Modelo económico y democracia ¿Qué se juega en Colombia en el contexto del 21N?


1.  Las causas de la movilización social


El pasado 4 de octubre de 2019 una confluencia de organizaciones sindicales lideradas por las centrales obreras junto con expresiones del movimiento social convocó a una jornada de nacional de protesta para el 21 de noviembre del año corriente, 21N, contra lo que se ha denominado el paquetazo de Duque, en alusión a un conjunto de medidas que en materia económica, social y ambiental se vienen tomando desde el ejecutivo e impulsando desde iniciativas del partido de gobierno en medio de un contexto de tensión política auspiciada por el incumplimiento sistemático al Acuerdo Final de Paz en medio de graves denuncias por la violación a los Derechos Humanos producto del reencauche, como ya se advertía en el análisis del Plan Nacional de Desarrollo, de la política de Seguridad Democrática del otrora presidente Álvaro Uribe, y que se evidencian en el retorno de los falsos positivos, el asesinato de líderes sociales, exguerrilleros firmantes del acuerdo de paz y la muerte de 18 niños en un bombardeo de la Fuerza Pública en las selvas del Caquetá.


Lo que parecía ser en principio una jornada más de movilización, de esas que pasan sin pena ni gloria, fue tomando fuerza en la medida en que en América Latina las y los ciudadanos se manifestaban contra medidas de ajuste patrocinadas desde el Fondo Monetario Internacional (FMI) y que tienen por objeto continuar la senda de organización macroeconómica en función de la acumulación financiera.


El efecto contagio de lo que ocurre en América Latina, particularmente en Chile, las transformaciones que en la cultura política ha venido trayendo consigo la firma del Acuerdo Final de Paz del 24 de noviembre de 2016, el efecto movilizador de la información que reciben las y los ciudadanos a través de las redes sociales por parte de medios alternativos e independientes y una sociedad que ha venido transformando el miedo al terror de Estado producto de décadas de violencia estructural en indignación y demandas por democracia, por mencionar solo las más significativas, trajo consigo un resultado movilizador, particularmente urbano, que nadie esperaba, ni siquiera los convocantes a la jornada de protesta.


Las y los analistas coinciden en que la jornada de movilización que se ha visto en los últimos quince días en el país solo tiene como punto de referencia el paro cívico de septiembre de 1977 durante el gobierno de Alfonso López Michelsen. Se ha tratado de un movimiento fundamentalmente urbano que tiene como sujetos activos jóvenes, mujeres y profesionales precarizados no mayores de cuarenta años, de capas medias, que han logrado ganar el respaldo de ciudadanos de capas de ingresos medios y altos a propósito del inconformismo con la gestión del gobierno de Duque y que han llevado a la calle la frustración con un modelo que habla de libertades, pero que niega sistemáticamente derechos y ante todo causa frustraciones.


2. Malestar en el neoliberalismo y disputa del sentido común


El neoliberalismo ha planteado a los ciudadanos la idea de que son libres e iguales en tanto consumidores y que por ende pueden ser felices a través del acceso a los mercados. No obstante la imposibilidad de la estabilidad y derechos laborales, de acceso universal a la educación superior, de acceso a un sistema de salud humano y de calidad, de vivir una vejez en condiciones de dignidad, las violencias estructurales de género y el mismo miedo-preocupación que ha traído consigo la crisis civilizatoria como consecuencia de la hecatombe ambiental producto del cambio climático, la destrucción de ecosistemas y la extinción de 150 especies animales por día en el planeta, han llevado a que en América Latina y Colombia las nuevas generaciones empiecen a cuestionar las bases mismas del modelo y con menor fuerza del sistema económico vigente.


Si bien el cambio generacional en Colombia viene siendo favorable a ideas progresistas y de corte liberal como consecuencia de una mayor cobertura educativa, del acceso a las tecnologías de la información y la comunicación en tiempos de las redes sociales, así como del acumulado de luchas sociales, y buena parte de esto explica los acontecimientos de los últimos días en el país, no se puede subestimar el sentido común conservador y antiinsurgente que aún persiste en buena parte de la sociedad y que permitió la victoria del NO en el plebiscito por la paz, la victoria de Iván Duque en 2018, el que la consulta anticorrupción no alcanzará el umbral requerido para ser aprobada, así como los resultados de las elecciones regionales del pasado octubre en las que se evidenció que se sigue presentando un dominio de los partidos de la otrora Unidad Nacional del expresidente Juan Manuel Santos y del Partido Conservador en las regiones y municipios diferentes a las grandes ciudades y ciudades intermedias.


En el marco de la incertidumbre, crisis y búsqueda de salidas a la frustración que produce el funcionamiento del orden social y económico en las nuevas generaciones, así como se presentan salidas en perspectiva del fortalecimiento de la democracia y de un proyecto humanista y de defensa de la vida, del otro lado se advierten salidas reaccionarias y totalitarias de corte fascista, tal como se evidenció el 21 y 22 de noviembre en la ciudades de Cali, Bogotá, Popayán, Soacha y Facatativá en medio de toques de queda auspiciados por el Gobierno Nacional, pese a que los mismos fueron decretados por los alcaldes, donde el caos, el miedo y el terror fue promovido por agentes de la fuerza pública, como quedo registrado en las cámaras de ciudadanas y ciudadanos que hicieron virales las denuncias en redes.


