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Continuismo y mentiras del Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022

 El Plan Nacional de Desarrollo es el documento-instrumento en el cual se definen los principales objetivos de política económica y social de cada uno de los gobiernos colombianos. Tal y como sucede con el trámite de la ley del Presupuesto General de la Nación, la iniciativa absoluta corresponde al Ejecutivo y cualquier modificación sustantiva debe contar con la aprobación del Gobierno Nacional, configurando lo que se conoce con el nombre de "dictadura fiscal". Así, por ejemplo, el Consejo Nacional de Planeación está integrado por miembros elegidos por el presidente de la República de listas presentadas por las entidades territoriales y ciertas organizaciones sociales, toda vez que solamente tiene un carácter consultivo (o sea, no decisorio). Por otra parte, en el artículo 341 de la Constitución de 1991 se establece que:


[...] Los desacuerdos con el contenido de la parte general, si los hubiere, no serán obstáculo para que el gobierno ejecute las políticas propuestas en lo que sea de su competencia.


[...] Si el Congreso no aprueba el Plan Nacional de Inversiones Públicas en un término de tres meses después de presentado, el gobierno podrá ponerlo en vigencia mediante decreto con fuerza de ley.


El Congreso podrá modificar el Plan de Inversiones Públicas siempre y cuando se mantenga el equilibrio financiero. Cualquier incremento en las autorizaciones de endeudamiento solicitadas en el proyecto gubernamental o inclusión de proyectos de inversión no contemplados en él, requerirá el visto bueno del Gobierno Nacional.


El Plan de la administración Duque


El Plan de Desarrollo del actual gobierno se titula "Pacto por Colombia, pacto por la equidad" y tiene como eslogan una absurda ecuación: equidad = emprendimiento + legalidad. En ese sentido, se presentan 24 capítulos, cada uno con la denominación inicial de "pactos", quizás con la pretensión de presentarlos como el resultado de un proceso participativo. Al parecer, dicha "participación" se reduce a la realización de algunas reuniones regionales y sectoriales más de exposición que de efectiva construcción colectiva del Plan y al funcionamiento de un portal web para una supuesta recopilación de propuestas. Y, en lugar de llevarse a cabo una amplia convocatoria en la cual sean incluidos los diversos sectores sociales y sus organizaciones, como de costumbre, se ha dado prioridad a la voz de los grandes grupos empresariales y los partidos políticos de la coalición de gobierno.


El punto de partida es la mentira


El documento parte de la consideración según la cual "Colombia presenta un cambio social notable en este siglo, con una fuerte caída de la pobreza de 49.7% en 2002 a 27% en 2017, y un aumento sostenido de la clase media, que ha pasado de 16.3% a 31% en el mismo período". Esta afirmación tiene dos propósitos: 1) reforzar la imagen de que la presidencia de Álvaro Uribe Vélez tuvo un énfasis en favor de los pobres del país (a pesar de que terminaría reconociéndose la misma cualidad del gobierno de Santos) y 2) justificar la reducción del ámbito de las políticas de lucha contra la pobreza en el futuro próximo, al tiempo que justificar las alzas de impuestos al consumo, la ampliación del número de contribuyentes del impuesto a la renta y las alzas de las tarifas de los servicios públicos, entre otras.


Por supuesto, el discurso que enfatiza en el crecimiento de la llamada "clase media" tiene como propósito, también, alimentar el arribismo que ha sido inoculado en el pueblo colombiano y, con ello, debilitar aún más las dinámicas de reivindicación de los derechos de los trabajadores, insistiendo en el carácter supuestamente populista de cualquier propuesta política que se presente como alternativa al capitalismo o, aun cuando sea, al neoliberalismo.


Este discurso se ve fortalecido, entre otras, en la medida en que se emplea principalmente la medición de la línea de pobreza (pobreza monetaria) o de necesidades básicas insatisfechas (NBI) de manera unilateral: así, la población en situación de pobreza se ve reducida, en efecto. Pero, la conclusión que se extrae es falsa (que ha aumentado la "clase media") porque simplemente serían no-pobres. Más recientemente se ha venido empleando la denominación de "población vulnerable", para designar el grupo poblacional que ha salido de la pobreza pero que tiene un alto riesgo de volver a ella. Queda por decir, al respecto, que no existen indicadores universales de la llamada "clase media", como sí existen de la pobreza.


