Hugo Moldiz Mercado
Escritor e investigador boliviano
El bloqueo de caminos y la huelga general indefinida de campesinos y obreros está por concluir, como se esperaba: en una derrota. No se alcanzó la meta de la renuncia del presidente Rodrigo Paz Pereira; no era posible. El gobierno tampoco saldrá bien parado, lo cual constituye otra derrota, porque una suma de hechos le ha quitado credibilidad tanto entre quienes votaron por su candidatura, de raíz indígena-popular, como entre quienes lo respaldaron ‒pequeña burguesía y fracciones hegemónicas de la burguesía‒ apenas juramentó como jefe de Estado.
En términos políticos podríamos decir que, tras dos conflictos de gran escala en Bolivia, en enero y desde mayo, el gobierno y el campo nacional-popular terminan en una suerte de frágil equilibrio inestable de fuerzas, que no concluyó, a la vez, en una de las derivaciones del empate catastrófico advertidas por Gramsci: el choque de dos bloques que se anulan mutuamente y en el que sale ganando un tercero. Esta es una semana decisiva tanto para los sectores movilizados como para el Gobierno. Entre los primeros se encuentran Evo Morales y su sector, que no habían participado activamente al inicio de las movilizaciones y que hoy afirman que no abandonarán su objetivo de lograr la renuncia del presidente. La tendencia apunta hacia otro desenlace, pero no conviene subestimar al líder cocalero, más aún cuando están en juego sus propios intereses.
En términos estratégicos, nadie saldrá ganando de un conflicto social que lleva más de 44 días hasta la publicación de este artículo1. El heterogéneo bloque del campo popular no logró consumar el objetivo maximalista de que Paz Pereira renuncie a la presidencia, y su anunciado “repliegue”, un término con el cual se busca maquillar la situación, sin haber logrado las reivindicaciones que en un inicio justificaron las protestas, va a provocar un gran torbellino en las organizaciones sociales y sus dirigentes, así como en el estado de ánimo. De hecho, nunca hubo condiciones para derrocar al gobierno, particularmente por dos razones: la mayor parte de la población, principalmente urbana, no iba a sumarse a la idea de elecciones generales o presidenciales anticipadas, y la relación de fuerzas militares no era favorable para los movilizados.
El gobierno sufrió varios golpes, pero no lo suficientemente fuertes como para renunciar o adelantar las elecciones generales. El temor a otro momento de inestabilidad o al regreso del fantasma del MAS fueron sus grandes aliados. La táctica empleada durante el conflicto, más próxima en su desarrollo a la de un gobierno bonapartista2 de derecha, ha sido apostar al cansancio de los sectores movilizados y al repliegue de algunos de ellos, como ocurrió con los transportistas y los cooperativistas mineros, dos sectores tradicionalmente conservadores y “oficialistas por convicción”. También ha apostado por establecer acuerdos parciales con sectores menos radicalizados y alianzas con autoridades subnacionales, principalmente de derecha.
En el número 124 de la Revista Izquierda, del 18 de octubre de 2025, un artículo titulado Balance preliminar: la derrota de la izquierda y la amenaza fascistoide en Bolivia advertía que el gobierno que iba a surgir de la segunda vuelta ‒fuera Rodrigo Paz o Tuto Quiroga, ambos de derecha‒ enfrentaría la continuación de la crisis política e ideológica que data de antes de las elecciones generales de octubre de 2019, cuando un golpe de Estado forzó la renuncia de Evo Morales, y que no fue resuelta durante los cinco años del gobierno popular de Luis Arce. Es obvio que el gobierno de facto de Jeanine Añez empeoró la crisis.
En esa misma publicación se planteaban algunas hipótesis a manera de grandes preguntas: ¿el gobierno que entre será la prolongación de la transición, como manifestación de esa crisis general, o el que inicie una nueva etapa en la historia de Bolivia? ¿Y la izquierda está enfrentando una derrota táctica (solo electoral) o más bien una derrota estratégica? Ambas preguntas no han sido respondidas del todo por el único laboratorio capaz de hacerlo: la realidad.
Existen, sin embargo, algunos elementos que conducen a ciertas conclusiones, también preliminares. Si la tendencia se mantiene, el gobierno de Paz Pereira será de transición, no tanto por no cumplir su mandato, sino por no tener la fuerza ni la capacidad suficientes para construir un proyecto distinto al que Bolivia ha conocido durante el llamado Proceso de Cambio. Es decir, cuando se habla de prolongación de la crisis se hace referencia, más que a la interrupción del período constitucional de un gobierno, a la no resolución de la crisis estructural.