En las noches del 21 y 22 de noviembre en medio de caos y miedo generalizado en muchos conjuntos residenciales de las ciudades mencionadas, y luego de cadenas en diferentes redes sociales, lo que había sido un respaldo masivo a las demandas de quienes en las calles exigían democracia, se transformó en mensajes de odio hacia la población venezolana a la que se le acusaba de estar organizada y tener la capacidad de entrar a saquear bienes y violar mujeres de forma sistemática. Así pues, armados de palos, bates, machetes y hasta armas de fuego, en cuestión de horas, en decenas de conjuntos residenciales se conformaron escuadras de seguridad paraestatal en defensa de la familia y la propiedad privada, promovidas en algunos casos por grupos y figuras de extrema derecha, como en el caso de Jaime Arturo Restrepo, conocido como el patriota, e incluso por personajes ligados al Centro Democrático, como el representante a la Cámara José Jaime Uscátegui y por grupos de tradición neonazi que bajo el lema Bogotá no será Santiago vienen haciendo una importante agitación política en círculos de derecha, siguiendo parte de la estrategia que recientemente utilizó la fuerza política Vox en España con un fuerte componente xenófobo y de resignificación de la Nación.


De esta manera es posible señalar que, si bien el escenario de los últimos diez días de noviembre se caracterizó por el uso de la cacerola, el pito y la calle como principal mecanismo para pedir el cambio en las principales ciudades colombianas, con excepción de la costa caribe, el malestar social generado por el neoliberalismo puede ser no solamente canalizado por los sectores del campo alternativo, sino que, al contrario, existe una disputa política con sectores del establecimiento ligados a visiones conservadoras y fascistas que en el pasado lograron construir con eficacia un sentido común en importantes sectores de la población contra la insurgencia armada, los sindicatos, las izquierdas, las orientaciones sexuales diversas y el mal llamado castrochavismo, que hoy encuentra en la xenofobia y la aporofobia una salida de escape similar a lo sucedido en Europa con los grupos de extrema derecha.


Así pues, si bien estamos en un punto de inflexión en relación a una movilización social ⸺que con excepción de acciones colectivas realizadas en el departamento del Cauca⸺ es fundamentalmente urbana y que se escapa a la centralidad de las organizaciones sociales y sindicales ⸺pese a que estas fueron quienes convocaron inicialmente la movilización⸺, con las mujeres, los jóvenes y trabajadores precarizados menores de cuarenta años como protagonistas, más que encontrarnos ante un escenario con la fuerza suficiente para desatar la posibilidad de una Asamblea Constituyente, como se plantea en Chile, lo que se profundiza es una disputa por el sentido común, mucha más equilibrada luego de la firma del Acuerdo Final de Paz que permitió develar de mejor forma el carácter del régimen político y económico colombiano, entre las subjetividades que plantean la democratización de la sociedad y quienes promueven la conservación del statu quo desde una visión ultraconservadora.


3. Las demandas sociales en perspectiva de corto y mediano plazo


El comité de paro, integrado por las centrales obreras y las organizaciones sociales, y al que han venido integrándose ciudadanas y ciudadanos que desbordaron la convocatoria inicial a la movilización, construyó un pliego que presentó al Gobierno Nacional con trece puntos que pueden ser organizados de la siguiente manera:

A. En materia económica:


  1. Retirar el proyecto de ley de reforma tributaria ⸺aprobada en primer debate de comisiones terceras conjuntas el 3 de diciembre en el Congreso de la República⸺, denominado ley de crecimiento y que es en ultimas una ley de financiamiento recargada que abre un hueco fiscal de $9 billones, aproximadamente 1% del PIB.
  2. Derogar el Decreto ley 2111 de 2019 que crea el holding financiero Grupo Bicentenario, y que aglutinará al menos 18 entidades estatales con activos por el orden de los $80 billones.
  3. Derogar la circular 049 de 2019 del Ministerio de Trabajo que permite terminar los contratos laborales de personas en condiciones de discapacidad o debilidad manifiesta por razones de salud.
  4. No presentar la reforma pensional que busca el debilitamiento del régimen de prima media de Colpensiones y promueve el régimen de ahorro individual en favor de la especulación financiera.
  5. No privatizar, ni enajenar activos del Estado, tal como se ha venido planteando desde el Ministerio de Hacienda en cabeza de Alberto Carrasquilla.
  6. Revisar junto con Dignidad Agropecuaria todo lo relacionado con las necesidades del sector agropecuario, en particular lo concerniente con los Tratados de Libre Comercio (TLC).
  7. No dar vía a la reforma laboral, proyecto 212 de 2019 ⸺aprobado en primer debate el 3 de diciembre en comisión séptima de Senado y de autoría del expresidente Álvaro Uribe⸺ y que se deroguen los artículos 193, 198, 240 y 242 del Plan Nacional de Desarrollo (PND), que continúan la senda de precarización de las y los trabajadores.
  8. Que se cumplan los acuerdos firmados por los gobiernos de Santos y Duque con estudiantes, organizaciones indígenas, campesinos, trabajadores estatales y el magisterio.
  9. Derogar el artículo 313 del PND de sobretasa del kilovatio de energía o tarifazo nacional que incremento el valor del consumo de este servicio para estratos 4, 5 y 6 con el objeto de sanear las finanzas de Electricaribe.


