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Violencias contra las universidades públicas: Nos quieren silenciar

Carolina Jiménez Martín

Profesora Departamento de Ciencia Política

Universidad Nacional de Colombia

Investigadora de CLACSO


En los meses transcurridos del año 2020 las universidades públicas del país han sido víctimas de diversas violencias. Las organizaciones estudiantiles y profesorales han experimentado amenazas, persecuciones y atentados por parte de estructuras paramilitares. Autoridades gubernamentales del orden nacional y regional han realizado señalamientos y aprobado procedimientos que estigmatizan y limitan las garantías para el ejercicio del derecho a la protesta de la comunidad universitaria. Ante estos hechos, algunas directivas universitarias han guardado silencio y no han denunciado con vehemencia el ataque sistemático del que vienen siendo objeto la Universidad Pública y sus integrantes.


Estas violencias se inscriben en el contexto de una profunda violación de los DDHH en el país[1] y del incumplimiento de la implementación del Acuerdo Final de Paz. La agresión y asesinato sistemático contra líderes y lideresas sociales, defensores de DDHH y excombatientes firmantes del acuerdo así lo demuestran.


Atendiendo a estos asuntos, esta breve reflexión tiene como propósito mostrar las trayectorias surtidas por las movilizaciones en defensa de las universidades públicas entre 2018 y 2020, así como analizar las recientes violencias a la luz de este proceso.


  • i.Movilizaciones de 2018: En defensa de la educación superior pública, gratuita y de calidad

Finalizando el año 2018 se desplegó una intensa movilización en defensa de la educación superior pública. Desde diversas regiones del país se alertó sobre la crisis universitaria, especialmente la crisis financiera y las implicaciones que esta tiene para garantizar a miles de jóvenes colombianos el acceso a la educación superior.


Al decir del movimiento estudiantil y profesoral, entre los asuntos más acuciantes se encontraban: la exclusión del sistema de educación superior de los jóvenes cuyas familias tienen bajos ingresos socioeconómicos (la mayoría de la población colombiana); la desfinanciación estructural de las universidades públicas (déficit presupuestal, ausencia de gratuidad, autofinanciación a través de la venta de servicios, precarización docente), y la privatización de los recursos públicos (vía financiación contingente y programas como Ser Pilo Paga y Generación E).


De ahí, que el pliego de la movilización giró en torno a los siguientes asuntos: i. Incremento de la financiación; ii. Fin del programa Ser Pilo Paga, rechazo a Generación E y condonación de deudas del ICETEX; iii. Dignificación del trabajo de los docentes de planta y ocasionales; iv. Ampliación de la cobertura con perspectiva universal; v. Resolver el déficit de las instituciones técnicas y tecnológicas; vi. Regulación del funcionamiento de las universidades privadas; vii. Creación de un sistema de ciencia y tecnología; viii. Autonomía, democracia y gobierno universitario; ix. Sistema de educación superior estatal, y x. Garantías plenas para la movilización[2].


La fuerza del proceso movilizador hizo posible alcanzar un acuerdo con el gobierno de Iván Duque, entre otros, sobre los siguientes puntos: i. Aumentar los recursos financieros en $5,85 billones; ii. Reformas normativas al ICETEX, a la Ley 30 (artículos 86 y 87 sobre presupuesto), a la Ley 1911 sobre financiamiento contingente y al sistema nacional de regalías, y iii. Garantías de participación.


Durante los 4 meses que duraron el Paro y las Asambleas Permanentes se configuró un amplio y diverso movimiento estudiantil y profesoral, el cual, desde las riquezas de sus saberes, le propuso a la sociedad colombiana una reflexión sobre la importancia y los aportes de la educación superior pública para la construcción de ordenes sociales democráticos, justos y capaces de garantizar una vida digna para todas y todos.


