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A propósito de las objeciones presidenciales a la Ley Estatutaria de la JEP - Documento FARC-CSIVI

Como lo han evidenciado calificados académicos, expertos, partidos y movimientos políticos y organizaciones civiles y comunitarias, las objeciones presidenciales al proyecto de ley estatutaria de la JEP, representan una intervención política que de manera flagrante viola ostensiblemente las normas constitucionales que el Jefe del Estado está obligado a respetar. Entre las muchas razones de ese evidente quebrantamiento del orden jurídico, se destacan:


1.- El desconocimiento abierto el Acto Legislativo No. 2 de 2017, declarado exequible por Sentencia C-630/17 de la Corte Constitucional, en virtud del cual el Presidente de la República, como todas las instituciones y autoridades del Estado, tiene la obligación de cumplir de buena fe con lo establecido en el Acuerdo Final, y de guardar en sus actuaciones coherencia e integralidad con lo acordado, preservando los contenidos, los compromisos, el espíritu y los principios del Acuerdo Final, hasta la finalización de los tres periodos presidenciales completos posteriores a la firma del Acuerdo Final. Esto por cuanto, como se apreciará en los puntos subsiguientes, los cambios que sugieren las objeciones contrarían ostensiblemente lo establecido en el Acuerdo Final y sobre todo la organización de la Jurisdicción Especial para la Paz, que ya forma parte de la Constitución Política en virtud del Acto Legislativo No. 1 de 2017, también declarado exequible por la Corte Constitucional.


2.- Ese desconocimiento, además, representa una intención explícita de modificar el Acuerdo Final suscrito entre el Estado colombiano y la organización FARC-EP, asumida de manera unilateral, contrariando la lógica elemental de que los Acuerdos para cualquier modificación exigen la voluntad de ambas partes. Este es precisamente el sentido del Acto Legislativo No. 1 de 2017 que consagró la estabilidad jurídica del Acuerdo Final durante al menos tres períodos presidenciales completos, o sea hasta el año 2030. Esta misma consideración es válida para el anunciado proyecto de reforma constitucional a los Actos Legislativos que acogieron el Acuerdo Final.


3.- Siendo las objeciones y las anunciadas reformas constitucionales, acciones del Presidente de la República íntimamente relacionadas con el cumplimiento del Acuerdo Final, no han sido, de otra parte, consideradas por la CSIVI, organismo previsto en el Acuerdo Final y reglado por los Decretos 1995 de 2016 y 1417 de 2018, como una instancia conjunta entre las partes, para verificar el proceso de implementación.


Si bien es cierto que ese análisis por la CSIVI no constituye un requisito previo para el ejercicio de las iniciativas gubernamentales, la naturaleza misma de ellas es de tal significación que como mínimo han debido ser planteadas en este cuerpo bipartito, con el fin de constatar su correspondencia con el Acuerdo Final, como la señala el numeral 6 de citado artículo 3º., cuya vigencia es hoy indudable en virtud de la decisión del 14 de febrero de 2019 de la Sección Tercera de la Sala Contencioso administrativa del Consejo de Estado.


De esta manera, dado que el partido legal sucesor de la organización suscriptora del Acuerdo Final y el componente FARC-CSIVI no comparten las objeciones al proyecto de Ley ni las anunciadas reformas constitucionales que alteran el Acuerdo Final y las consideran un incumplimiento del Acuerdo de paz, se está en presencia de una diferencia que debe ser apreciada por los países garantes en los términos precisados en el parágrafo del numeral 1º del artículo 3º del Decreto 1995 de 2016.


