Francisco Javier Toloza
Docente Departamento de Ciencia Política
Universidad Nacional de Colombia
Tras dos siglos de Doctrina Monroe y cien años de Diplomacia de las Cañoneras, EE. UU. eleva a niveles superiores sus agresiones contra los pueblos de Nuestra América. Pero, a diferencia de aquellas épocas, no se trata del violento parto de una nueva potencia, sino del repliegue de un hegemón en decadencia hacia lo que considera su hinterland por naturaleza, tras sus graves reveses militares fuera del continente en el presente milenio.
A raíz de la crisis capitalista de 2008, el bloque de poder norteamericano ha alternado supuestas rutas de escape a su declive, que igualmente han fracasado en su apuesta estratégica de prorrogar la hegemonía estadounidense y evitar el ascenso de nuevas potencias. Ni los reformismos guerreristas de Obama y Biden, ni tampoco el proteccionismo injerencista de Trump I y II han logrado paliar la multicrisis capitalista ni la tendencia decadente de Washington en particular.
El deterioro imperial norteamericano no se limita a su política exterior ni a su correlación geopolítica, sino que abarca una economía debilitada en términos de capital y trabajo a escala global, un rezago tecnocientífico in crescendo frente al ascenso de las tecnologías chinas, la dependencia de un paradigma energético-ambiental anacrónico y una doble adicción a la guerra y a la economía transnacional criminal de los narcóticos como soportes político-económicos de su hegemonía maltrecha. La decadencia estadounidense forma parte del declive civilizatorio del capitalismo, y todos sus componentes están estrechamente interrelacionados, adquiriendo un matiz peculiar dada la configuración histórica particular de EE. UU. como potencia hegemónica.
El tridente de control bienes estratégicos–complejo militar-industrial–War Drugs no solo constituye un síntoma de la crisis hegemónica norteamericana, sino que se exacerba peligrosamente con ella sobre Nuestra América. Ante el ascenso comercial chino, la incidencia geopolítica de Rusia e Irán en la región, el surgimiento de los BRICS y la prolongación y agudización de la disputa continental desde la impugnación al neoliberalismo a comienzos de siglo, el poderío estadounidense termina dependiendo de los tres elementos antes mencionados. En esta realidad se inscribe el término imperialismo narcotizado, entendido como una adicción, fuera de toda sindéresis, a la falaz “guerra contra las drogas”, destinada a garantizar la acumulación por despojo, el despliegue militar y ganancias extraordinarias de los circuitos capitalistas norteamericanos en declive ante la competencia de potencias emergentes.
El carácter decadente de este imperialismo narcotizado dista de significar su finitud inmediata, una debilidad absoluta o adormecimiento de sus funciones, sino que, por el contrario, expresa desespero, dependencia, agresividad, comportamientos erráticos y ruptura de cualquier lógica posible de las relaciones internacionales.
La funcionalidad sistémica de la “Guerra contra las Drogas”
Detrás de acusaciones irrisorias contra un conveniente “Cartel de los Soles” que le permite a Washington hostigar a un gobierno adverso en el país poseedor de las mayores reservas de petróleo y gas, valga remontarse al medio siglo de War Drugs impuesto en la administración Nixon con la creación de la DEA, la desregulación del patrón dólar-oro y otros elementos propios de la ruptura con el régimen de acumulación propio del keynesianismo para dar paso a la actual fase de financiarización capitalista. A continuación, la administración Reagan implicará un punto de inflexión en la funcionalización de la política antinarcóticos en la estrategia imperialista de EE. UU. a tono con el impulso del llamado militarismo neoliberal que soportó su intervencionismo, entroncándose, así, ganancias para el complejo militar industrial norteamericano, excusas para control territorial e intervenciones a nivel global, y lucrativa regulación punitiva a un mercado que nutre al gran capital financiero.