Así pues, la población en estado de pobreza es aquella cuyos ingresos son hasta de $180.000 mensuales, de acuerdo con el indicador de pobreza monetaria. La llamada "población vulnerable" se clasifica desde dicho monto hasta $450.000 mensuales. Desde ese monto y hasta $2.250.000 se asumen como pertenecientes a la "clase media". Finalmente, los "ricos" serías quienes perciben ingresos superiores a esa suma y hasta varios cientos o miles de millones durante un mes.


Cabe mencionar que el valor promedio de la canasta familiar es de aproximadamente $1.300.000 para una familia compuesta por cuatro personas, incluyendo los gastos correspondientes a la comida y demás víveres, la vivienda, el transporte, la salud, la educación, etc., en condiciones más bien modestas. Es decir, con el aporte de una persona a los ingresos familiares, solamente pueden acceder a esta canasta aquellas de más altos ingresos dentro de la categoría de "clase media". Por el contrario, en la gran mayoría de familias incluidas en esa categoría termina siendo obligatorio que dos o más miembros aporten ingresos, o sea que es obligatorio que más miembros de una familia vendan su mano de obra en el mercado laboral, incluso sin que importe mucho si son menores de edad o personas con avanzada edad.


Por supuesto, esta situación impacta desfavorablemente sobre los salarios, en la medida en que una mayor oferta de mano de obra resulta en un menor nivel de remuneración salarial: de este modo, se reproduce el círculo vicioso consistente en que más seres humanos se encuentran involucrados en el mercado laboral porque los ingresos laborales son insuficientes, pero la mayor disponibilidad de mano de obra en dicho mercado presiona a la baja de los salarios y al envilecimiento de las condiciones generales de trabajo, toda vez que buena parte de esa población tampoco obtiene un empleo en el sector formal de la economía, lo cual tiene como consecuencia el reforzamiento del trabajo informal-precario.


De todas maneras, debe tenerse en cuenta que para los cálculos elaborados por los organismos gubernamentales, la población en situación de "formalidad" corresponde a quienes hacen los aportes al sistema de seguridad social, lo cual implica que buena parte de los llamados autoempleados o empleados por cuenta propia son catalogados como "formales", siendo que su realidad laboral está caracterizada por ingresos bajos e inestables, propios de las actividades del rebusque, en las cuales se ve obligada a participar dicha población ante la imposibilidad de encontrar una ocupación laboral en las condiciones adecuadas, tal y como se ha mencionado.


O sea que, por una parte, la cifra de "formalidad" encubre una informalidad práctica o, más bien, una población en condiciones laborales precarias. Y, al mismo tiempo, la cifra de "empleo informal" hace el fenómeno del desempleo en Colombia menos notorio cuantitativamente, sin que se mencione tampoco el subempleo. De ese modo, puede entenderse que el desempleo haya podido estar transitoriamente por debajo del 10% durante años anteriores, toda vez que en la metodología de su cálculo se toma como "ocupada" aquella persona que ha tenido una actividad remunerada durante una hora en la semana de recopilación de la información: valga decir que se trata de una metodología muy poco rigurosa frente a una realidad que tiene un impacto negativo sobre el consumo agregado y, por lo tanto, sobre el crecimiento del PIB, y, simultáneamente, implicaciones socioeconómicas bastante adversas para quienes lo padecen, tanto temporal como crónicamente.


Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)


Por otra parte, en los diferentes capítulos de las Bases del Plan se hace explícita una relación entre cada uno de los "pactos" y los diferentes Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Organización de las Naciones Unidas, formulados para el período 2015-2030, en tanto que continuación de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (2000-2015).


Es de mencionar que tales Objetivos pueden considerarse algo tímidos o ambiguos, puesto que se trata de un conjunto de enunciados sobre una serie de problemáticas compartidas por países principalmente subdesarrollados, en los cuales no se establecen los mecanismos correspondientes a su consecución y, por supuesto, no se formula una crítica al capitalismo, en cuanto que sistema responsable fundamental del surgimiento y agudización de dichas problemáticas.


