Exterminio del sujeto de la reincorporación

Giovanni Libreros

Filósofo

Coordinador Red Colombiana de Estudios Marxistas (RECEM)

Miembro del Equipo del Centro de Pensamiento y Diálogo Político (CEPDIPO)


Existen dos razones por las cuales se viene "normalizando" el exterminio de los excombatientes FARC. La primera es que el suceso ocurre en medio de una ola de asesinatos contra líderes sociales y defensores de derechos humanos. El año 2019 terminó con 250 homicidios y el 2020 inicia con 34 muertes violentas, según el registro de actualización permanente de INDEPAZ. Y la segunda razón es muy simple: para las instituciones del poder permanente, los firmantes de la paz no son líderes sociales, ni dirigentes políticos. Esto porque al amparo del simulacro de implementación del Acuerdo Final de Paz (AFP), viene marchando una tendencia a despolitizar el proceso de reincorporación dentro del cual ocurre esta matanza sistemática.


En este dramático contexto es inevitable preguntarse: ¿Quién los está matando y por qué? Y es aquí donde la respuesta institucional debe ser sometida al "arma de la crítica" ⸺como decía el jóven Marx⸺, no solo para expresar el sentimiento de la indignación sino también para asumir la tarea esencial de la denuncia.


Sofismas y evasiones


La explicación gubernamental y la matriz mediática despliegan dos sofismas que eximen al Estado de su responsabilidad en este baño de sangre. El primero declara como causa de esta violencia la "ausencia" o "fragilidad" de las instituciones estatales en amplias regiones del país. Con esta premisa se sanciona un estado de anarquía en los territorios de la construcción de la paz, con el propósito de hacer pasar como responsable de estas muertes selectivas a actores que supuestamente justifican la criminalidad y la violencia "con la excusa del delito político". En síntesis, para el gobierno Duque, "El principal enemigo de la seguridad y la convivencia es el abandono estatal", el "narcotráfico", el "terrorismo" y la "delincuencia común" (Mindefensa, 2019, pp. 6-23).


"Paz con legalidad" es entonces un sofisma inspirado en la cuestionada Doctrina de la seguridad nacional y el enemigo interno, solo que, en la actual versión, el salto estratégico de la intervención estatal (léase militar), consiste no tanto en perseguir a los grupos ilegales y las economías ilícitas, sino en controlar los "espacios vacíos" que son "la principal amenaza a la seguridad interna", por lo que la lucha contra la "ilegalidad" debe enfocarse "en espacios geográficos que por razones de seguridad nacional se califiquen como Zonas Estratégicas de Intervención Integral (ZEII)" (Mindefensa, 2019, p. 6).


Pero la realidad es que los espacios territoriales no están vacios, sino habitados por comunidades organizadas, víctimas del despojo y, en varios lugares, por Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación (ETCR), en los que se adelanta el tránsito del colectivo FARC a la vida civil, la integración económica y social y, por supuesto, a constituirse en un actor político legal. El régimen insiste entonces en mantener su estrategia contrainsurgente para imponer el aislamiento violento del territorio y justificar así el copamiento militar, situación que, en lugar de redundar en el desmantelamiento efectivo de las estructuras sucesoras del paramilitarismo, contribuye a su reconfiguración.


El segundo sofisma consiste en presentar las muertes de excombatientes como resultado de un ajuste de cuentas "entre ellos mismos", versión que es concominante con algunas explicaciones judiciales sobre un posible involucramiento "en peleas por el control territorial". El problema radica en que la Unidad Especial de la Fiscalía solo se preocupa por esclarecer quiénes son los autores directos de estos crímenes y no en la persecución de los determinadores relacionados con estructuras paraestatales que persisten en la guerra contrainsurgente.


El cubrimiento de los medios periodísticos sobre lo que está ocurriendo con estas matanzas combina semántica humanitaria con lenguaje de orden público, como si los territorios fueran "zonas rojas" donde imperara la anarquía del crimen, mostrando al Estado como un actor impotente e incapaz de garantizar la vida, los derechos humanos y el ejercicio de la política.