El narcotráfico solo puede entenderse como una empresa capitalista transnacional, exacerbada por las políticas de liberalización económica y de financiarización impulsadas por el proyecto neoliberal, además del consumo desmedido del mercado norteamericano, que representa una cuarta parte de la demanda mundial de narcóticos. Contra toda evidencia, y para justificar una guerra extraterritorial contra las drogas articulada con el control estratégico de bienes naturales o con meros intereses geopolíticos, la DEA ha logrado imponer la posverdad de que son las mafias latinoamericanas quienes se lucran de este negocio, negando la existencia de poderosos carteles norteamericanos y del primer mundo1, así como de los más especulativos carteles del lavado de capitales vinculados a la oligarquía financiera global.
El deterioro imperial norteamericano no se limita a su política exterior ni a su correlación geopolítica, sino que abarca una economía debilitada en términos de capital y trabajo a escala global, un rezago tecnocientífico in crescendo frente al ascenso de las tecnologías chinas, la dependencia de un paradigma energético-ambiental anacrónico y una doble adicción a la guerra y a la economía transnacional criminal de los narcóticos como soportes político-económicos de su hegemonía maltrecha. La decadencia estadounidense forma parte del declive civilizatorio del capitalismo, y todos sus componentes están estrechamente interrelacionados, adquiriendo un matiz peculiar dada la configuración histórica particular de EE. UU. como potencia hegemónica.
A partir de esta gran matriz cacareada hasta hoy por medios masivos de información se fabricó el concepto de “narco-guerrillas” y ahora “narco-regímenes”, gracias a una moralina insostenible de la Casa Blanca que oculta sus bochornosas relaciones con el narcotráfico2. Más de cinco décadas de guerra imperial antinarcóticos muestran un estrepitoso fracaso respecto a la eliminación del narcotráfico o a la reducción del consumo de drogas, pero un éxito rotundo para los encubiertos intereses estratégicos de la hegemonía norteamericana.
Las operaciones de guerra en el mar Caribe y las recompensas por la captura del presidente venezolano Nicolás Maduro y otros integrantes de su gobierno, a partir de un indictment que también señala a firmantes del Acuerdo de Paz de 2016 ‒víctimas de la perfidia estatal‒, no son más que el abuso de la vieja receta injerencista con fachada antinarcóticos. Esta se remonta a la construcción de casos judiciales que intentaron involucrar a los gobiernos cubano y sandinista en los años ochenta, pasando por la invasión a Panamá, el Plan Colombia y la Iniciativa Regional Andina, así como por la ruptura de relaciones con el Estado Plurinacional de Bolivia durante el gobierno de Evo Morales, hasta llegar a las recientes presiones sobre el gobierno mexicano y la descertificación de Colombia bajo la presidencia de Petro.
Estamos ante un imperialismo narcotizado mediante la instrumentalización y el usufructo económico, político, militar e ideológico por parte de EE. UU. de su “guerra contra las drogas”, en función de su ejercicio imperialista en el continente. Un imperio que ya no puede sostener su hegemonía sin recurrir al manido discurso antinarcóticos, al que necesita como un adicto al fentanilo. El Pentágono ha logrado expandir y desplegar su pie de fuerza en todo el hemisferio, obteniendo control geoestratégico sobre amplias zonas del continente y de sus recursos, con una extensión e intensidad superiores a las de las épocas de las cañoneras de Teddy Roosevelt o de la Guerra Fría. Más allá de si se produce una invasión directa a Venezuela bajo el gobierno de Trump, las avanzadas militares estadounidenses sobre el mar Caribe, Guyana o Trinidad y Tobago difícilmente se retirarán, como tampoco lo hizo la “invasión por invitación” que ocupa territorio nacional desde el llamado Plan Colombia.
Sin marco legal, pero con Marco Rubio
La escalada guerrerista contra la República Bolivariana de Venezuela ‒y sobre toda Nuestra América‒, no es meramente una locura momentánea de Trump. La insania no es solo individual, sino la del imperialismo narcotizado en su senilidad, del cual Trump y su secretario de Estado son nítida expresión. Se aprecia un movimiento orgánico que busca la asfixia mediata del pueblo venezolano para posibilitar la importación de su “anhelado cambio de régimen” ante la incapacidad supina de la burguesía parasitaria venezolana de lograrlo. Una estrategia integral que incluye desde prohibición para importar medicamentos hasta premios Nobel, explotaciones petroleras de la Chevron combinadas con operaciones de guerra desde Guyana fletadas por la Exxon Mobil, apariciones en listas de terroristas de organizaciones ni siquiera existentes o escaramuzas mercenarias desde territorio colombiano o antillano.