Así, por ejemplo, no se enfatiza en la indelegable responsabilidad que debería tener el Estado en el cumplimiento de los propósitos del listado, sino que se indica el papel protagónico de los criterios de costo-beneficio en la gestión de las políticas públicas, de la alianza con el sector privado (¿alianzas público-privadas?) y, por consiguiente, la necesidad del fortalecimiento de los mecanismos de mercado con respecto a los diferentes Objetivos. Es decir, con la apariencia de neutralidad política, la ONU refuerza el planteamiento según el cual las reformas neoliberales implementadas en el último cuarto del siglo XX son irreversibles y, además, adecuadas para el mejoramiento de las condiciones de vida de la humanidad.


En ese sentido, la mención de los Objetivos de Desarrollo Sostenible no debe confundirse con una garantía de que el conjunto de los "pactos" del Plan sean adecuados para poner a Colombia en la senda del desarrollo de sus fuerzas productivas.


Pilares del Plan


Ahora bien, al contrario de lo que se pregona en los medios masivos de [des]información, el Plan Nacional de Desarrollo presentado por el actual gobierno no contiene ningún cambio importante con respecto a lo que han propuesto y realizado los gobiernos anteriores. De esa manera, se continúa con políticas que condenan a la población colombiana al incremento del desempleo, del empleo precario, del rebusque, de las pésimas condiciones del sistema de salud, de la falta de acceso y las deficiencias en la educación, de la tremenda dificultad para el acceso de vivienda, de la deficiente cobertura, las elevadas tarifas y la mala calidad de los servicios públicos domiciliarios, de la carestía de los productos de la canasta básica de consumo, de la depredación de los ecosistemas; en resumen, la condena de la falta de condiciones adecuadas de vida de las colombianas y los colombianos.


Es decir, lo característico de este Plan es su continuismo con respecto a la política económica de los gobiernos anteriores, lo cual puede comprenderse al observar los diferentes "pactos" que lo componen:


  • Pacto por la equidad: política social moderna centrada en la familia, eficiente, de calidad y conectada a mercados

Aquí hay que destacar dos aspectos: 1) la política social centrada en la familia y, particularmente en la concepción de familia que inspira a los sectores políticos que respaldan al actual gobierno, sería profundamente antimoderna; o sea, tradicionalista. Además de demagógica, la insistencia en que "la familia es corresponsable del bienestar de sus integrantes" permite reducir el papel de las políticas públicas relacionadas con la función social del Estado, en tanto garante principal del bienestar de la población, y 2) una política social conectada a los mercados significa más de lo mismo, en cuanto que política social privatizada, financiarizada y focalizada; es decir, en favor de los operadores privados y en desmedro tanto de las finanzas públicas como de las poblaciones que se supone que son beneficiarias de la política social. Por lo tanto, a pesar de que se enuncia que el 47.1% de los recursos del Plan se orientarán a este "pacto" (el porcentaje más elevado), no es de esperarse que mejoren sustancialmente las condiciones de vida de la población colombiana en virtud de la ejecución de políticas sociales del tipo descrito.


Así, por ejemplo, se hace caso omiso de la necesaria reforma al sistema de salud y, por el contrario, se mantiene el funcionamiento de las empresas intermediarias, las EPS; anunciando la posibilidad de introducir el esquema de aseguramiento para la población rural y rural dispersa —con lo que se generaría una oportunidad de negocio para dichos intermediarios financieros— y, también, el refuerzo de los criterios de eficiencia y competitividad de los hospitales públicos —criterios que van en contravía del concepto mismo de salud pública—.


Así mismo, se insiste en la ampliación del Programa de Alimentación Escolar (PAE) tal y como actualmente viene funcionando, mediante la provisión de operadores privados, a pesar de que este programa no atiende satisfactoriamente las necesidades sociales de la población objetivo y, a la vez, ha sido y seguirá siendo foco de corrupción y clientelismo.

