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A propósito de la Constituyente Vuelve el fantasma…

Así como el fantasma que recorría la convulsionada Europa en 1848, en nuestro país ha vuelto a hacer su aparición uno de los más temidos espantos para buena parte de los sectores del statu quo. Y parafraseando a Marx y a Engels, todas las fuerzas de la Vieja Colombia se han unido en santa alianza para acorralar este fantasma: el Papa y el Zar, Guizot y Metternich, los radicales franceses y los polizontes alemanes, solo que en su versión macondiana propia del siglo XXI. Todos al unísono se asustan y atacan la irrupción inesperada de un fantasma que soñaban desaparecido: el fantasma de la Constituyente.


En el marco de la crisis sin par del (des)gobierno de Duque y de la hegemonía misma del bloque expresada en las intensas y sostenidas jornadas del Paro Nacional iniciado el pasado 21 de noviembre, el alcalde electo de Medellín, Daniel Quintero Calle, sorprendió al establecimiento y sus tribunos editoriales con la audaz propuesta de la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente (ANC) como salida a la actual coyuntura. El reconocido dirigente político Álvaro Leyva Durán coincidiendo con esta iniciativa lanzó su propuesta denominada "Por una Patria Grande, Digna y Feliz", en la que plantea que el nuevo andar constituyente que refleja la actual movilización social debe conducir a una ANC representativa y a una nueva carta magna, como corolario del Acuerdo Final1 y requisito para su implementación y la construcción de la paz completa.


Las respuestas no se hicieron esperar buscando sepultar en los grandes medios de información por enésima vez la propuesta de ANC. Lo más curioso en esta nueva lapidación pública será una línea argumentativa que estriba en algunos sectores "alternativos" que satanizan de entrada la propuesta, identificándola falazmente con el uribismo, pero, que sin embargo, como intentaré presentar posteriormente, propone caminos más escabrosos para el movimiento popular y mucho más funcionales al establecimiento, incluyendo a sus sectores fascistoides.


La mayor virtud de las iniciativas mencionadas ha sido volver a poner en el debate nacional la "cuestión constituyente" que tanto asustó al Gobierno Nacional en la Mesa de La Habana y que fue combatida con particular virulencia por sus voceros. No obstante, habría que resaltar que una ANC como alternativa popular a la crisis nacional tiene validez solo en el marco de un "proceso constituyente abierto" y no como mero ritual jurídico. En términos de Moncayo:


Se trata de asumir el poder constituyente como un fenómeno político siempre abierto, sin sujeción al poder constituido, que rechaza las múltiples formas de integración/cooptación, que escapa a las ilusiones democrático-burguesas de apelación al llamado constituyente primario, y rechaza la intermediación propia de la clase política2.


La ANC no puede ser entendida aislada de todo un proceso histórico donde se asuma el poder constituyente "desde abajo". No es punto de partida, y no es en sí misma punto de llegada, en cuanto los desarrollos y concreciones de las transformaciones que debe consagrar una ANC implican la continuidad de la acción y lucha de esa potencia no desatada en los sectores populares y refleja la condensación de toda una fase de movilización.


Se equivocan quienes identifican el proceso constituyente con una estratagema uribista. El proceso constituyente presupone un ascenso de la potencia transformadora de los sectores excluidos que logran incorporar en esta creciente sus exigencias dentro de una ANC. Por ello no es válido imponer como axioma que en un proceso constituyente será el uribismo el ganador, porque esta lógica no solo desconoce el carácter propio del proceso constituyente desde abajo, sino que se condena a los sectores democráticos de antemano a la derrota en cualquier escenario, electoral o no. El uribismo, si bien está ávido de reformas constitucionales, ha sido incapaz de realizarlas por mecanismos ordinarios o extraordinarios y se encuentra ostensiblemente afectado por la actual crisis de su gobierno, razón por la que ha guardado silencio frente a la propuesta. Parece que el campo en el que el uribismo se siente más cómodo es el del poder constituido, como hasta ahora lo ha demostrado.