En términos estratégicos, nadie saldrá ganando de un conflicto social que lleva más de 44 días hasta la publicación de este artículo. El heterogéneo bloque del campo popular no logró consumar el objetivo maximalista de que Paz Pereira renuncie a la presidencia, y su anunciado “repliegue”, un término con el cual se busca maquillar la situación, sin haber logrado las reivindicaciones que en un inicio justificaron las protestas, va a provocar un gran torbellino en las organizaciones sociales y sus dirigentes, así como en el estado de ánimo. De hecho, nunca hubo condiciones para derrocar al gobierno, particularmente por dos razones: la mayor parte de la población, principalmente urbana, no iba a sumarse a la idea de elecciones generales o presidenciales anticipadas, y la relación de fuerzas militares no era favorable para los movilizados.
Desde el punto de vista de lo nacional-popular, el panorama es mucho más sombrío para la izquierda y para el progresismo, que son dos categorías y prácticas distintas, aunque a veces convergentes. Los acontecimientos nacionales e internacionales abren la hipótesis, ciertamente dura, de que ha sido el progresismo, conservador al menos durante los últimos diez años, el que ha conducido el Estado Plurinacional. Ello conduce a otra conclusión desprendida de la primera: la izquierda no solo no tuvo la capacidad de incidir predominantemente en la orientación de lo que se bautizó como Revolución Democrática y Cultural, sino que fue renunciando a su horizonte estratégico.
Veamos por partes.
Los dilemas y problemas de Paz
Si bien Paz Pereira no se ha visto forzado a renunciar, eso no quiere decir que tenga el camino expedito. Es poco probable que los problemas derivados de la acumulación de causas estructurales y coyunturales no desemboquen en nuevos conflictos con sectores sociales y empresariales en lo que resta del año. Tampoco puede descartarse que enfrente una protesta, quizá más profunda, como la que está por sortear.
La situación económica es bastante compleja. La principal fuente de generación de ingresos para el Estado sigue estancada. No se tiene información cierta de cuánto se ha avanzado en el proyecto petrolero en el norte de La Paz, donde se descubrió el campo Mayaya Centro X1 en 2024. Lo cierto es que los volúmenes de exportación de gas no registran mayor crecimiento debido a la ausencia de exploración de nuevos campos durante el gobierno de Evo Morales, cuyas consecuencias económicas ya tuvo que afrontar la administración de Luis Arce.
Los préstamos a los que accedió el gobierno, que en pocos meses superan en volumen a lo registrado durante dos décadas de Proceso de Cambio, y el levantamiento de la subvención a los hidrocarburos, que ha más que duplicado los precios de la gasolina y el diésel, no han logrado impactar positivamente en la economía real como se esperaba. La cotización oficial del tipo de cambio se mantiene, pero, en los hechos, el mercado paralelo es el único que funciona y, si no sube a niveles como los registrados en los últimos meses de la gestión de Arce, se debe a los recursos derivados de los créditos, a otro monto no significativo proveniente de los fondos que los agroindustriales sacaron del país, a la expectativa generada por el cambio de gobierno y al estancamiento de la demanda. ¿Hay otro camino distinto al de los créditos en el corto plazo? Definitivamente no. Sin embargo, la reposición del impuesto a las grandes fortunas, que fue anulado apenas comenzó esta gestión, y la obligación de que los exportadores canalicen sus dólares a través del Banco Central de Bolivia (BCB), como ya sucedió durante el gobierno neoliberal de Víctor Paz Estenssoro (1985-1989), son dos medidas aconsejables que el gobierno de Paz Pereira tiene a mano, pero que difícilmente aplicará.
Existen, sin embargo, algunos elementos que conducen a ciertas conclusiones, también preliminares. Si la tendencia se mantiene, el gobierno de Paz Pereira será de transición, no tanto por no cumplir su mandato, sino por no tener la fuerza ni la capacidad suficientes para construir un proyecto distinto al que Bolivia ha conocido durante el llamado Proceso de Cambio. Es decir, cuando se habla de prolongación de la crisis se hace referencia, más que a la interrupción del período constitucional de un gobierno, a la no resolución de la crisis estructural.