 El Plan Nacional de Desarrollo presentado por gobierno no contiene cambios importantes con respecto a lo que han propuesto y realizado los gobiernos anteriores. Se continúa con políticas que condenan a la población colombiana al incremento del desempleo, del empleo precario, del rebusque, de las pésimas condiciones del sistema de salud, de la falta de acceso y las deficiencias en la educación, de la tremenda dificultad para el acceso de vivienda, de la deficiente cobertura, las elevadas tarifas y la mala calidad de los servicios públicos domiciliarios, de la carestía de los productos de la canasta básica de consumo, de la depredación de los ecosistemas.

Por otra parte, al contrario de proponerse construir un sistema de educación pública, gratuita y universal, incluyendo la educación superior, se plantea la continuidad del esquema de colegios concesionados y la ampliación del sistema de créditos-beca para la educación superior, favoreciendo los negocios del sector financiero y, por supuesto, en desmedro de las universidades públicas.

Mientras tanto, tampoco se propone una reforma pensional que haga posible el disfrute de un ingreso de jubilación digno para la totalidad de colombianas y colombianos, que por razón de su edad o condición física o mental no deberían estar obligados a ejercer actividad laboral alguna. Así, pues, se prolonga la situación que obliga a las ancianas y los ancianos a trabajar hasta la muerte para apenas obtener un ingreso precario e inestable y, de paso, exponiendo su integridad física y mental ante todo tipo de riesgos en las calles de las ciudades del país.

  • Pacto por el emprendimiento y la productividad: una economía dinámica, incluyente y sostenible que potencie todos nuestros talentos

Dando continuidad a las políticas del neoliberalismo, se plantea dar la mayor cantidad de garantías a los grandes grupos empresariales (internos y transnacionales), desde el discurso embustero de la teoría económica convencional según el cual la prosperidad de los ricos redunda automáticamente en mejoras de bienestar del resto de la población ("efecto derrame, goteo, filtración" de la riqueza). Una versión más de la política de "confianza inversionista", la cual ha tenido continuidad durante los últimos gobiernos en Colombia y que se pretende reforzar con este Plan Nacional de Desarrollo.

Por otro lado, se emplea la denominación de "emprendimientos", tanto para hacer referencia a actividades empresariales, medianamente productivas y rentables, como a la actividad del rebusque, en la que se ocupa la mayor parte de la población colombiana, con completa ausencia de derechos laborales, con ingresos bajos e inestables, etc. Y, en lugar de proponer políticas para la superación de semejante condición de precariedad económica, por ejemplo, en términos de financiamiento, de encadenamientos productivos o de acceso a tecnologías que permitan su fortalecimiento y expansión productiva y, con ello, su permanencia en el tiempo y la generación de empleos de calidad, solamente se proponen medidas para la agilización de trámites y para la "formalización", entendida esta última simplemente como el pago de impuestos y de las cotizaciones de la seguridad social.

Por supuesto que, siendo un documento que pretende profundizar en el neoliberalismo, nada se plantea con respecto a los derechos de los trabajadores, en términos de estabilidad en el empleo, mejores remuneraciones, condiciones laborales dignas, etc. Tampoco se toma en consideración la posibilidad del fortalecimiento o creación de empresas del sector público, en aquellas ramas de la producción en las cuales el sector privado ha demostrado incapacidad histórica. O una política de soberanía alimentaria, a partir de la cual no solamente fuese posible el autoabastecimiento sino, también, lograr que el país llegare a ser un exportador neto de alimentos y demás productos agropecuarios. O poner en marcha un proceso de industrialización, el cual conduzca a la diversificación sectorial del aparato económico nacional, a la producción masiva de bienes básicos y de cada vez más alta complejidad, a la generación masiva de empleos de calidad y, por supuesto, al desarrollo de servicios de alto componente tecnológico.

  • Pacto por la legalidad: justicia transparente y seguridad efectiva para que todos vivamos con libertad y en democracia

En este aspecto se parte de una confusión (¿premeditada?) en torno al concepto de Estado Social de Derecho, el cual es un Estado que garantiza cada vez más ampliamente los Derechos Sociales de la población, rebajándolo a la función para la cual se establece el Estado de Derecho: el simple "imperio de la ley". En ese sentido, se destaca la conexión planteada en el documento entre la justicia y la seguridad y entre la seguridad y la libertad, desde una perspectiva netamente conservadora, y la consiguiente importancia que para el gobierno tendrá el fortalecimiento de las Fuerzas Armadas en cuanto al control territorial. En el mismo sentido se plantea la constitución de unas Zonas Estratégicas de Intervención Integral. Así mismo, se concibe la lucha contra la corrupción como una cuestión de mera voluntad individual y se enfatiza en su tratamiento punitivo. Finalmente, en el documento no se menciona el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición (tampoco en el pacto N.o 11, correspondiente a la paz).