B. En materia de seguridad y paz:


  1. Como consecuencia del asesinato de Dilan Cruz, un joven de 18 años, a manos del Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD), desmontar ese cuerpo policial al tiempo que se proceda a depurar dicha institución.
  2. Cumplir la implementación del Acuerdo Final de Paz y, que junto con el movimiento Defendamos la Paz, se establezca una ruta para garantizar el proceso de cumplimiento e implementación de lo pactado.


C. En materia política:


  1. Tramitar en lo inmediato ante el Congreso de la República los proyectos de ley que permitan dar vida a lo establecido en la consulta anticorrupción.


D. En materia ambiental:


  1. Definir las políticas ambientales y la protección de páramos con representantes de organizaciones ambientales que se acuerden.

Como se deriva del pliego presentado por el Comité de Paro, la agenda de negociación que se le plantea al Gobierno Nacional es de contención a las propuesta de profundización del modelo neoliberal depredador del ambiente y de la vida que afecta negativamente el bienestar de las y los trabajadores, continua el proceso de privatización de empresas del sector público, amplía el hueco fiscal producto de nuevas exenciones tributarias vaticinando reformas tributaras futuras, profundiza la inequidad social, amplia la deuda en materia de garantía de derechos a las y los ciudadanos al tiempo que se incumplen acuerdos realizados con diferentes sectores de la sociedad y con el país en el contexto del quebrantamiento del Acuerdo Final de Paz y las demandas de la consulta anticorrupción, a la par que profundiza la represión mediante las fuerzas de seguridad del Estado.


Sumadas a estas demandas de contención respecto al modelo económico vigente otras demandas ciudadanas y de organizaciones sociales que se han venido conociendo hacen énfasis en crear una mesa de diálogo con la ciudadana para avanzar en la garantía del derecho a la salud, el desarrollo de políticas para eliminar las violencias de género, la promoción de una auténtica reforma pensional que promueva el régimen solidario de prima media, la reorganización de las fuerzas armadas, detener la explotación minera, proteger a las especies en vía de extinción y la derogatoria de la resolución 350 de 2019 del Ministerio de Agricultura que permite la caza de tiburones y la comercialización de sus aletas, así como el cumplimiento de los acuerdos con la comunidades del Pacífico e, incluso, se hacen llamados a explorar la posibilidad de retomar las conversaciones con el ELN.


Se evidencia de esta manera cómo la dinámica y demandas ciudadanas desbordan no solo la capacidad sino las expectativas del Comité de Paro, en tanto, en suma, todo el conjunto de demandas vistas estructuralmente, como lo señalara el alcalde electo de Medellín, Daniel Quintero, advierten la necesidad de un proceso de cara a una Asamblea Constituyente. No obstante, tanto la débil articulación y conexión de los sectores alternativos con la ciudadanía, como la capacidad de sectores la derecha conservadora y fascista y la fuerza en las regiones de las clientelas políticas imprime a esta iniciativa un alto grado de incertidumbre y riesgo para la democratización de la sociedad.


En este sentido, si bien para la superación del modelo económico fundamentado en el rentismo financiero y extractivista y soportado en una estructura fiscal que niega derechos y promueve la inequidad es necesario vencer las ambigüedades del orden constitucional vigente, dicha posibilidad solo será viable en el mediano plazo en un contexto de mayor nivel de organización política y social de los sectores alternativos y contrahegemónicos.


Al mismo tiempo, es necesario para la izquierda y los sectores alternativos construir un sentido común alrededor del significado de la patria y la nación que, como se evidenció en días pasados, hace parte del repertorio de búsqueda de identidad de los sujetos políticos que manifiestan su inconformidad. De no solventar dicho vacío, este será un espacio que discursos ultraconservadores seguirán llenando.


A la luz de los acontecimientos de las últimas semanas, en lo inmediato, se hace necesario priorizar dentro del pliego de paro algunos puntos que puedan permitir dar victorias a la gente que aún se moviliza en las calles, avanzar en formas organizativas a través de plataformas y campañas que permitan articular a las ciudadanías que están convirtiendo el miedo en indignación y, ante todo, lograr conectar la discusión sobre la democracia con el debate alrededor del modelo económico, en tanto mientras este último persista difícilmente podremos tener ciudadanos que puedan materializar sus derechos como eje central de la democracia auténtica.


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Jueves, 01 Octubre 2020

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