4.- Al objetar el artículo 7º del proyecto de ley estatutaria por no establecer con claridad la obligación de los reponsables de reparar integralmente a las víctimas con sus bienes y activos, procede de manera equivocada, pues dicha norma precisamente consagra el principio de reparación integral que, como lo advierte la Corte Constitucional en su sentencia C-080-18, con fundamento en la Constitución, y particularmente en el artículo transitorio 18 del Acto Legislativo 01 de 2017, " incluye diferentes tipos de obligaciones y de medidas dirigidas a reparar el daño causado, en la dimensión individual y colectiva" y obviamente "los comportamientos de reparación exigibles a los victimarios." En este sentido, el legislador estatutario estableció este principio, que tiene como consecuencia que se debe implementar un enfoque de justicia restaurativa en todo el proceso ante la JEP (acápite 4.1.9. Justicia restaurativa y sanción efectiva), a partir de la extinción de la obligación de indemnizar los daños causados por los combatientes recogida en el el Acto Legislativo 01 de 2017. Esto supone que se pueden combinar diferentes mecanismos, judiciales y administrativos o una combinación, de tal manera que por disposición constitucional, se incluyen los comportamientos de reparación exigibles a los victimarios.


De lo anterior resulta evidente que la objeción a la norma no puede disfrazarse de objeción de inconveniencia, por cuanto en realidad lo que se controvierte son los principios constitucionales que la Corte Constitucional ha señalado en su sentencia C-080-18.


5.- La objeción al inciso tercero del literal j del artículo 79 es igualmente inconstitucional y no de inconveniencia por lo siguiente: El artículo 70 al cual pertenece la norma objetada se ocupa de las funciones de la Sala de Reconocimiento y entre ellas incluye la descrita en el literal j), conforme a la cual, "atendiendo a la competencia exclusiva de la JEP sobre las conductas cometidas con anterioridad al 1o de diciembre de 2016, conforme se establece en el artículo transitorio 5 del Acto Legislativo 01 de 2017, los órganos y servidores públicos que continúen las anteriores investigaciones solo podrán realizar actos de indagación e investigación según el procedimiento que se trate absteniéndose de proferir sentencias, imponer medidas de aseguramiento, y ordenar capturas o cumplir las que previamente se hayan ordenado, que involucren a personas cuyas conductas son competencia de la JEP."


La objeción presidencial señala que esta norma "no determina las diligencias judiciales que la Fiscalía debe abstenerse de realizar, lo cual produciría una situación que va en desmedro de los intereses de las víctimas y desperdiciaría valiosos recursos investigativos de autoridades con experiencia y capacidad". Nada más inexacto. Basta contrastar la objeción con la norma para entender que la Fiscalía "solo podrá realizar actos de indagación e investigación según el procedimiento que se trate" y que "debe abstenerse de proferir sentencias, imponer medidas de aseguramiento, y ordenar capturas o cumplir las que previamente se hayan ordenado, que involucren a personas cuyas conductas son competencia de la JEP". En otras palabras, que lo que señala la objeción como faltante es precisamente lo que está en la norma: las decisiones que no puede adoptar la fiscalía.


La explicación de la Corte Constitucional en la sentencia C-080-10 es más que clara: "La regulación del inciso tercero del literal j recoge la anterior línea jurisprudencial pero no incluye dentro de las limitaciones de la jurisdicción ordinaria la "citación a prácticas de diligencias judiciales", razón por la cual condicionará la disposición a que se entienda que los órganos y servidores públicos que continúen las investigaciones a que se refiere el inciso tercero del literal j del artículo 79, tampoco podrán ordenar respecto de las personas sometidas a la jurisdicción especial, la citación a la práctica de diligencias judiciales. Lo anterior no implica suspender las investigaciones a cargo de la Fiscalía General de la Nación, cuya competencia se mantiene vigente en relación con la búsqueda y recaudo de elementos materiales probatorios y evidencia física en orden a reconstruir la conducta motivo de averiguación (numeral 3 del artículo 250 de la Constitución). Tampoco implica que los responsables de las conductas objeto de los informes remitidos por la Fiscalía y demás órganos judiciales a la JEP queden liberados de obligaciones frente a las referidas investigaciones, pues de conformidad con este precepto (literales f, g y h), quedan a disposición del Sistema, en particular, deben rendir declaración de reconocimiento de verdad y responsabilidad en los plazos establecidos por la SRV, así como cumplir las demás condiciones que les resulten exigibles durante ese lapso ante la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad y la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas."


