Víctor Manuel Moncayo C.
Exrector y profesor emérito
Universidad Nacional de Colombia
Amigos y amigas:
Me alegra y me complace estar con Ustedes en esta mañana, con motivo del excesivo y generoso reconocimiento que han querido discernirme. Pero, sobre todo celebro que nuestra comunicación sea personal y presencial, pues así sea momentáneamente interrumpimos esas formas digitales de relacionamiento que hoy han agigantado nuestra individualidad, que nos vuelca sobre los signos de un teclado, haciéndonos perder esa potencialidad de nuestra vida comunitaria como especie.
Hoy quisiera precisamente señalar que no entiendo este reconocimiento como una exaltación absurda de mi personalidad, pues al fin y al cabo lo que todos nosotros hacemos y hemos hecho, no es una obra individual sino el producto del acumulado de circunstancias y relaciones del cual somos apenas una expresión. Si no fuera así, seguramente sería el momento para rememorar nuestro recorrido de la casa grande, que casi siempre evocamos en silencio o apenas con quienes nos son más íntimos, de esa primera patria que nos permitió disfrutar aún de las mieles de la formación doméstica y en las cuales hallamos los hilos iniciales de nuestro curso, de esas provincias que abandonamos para pasar a esta otra patria, la Universidad Nacional de Colombia, que hemos querido y queremos pasionalmente, tanto como a las personas más cercanas a nuestra existencia; esa patria universitaria de la cual hemos sido beneficiarios privilegiados y a la cual, entonces como ahora, no todos pueden acceder por la maldita inequidad de siempre.
Esa vida así vivida que, sin embargo, nos ha permitido encontrar el verdadero significado de la sociedad colombiana, que no reside en el himno que hemos entonado ni en la bandera, ni en el escudo, ni mucho menos en sus pretendidos próceres o líderes, sino en el colectivo real que ella agrupa con toda su diversidad, y que en forma tozuda pensamos que puede tener historia, otra historia.
Pero, no puedo detenerme en esos encantadores desvaríos. Tengo que reencontrarme con esta nuestra Universidad, que no es sólo la institución por excelencia del conocimiento, sino uno de los espacios, entre otros muchos, para analizar, discutir y, porque no, rechazar el contenido material de las relaciones vigentes.
Nada mejor para hacerlo que evocar a López Pumarejo. En su discurso para recibir el doctorado honoris causa, que le otorgó la Universidad el 4 de mayo de 1959, en presencia del presidente Lleras Camargo, en el Aula Máxima de la Facultad de Derecho, a pocos meses de su fallecimiento en noviembre del mismo año, dijo entonces que ese título se le debía “a la preocupación que caracterizó mi actividad ciudadana, de dar a las nuevas generaciones la educación y la preparación que a mí me hicieron falta. La fundación de la Ciudad Universitaria (esa tierra prometida como la llamaban los estudiantes en Santa Claras2 ) no viene a ser así, y en último término, sino el deseo de un colombiano que no tuvo Universidad, de que todos los colombianos que se sientan inclinados al estudio encuentren siempre un Estado que les brinde la oportunidad de hacer una carrera”. Pero, también precisó que en “el alegre atardecer de mi vida pública, nada de lo que se hizo bajo mi nombre o bajo mi dirección puede atribuirse con justicia exclusivamente a mis méritos o capacidades, ni siquiera en parte primordial. Como las reformas que se promovieron, no estaban destinadas a ser creaciones eternas, obras imperecederas… sino que constituían ambiciones aplazadas del pueblo colombiano…”.
El capitalismo contemporáneo ha llevado a desdibujar casi por completo la noción de lo público por oposición a lo privado, haciendo añicos esa distinción y evidenciando que lo público nada tiene que ver con el interés general. En ese proceso se observa, por lo tanto, no solo un traslado amplio y progresivo de sectores abandonados por el Estado al ámbito de la empresa privada, sino una redefinición de las instituciones públicas para acercarlas al carácter y a la lógica empresariales, hasta el punto de que, en la práctica, en nada se distingan de aquellas, salvo por la formalidad jurídica de su origen y naturaleza. Ese es el verdadero sentido de la privatización: no se trata sólo de que agentes privados asuman la producción de determinados bienes y servicios, sino también de que las entidades públicas continúen atendiendo algunas de esas producciones, pero bajo reglas de operación análogas a las privadas.
Expresiones que bien podríamos parafrasear con motivo de las circunstancias que atravesamos, y que quizás podrían ser aplicables a lo poco o mucho que hicimos o que hemos hecho muchos de nosotros, en desarrollo de nuestra labor académica o de gestión de la Universidad.
López entendía lo que debía ser la transformación universitaria:
(…) era indispensable una apertura cualitativa y pertinente del espectro curricular. No más fábrica de doctores de cuatro carreras, y adecuación a las urgencias de habitar y dominar nuestro propio país. No más aislamiento feudal de las Facultades dispersas, separadas y cuasi-independientes, sino enlace fecundo de sus saberes, a través de departamentos de linaje científico…La ciudad universitaria debía asegurar “una tarea de dominio del país, de hegemonía sobre nuestro territorio, de conformación del pueblo y sus circunstancias a la civilización que nos llega todos los días de ultramar”3 .