Rubio y Trump han construido un marco contrahecho para justificar lo injustificable y amparar legalmente lo que no es otra cosa que una flagrante violación del derecho internacional. Emulando el antecedente ecuatoriano, que, con el visto bueno de Rubio, declaró “conflicto armado interno” contra las bandas narcotraficantes locales, Trump expidió la Orden Ejecutiva 14157, mediante la cual decretó una “emergencia nacional” y designó a los grupos internacionales de narcotráfico como “organizaciones terroristas extranjeras” (OTE). En mayo, la administración abrió paso al uso de la fuerza militar contra estas organizaciones, entre las que identificaba al supuesto “Tren de Aragua” y al denominado “Cartel de los Soles”, pese a que estos nombres nunca han sido mencionados en informes de la UNODC ni de otras agencias internacionales.
Estamos ante un imperialismo narcotizado mediante la instrumentalización y el usufructo económico, político, militar e ideológico por parte de EE. UU. de su “guerra contra las drogas”, en función de su ejercicio imperialista en el continente. Un imperio que ya no puede sostener su hegemonía sin recurrir al manido discurso antinarcóticos, al que necesita como un adicto al fentanilo. El Pentágono ha logrado expandir y desplegar su pie de fuerza en todo el hemisferio, obteniendo control geoestratégico sobre amplias zonas del continente y de sus recursos, con una extensión e intensidad superiores a las de las épocas de las cañoneras de Teddy Roosevelt o de la Guerra Fría.
Contra toda lógica y en medio de un mayoritario silencio de la comunidad internacional, Trump y Rubio han creado un peligroso y arbitrario antecedente: declaran que la comercialización de narcóticos en su territorio por bandas transnacionales implica una acción de guerra contra EE. UU., por lo que promulgan una Resolución de Poderes de Guerra por conflicto armado no internacional contra carteles de la droga. El ya pintoresco diagnóstico no es utilizado para arreciar la política prohibicionista y la persecución judicial dentro de EE. UU., como podría deducirse, sino que es el que justifica el envío de 10 mil marines a aguas internacionales en un ejercicio de fuerza desproporcionado contra lanchas civiles de las que ni siquiera se han podido identificar sus tripulantes, bandera o cargas. Poco importa que la crisis de salud pública norteamericana hoy se debe mayoritariamente a drogas sintéticas que no vienen Latinoamérica, ni que las rutas del narcotráfico se hayan especializado en el océano Pacífico, ni que son Panamá, Honduras y Colombia los principales exportadores de pasta base de cocaína por las aguas del Mar Caribe. El acecho va dirigido a Venezuela, a sus ingentes riquezas naturales y contra un gobierno que no ha sido títere del Tío Sam.
EE.UU. ha desplegado frente a las costas venezolanas una decena de buques de guerra, incluyendo un crucero, tres destructores, buques de asalto anfibio ‒con una unidad de infantería de Marina a bordo‒ y un submarino; los 10 cazas furtivos F-35 que fueron desplegados en Puerto Rico se suman a la habitual presencia militar norteamericana en el Caribe, en Colombia ‒socio global de la OTAN‒ y a sus tropas más recientemente instaladas en Guyana. Los buques Destructor son los mismos que atacaron instalaciones militares en Siria en 2017, dada su disposición para capacidad de fuego aéreo, marítimo y terrestre. Estas embarcaciones de guerra, y su porte de misiles guiados Tomahawk, no parecen funcionales ni proporcionadas para bombardear lanchas en alta mar sin capacidad de respuesta bélica, sino para una agresión militar en tierra firme. Con el agravante de que, realizada ya la avanzada imperialista, dichas tropas se mantendrán con Maduro o sin Maduro en el Palacio de Miraflores. No se ve a la Nobel Machado exigiendo su retiro.