"Observa igualmente la Corte que el inciso tercero refiere esta limitación de las facultades de la jurisdicción ordinaria a "las conductas cometidas con anterioridad al 1º de diciembre de 2016", con lo cual se ignora que, de acuerdo a los mismos artículos transitorios 5 y 6 del artículo 1 del Acto Legislativo 01 de 2017, la competencia prevalente de la JEP también se extiende a las conductas estrechamente vinculadas al proceso de dejación de armas. Por tal razón, igualmente se condicionará el inciso tercero del literal j del artículo, en el entendido de que su contenido normativo también se extiende a las conductas estrechamente vinculadas al proceso de dejación de armas."


Queda demostrado que la objeción que se afirma como de inconveniencia no sólo carece de fundamento, sino que controvierte la constitucionalidad de la norma declarada por la Corte Constitucional con el condicionamiento señalado. En realidad es una objeción a la constitucionalidad ya decidida por la Corte Constitucional.


6.- Respecto de la objeción al parágrafo 2º del artículo 19º en el sentido de que permite la renuncia a la acción penal en relación con delitos no amnistiables cometidos por quienes no son máximos responsables, es contraria al tenor literal de la norma que prohíbe precisamente renunciar a la acción penal en caso de delitos no amnistiables, pues la referencia de condicionalidad en el sentido de que tales delitos se refieren a los que adquieran la connotación de crímenes de lesa humanidad, genocidio o crímenes de guerra cometidos de manera sistemática, los cuales podrán ser atribuidos a los máximos responsable, no pertenece a la norma misma sino a la constitucionalidad condicionada decretada por la Corte Constitucional. En este sentido la objeción una vez más no es de inconveniencia sino que controvierte el condicionamiento definido con ocasión del control de constitucionalidad, es decir que busca desconocer el alcance constitucional dado por la Corte Constitucional.

7. En cuanto a la objeción sobre la omisión en el artículo 150 de la prohibición para practicar pruebas en caso del trámite de extradición, no es tampoco de inconveniencia, pues con ocasión del análisis de control constitucional de esta norma, la Corte consideró exequible la norma sin esa prohibición, pues por el contrario estimó que en tal evento a la Sección competente del Tribunal de Paz se le garantiza que "disponga del material probatorio necesario para realizar la evaluación que le corresponde dentro del perentorio término que le concede el Acto Legislativo 01 de 2017, sin perjuicio de que en ejercicio de sus competencias decrete las demás pruebas que considere necesarias para su decisión." (Sentencia 080-18). De otra parte, la Corte recordó que ella misma mediante Auto 401 de 2018 había considerado que en el procedimiento de extradición, "en virtud de lo dispuesto en el inciso final del artículo transitorio 19 del artículo 1º del Acto Legislativo 01 de 2017, la Jurisdicción Especial para la Paz deberá resolver dentro del término de 120 días, periodo en el cual evaluará "la conducta atribuida para determinar la fecha precisa de su realización y decidir el procedimiento apropiado". Para adoptar la decisión correspondiente la JEP, durante el término indicado, podrá decretar todas las pruebas necesarias de conformidad con las garantías previstas en el artículo 29 de la Constitución Política. En caso de ausencia del régimen jurídico probatorio, deberá someterse en esta materia al régimen probatorio previsto el código de procedimiento y penal, y en subsidio a lo establecido en el código general del proceso (Ley 1564 de 2012), en cuanto sea pertinente a la naturaleza de la actuación judicial". Entendimiento que la Corte Constitucional ha reiterado enfáticamente en sentencia del 13 de marzo del año en curso, al declarar inexequible la norma sobre reglas de procedimiento de la JEP que pretendía introducir esa prohibición probatoria.

En otros términos, la Corte ha estimado no contraria a la Constitución la no inclusión de la prohibición de práctica de pruebas, de tal manera que plantearla sería en este caso una objeción de una inconstitucionalidad inexistente, dado lo ya expuesto por la propia Corte.

8.- Se objeta el art 63 por no incluir al Alto Comisionado de paz como competente para el reconocimiento de miembros de los grupos armados que se sometan a la JEP, en abierta contradicción con una competencia atribuida a la Sala de Amnistía e Indulto en el artículo 5º del Acto Legislativo 01 de 2017. No se trata, por lo tanto, de una objeción de inconveniencia, sino de una no aceptación de una norma constitucional, es decir de una objeción a la vigencia de un precepto de la Carta Política.

