La historia de la lucha social en Bolivia no se inicia con las movilizaciones que hoy sacuden los cimientos de un frágil pacto social, pero sí tienen antecedentes recientes que explican el desborde de la convivencia pacífica en la sociedad boliviana. El golpe de Estado de 2019, que derrocó al gobierno electo de Evo Morales, constituye un hecho relevante en la memoria reciente, pues trastocó la grafía del poder en la Bolivia Plurinacional e impuso un tiempo marcado por el retorno de la violencia colonial y por una crisis política, económica y social que ha conducido al quiebre de las bases del Estado y de la sociedad. Como continuidad de este desfalco institucional, se encuentra el gobierno de Luis Arce que, desde el momento en que asumió la presidencia en 2020, generó una fractura con la estructura política del bloque popular comunitario e inició un camino orientado a proscribirlo y a anclar su representación mediante estructuras prebendales. Sus acciones configuraron un campo minado que imposibilita el ejercicio de los derechos políticos de las representaciones propias del MAS-IPSP con la candidatura de Evo Morales. De este modo, se materializó el asalto al instrumento político MAS-IPSP mediante la apropiación de su estructura a través de un golpe institucional, concretado por medio del manejo de la burocracia estatal y de la manipulación de los órganos del Estado para proscribir del campo político al bloque popular.
En los siete años transcurridos desde el golpe de Estado de 2019, se ha configurado una nueva grafía del poder, resultado de la proscripción premeditada del bloque popular y de la apertura de canales para el retorno de grupos fascistas a las arenas políticas. Esto se ha materializado en representaciones dentro de la Asamblea Legislativa Plurinacional, las asambleas departamentales y diversos cargos de las estructuras ejecutivas en los niveles nacional y subnacional de gobierno. Todo ello ocurre en un contexto de policrisis que se expresa en el deterioro de la institucionalidad democrática, la corrupción estatal, el deterioro de la economía y la vulneración de los derechos de las y los bolivianos.
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