La agresividad del binomio Trump-Rubio hacia Nuestra América no es fortuita. El nombramiento del secretario de Estado de origen cubano forma parte de la estrategia del hegemón en decadencia: la promoción de guerras proxy contra Rusia, Irán o China fuera del continente, la condescendencia con el supremacismo sionista y un atrincheramiento propio de la época del Gran Garrote sobre Nuestra América y, en particular, sobre el Caribe, que le crea un cordón sanitario geopolítico para su paranoia imperial. A Washington solo le queda reivindicar su hegemonía continental ante los avances globales de China y Rusia; de ahí su mayor ferocidad y virulencia, que Rubio encarna a la perfección.
Es improbable vaticinar hoy la modalidad que adoptará la intervención militar norteamericana sobre Venezuela. Del mismo modo, es imposible negar que dicha intervención ya ha comenzado de múltiples formas. En palabras del Departamento de Estado sobre su actual operación en el mar Caribe: “la ambigüedad es parte del plan”3. Sin duda una invasión directa podría desatar una guerra convencional con implicaciones internacionales globales y, si bien los efectivos militares hasta ahora dispuestos en la operación no corresponderían con la inminencia de un Armagedón, también es cierto que las realidades tecnológicas de la guerra actual distan mucho de las de los años de las invasiones norteamericanas de Granada o Panamá. Tampoco es descartable la recurrencia a las denominadas “operaciones quirúrgicas” directas o mediante agentes de facto del Pentágono sobre políticos venezolanos o insurgentes colombianos en zonas fronterizas buscando reforzar la matriz criminalizadora y contrainsurgente propia del imperio narcotizado para nuestra región. De lo que no podemos dudar es de la adicción de la Casa Blanca y del capitalismo en general a la guerra como mitigador para su cada vez más profunda crisis económica y política.
En medio de la descomposición del orden internacional de la posguerra fría, que arrastra al derecho internacional y a las instituciones multilaterales, con la ONU y la OEA a la cabeza, la Cumbre de la CELAC ‒en Santa Marta, el próximo mes de noviembre‒ tiene la palabra para cumplir su mandato fundacional y hacer de Nuestra América un territorio de paz.
Contra toda lógica y en medio de un mayoritario silencio de la comunidad internacional, Trump y Rubio han creado un peligroso y arbitrario antecedente: declaran que la comercialización de narcóticos en su territorio por bandas transnacionales implica una acción de guerra contra EE. UU., por lo que promulgan una Resolución de Poderes de Guerra por conflicto armado no internacional contra carteles de la droga. El ya pintoresco diagnóstico no es utilizado para arreciar la política prohibicionista y la persecución judicial dentro de EE. UU., como podría deducirse, sino que es el que justifica el envío de 10 mil marines a aguas internacionales en un ejercicio de fuerza desproporcionado contra lanchas civiles de las que ni siquiera se han podido identificar sus tripulantes, bandera o cargas.
1 Esquivel, Jesús. Los narcos gringos. Grijalbo. 2016
2 Solo a manera de ejemplo de un interminable recuento, valga mencionar: el caso Irán-Contras en pleno gobierno Reagan, las actividades de narcotráfico permitidas a agentes de la CIA, como Manuel Antonio Noriega y Vladimiro Montesinos, el mecenazgo de la DEA al grupo de narcotraficantes “Los PEPES” en Colombia, germen de las futuras AUC; la coordinación entre el grupo narcoparamilitar de Los Rastrojos y la oposición venezolana para la extracción de Juan Guaidó; el papel del confeso narcotraficante Cliver Alcalá en la denominada Operación Gedeón de invasión mercenaria sobre Venezuela; la impostura presidencial y posterior extradición de Juan Orlando Hernández en Honduras; o el reciente apadrinamiento del Secretario de Estado Marco Rubio al gobierno ecuatoriano de Daniel Noboa, inmiscuido directamente en incidentes como el del “Narco-banano” en medio del ascenso del narcotráfico.
3 https://www.lasillavacia.com/podcasts/huevos-revueltos-con-politica/ataques-a-lanchas-y-ambiguedad-la-estrategia-gringa-en-el-caribe/