  • ii.Paro Nacional de 2019 y los reclamos frente al incumplimiento de los acuerdos por la defensa de la educación superior

Durante 2019 estudiantes y profesoras participaron activamente en las mesas técnicas y en la mesa nacional de diálogo con el Gobierno Nacional. En esos espacios presentaron propuestas de implementación y se hizo seguimiento al cumplimiento de lo acordado. Pese al compromiso de la comunidad universitaria, el gobierno limitó el alcance del proceso. Asumió las mesas como espacios meramente informativos, tergiversando lo acordado, y a su vez impulsó medidas de política pública en contravía del espíritu del acuerdo.


Esta situación planteó un importante debate al interior de las universidades públicas sobre su permanencia en las mesas, lo que condujo a que algunos sectores, como la Mesa Amplia de Profesores de las Universidades Públicas (MANPUP), se retiraran y otros pusieran una serie de condiciones para su continuidad, como la Unión Nacional de Estudiantes de Educación Superior (UNEES). Entre los puntos más sensibles de la discusión se encontraban: No llegaron en su totalidad los recursos financieros acordados, la inexistencia de garantías para el ejercicio de la protesta, reticencia del gobierno a desmotar la financiación contingente y hacer una reforma efectiva al ICETEX y los ajustes limitados a PUBLINDEX[3], entre otros.


Simultáneo al proceso que se vivía en las universidades, se gestaba desde diversos procesos sociales, sindicales y populares el Paro Nacional.


El 21 de noviembre se abrió un amplio espacio de movilización nacional en cuyo desarrollo miles de personas llenaron las calles de las ciudades y centros urbanos del país expresando su rechazo al gobierno de Iván Duque, especialmente a su política de guerra, criminalización de la protesta y defensa del neoliberalismo (reformas laboral, pensional y tributaria). También reclamaron una serie de reformas conducentes a la materialización del derecho a la paz y la defensa de la vida, y el cumplimiento con la implementación del Acuerdo Final de Paz y los acuerdos con el movimiento universitario.


La protesta pacífica y legítima, sostenida en buena parte por los y las estudiantes secundarios y universitarios, así como por diversas organizaciones feministas, juveniles y barriales, fue perseguida y criminalizada por el Gobierno Nacional. La fuerza pública reprimió a los y las manifestantes violando el derecho humano a la protesta. El terrorismo de Estado se volcó a las calles dejando un balance alarmante en términos de violación de los DDHH. El asesinato del estudiante Dylan Cruz es de las expresiones más dolorosas y repudiables del accionar de las fuerzas armadas de la institucionalidad estatal.


Esta movilización, comparable para algunos con el Paro Cívico de 1977, parece indicar la apertura y configuración de un nuevo momento constituyente que recupera el acumulado de luchas históricas por la construcción de una nueva organización de la vida en Colombia. En este escenario se reconoce la fuerza y vitalidad del movimiento universitario para ayudar a impulsar y sostener este proceso.


  • iii.Estigmatización de la protesta y desconocimiento de la autonomía universitaria

Iniciando el año 2020 el movimiento universitario mantiene su compromiso con la movilización; su participación en el segundo encuentro de organizaciones sociales y en el Comité Nacional Ampliado de Paro así lo demuestran.


En los pocos meses transcurridos de este año estudiantes y profesores han continuado sus acciones movilizadoras impulsando espacios de encuentro y reflexión sobre la situación de las universidades públicas, el incumplimiento del Acuerdo Final de Paz, los avances y rutas del Paro Nacional y las movilizaciones vividas en América Latina entre 2019-2020. Estas y otras acciones han sido estigmatizadas por sectores reaccionarios de la sociedad y de la institucionalidad estatal poniendo en riesgo la vida de la comunidad universitaria y el ejercicio legítimo del derecho a la protesta social.


El pasado 10 de febrero sorprendió y generó un amplio rechazo de la medida del alcalde de Medellín, Daniel Quintero, de "autorizar el ingreso de la fuerza pública con equipos antiexplosivos a los recintos universitarios con el fin de recuperar el control y garantizar la tranquilidad de toda la comunidad universitaria y la ciudadanía en general"[4]. El 20 de febrero, amparado en esa medida, el ESMAD ingresó a la universidad pese al amplio rechazo del conjunto de la comunidad académica.


