Este texto examina el proyecto de Presupuesto General de la Nación (PGN) para 2027, presentado por el gobierno de Abelardo de la Espriella, junto con sus implicaciones distributivas, macroeconómicas y políticas. Como hipótesis central, plantea que el gobierno podría estar utilizando el deterioro de las perspectivas fiscales para justificar un ajuste de gran magnitud y profundizar su acercamiento al FMI. La comparación entre el presupuesto del gobierno saliente y el presupuesto propuesto por De la Espriella muestra una diferencia sustantiva: el proyecto inicial presentado por el gobierno de Petro ascendía a $575,7 billones, mientras que la reformulación del nuevo gobierno lo elevó a $634,9 billones, lo que representa un aumento de $59,2 billones, equivalente a 2,8 puntos del PIB y a un 10,28 % respecto del proyecto inicial.
La discusión sobre el problema fiscal colombiano es real y legítima, pero las cifras no prueban, por sí solas, que el gobierno de Petro haya dejado un «hueco deliberadamente». El anteproyecto del Presupuesto General de la Nación (PGN) presentado por la administración Petro incluía $30,2 billones en recursos contingentes, sujetos a la aprobación de una ley de ingresos adicionales mediante un nuevo recaudo tributario. El proyecto revisado sustituyó estos recursos por un presupuesto de mayor magnitud, financiado mediante una combinación de menores ingresos corrientes y mayores recursos de capital. En cuanto a la relación con el Fondo Monetario Internacional (FMI), la Línea de Crédito Flexible (LCF) contratada durante el gobierno de Duque fue cancelada en octubre de 2025 por decisión de la administración Petro. A la fecha de corte, 4 de octubre de 2026, se han producido acercamientos, una visita técnica y conversaciones orientadas a profundizar la interlocución con el Fondo, pero no se ha anunciado un nuevo crédito, acuerdo de financiamiento ni programa con condicionalidades para Colombia. En consecuencia, presentar la existencia de un «paquete de ayuda» como un hecho consumado sería incorrecto. Sin embargo, cabe preguntarse si la invocación de una crisis fiscal y el fortalecimiento de la interlocución con el FMI pueden contribuir a construir legitimidad para un programa de ajuste y funcionar como señal dirigida a los acreedores y a los mercados financieros. En este sentido, la cuestión central es determinar si estamos ante una estrategia deliberada orientada a promover un programa de ajuste de carácter ultraneoliberal.
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Diego Carrero Barón*
Economista
Especialista en Administración Financiera
Magíster en Finanzas y en Estudios Políticos
*El autor es exsubdirector general del IGAC, exvicepresidente de FIDUPREVISORA y exasesor del Ministerio de Hacienda. Es docente universitario e investigador del Centro de Pensamiento Vida y de la Red de Equidad Fiscal y Productiva.