El debate no es solo si es pertinente la propuesta de la ANC, sino si este Paro Nacional empieza a retomar el proceso constituyente abierto, que se había iniciado con el ciclo de movilización social de principios de esta década y del que la negociación de La Habana fue un momento importante, pero que se había visto truncado por la intención de encuadrarlo dentro del poder constituido, la perfidia estatal en relación con el Acuerdo Final y la contención, por diversas causas, de buena parte de la potencia transformadora del constituyente primario.


Obviamente el curso propio del Paro Nacional en la dimensión de lucha político-reivindicativa posee particularidades tácticas y dinámicas que no pueden atarse a la convocatoria de una ANC, idea sobre la que hay consenso. Pero sin lugar a dudas, el Paro Nacional se relaciona dialécticamente con el proceso constituyente abierto, cuando menos en dos aristas trascendentes:


  1. El estallido social —que abarca casi todo el espectro de clase— expresado en las masivas movilizaciones, bloqueos y cacerolazos de este Paro Nacional, es claramente irreductible a las actuales formas del poder constituido que desde la lógica del sistema debieron haber sido sus canales de participación. Las amplias mayorías movilizadas no están encuadradas —y no van a poder estarlo— en la actual representación política electoral, y ni siquiera en la institucionalidad propia de las organizaciones sociales legales existentes, razón que realza su potencia transformadora y de desborde del régimen político, si se encauza el inconformismo y la resistencia hacia un proceso constituyente abierto.
  2. Las reivindicaciones del Paro son sustancialmente políticas e irrealizables esencialmente dentro del actual poder constituido. Si bien hay sentidas exigencias puntuales que recaen sobre la responsabilidad política y facultades del presidente Duque3, aspectos de fondo incluidos dentro del pliego corresponden a reformas negadas sistemáticamente dentro de este régimen político, iniciando por el mismísimo saldo en rojo normativo del Acuerdo de Paz e incluyendo las reformas política-electoral, anticorrupción, a la justicia, tributaria progresiva, a las FFMM o la regulación ambiental de la economía extractiva. De otro lado, un ingente grupo de manifestantes protesta más que contra políticas específicas contra el presidente, el uribismo y el sistema mismo, planteándose una válida aspiración que incluye un cambio de gobierno. En ambos casos la satisfacción del horizonte programático agitado en el paro (reformas estructurales, nuevo gobierno) implica en el mediano plazo un proceso constituyente que se plasme en una nueva Carta Magna.


Ante esta realidad palmaria han pululado opinadores que azuzan el temor al proceso constituyente partiendo de premisas falaces y trazando trayectorias de desarrollo del sentir popular mucho más peligrosas que la ANC. Las supuestas salidas al Paro que proponen los enemigos del proceso constituyente distan de ser soluciones certeras y solo difieren y agravan la crisis nacional.


La autodenominada "Conversación Nacional" no es otra cosa que un soso consejo comunitario en el Palacio de Nariño sin carácter vinculante ni representatividad del movimiento real, que no va a lograr modificar las políticas arrogantemente impuestas por el (des)gobierno de Duque, las cuales posan de tecnocráticas. El Comando de Paro y demás sectores movilizados han exigido una negociación real que, de darse, lograría obtener reivindicaciones importantes, pero que no va a obligar al Centro Democrático a gobernar con un programa distinto al de su proyecto neoliberal y fascistoide, ni mucho menos a garantizar reformas que requieren no solamente del concurso del ejecutivo. Así que lo estructural que concitó el Paro no tiende a resolverse por esta vía inmediata.


Sectores más ligados a la clase política —incluidos algunos autodenominados "alternativos"— han planteado otros horizontes institucionales para desactivar el Paro: las administraciones locales, la esperanza de victoria electoral en 2022 y el trámite parlamentario a las exigencias de la movilización. Sin demeritar buenas intenciones y posibilidades, todos estos 3 caminos dentro del poder constituido están constreñidos por profundas limitaciones del régimen para darle salida a lo exigido en el Paro Nacional, y cargan riesgos gigantescos para los intereses populares. Es básicamente pensar que se van a satisfacer las exigencias sociales por los mismos medios que no han sido posibles en más de 30 años de neoliberalismo, sin que se desate el potencial transformador de un movimiento constituyente.