Es de tenerse en cuenta que el porcentaje que se pretende destinar a este pacto es del 10.1% del total de los recursos del Plan Plurianual de Inversiones, siendo el segundo en orden de importancia. Pero, cabe dudar que tales recursos sean empleados para el fortalecimiento logístico y tecnológico del sistema judicial —que podrían garantizar su descongestión y agilidad y, consiguientemente, oportunidad y legitimidad—, o para el mejoramiento generalizado de las condiciones laborales de los trabajadores de esta rama del poder público o para la adecuación de un sistema penitenciario, en el cual sea posible la dignidad de la población carcelaria.

Bases transversales del Plan

  • Pacto por la sostenibilidad: producir conservando y conservar produciendo

La frase aquí subrayada no es más que un mantra, con cuya repetición se espera que sea creíble una supuesta política de sostenibilidad ambiental. Obsérvese que el pacto N.o 9 es sobre los recursos minero-energéticos. La explotación de esos recursos también plantea un hilo de continuidad con los gobiernos anteriores. También se continúa, de manera preocupante, con el planteamiento de los "bio-negocios" (definida como la aplicación comercial de la riqueza natural), el denominado ecoturismo y la "protección financiera ante desastres" o "gestión del riesgo ambiental".

Es decir, no se tiene como propósito la puesta en marcha de cambios profundos de la legislación y de las prácticas gubernamentales y empresariales en torno a la conservación y eventual recuperación de diversos ecosistemas. Tampoco se pretende destinar recursos públicos para la prevención de los desastres, mediante la construcción de infraestructuras adecuadas, en tanto que expresión de una política de Ordenamiento Territorial, en la cual se establezcan unas condiciones de habitabilidad digna para los diferentes asentamientos humanos en la geografía nacional. Más bien, se prefiere entregar tales recursos al sector financiero y, de paso, rentabilizar la tragedia del deterioro ambiental y sus inminentes consecuencias adversas sobre las comunidades que habitan los territorios en riesgo o siniestrados, consecuencias ocasionadas por la negligencia y falta de previsión estatal propias del neoliberalismo.

  • Pacto por los recursos minero-energéticos para el crecimiento sostenible y la expansión de oportunidades

En contradicción con lo que supuestamente es el objetivo del "pacto" N.o 4 (correspondiente a la sostenibilidad ambiental), aquí se plantea el propósito de mejorar las condiciones de competitividad del sector minero-energético del país. Por supuesto, esto se traduce en unas mayores garantías legales que se brindan a las empresas involucradas en las actividades extractivas, dando continuidad a las políticas de los gobiernos anteriores sobre la materia. En ese sentido, se propone que el 8.9% del total de los recursos del Plan se orienten hacia este sector (siendo el tercer rubro más importante del mismo).

 Dando continuidad a las políticas del neoliberalismo, se plantea dar la mayor cantidad de garantías a los grandes grupos empresariales (internos y transnacionales), desde el discurso embustero de la teoría económica convencional según el cual la prosperidad de los ricos redunda automáticamente en mejoras de bienestar del resto de la población ("efecto derrame, goteo, filtración" de la riqueza). Una versión más de la política de "confianza inversionista", la cual ha tenido continuidad durante los últimos gobiernos en Colombia y que se pretende reforzar con este Plan Nacional de Desarrollo.