Lo paradójico es que un número importante de estas amenazas y homicidios se ejecutaron en zonas con alta presencia de fuerza pública y, en algunos casos, muy cerca de unidades militares. En hechos recientes como los asesinatos de Benjamín Banguera Rosales, Hober Arias Giraldo y Cesar Darío Herrera se puede identificar claramente este patrón. El primero ocurrió en el municipio de Guapi (1 de enero), el segundo en la vereda Guineales en zona rural de Dabeiba (15 de enero) y el tercero a pocos kilómetros del ETCR "Román Ruíz", en la vereda de Santa Lucía, municipio de Ituango (28 de enero). Estos eventos sucedieron en zonas controladas militarmente. El primer caso aconteció durante la avanzada del Comando Específico del Cauca, la Fuerza de despliegue No. 4 y la Brigada Liviana de Caballería; mientras que el segundo pasó en un área de operación de la Brigada 17 y, en el último caso, el homicidio se ejecutó en jurisdicciones de la Cuarta Brigada.


Estas víctimas, a quienes debemos dar un rostro más allá de la fría estadística, no solo eran miembros activos del proceso de reincorporación, sino también líderes comunitarios que venían desempeñando diversas funciones en los diferentes mecanismos e instancias de la implementación. Esta amenaza creciente contra el sujeto colectivo firmante de la paz, puede ser una respuesta a la imposibilidad a mediano y largo plazo de una absorción sistémica del proyecto histórico que inspiró el alzamiento armado y, al mismo tiempo, una estrategia para eliminar el tejido social de la resistencia civil y popular que, desde la movilización de las luchas del común, viene planteando serios desafíos a la continuidad del orden autoritario y neoliberal en nuestro país y en el continente.


Claroscuros de la seguridad del Estado


Una situación que encendió las alarmas en muchos niveles fue la versión rendida por los organismos de seguridad que aseguran haber frustrado un atentado contra el presidente del Partido FARC, acción en la que se "dieron de baja dos disidentes" supuestamente enviados por Iván Márquez y "El Paisa" (11 de enero). Con esta noticia se imprimió una fuerza mediática a la hipótesis judicial de la Unidad Especial, la cual presentó 31 de los casos de asesinatos de excombatientes como muertes causadas en circunstancias devenidas de la división interna de las FARC.


Al poco tiempo se conoció por fuentes alternas y de los familiares que Carlos Andrés Ricaurte y Gerson Moisés Morales no eran "disidentes", sino miembros activos del proceso de reincorporación: el primero estaba adscrito a uno de los grupos de erradicadores de cultivos de uso ilícito y el segundo se desempeñaba como escolta de la Unidad Nacional de Protección. La evidencia apunta a que este operativo es un "falso positivo" ligado a un posible plan sistemático, orquestado a la sombra de los aparatos de seguridad que aún fluctúan entre lo legal y lo ilegal.


La escasa investigación judicial para establecer la presunta responsabilidad de agentes del Estado (integrantes y no integrantes de la fuerza pública) en el apoyo de acciones contra líderes sociales y excombatientes, favorece la persistencia de nexos entre instituciones estatales, ilegalidad e intereses económicos particulares en lo que va corrido desde la firma del AFP.


Un hecho que evidenció la convergencia entre fuerzas de la seguridad y la criminalidad contra los firmantes de la paz fue sin duda el asesinato de Dimar Torres, ocurrido en el municipio de Convención en abril del año pasado. Hasta la fecha solo está condenado un cabo, y con medida de aseguramiento un coronel (r) y tres soldados profesionales. Pero la sinergia entre instituciones estatales e impunidad se revela en la política criminal de la fiscalía puesto que, en casos como estos, las investigaciones apuntan exclusivamente a la individualización de los responsables y, por tanto, llevan a una exoneración sin fórmula de juicio de los organismos oficiales, desvirtuando así cualquier elemento material que pueda demostrar la conexidad de estos hechos con los crímenes de Estado.


Preocupa sobre manera que las regiones más afectadas por esta ola de asesinatos de excombatientes (Cauca 39; Nariño 26; Antioquia 24; Caquetá 18; Norte de Santander 15; Putumayo 13; Meta 11; Valle del Cauca 9; Arauca 6 y Chocó 6)[1], estén dentro de la delimitación que hizo el gobierno de las 16 zonas que cubren los 170 municipios PDET y a los cuales se les aplica criterios basados en la doctrina de la seguridad nacional.