9. Finalmente se objeta el artículo 156 por condicionar la extradición de otras personas al ofrecimiento de verdad sin establecer ningún tipo de término ni oportunidad para hacerlo, norma que según la Corte Constitucional guarda conexidad con un contenido del Acuerdo Final que corresponde a normas de derechos fundamentales definidos en la Constitución Política, en particular, el derecho de las víctimas y de la sociedad a la verdad, el cual constituye referente de desarrollo y validez de la norma objetada de conformidad con el artículo 1º del Acto Legislativo 02 de 2017. La norma permite hacer prevalecer los derechos de las víctimas sobre otros objetivos de la cooperación judicial internacional que promueve la extradición. En otras palabras, una vez más, antes que una objeción de inconveniencia se está ante un rechazo de los principios constitucionales que la Corte Constitucional tuvo en cuenta para avalar la constitucionalidad, sin condicionamientos, del artículo 156º.

Conclusiones

Las objeciones presidenciales al proyecto de ley estatutaria de la JEP, e igualmente las anunciadas reformas constitucionales para modificar el Acuerdo Final:

  1. Son abiertamente inconstitucionales, pues disfrazan la supuesta inconveniencia de ciertas normas con la controversia sobre la constitucionalidad de ellas expuesta por la Corte Constitucional en su sentencia C-080-18.


  2. Desacatan lo ya decidido por la Corte constitucional no sólo en la Sentencia C-080-18, sino en las que declararon exequibles los actos legislativos 01 y 02 de 2017, así como en la expedida el 13 de marzo de 2019 sobre la ley de procedimiento de la JEP.


  3. Representan una violación flagrante del Acto Legislativo No. 2 de 2017, por cuanto sus objeciones representan cambios contrarios a los contenidos, los compromisos, el espíritu y los principios del Acuerdo Final.


  4. Constituyen una pretensión no sólo injurídica sino carente de toda lógica, de modificar los contenidos esenciales del Acuerdo Final, de manera unilateral, es decir sin la participación de las partes que lo suscribieron. Si las dos partes lo suscribieron y en nombre del Estado lo han aprobado, además del Ejecutivo, el Congreso de la Republica y la propia Corte Constitucional; si adicionalmente el Acuerdo posee categoría de Acuerdo Especial además de haberse asumido como compromiso unilateral de Estado por parte de Colombia, ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, es absolutamente inadmisible que lo pactado se pueda deshacer por una sola de las partes, o sea de manera abiertamente unilateral. La acción gubernamental ni siquiera ha sido llevada a la consideración de la CSIVI como instancia conjunta de las partes para verificar el proceso de implementación, en una demostración más que evidente de su proceder unilateral y de su decisión de quebrantar el Acuerdo Final.


  5. Pretenden alterar el funcionamiento de la JEP para impedir el conocimiento de la verdad, cuya develación afecta los intereses de los agentes del Estado y de los grupos y personas privadas que estuvieron comprometidos con el conflicto que se quiso superar con el Acuerdo Final.


  6. Introducen nuevos elementos de inseguridad jurídica para todos los comparecientes ante la JEP y lesionan el debido proceso al cual se han sometido.


  7. Pone en grave riesgo la implementación del Acuerdo de Paz, al atacar uno de sus pilares por cuenta de una decisión presidencial que va mucho más allá de los artículos objetados, afectando a la totalidad de la ley al impedir su entrada en vigencia.


  8. Como representantes de la FARC en la CSIVI alertamos igualmente sobre los graves impactos que se generan en el proceso de reincorporación integral, político, económica y social, de los exguerrilleros y exguerrilleras.

Dada en Bogotá, el 14 de marzo de 2019.


Rodrigo Granda Escobar

FARC-CSIVI

Jairo Estrada Álvarez

FARC-CSIVI

Ronald Rojas Ramos

FARC-CSIVI


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Miércoles, 21 Agosto 2019

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