Ahora bien, es de amplio conocimiento que la explotación y exportación de los mismos, así como del oro, el níquel, etc., es monopolio de grandes empresas transnacionales; es decir, debido a la absurda política en torno a la inversión extranjera y a los recursos mineros, la mayor parte de las ganancias no queda en Colombia y, por lo tanto, el país no puede contar con esos recursos para el financiamiento de otras actividades económicas. A su vez, puesto que estas explotaciones mineras pueden ser catalogadas como economías de enclave, siendo actividades de extracción simple y no de transformación, es mínimo el estímulo a otros sectores económicos y, consiguientemente, a los empleos que ellos podrían generar. No obstante, aun dentro de esa misma propuesta, cabría preguntarse por qué se desea continuar con la privatización de Ecopetrol.

  • Pacto por el transporte y la logística para la competitividad y la integración regional

Si se observan abajo los pactos regionales, particularmente los correspondientes a la zona central del país (Central, Santanderes, Eje Cafetero y Antioquia), se hace énfasis en el desarrollo logístico. Sin embargo, no es clara la diferencia entre "nodo logístico" (Central), "eje logístico" (Santanderes) y "desarrollo logístico" (Eje Cafetero y Antioquia): tal parece que se trata de una diferencia cosmética, así como la separación de estas regiones (en los Planes de Desarrollo anteriores estaban contemplados como la "macro-región central", con más o menos la misma vocación económica que en el actual).

En ese sentido, este documento constituye un eslabón más de la renuncia a una política de industrialización del aparato productivo: se presenta una continuidad con respecto a las políticas de los gobiernos anteriores en términos del fortalecimiento de las zonas francas y la infraestructura de transporte para la vinculación con los mercados externos, pero bastante poco en cuanto al mercado interno. Y, si se tiene en cuenta la historia reciente de la contratación pública del país, el sector de construcción de obras de infraestructura vial (tanto carreteras como vías urbanas) continuará siendo uno de los nichos desde los cuales los grandes grupos empresariales (internos y extranjeros) se apropian de recursos públicos (tanto de manera legal como fraudulenta). Mientras tanto, no parece ser importante el asunto de las vías terciarias del Acuerdo Final (tampoco se menciona en el pacto N.o 11 sobre la paz).

  • Pacto por la calidad y eficiencia de servicios públicos: agua y energía para promover la competitividad y el bienestar de todos

No debe pasarse por alto la enunciación aquí subrayada: primero la competitividad que el bienestar. Es decir: en este "pacto" se plantea el propósito de fortalecer los mecanismos para la participación del sector privado en los mercados de energía eléctrica, de su provisión y, también, en la financiación y ejecución de los proyectos de construcción de acueductos en las diferentes regiones del país. Sin embargo, es preciso tener en cuenta que no se contemplan mecanismos, diferentes al mercado y las tímidas directrices de la Superintendencia de Servicios Públicos, que garanticen efectivamente la óptima calidad y una eventual reducción de las tarifas de los servicios públicos a los que puede acceder el grueso de la población colombiana, particularmente la población de menores recursos económicos. Por otra parte, dado que no se contempla en el pacto N.o 11 (correspondiente a la paz) ¿cabe aquí la electrificación del campo?

  • Pacto por la transformación digital de Colombia: gobierno, empresas y hogares conectados con la era del conocimiento

Parece que aquí se reduce el acceso a la "era del conocimiento" a un asunto de mera conectividad, la cual ni siquiera es proporcionada en su mayoría por el Estado, así como sucede con el acceso a la energía eléctrica o al agua potable en buena parte del territorio nacional. Ahora bien, a pesar de que se trata de uno de los temas sobre los que Iván Duque ha hecho más enunciaciones (retóricas), también es de los menos desarrollados, en términos de una agenda concreta de política pública.

  • Pacto por la Ciencia, la Tecnología y la Innovación: un sistema para construir el conocimiento de la Colombia del futuro

Se muestra una excesiva confianza en la capacidad del sector privado en cuanto que "motor de la innovación". Entre otras cosas del gobierno anterior, se continúa con el planteamiento propio de la literatura de autoayuda, indicando que la cuestión se reduce al "fortalecimiento de una mentalidad y cultura afines a la innovación". En ese sentido, se hace caso omiso a la necesidad de fortalecimiento de la educación superior pública: en el pacto N.o 1 se plantea que la educación, incluso la superior, debe orientarse a responder a las demandas específicas que de mano de obra hace el mercado y, por lo tanto, a la formación en competencias laborales —por supuesto, aquí no se hace mención a la formación del pensamiento crítico—. Y dichas competencias laborales a las que aquí se hace referencia están orientadas a atender un precario sector privado, precario tanto en términos tecnológicos como en capacidad de generación de empleos de calidad.