Pero el principal problema para el gobierno es político. De una parte, la fuente primaria de su legitimidad es el 32 % de los votos obtenidos en agosto y no el 54,96 % con el que salió victorioso en la segunda vuelta. Este segundo resultado electoral, como sucede en cualquier proceso en el cual no se elige al presidente en primera vuelta, otorga legalidad constitucional, pero no aumenta mecánicamente la legitimidad. Por lo demás, en la medida en que no es la expresión orgánica de los bloques sociales en disputa (lucha de clases), su grado de respaldo no puede ser detectado claramente.
Los dos mayores conflictos que ha enfrentado en seis meses ‒uno en enero y otro desde el 1 de mayo‒ marcan una ruptura con los sectores sociales que le dieron un amplio respaldo en la primera vuelta en las veinte provincias de La Paz y la ciudad de El Alto, así como con aquellos que contribuyeron a consolidar su triunfo electoral en la segunda vuelta (el voto del evismo). En el primer bloque incidieron el distanciamiento con el MAS de un grueso de la población campesina y urbana de El Alto y la propuesta del “capitalismo para todos” de Paz Pereira, particularmente atractiva en la ciudad alteña. En el segundo influyeron la “teoría del mal menor” y la caracterización del otro candidato, Jorge Tuto Quiroga, quien no solo triunfó en el departamento de Santa Cruz, bastión de las fracciones hegemónicas de la burguesía boliviana y de los partidos de derecha, sino que además mantiene una posición firme en amplias capas urbanas.
Paz Pereira cambió rápidamente de base social de apoyo apenas juró como presidente, y eso tiene factura. Es poco probable que el gobierno pueda reconciliarse con los sectores que le dieron la mayor parte de su votación. Los primeros sienten que no cumplió los compromisos de campaña; los segundos, tras haber contribuido a derrotar a Tuto Quiroga, consideran urgente retomar una estrategia política en torno al expresidente y líder de los cocaleros del Chapare. Empero, las mayores trabas para que el gobierno recupere la credibilidad perdida entre los sectores sociales populares que le dieron su apoyo electoral son su prematura y rápida alianza con las fracciones hegemónicas de la burguesía boliviana y el error de criminalizar al sujeto histórico, diverso y plural, que hizo posible el nacimiento y desarrollo del Proceso de Cambio. Descalificar los veinte años de gobiernos del MAS equivale, en los hechos, a despreciar el papel del bloque social, particularmente indígena-campesino, que participó en la conducción del Estado durante cerca de dos décadas. Grave error de sus estrategas políticos.
Un segundo grupo de problemas se encuentra en el campo de la representación política. Paz Pereira llegó al gobierno sin partido propio y, como hemos señalado, sin base social propia. El Partido Demócrata Cristiano (PDC) le prestó su sigla, mientras que Unidad Nacional (UN), de Samuel Doria Medina, y NFR, de Manfred Reyes Villa, son aliados circunstanciales que no van a renunciar a sus propias estrategias político-electorales. UN se sumó para la segunda vuelta y NFR después de producido el cambio de gobierno. Por tanto, no cuenta con una estructura política propia y autónoma con la cual discutir los temas de la coyuntura, ni mucho menos con la que operar en la realidad concreta.
Esta realidad, ubicada en el campo de la superestructura y de la que pudo sacar provecho gracias a su aparente condición de gobierno bonapartista de derecha (aunque no se reconoce como tal), lo ha empujado a depender en extremo del uso del aparato estatal ‒burocracia, policías, militares y judicatura‒, lo que constituye una debilidad manifiesta que no pasa desapercibida. Más aún si se considera un dato central de la historia boliviana, que no es positivo ni negativo en sí mismo: la sociedad civil es mucho más fuerte que el Estado, como sostenía el intelectual René Zavaleta.
Tercero, como consecuencia de lo anterior, su incidencia en la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) no se produce por la vía de una fuerza parlamentaria propia, por lo que está obligado a pactar permanentemente con los partidos de la derecha. Además, su ruptura con el vicepresidente Edman Lara, presidente nato de la ALP, incrementa sus debilidades y riesgos. Esta realidad lo ha empujado desde el principio a encontrar en los decretos supremos la forma jurídico-institucional de gobernar o de impulsar alianzas y acuerdos temporales en función de cada coyuntura política.
Ese es el origen del Decreto Supremo 5503, que pretendía ser una reedición del Decreto Supremo 21060, con el cual el gobierno de Víctor Paz Estenssoro inauguró dos décadas de neoliberalismo. La resistencia de los sectores populares inviabilizó la medida gubernamental y el proyecto de reorganización estructural de la economía por la vía rápida de la privatización y transnacionalización de los recursos naturales y de las empresas públicas (fast track) permanece paralizado, a la espera de que la ALP apruebe leyes económicas en esa dirección.