Frente a la orden de los alcaldes de intervenir en las universidades, el profesor Leopoldo Múnera señala:


(…) La intervención a partir de orden escrita de un alcalde, que estaba contemplado, en el artículo 162 del código de policía y convivencia, fue declarado inexequible, es decir inconstitucional, por la sentencia C-223 de 2017 de la Corte Constitucional. En otras palabras, ningún alcalde del país, de ninguna manera, ni por oden directa, ni por protocolo, puede mandar, o establecer un mandato general, de intervención en la universidad, por dos razones constitucionales básicas, aparte de las políticas, la primera porque violaría el artículo 69 de la Constitución Nacional que establece la autonomía universitaria y la segunda, de tipo más general, porque violaría el artículo 28 de la Constitución Nacional que establece la inviolabilidad del domicilo (…) Cuando hay violencia desde la universidad e interviene la policía, lo que se hace es aumentar la violencia interna en los campus[5].


Por su parte, las declaraciones de la alcaldesa de Bogotá[6] en la tercera sesión del Consejo Superior Universitario de la Universidad Distrital sobre la defensa de los estudiantes frente a los "vándalos", también han sido rechazadas por el conjunto de las organizaciones estudiantiles.


La estigmatización de la que han sido objeto la protesta estudiantil y el movimiento profesoral, así como la pretensión de negar el derecho a la autonomía universitaria, ha impulsado un importante debate en las universidades.


  • iv.Arremetida paramilitar

El proceso movilizar vivido en las universidades públicas durante los dos últimos años denota la riqueza y la importancia de los espacios universitarios para impulsar las reformas y transformaciones más acuciantes que requiere la sociedad colombiana. En efecto, el debate libre, plural y argumentado de ideas que se vive en nuestros campus son un soporte vital del proceso democrático. De ahí que sectores militaristas y enemigos de la paz y la democracia iniciaran una nueva embestida contra el movimiento estudiantil y profesoral.


En las últimas semanas han circulado en las universidades diversos panfletos de las denominadas Autodefensas Gaitanistas de Colombia y de las Águilas Negras amenazando la vida de profesores y estudiantes, así como sus espacios organizativos. Colegas han sido víctimas de montajes con la pretensión de vincularlos con grupos insurgentes. Y el pasado 4 de marzo nuestra compañera Sara Fernández, profesora de la Universidad de Antioquia y lideresa feminista, fue víctima de un atentado contra su vida.


Este escenario nos recuerda las violencias vividas por las universidades públicas en la década de los noventa y principios de siglo donde estructuras paramilitares ingresaban a las universidades para perseguir a estudiantes y profesores: las universidades de Sucre, Córdoba, Magdalena y Antioquia, entre otras, han sido víctimas de esta guerra.


  • v.El pensamiento crítico y la batalla de ideas

Las violencias de las que hoy es víctima la universidad pública colombiana con la pretensión de silenciar las voces y los pensamientos críticos significan un ataque a la democracia. Son una expresión del carácter reaccionario y guerrerista de una fracción de la clase del bloque en el poder que se resiste a desarmar el país y avanzar en el camino de la construcción de paz, abierto tras la firma del Acuerdo Final de Paz.


El pensamiento crítico se constituye en una amenaza por que cuestiona los privilegios de clase, raza y género y abre horizontes de discusión e imaginación sobre otros mundos posibles. De esta manera, la embestida violenta contra nuestros campus y comunidades académicas se explica por el temor, tanto ante el carácter movilizador de la batalla de ideas, como ante la vitalidad y energía imprimida por el movimiento estudiantil al momento constituyente en curso.


Por estas y otras múltiples razones la defensa de las universidades públicas en la actual coyuntura es la defensa de la vida, la democracia y la paz. ¡Hoy #todassomossara!



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Jueves, 28 Mayo 2020

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