final" frente a la situación de Venezuela, que puede fácilmente ser extendida a Cuba. Duque ha decidido sumarse al propósito estratégico de la derecha transnacional de derrocar los gobiernos que se distancian del alineamiento con los Estados Unidos. Ya dieron un primer paso en Bolivia. Esperan continuar con Venezuela y Cuba.


2. La sujeción plena frente a la llamada política antidrogas de los Estados Unidos. La condición del vasallaje de Duque frente las políticas de Trump en este campo, se expresa en servir de caja de resonancia de la sibilina tesis sobre el gobierno de Venezuela como la más grande empresa del negocio de las drogas ilíciticas, sin mediar siquiera la consideración de que Colombia es el principal país productor de cocaína en el mundo. A ello se suma al abondono definitivo de la política alternativa para la superación del problema de las "drogas ilícitas" contenida en el Acuerdo de paz, que partía -entre otros- del supuesto de que ese negocio es la expresión de una industria corporativa transnacional, cuyos eslabones más débiles y económicamente menos beneficiados son el campesinado y las comunidades rurales productores de la hoja de coca. El Acuerdo consideró como imperioso emprender un programa Nacional de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícto (PNIS), prácticamente enterrado por la perfidia gubernamental. Los anuncios del Gobierno hablan del tiempo propicio para impulsar la erradicación forzada de carácter manual y dan cuenta de alistamientos para superar los límites constitucionales de la aspersión aérea de fungicidas. Se aprovechan de que a la crítica situación socioeconómica de esa población rural se adiciona el abligado confinamiento producido por las medidas para controlar la expansión del Covid-19. Es decir, de su disminuida capacidad de resistencia y movilización.


3. La profundización del modelo extractivista, a ilustrar en dos casos. El 28 de febrero se expidió el Decreto 328 de 2020 que da vía libre a los "Proyectos Piloto de Investigación Integral" para la extracción de petróleo a través del fracking. Ecopetrol, Exxon Mobil, Drummond y ConocoPhillips son las empresas que, con inversiones por más de 600 millones de dólares, ya deben estar en los preparativos y el inicio de esos pilotos en el Magdalena Medio y el Cesar. El extractivismo no es solo de recursos naturales, es también financiero. En ese sentido, llama la atención que lo grueso de las medidas de emergencia económica y social se encuentre en la protección del negocio financiero, en la provisión de condiciones de liquidez, en el aseguramiento de sus circuitos de reproducción. La visión neoliberal del "modelo económico" descansa precisamente sobre la protección y el fortalecimiento de procesos de financiarización, extendidos a la totalidad de la vida social.


4. La exaltación de políticas de subsidios a la pobreza. Las políticas de subsidios que hoy se están presentando por el gobierno de Duque como alternativa para enfrentar los efectos socioeconómicos del covid-19 llevan cuando menos dos décadas de implementación. Han sido útiles, en perspectiva sistémica, para una regulación política, económica y social de la pobreza, mas no para su superación. Al fin y al cabo, no están concebidas para ello. Agregar una o dos de esas pírricas mesadas para madres cabezas de hogar, adultos mayores, jóvenes ("población en acción"), devoluciones de IVA, anuncio de posibilidades de renegociacion de créditos, subsidios a los servicios públicos, etcétera, en definitiva "paños de agua tibia" que en nada se aproximan a la imperiosa necesidad de un verdadero "plan de choque social", es presentado como un extraordinario y excepcional esfuerzo fiscal del Estado. En realidad, todo esto pretende ocultar la precariedad del sistema de protección social y, sobre todo, proyectar la idea de un inexistente "estado de bienestar", que en todo caso puede producir rendimientos políticos al gobierno en algunos sectores de la población. A ello se suma la filantropía empresarial selectiva, con la que se busca posicionar un particular concepto de solidaridad social y mostrar distancia de lo realmente existente: el funcionamiento de un principio de regulación basado en el "darwinismo social".


5. La continuidad de la simulación de la implementación del Acuerdo de paz. La política de simulación por la que optó el gobierno de Duque ante la imposibilidad de "hacer trizas" los acuerdos, le ha producido rendimentos políticos, sobre todo en sectores de la comunidad internacional y de las Naciones Unidas, que han terminado comprando la retórica de la llamada Paz con Legalidad como la modalidad gubernamental de implementar el Acuerdo de paz. Desde instituciones del Alto Gobierno, como se desvela en sus informes periódicos, se ha producido un vaciamiento de contenidos básicos del Acuerdo que -mediante bien diseñadas estrategias comunicacionales- proyectan funciones y acciones del gobierno propias de las obligaciones consuetudinarias, como si fueran medidas de implementación y de reincoproración integral. Dentro de los múltiples ejemplos, los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) se han erigido en bandera principal de la simulación. No me queda la menor duda de que en medio de la pandemia -como ya ocurre- se reafirmen los compromisos con la implementación y con el mejoramiento de la situación precaria de los ETCR, cuando al mismo tiempo el momento será utilizado, especialmente en lo que concierne con la financiación, para agregarle nuevas dificultades a los compromisos asumidos por el Estado tras la firma de los acuerdos de La Habana.


6. Las garantías de seguridad previstas en el Acuerdo de paz se encuentran al garete, así se afirme lo contrario. Es obvio que la situación de propagación del covid-19 produce nuevos énfasis de política pública. Pero es definitivamente inaceptable que en condiciones de un estado de excepción se esté produciendo una continuidad de la matanza contra hombres y mujeres que ejercen liderazgo social y contra firmantes de buena fe del Acuerdo de paz. Frente a todos ellos y ellas existe una obligación suprema del Estado consistente en garantizarles la vida. Y eso no está ocurriendo. De nuevo en este campo, parte significativa de lo que continúa pasando se explica, en general, por la no implementación integral del Acuerdo y por la inaplicación -de acuerdo con su estricto contenido- del sistema de garantías de seguridad convenidas en La Habana. De paso, poniendo en evidencia que un Estado autoritario solo es garante de un concepto de seguridad selectiva y de clase.


Estos ejemplos de continuidad de las políticas de derecha no significan desde luego que se esté frente a un afianzamiento del régimen de dominación de clase pospandemia; dan cuenta más bien de que la derecha no cesa en sus propósitos, así se presenten situaciones dramáticas como las que estamos viviendo. Y demandan, desde el campo popular, pensar creativamente en cómo enfrentar los escenarios presentes y los que se ven venir. La necesidad de subsistir debe acompañarse de la resistencia y, sobre todo, de pensar en alternativas de organización, movilización y lucha en las nuevas condiciones. La clase trabajadora, las gentes del común, solo pueden ser salvadas por ellas mismas.


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Lunes, 13 Julio 2020

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