La última vez que se vio obligado a buscar acuerdos fue para abrogar la llamada “Ley Copa”3, que regulaba la declaración de un estado de excepción, y para aprobar otra ley con el mismo objetivo. Esta última ha sido cuestionada incluso por diputados de la propia coalición oficialista, al establecer en su artículo 26 el criterio de que se presume la legalidad del accionar de policías y militares mientras dure el estado de excepción. No pocos juristas, que nada tienen de izquierda o progresismo, han señalado que esa ley otorga impunidad a las fuerzas de seguridad y constituye una invitación a la violación de los derechos humanos establecidos en la CPE.
En descargo del gobierno hay que señalar que, hasta este momento, no ha tomado la decisión de declarar el estado de excepción que le reclaman dirigentes cívicos y analistas de extrema derecha. Sin embargo, cometió la torpeza de llamar a los “ciudadanos” a colaborar con las fuerzas del orden para despejar las vías bloqueadas. Ello impulsó al grupo Unión Juvenil Cruceñista (UJC) a desplegar acciones violentas en la zona de San Julián, que conduce a la región del Chapare. Que no se haya decretado un estado de excepción no significa que el Estado no esté haciendo uso de la fuerza pública, con los excesos que habitualmente se denuncian en este tipo de situaciones.
Cuarto, está la conformación de un bloque de poder con la totalidad o una parte de los empresarios. Tal como sostienen varios actores políticos, aunque desde perspectivas distintas, el gobierno ha privilegiado las alianzas con las fracciones hegemónicas de la burguesía del departamento de Santa Cruz y con las élites políticas de esa región y del departamento de Tarija, de donde es oriundo el jefe de Estado. De esta manera, su mayor proximidad y trabajo se da con la Cainco y la CAO de la región oriental, y no con la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB).
Quinto, se encuentra la extrema dependencia de la política exterior de los Estados Unidos. De hecho, los principales respaldos al gobierno durante los dos conflictos mayores ‒enero y desde el 1 de mayo en adelante‒ han procedido del Departamento de Estado y del Departamento de Guerra de la administración Trump, así como de los países que forman parte del Escudo de las Américas4. Resultan particularmente llamativas las declaraciones del secretario de Guerra, Pete Hegseth, quien sostuvo el 4 de junio pasado que Estados Unidos “está atento” al desarrollo de la crisis boliviana.
Este dato de la realidad, que expresa una “ideologización” de las relaciones internacionales que la derecha criticó en los gobiernos del MAS, se ha traducido en el restablecimiento de las relaciones con Israel, que el gobierno de Luis Arce había roto en rechazo al genocidio del pueblo palestino, y en una fluida relación con el gobierno de Trump, aunque sin alcanzar el nivel de apoyo económico esperado. Hay que reconocer, sin embargo, que no ha roto, aunque sí enfriado, sus relaciones con Estados actualmente dirigidos por gobiernos progresistas, salvo con Colombia, tras una lectura errónea de un pronunciamiento de Gustavo Petro. Mantiene, además, relaciones con Rusia, Irán, China y la República de Cuba.
Más aún, esta raquítica política exterior se expresa, por ejemplo, en la ausencia de designación de embajadores o, al menos, de encargados de negocios en todos los países con los que Bolivia mantiene relaciones bilaterales, incluidos los Estados Unidos, así como en la falta de impulso a relevos en los organismos multilaterales. Ello no es percibido como una buena señal en el mundo de la diplomacia, particularmente sensible a este tipo de actitudes.
Finalmente, el gobierno muestra una actitud raquítica frente a algunos casos de corrupción que requieren esclarecimiento y el procesamiento de los responsables: la compra de la “gasolina basura”, el caso de las 32 “narcomaletas”, la desaparición del contenido de las cajas fuertes del narcotraficante Marset y la incautación de 108 toneladas de droga ocultas en cargamentos de madera, valoradas en 8.000 millones de dólares, entre enero y abril de este año. Sus asesores omiten que todos son fusibles, excepto el presidente.
Los dilemas y problemas del campo popular
Los problemas y dilemas en el campo popular no son menores. Lo que ha puesto de manifiesto el carácter de la protesta social, a diferencia de lo que sostienen el gobierno y los aparatos ideológicos del Estado, como los medios de comunicación hegemónicos y las redes sociales, es la marcada ausencia de la izquierda, incluso de las fuerzas progresistas, así como una falta de orientación estratégica.
