El bloqueo de caminos y la huelga general indefinida de campesinos y obreros está por concluir, como se esperaba: en una derrota. No se alcanzó la meta de la renuncia del presidente Rodrigo Paz Pereira; no era posible. El gobierno tampoco saldrá bien parado, lo cual constituye otra derrota, porque una suma de hechos le ha quitado credibilidad tanto entre quienes votaron por su candidatura, de raíz indígena-popular, como entre quienes lo respaldaron ‒pequeña burguesía y fracciones hegemónicas de la burguesía‒ apenas juramentó como jefe de Estado.
En términos políticos podríamos decir que, tras dos conflictos de gran escala en Bolivia, en enero y desde mayo, el gobierno y el campo nacional-popular terminan en una suerte de frágil equilibrio inestable de fuerzas, que no concluyó, a la vez, en una de las derivaciones del empate catastrófico advertidas por Gramsci: el choque de dos bloques que se anulan mutuamente y en el que sale ganando un tercero. Esta es una semana decisiva tanto para los sectores movilizados como para el Gobierno. Entre los primeros se encuentran Evo Morales y su sector, que no habían participado activamente al inicio de las movilizaciones y que hoy afirman que no abandonarán su objetivo de lograr la renuncia del presidente. La tendencia apunta hacia otro desenlace, pero no conviene subestimar al líder cocalero, más aún cuando están en juego sus propios intereses.
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