El derecho a la Protesta Social. Una disputa en presente y futuro.

La Constitución Política de 1991 establece que Colombia es una República unitaria caracterizada, entre otras, por ser participativa y pluralista 1 ; en consecuencia, reconoce derechos que garantizan las posibilidades colectivas de participación importantes –aunque insuficientes–, como el derecho a reunirse pública y pacíficamente (Art. 37) o el derecho a expresarse libremente (Art. 20). Garantizar el goce efectivo de estos derechos es un fin esencial del Estado y consiste, entre otros aspectos, en "facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la Nación" 2 . 
Esta participación ciudadana está estrechamente ligada a repertorios de movilización y acción ciudadana, como la protesta y la movilización social, que, pese a no estar reconocidos formalmente en la Constitución, son una derivación apenas lógica de la esencia democrática de la Nación en los términos expresados en la Carta Política. Una democracia en la que la participación no implique garantías para ejercer el derecho a la protesta social no es viable.


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Jueves, 24 Septiembre 2020

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