El primer conflicto, que arrancó el 22 de diciembre de 2025 ‒a pesar de las fiestas de fin de año‒ con marchas y luego con huelga general indefinida y bloqueo de caminos desde el 1 de enero de este año, concluyó con el compromiso gubernamental de abrogar el decreto supremo 5503 que, además de levantar la subvención a los combustibles, apuntaba en realidad a un reordenamiento de la economía desde una perspectiva neoliberal.
El dato más importante de esa movilización es el resurgimiento de la histórica Central Obrera Boliviana (COB), que desde 1985 en adelante se vio debilitada y reducida a una presencia simbólica. Por un lado, por la pérdida de centralidad del proletariado (minero y fabril), que el modelo neoliberal ocasionó al echar a la calle a miles de trabajadores, particularmente del sector estatal, como paso previo a la transnacionalización. Por otro lado, debido a la centralidad campesina e indígena que, en su insurgencia a fines del siglo XX, dio lugar al Proceso de Cambio y a los gobiernos del MAS, desplazando a la COB y a la FSTMB a una presencia testimonial.
El segundo conflicto arrancó el 1 de mayo en un cabildo realizado en la ciudad de El Alto, donde se decidió la huelga general indefinida, que solo ganó fuerza con el bloqueo de caminos a partir del 6 del mismo mes, en lo que hasta ahora constituye la protesta social más larga que enfrenta Bolivia en toda su historia. Empezó con un pliego de 16 puntos, entre los que destacaban demandas sectoriales, el pedido de incremento salarial como compensación por la elevación del costo de vida producida por el aumento de los precios del combustible y la abrogación de la Ley 1720, que contemplaba la mercantilización de la tierra. En la segunda semana de mayo se logró la abrogación de la ley impulsada por los agroindustriales, pero el conflicto mutó hacia otro de carácter político.
Atrás quedó la heterogénea demanda reivindicativa, y una alianza entre la COB y la Federación Campesina Tupac Katari de La Paz puso en el centro de la disputa política la renuncia del presidente Rodrigo Paz. Una poderosa marcha en torno a ambas organizaciones se produjo el lunes 18 de mayo, a la que se sumó un grupo de marchistas alineados con Evo Morales, procedentes principal ‒aunque no únicamente‒ del trópico de Cochabamba. La movilización apuntó a la toma de la Plaza Murillo, donde se encuentran la Casa Grande y el Palacio Quemado, sede del Órgano Ejecutivo, así como el Palacio Legislativo, donde trabajan diputados y senadores.
Hay que apuntar que, a pesar de la convergencia de protestas, huelgas indefinidas y bloqueos de caminos, dos factores objetivos anticipaban la gran dificultad de alcanzar el objetivo de destituir al presidente: la ausencia de un mando o dirección única de los movilizados, cuyas agendas eran distintas, y la imposibilidad de que un cerco a La Paz ganara a su favor a la mayor parte de la población urbana, sin la cual cualquier estrategia está destinada al fracaso.
Los sectores sociales de la protesta eran los campesinos de La Paz, los más radicales; los campesinos del Chapare (evistas), que se sumaron dos semanas después con una marcha y posteriormente a los bloqueos de caminos; los maestros urbanos y rurales, por cuerda separada; el proletariado minero y los fabriles; y, finalmente, los cooperativistas mineros y los transportistas, cuyo principal reclamo era la falta de gasolina y la demora en la indemnización a los propietarios de los vehículos dañados por el combustible basura, al que las autoridades del sector hidrocarburífero estatal llamaron “gasolina dispensada”.
La orientación ideológica predominante entre quienes protestaban estaba lejos de poder considerarse de izquierda y, peor aún, de estar influida por cualquiera de las fracciones del Movimiento Al Socialismo. De hecho, tanto los campesinos de La Paz como los dirigentes de la COB advertían, incluso mediante comunicados, que no iban a permitir que exautoridades y expresidentes utilizaran la movilización contra el gobierno para fines particulares. No se trataba de ninguna argucia política para desviar la atención del gobierno actual, sino de la constatación de una derrota política coronada en las elecciones generales pasadas, cuando Evo Morales llamó al voto nulo en la primera vuelta para “castigar la traición y a los corruptos”, en clara alusión a Luis Arce y Andrónico Rodríguez, y en la segunda vuelta impulsó el voto por el actual presidente Paz Pereira bajo la tesis del “mal menor”. Basta ver lo que posteó en su cuenta X el domingo 20 de octubre y un día después del triunfo del actual jefe de Estado para darse cuenta de su posición.