Es decir: más allá de la retórica, continuará sin existir una política que esté dirigida al fomento de la producción del conocimiento, tal y como sucede en la mayor parte de países que han avanzado en este propósito durante el siglo XX y XXI, en los cuales el Estado es el responsable exclusivo o, cuando menos, principal (en cuanto al financiamiento y coordinación) de la investigación básica y del sistema educativo en su conjunto. Ni siquiera existe un propósito orientado a la adopción estatal de los mecanismos adecuados para la apropiación por parte de las colombianas y los colombianos del acervo de conocimientos que contribuye al desarrollo científico-técnico de la humanidad y al el consiguiente desarrollo de las fuerzas productivas.

  • Pacto por la identidad y la creatividad: desarrollo de la economía naranja y protección y promoción de nuestra cultura

No solamente se trata de la mercantilización de la identidad de diversos grupos poblacionales —a propósito: ¿cuál es "nuestra cultura"?—. También se indica que esta mercantilización, junto con el turismo, serán la única fuente posible de recursos para una buena parte de la población: el destino de una economía subdesarrollada, la cual se ve obligada a ofrecer diversión a los visitantes extranjeros.

Ahora bien, el turismo implica, entre otras, el encarecimiento de los bienes y servicios de la región en que se practica, sin ir acompañado de un mejoramiento en los ingresos y las condiciones de vida de la población residente y, más bien, contribuye con la proliferación de actividades de tipo servil y criminal, tales como aquellas asociadas a la prostitución y al tráfico de drogas.

De todos modos, en la historia del desarrollo del capitalismo (la cual debería ser la referencia empleada por los funcionarios gubernamentales) no es protagónico el sector turístico, tanto en los países que van a la vanguardia de la economía mundial como en los países que más recientemente han alcanzado importantes niveles de crecimiento económico y desarrollo.

Por otra parte, se insiste en que la llamada "economía naranja" (correspondiente al sector de servicios) constituye una oportunidad para el desarrollo de "emprendimientos" que permitan la generación de ingresos para las y los jóvenes del país. Sin embargo, aquí cabría diferenciar entre aquellas actividades empresariales, medianamente productivas y rentables, y las medianas, pequeñas y microempresas, además de las actividades del rebusque, las cuales se caracterizan por la baja incorporación de complejidad tecnológica, baja productividad, baja rentabilidad y corta permanencia en el tiempo.

En ese sentido, además de enunciados retóricos, este Plan de Desarrollo no ofrece soluciones reales para la antedicha generación de ingresos para las y los jóvenes, puesto que no existe un sistema de educación superior público, gratuito y universal ni tampoco un sistema de ciencia y tecnología que sean capaces de brindar las herramientas cognoscitivas necesarias, las cuales sirvan como fundamento potencial de la innovación en dicho sector económico.

  • Pacto por la Construcción de Paz: víctimas, reintegración, estabilización y reconciliación

Podría pensarse que este es el capítulo correspondiente a la Implementación del Acuerdo, pero aquí se pasa por alto la mayor parte de los planteamientos consignados en el Plan Marco de Implementación, ignorando (¿deliberadamente?) las Metas Trazadoras y los Indicadores del mismo. Además, se introduce un término extraño con respecto al asunto: "estabilización", similar al de "consolidación" (empleado durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez).

Así pues, la línea 1, Colombia atiende a sus víctimas, se concentra en observaciones sobre la Ley de Víctimas (Ley 1448 de 2011), dando continuidad a lo que se había venido haciendo por parte del gobierno de Juan Manuel Santos. ¿Qué puede decirse de la restitución de tierras?