Los críticos del proceso constituyente que tachan de disparate una ANC ofrecen al clamor nacional del Paro solo más de lo mismo, lo que tendría como consecuencia muy seguramente idénticos resultados. Al temor que insuflan sobre la incertidumbre del proceso constituyente ofrecen la cuasicerteza de la derrota de lo constituido. Es un tozudo aferramiento al mito de la ANC de 1991, el mismo que insistió abortar el proceso constituyente en ciernes que despuntaba en La Habana y que ató absurdamente el Acuerdo de Paz a un caprichoso plebiscito.


A más de 28 años de vigencia, el país nacional no es el de 1991. Ni sus ciudadanías, ni sus resistencias, ni sus movimientos sociales y políticos, muchos de los cuales se expresan en este paro, son los mismos de hace un tercio de siglo, y no pueden encorsetarse en ese pacto constitucional neoliberal y poco democrático. Es un oxímoron promover y reivindicar la "nueva política" y la política para las nuevas generaciones, pero sometiéndola a ese lecho de Procusto del pasado. Es una paradoja que la lucha por el cambio termine colgada del mantenimiento inalterado del actual orden constitucional, máxime cuando se defiende una Constitución que en buena medida ya no existe tras más de medio centenar de reformas en su mayoría regresivas.


Los nostálgicos de 1991 pretenden maquillar que defender la actual constitución es salvaguardar la regla fiscal, la banca central neoliberal, el sistema político y electoral antidemocrático, la ilegitimidad de la rama judicial entre otras, así como las omisiones de la carta magna en términos de gratuidad de la educación y la salud, todos ellos aspectos determinantes para comprender la crisis del modelo y las causalidades del paro.


Cumplir la Constitución del 91, como aseveran otros con tufillo santanderista, tampoco resuelve nada porque es cumplir con todo lo anterior, buscando ignorar que el actual orden jurídico es parte y gestor de la crisis nacional. No se puede caer en el fetichismo de la Constitución de 1991 que la declara intocable, ni en el antifetiche que niega el papel que cumple el orden jurídico en la actual crisis. Cambiar la constitución no es suficiente pero si necesario para abrir paso a cambios de gobierno y de políticas, dada el comprobado carácter irreformable del régimen.


Lejos de los sepelios imaginados y aupados desde intereses o vanidades políticas, la actual coyuntura demuestra la vigencia y pertinencia de un proceso constituyente desde abajo, y de la propuesta de una ANC amplia y representativa de todos los sectores sociales y políticos. La dinámica de la lucha de clases en el país presenta una oportunidad histórica: elevar el descontento social generalizado y la movilización in crescendo en movimiento constituyente, transformar las consignas reivindicativas en programa alternativo, y la proyección de ser oposición a ser opción de gobierno y de poder.


La crisis que expresa el Paro Nacional que se enmarca en la crisis del neoliberalismo en América Latina, pero que está potenciada por la hasta hoy irresoluble fractura del bloque hegemónico abierta por el proceso de paz, solo podrá tener salida democrática en el mediano o largo plazo en un proceso constituyente que desate la potencia contenida por el actual régimen político. El fantasma constituyente seguirá rondando para pesadilla de muchos y recordándoles la manida sentencia: "Los muertos que vos matáis, gozan de buena salud".


1  Leyva hace alusión al irresuelto punto 3.5. de la Agenda General de La Habana de "reformas y ajustes institucionales necesarios para construir la paz", que quedó contenido en la Introducción del Acuerdo Final mandatando un Acuerdo Político Nacional para poder desarrollar este nuevo marco normativo.

2  Víctor Manuel Moncayo Cruz. Éxodo, Salir del capitalismo. 2018.

3  Además de la ya conquistada objeción presidencial al PGN de 2020 por el artículo 44 que generaba mayor zozobra financiera a las universidades públicas, puntos como el desmonte del ESMAD, las iniciativas legislativas de la ley de financiamiento, reforma laboral y pensional, la definición del salario mínimo, entre otros aspectos exigidos por el Paro Nacional, dependen casi que exclusivamente de la voluntad política del Gobierno Nacional, pero se ve nula disposición.


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Jueves, 02 Abril 2020

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