Salvo pequeñas fracciones trotskistas con incidencia en los maestros urbanos y algunos dirigentes de la COB, lo que se observaba era la presencia activa de un indianismo, también heterogéneo, cuyo eje articulador es lo identitario. No sorprendería que en las próximas elecciones prendiera la consigna: “los karas (blancos) nunca más”. La izquierda, sobre todo la marxista, es testimonial.
Desde el punto de vista de lo nacional-popular, el panorama es mucho más sombrío para la izquierda y para el progresismo, que son dos categorías y prácticas distintas, aunque a veces convergentes. Los acontecimientos nacionales e internacionales abren la hipótesis, ciertamente dura, de que ha sido el progresismo, conservador al menos durante los últimos diez años, el que ha conducido el Estado Plurinacional. Ello conduce a otra conclusión desprendida de la primera: la izquierda no solo no tuvo la capacidad de incidir predominantemente en la orientación de lo que se bautizó como Revolución Democrática y Cultural, sino que fue renunciando a su horizonte estratégico.
Un par de párrafos especiales merecen el papel de Evo y el uso que el gobierno hace de ello. El expresidente tiene un liderazgo fuerte en el Chapare, no hay duda, pero su límite visible es el voto nulo que obtuvo en agosto de 2025 (16 de 19 %), y su capacidad de irradiar su presencia al resto del país tropieza con grandes dificultades para alcanzar los niveles registrados en sus mejores momentos. Las causas van desde su rechazo en las zonas urbanas por su obsesión de ser candidato, a pesar de los resultados del referéndum del 21 de febrero de 2016, hasta el duro cuestionamiento en el movimiento campesino indígena, particularmente aimara, por no respetar el principio de renovación.
El gobierno conoce ese dato, a pesar de que su discurso y accionar revelan un desconocimiento del comportamiento de las organizaciones y movimientos sociales. Sin embargo, se percibe cierto asesoramiento efectivo cuando responsabiliza de todo lo que ocurre a Evo Morales, con el supuesto real de que el expresidente cuenta con un rechazo superior al 60 % en la población urbana, particularmente en el eje La Paz-Santa Cruz-Cochabamba-El Alto, según el promedio de varias encuestas.
A manera de cierre
El gobierno de Paz Pereira y el movimiento social subalterno organizado encaran la segunda parte de este 2026 en un contexto de equilibrio inestable de fuerzas. Ambos bloques tienen más debilidades que fortalezas.
El gobierno tiene el desafío de recuperar credibilidad y de ofrecer la certeza de que cuenta con un proyecto para iniciar un nuevo período estatal y social en Bolivia, lo que implica un nuevo modelo económico. Para lograrlo, hablar mal del modelo del MAS durante veinte años no solo no le otorga crédito, sino que le resta expectativas. Todos saben que la economía del país creció y la gente vivió mejor. La gente espera resultados, no críticas.
El campo nacional-popular tiene el enorme desafío de impulsar una crítica y una autocrítica serenas, maduras y profundas; de reapropiarse de la democracia como autodeterminación, requisito fundamental para obtener una amplia ventaja electoral; y, finalmente, de volver a tejer acuerdos y alianzas a partir del respeto a la diversidad.
La izquierda, sobre todo la marxista, debe emprender un camino que no será corto para rectificar los errores cometidos, resignificar horizontes y no perder la cabeza ni los sueños cuando participa del gobierno.
1 Al momento del cierre de esta edición, la COB llamó a un ampliado nacional para decidir si continuaba o no con la huelga general y el bloqueo de caminos. El pronunciamiento de varias centrales departamentales anticipaba que no se iba a continuar con la medida. Los campesinos del Chapare si decidieron seguir, pero nada muestra que el resultado será el derrocamiento de Paz Pereira.
2 Bolivia ha conocido dos gobiernos militares de derecha: Alfredo Ovando en 1969-70 y Juan José Torres 1970-71. El primero de rasgos bonapartistas, pero a la derecha; el segundo, de igual carácter, pero más a la izquierda. El corto gobierno de Carlos Mesa (2003-2005) también podría ser catalogado como bonapartista.
3 A pesar de la dura represión en el gobierno de facto de Añez, el MAS, con mayoría en la ALP, aprobó una ley de excepción que regulaba la participación de los militares y policías para evitar excesos.
4 El 7 de marzo pasado, a iniciativa de Trump, se conformó esta alianza con la participación de Argentina, Bolivia, Chile, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Honduras, Panamá, Paraguay y Trinidad y Tobago.
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