 Este Plan de Desarrollo plantea, de forma engañosa, una supuesta estrategia llamada "Misión por la Descentralización" junto a todo un paquete de reformas legales y la creación de nuevas instancias dependientes del poder central; o sea, llevando a cabo una recentralización de la toma de decisiones estratégicas de las políticas públicas, mediante la profundización de la dinámica del recorte de las competencias de planeación, así como del presupuesto de los municipios y departamentos, y, al mismo tiempo, delegando mayores responsabilidades de gasto. Así, se va en desmedro de la democracia local y de la garantía efectiva del goce de los derechos sociales de la población colombiana.

La línea, 2 Acciones efectivas para la estabilización, menciona la priorización en 170 municipios en los cuales se implementarán los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET). Pero, la denominación de "estabilización" se concibe para la "consolidación de la seguridad" a partir de la combinación (¿o confusión?) de los PDET con la acción Integral contra Minas Antipersonas y con la reintegración y reincorporación de las personas desmovilizadas. ¿En dónde queda la política específica de reincorporación para excombatientes de las FARC-EP?


Por otra parte, como vía de escape con respecto a la Reforma Rural Integral se indica que sus aspectos "se recogen a lo largo del presente PND de manera transversal en los capítulos de equidad, emprendimiento, descentralización, sostenibilidad, servicios públicos, entre otros". De esta manera, se ignora abiertamente lo planteado en el Documento CONPES 3932 de 2018, en el cual se plantea que debe presentarse cada una de las secciones correspondientes al Acuerdo Final.

La línea 3, Mayor coordinación y eficiencia para la estabilización, y la línea 4, Instrumentos y herramientas que orientan gestión eficiente y gasto para la estabilización, son, por lo menos, preocupantes, en la medida en que se propone llevar a cabo un ajuste institucional, pero que resulta poco claro en cuanto a la manera en que va a contribuir con la Implementación del Acuerdo. Tampoco se menciona la Comisión para el Seguimiento, Impulso y Verificación a la Implementación del Acuerdo Final (CSIVI).

Además, debe tenerse presente la ausencia detectada en el pacto N.o 3 (correspondiente a la justicia), en el cual no se menciona el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición1.

  • "Otros pactos" o "pactos cenicienta" del Plan

Adicionalmente, en el plan plurianual de inversiones se pone en evidencia el desprecio de este gobierno por los asuntos de género, étnicos y de inclusión de las personas con discapacidad, puesto que solamente se ubican capítulos en los cuales se enuncian "buenos propósitos" en torno a los grupos poblacionales correspondientes, quizás para poder indicar que existe un compromiso del actual gobierno con respecto a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU. Pero, debe tenerse en cuenta la paupérrima asignación de recursos para su atención y promoción, la cual apenas llega al 3% del total, incluyendo en ese porcentaje también el pacto correspondiente a paz.

  • Pacto por la descentralización: Conectar territorios, gobiernos y poblaciones


Aquí hay otro mantra que no contribuye con la reducción de las brechas regionales, tal y como ha sido demostrado durante la historia de la descentralización en Colombia, tanto desde la Reformas Constitucionales de 1968 y de 1986 como desde la Constitución de 1991. De hecho, si se tiene en cuenta la caracterización y el perfil de inversión que se plantea en cada uno de los "pactos" regionales que hacen parte del Plan, el resultado será el de la ampliación de las brechas económicas y sociales entre las regiones centrales y las periféricas y entre las grandes ciudades y el resto del territorio, particularmente en zonas rurales y de población rural dispersa.

Este Plan de Desarrollo plantea, de forma engañosa, una supuesta estrategia llamada "Misión por la Descentralización" junto a todo un paquete de reformas legales y la creación de nuevas instancias dependientes del poder central; o sea, llevando a cabo una recentralización de la toma de decisiones estratégicas de las políticas públicas, mediante la profundización de la dinámica del recorte de las competencias de planeación, así como del presupuesto de los municipios y departamentos, y, al mismo tiempo, delegando mayores responsabilidades de gasto. Así, se va en desmedro de la democracia local y de la garantía efectiva del goce de los derechos sociales de la población colombiana.

1 Otras consideraciones bastante pertinentes sobre este asunto han sido planteadas por el Equipo Implementación del Centro de Pensamiento y Diálogo Político (CEDIPO), la Contraloría General de la República y la Procuraduría General de la Nación.


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Miércoles, 21 Agosto 2019

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