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Por una paz sin ergástulos, libertad para Santrich

El sueño de la paz anhelada por millones de colombianos y colombianas tras más de medio siglo de guerra y un lustro de álgidas negociaciones se ve seriamente afectado. En efecto, el caso de Jesús Santrich, mucho más allá de la suerte del estelar arquitecto del Acuerdo de La Habana, incide de manera significativa sobre el nuevo momento político y el futuro mismo del proceso de paz.

La fisura en el bloque de poder catalizada por la bancarrota de la salida militarista al conflicto social armado y el proceso de negociación con la guerrilla de las FARC-EP decantó a un importante sector del establecimiento en un proyecto de perpetuación de una guerra que les genera ingentes réditos políticos y económicos. Expresiones estratégicas de la "Vieja Colombia" se han conjurado para abortar el potencial transformador que reside en el Acuerdo de Paz y han mejorado su correlación de fuerzas dentro del bloque hegemónico, en medio de cierta pusilanimidad cómplice del espectro político que representara el "santismo", que fuera nítidamente la facción predominante en esta disputa hasta la firma del Acuerdo Final.

Es este pulso político el que se expresa con la irregular detención con fines de extradición de Jesús Santrich. Hoy, a más de un año de su captura, Santrich ⸺y la esperanza de paz misma⸺ siguen aprisionados en medio de un montaje judicial impulsado desde la embajada norteamericana y la Fiscalía General de la Nación.

Estamos ante un cerco histórico al Acuerdo de Paz y las expectativas que se resguardaban en su cabal implementación. Los protagonistas de este cerco parecieran hechos a pedido de caricaturistas para representar a los áulicos de la guerra que se niega a morir. En primer lugar, los vesánicos EE. UU., gestor mismo e impulsor del conflicto armado en nuestro país, con un gobierno como el de Trump a la cabeza, en plena operación de intervención en Venezuela desde nuestro territorio, y un embajador como Kevin Withaker que actúa como virrey imperial en una Banana Republic, constriñendo sin pudor al legislativo y al judicial, anunciando de antemano su desconocimiento de cualquier decisión soberana. De otra parte, el inefable fiscal Néstor Humberto Martínez Neira, quien logra sintetizar en sí mismo el manzanillismo de la clase política y sus corruptelas, los intereses del gran capital, el derecho penal del enemigo y la agenda de la DEA, todos dolientes directos de las reformas contenidas en el Acuerdo de Paz. Y, obviamente, el coro fascistoide del Centro Democrático, interesado en hacer trizas lo acordado y perennizar la guerra para saldar a su favor la pugna en el bloque de poder.

Son estos enemigos declarados de la paz los que han impulsado un linchamiento político y mediático de Jesús Santrich, negándole su presunción de inocencia. Tal vez quienes urdieron el montaje en su contra aspiraban a una "extradición exprés", pero los mismos avances del Acuerdo de Paz han frustrado por ahora esta pretensión. El Acto Legislativo 01 de 2017, que constitucionalizó el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición (SIVJRNR), es claro en establecer la Garantía de No Extradición para aquellos que se acojan al sistema y de otorgar la competencia a la Jurisdicción Especial de Paz (JEP) para "evaluar la conducta" ⸺incluyendo dentro de esta evaluación el análisis probatorio⸺, en caso de que la solicitud de extradición corresponda a hechos cometidos con posterioridad al 1 de diciembre de 2016. La constitucionalidad de estas disposiciones, también cobijadas por el Acto Legislativo 02 de 2017, ha sido ratificada por la Corte Constitucional en sucesivas sentencias C-674/17, C-080/18 y C-112/19. Aunque se enfurezca el embajador Whitaker, el convenio de extradición de 1979 no está vigente en Colombia, mientras que el Acto Legislativo 01 de 2017 sí.

Más allá de las mediáticas y pomposas salidas de usanza del fiscal Martínez anunciando pruebas "concluyentes y contundentes" contra Santrich, solo han podido presentar el indictment elaborado por la jurisdicción norteamericana, el cual constituye una acusación temeraria hilada con base en testimonios incongruentes de agentes de la DEA. No hay videos, no hay rastro alguno de transacciones financieras ni de la producción o transporte de las supuestas toneladas de cocaína, de los que pueda inferirse que Santrich haya participado. No hay delito, no hay conducta a evaluar. No hay pruebas, ni pueden existir, porque Santrich es inocente de la imputación y, como tantas veces lo ha expresado, es un revolucionario, y no un narcotraficante.

Así pues, que en derecho pareciera ser un caso sencillo, pero las imposturas políticas de los enemigos de la paz han hecho transitar a Santrich durante este año un auténtico viacrucis jurídico, que aún hoy no termina. Conflicto de competencias interpuesto por el fiscal Martínez para enviar a Santrich a la justicia ordinaria, negación del permiso para su posesión como representante a la Cámara en virtud del Acuerdo de Paz, demanda de pérdida de investidura ante el Consejo de Estado por no haberse podido posesionar, la pueril fábula de la carta extraviada en Panamá para que de igual forma EE. UU. se negase a enviar las pruebas solicitadas, objeciones presidenciales a la ley estatutaria de la JEP mandatadas desde la Fiscalía buscando modificar la garantía de no extradición ya declarada exequible por la Corte Constitucional, nuevos montajes en curso que buscan involucrar a Santrich en falsos planes de fuga, compra de funcionarios judiciales y demás, e incluso un plan denunciado para asesinarlo en la cárcel.

Más preocupante aún son las amenazantes declaraciones originadas en el ejecutivo nacional y el partido de gobierno en cabeza de la mismísima vicepresidenta Martha Lucía Ramírez, las cuales sugieren un desconocimiento de cualquier decisión en derecho e insinúan una extradición arbitraria, a la que se suma el ultimátum del embajador Whitaker que asevera que Santrich "será capturado sí o sí", desconociendo la soberanía jurídica colombiana en medio del silencio complaciente del (des)Gobierno Nacional.

Pareciera que estas presiones políticas han hecho que hoy la JEP sin explicación sólida alguna haya dilatado al extremo los términos de 120 días para la resolución del caso dispuestos en la norma constitucional, y que a la fecha se niegue a precisar hasta cuándo irá la prórroga de estos. Esperemos que una jurisdicción gestada a partir de un nuevo paradigma de justicia no termine perpetuando de forma punitivista por conveniencia política el presidio de un hombre inocente, y que Santrich y el proceso de paz no queden presos de los conciliábulos y componendas parlamentarias y políticas por encima de lo acordado en La Habana y de lo incorporado al orden constitucional.

No se trata de caer en visiones catastrofistas, pero podemos estar presenciando un punto de inflexión del denominado "postconflicto". La continuación de la violación del debido proceso y demás derechos constitucionales a Santrich solo profundizarán la zozobra jurídica que viven los excombatientes y el proceso de paz en su conjunto, lo que sumado al genocidio a cuenta gotas que se viene realizando contra líderes sociales y del nuevo partido, y a la parálisis –por no decir retroceso- de la implementación del conjunto de lo acordado con la administración Duque, podrían consumar una pronta perfidia del Acuerdo Final y hacer trizas los esfuerzos y sueños de muchos por pasar la página de la guerra en nuestro país.


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Miércoles, 21 Agosto 2019

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