Recordemos que la Política de Defensa y Seguridad (PDS) establece "la posibilidad de focalizar esfuerzos en áreas de interés para la seguridad nacional, que pueden ser declaradas como Zonas Estratégicas de Intervención Integral (ZEII)". A renglón seguido, el citado documento señala que "Tales zonas servirán para acelerar la intervención del Estado a través de planes especiales con enfoque de seguridad, articulados a los planes PDET elaborados por las comunidades" (Mindefensa, 2019, p. 14).


Así las cosas, podemos formular sin mucha dificultad un modelo de análisis que contribuya a explicar lo que realmente está detrás de toda esta violencia contra los líderes sociales y contra el sujeto de la reincorporación. Solo basta articular los diferentes factores y dimensiones de la persistencia del conflicto armado con la falta de implementación del Sistema Integral de Seguridad para el Ejercicio de la Política (SISEP) en los términos del Acuerdo Final, el Plan Marco y sus desarrollos normativos.


Como resultado de este ejercicio identificamos cuatro componentes con los cuales se puede estar estructurando una estrategia orientada a golpear la protesta social y los participantes en la implementación de los acuerdos, con la premisa de la "amenaza a la seguridad interna" y cuyo modus operandi se desarrolla a través de dispositivos legales e ilegales orientados contra objetivos que la inteligencia determine como valiosos para la seguridad nacional.


El primer componente consiste en campañas de estigmatización contra comunidades, organizaciones, líderes sociales, defensores de derechos humanos y firmantes de la paz a partir de informes de inteligencia, declaraciones de autoridades públicas y versiones de medios de información. El segundo está relacionado con la operatividad militar en los territorios y en el espacio urbano a través de mecanismos como el empadronamiento y la identificación arbitraria orientadas por las ZEII. El tercero en hacer efectiva las acciones de judicialización ⸺aplicación de la ley 1908 de 2018 a civiles⸺ de los actores beligerantes de la protesta social con base en infiltraciones, interceptaciones, seguimientos, etc. Y el cuarto tendría que ver con una acción paralela desde la ilegalidad por medio de la ejecución de acciones criminales, por ejemplo, amenazas y atentados llevadas a cabo por estructuras no identificables o no reconocidas por las autoridades, como es el caso de las "Águilas Negras".


Reforzamiento de la violencia sistémica


Este análisis nos lleva a concluir que existe un reforzamiento estatal de la "doctrina de la violencia" (seguridad nacional y enemigo interno) dirigido a un proceso de pacificación represiva de los territorios estratégicos, ello con el fin de alistarlos para la expansión de un modelo de acumulación que articula cadenas legales e ilegales de valorización de capital. En este contexto, los asesinatos de líderes sociales y excombatientes en proceso de reincorporación no pueden presentarse como casos aislados, sino como una ocurrencia sistémica en la que confluye el despliegue militar en los territorios de la construcción de la paz, con graves omisiones del Estado por la falta de implementación del punto de Garantías de Seguridad del AFP.


No puede haber duda de que, en esta ola de asesinatos contra el sujeto de la reincorporación, se está reconfigurando la relación entre violencia y política que puede llevar a la repetición de episodios como el exterminio de la Unión Patriótica y el Partido Comunista, por los cuales el Estado ha sido declarado en varios casos como responsable por acción u omisión en esta violencia sistémica. Se requiere en estos momentos elevar la denuncia, impulsar la movilización y aumentar la presión internacional para lograr el cabal cumplimiento de las garantías de seguridad.


Referencias


Marx, K. (1983). "Contribución a la crítica de la filosofía del derecho de Hegel". (R. Jaramillo, Ed.) Argumentos(4/5), 117-138.

Ministerio de Defensa (2019). Política de defensa y seguridad - PDS. Obtenido de Mindefensa: https://www.mindefensa.gov.co/irj/go/km/docs/Mindefensa/Documentos/descargas/Prensa/Documentos/politica_defensa_deguridad2019.pdf



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Número 82 completo
Golpe certero a la reincorporación
 

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Domingo, 29 Noviembre 2020

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