Seleccione su idioma
Lenguaje
La historia de la lucha social en Bolivia no se inicia con las movilizaciones que hoy sacuden los cimientos de un frágil pacto social, pero sí tienen antecedentes recientes que explican el desborde de la convivencia pacífica en la sociedad boliviana. El golpe de Estado de 2019, que derrocó al gobierno electo de Evo Morales, constituye un hecho relevante en la memoria reciente, pues trastocó la grafía del poder en la Bolivia Plurinacional e impuso un tiempo marcado por el retorno de la violencia colonial y por una crisis política, económica y social que ha conducido al quiebre de las bases del Estado y de la sociedad. Como continuidad de este desfalco institucional, se encuentra el gobierno de Luis Arce que, desde el momento en que asumió la presidencia en 2020, generó una fractura con la estructura política del bloque popular comunitario e inició un camino orientado a proscribirlo y a anclar su representación mediante estructuras prebendales. Sus acciones configuraron un campo minado que imposibilita el ejercicio de los derechos políticos de las representaciones propias del MAS-IPSP con la candidatura de Evo Morales. De este modo, se materializó el asalto al instrumento político MAS-IPSP mediante la apropiación de su estructura a través de un golpe institucional, concretado por medio del manejo de la burocracia estatal y de la manipulación de los órganos del Estado para proscribir del campo político al bloque popular.
El bloqueo de caminos y la huelga general indefinida de campesinos y obreros está por concluir, como se esperaba: en una derrota. No se alcanzó la meta de la renuncia del presidente Rodrigo Paz Pereira; no era posible. El gobierno tampoco saldrá bien parado, lo cual constituye otra derrota, porque una suma de hechos le ha quitado credibilidad tanto entre quienes votaron por su candidatura, de raíz indígena-popular, como entre quienes lo respaldaron ‒pequeña burguesía y fracciones hegemónicas de la burguesía‒ apenas juramentó como jefe de Estado.
El mejor árbitro africano, el somalí Omar Artan, no podrá dirigir partidos del Mundial tras ser rechazado por las autoridades migratorias estadounidenses sin razón alguna. La selección de Irán se ve obligada a refugiarse en México y a entrar y salir de Estados Unidos el mismo día de sus encuentros, mientras que sus aficionados han perdido incluso el derecho a asistir a los partidos con entradas de cortesía. La FIFA, por su parte, vetó la camiseta oficial de Haití porque conmemora la Batalla de Vertières de 1803, decisiva en el proceso que convirtió al país en la primera nación independiente de Nuestra América. Mientras Rusia fue excluida de las competiciones futbolísticas oficiales desde 2022, Gianni Infantino otorga un premio de la paz a Donald Trump en medio de intervenciones militares estadounidenses en distintas regiones del mundo. Todo ello ocurre a cambio de un Mundial que, según estimaciones oficiales, facturará cerca de 8.911 millones de dólares y dejará un 56 % de ganancias a la mafia capitalista que lo organiza. Pese a todo lo anterior, la matriz mediática dominante insiste en que no debe mezclarse el fútbol con la política, como si tal separación fuera realmente posible.
Los resultados electorales de la primera vuelta presidencial en Colombia para el período 2026-2030 han exigido una respuesta reflexiva, pronta y exigente al pensamiento crítico. El letargo triunfalista de ciertos sectores del progresismo y la confirmación de las encuestas como herramientas sesgadas y falibles, obligan a mitigar la infodemia rememorando nuestra tradición de análisis del momento político.
El pasado 19 de abril partió Víctor Manuel Moncayo Cruz, miembro del Consejo Editorial de nuestra Revista Izquierda, un verdadero imprescindible del pensamiento crítico y revolucionario nuestroamericano.
No hay palabras suficientes para dar las gracias por lo que ha representado su obra para las numerosas generaciones que tuvieron la oportunidad de conocerlo. Víctor Manuel desarrolló a lo largo de su vida una incesante producción intelectual, de indiscutible contribución al pensamiento rebelde y anticapitalista. Sus aportes, inspirados en el marxismo, tal y como se encuentran en su extensa y densa obra, han alentado y continuarán alentando los debates y la crítica al orden social vigente, y han merecido el mayor reconocimiento en el campo intelectual y político en Colombia y Nuestra América.
La primera vuelta presidencial de 2026 ha sido interpretada como una nueva expresión de la creciente polarización política colombiana. Sin embargo, cuando la atención se desplaza de los resultados inmediatos hacia las relaciones de fuerza que estos permiten observar, emerge un problema distinto. La coyuntura que revela no es únicamente la existencia de dos bloques enfrentados, sino la dificultad de ambos para establecerse en una dirección nacional estable. Detrás de la disputa electoral asoma una crisis más profunda ligada al debilitamiento de antiguos consensos, a la fragmentación de las identidades políticas tradicionales y a la ausencia de un proyecto capaz de articular de forma duradera las principales demandas de la sociedad colombiana.
Los resultados electorales del último lustro alertan sobre el crecimiento de fuerzas políticas reaccionarias alrededor del mundo. En Italia, Finlandia, Nueva Zelanda, Suecia, Portugal, República Checa, Croacia, Bélgica y Grecia, coaliciones de extrema derecha constituyen mayorías parlamentarias. En los Estados Unidos, Donald Trump regresó a un segundo mandato en 2025 y, en Latinoamérica, las propuestas neopatriotistas han logrado el control del poder ejecutivo en El Salvador, Argentina, Chile, Costa Rica, Honduras, Panamá, Bolivia y Ecuador.
La tradición de organización y lucha del pueblo argentino tiene una importante historia, y es visible en la coyuntura contra la política de la ultraderecha, especialmente en las grandes ciudades del país y en los nuevos territorios de la acumulación capitalista, asociados al desarrollo minero, de la energía y las nuevas tecnologías. Los espacios de la concentración urbana sufren las consecuencias de la ofensiva por el ajuste fiscal y la reaccionaria reestructuración del capitalismo local, convocando a desconformidades, protestas y resistencias varias. Al mismo tiempo, crecen las confrontaciones a las políticas públicas en localidades de menor peso relativo de asentamiento poblacional, pero de enorme significado en la ampliación de la explotación de la fuerza de trabajo y el saqueo de los bienes comunes. Este es un tema asociado a las protestas en defensa del medio ambiente y en contra del extractivismo exacerbado que promueve el saqueo y la destrucción del hábitat. El problema es quién representa políticamente esta resistencia.
El tema de los mercenarios colombianos, regados por el mundo como una peste, se menciona cada cierto tiempo en los medios convencionales de desinformación (prensa, radio, televisión). El asunto reaparece cuando se confirma la muerte o captura de algunos de estos mercenarios en algún país. Luego, el hecho se olvida momentáneamente, deja de ser noticia de primer plano y se disipa en el maremágnum de información que se genera a diario. Cierto tiempo después vuelve a hablarse inevitablemente de los mercenarios colombianos.
La escuela pública brasileña ha experimentado profundas transformaciones durante las últimas décadas. Para comprenderlas es necesario analizar la articulación entre neoliberalismo y neoconservadurismo. El primero constituye una racionalidad política que reorganiza el Estado, las instituciones y la vida social según la lógica del mercado, la competencia y el desempeño. El segundo se expresa en la reafirmación de jerarquías morales, religiosas y culturales, así como en la defensa de formas autoritarias de regulación social. Aunque poseen orígenes distintos, ambos proyectos convergen en la redefinición del papel del Estado, en la reducción de derechos sociales y en la reconfiguración del carácter público de la educación.