Hoy el mundo y la sociedad en que vivimos es otro. Hoy sabemos que la Universidad y el sistema educativo en general no es un mundo neutral y separado del orden capitalista, pues siempre ha formado parte de él, cumpliendo funciones necesarias para su reproducción en campos tales como la calificación de la fuerza laboral, la formación de las élites, la transmisión y el reforzamiento de valores políticos y culturales inherentes a la dominación en muchos ordenes, y la recepción, comunicación y producción de la ciencia, la técnica y las artes. Sirviendo, como en el caso latinoamericano y colombiano, a la conformación y consolidación de la Nación, como dimensión política y construcción social consubstancial a la existencia del sistema de dominación capitalista, misión ya abandonada por las transformaciones del mundo global y por haber sido de alguna manera alcanzada la construcción nacional.
Pero, no es menos verdad, como nos lo vienen revelando las políticas que en materia de educación superior y en otros campos se vienen promoviendo y ejecutando en los últimos tiempos, que se ha desdibujado la distinción entre lo público y lo privado para hacer más clara la mercantilización y, sobre todo, para que el sistema capitalista pueda apropiarse, sin nada a cambio, de los bienes comunes que están representados en las experiencias y resultados científico-técnicos y en los medios materiales de que disponen para el efecto las instituciones de educación superior, así como en las capacidades y competencias de profesores y estudiantes que integran las comunidades académicas.
Se trata, en efecto, de espacios complejos, históricamente construidos, que en realidad no pertenecen al Estado ni a los agentes privados, aunque la formalidad jurídica diga otra cosa; que son un resultado colectivo y acumulado de todas nuestras acciones, verdaderos bienes comunes, obras del común, que solo artificialmente se pueden concebir como de propiedad pública o privada.
Por ello, estos espacios no son solo académicos, sino escenarios para la expresión crítica y, como tales, son de igual manera producto de la construcción común a lo largo del tiempo, que es preciso defender para que no sean desconocidos ni alterados por la visión empresarial que quiere imponerse. Pero no solo la Universidad ‒como espacio para la crítica‒ es un bien común, sino que también por aquí circula un bien esencial del común: el conocimiento.
El capitalismo contemporáneo ha llevado a desdibujar casi por completo la noción de lo público por oposición a lo privado, haciendo añicos esa distinción y evidenciando que lo público nada tiene que ver con el interés general. En ese proceso se observa, por lo tanto, no solo un traslado amplio y progresivo de sectores abandonados por el Estado al ámbito de la empresa privada, sino una redefinición de las instituciones públicas para acercarlas al carácter y a la lógica empresariales, hasta el punto de que, en la práctica, en nada se distingan de aquellas, salvo por la formalidad jurídica de su origen y naturaleza. Ese es el verdadero sentido de la privatización: no se trata sólo de que agentes privados asuman la producción de determinados bienes y servicios, sino también de que las entidades públicas continúen atendiendo algunas de esas producciones, pero bajo reglas de operación análogas a las privadas.
Los resultados de la función humana del pensar y el saber no sólo no son producidos como bienes mercantiles, sino que no son el producto de algunas mentes dotadas o iluminadas: son productos sociales de la humanidad acumulados en su trasegar histórico, verdaderos bienes comunes, que a nadie pertenecen ni pueden pertenecer en términos de propiedad, pero que el capitalismo nos los trata y nos los presenta como cualquier otro bien para atribuirles características mercantiles, para erigirlos en valores de cambio, para hacer posible que sean monopolizados en orden a su utilización o disposición, de la misma manera como procede con otros bienes comunes, como son los recursos de la naturaleza y las mismas propiedades de la vida en sus distintas manifestaciones.
En el caso de la educación, esa dinámica tiene una particularidad, pues la privatización así entendida exige la conversión de un bien muy específico, como es el conocimiento, que se transmite y se produce bajo diferentes formas y en niveles distintos, en una verdadera mercancía ficticia. En efecto, los resultados de la función humana del pensar y el saber no sólo no son producidos como bienes mercantiles, sino que no son el producto de algunas mentes dotadas o iluminadas: son productos sociales de la humanidad acumulados en su trasegar histórico, verdaderos bienes comunes, que a nadie pertenecen ni pueden pertenecer en términos de propiedad, pero que el capitalismo nos los trata y nos los presenta como cualquier otro bien para atribuirles características mercantiles, para erigirlos en valores de cambio, para hacer posible que sean monopolizados en orden a su utilización o disposición, de la misma manera como procede con otros bienes comunes, como son los recursos de la naturaleza y las mismas propiedades de la vida en sus distintas manifestaciones.
Ese rasgo es tanto más importante cuanto que el conocimiento, como resultado de las transformaciones contemporáneas del capitalismo, no es que se haya convertido en un factor de la producción o en parte del factor capital como “capital humano”, que siempre lo ha sido, sino que ahora ‒más allá del incorporado en las máquinas‒recobra importancia el que está presente en los sujetos concretos, convertidos en unidades productivas aunque no estén vinculados salarialmente, que en forma progresiva son portadores, como conjunto cooperativo y comunicativo, de una productividad derivada del conocimiento pasado y presente que está en sus cerebros y no en medios materiales exteriores e independientes.
El Estado-Nación ya no está en capacidad de ejercer el control de la relación del capital, pues las luchas obreras internas a que dio lugar el Estado-nación y las luchas antiimperialistas y anticoloniales agotaron esa forma histórica como modalidad garante del desarrollo capitalista.
Ha llegado a su fin la fase imperialista del desarrollo capitalista, entendida como proceso expansivo del poder de un Estado-nación, y, de igual manera, ha concluido el mundo del “socialismo real”, cuya soberanía hizo crisis por la reivindicación de libertad.
La subsunción real del trabajo al capital iniciada por el maquinismo ha comprometido ahora a todo el conjunto de la vida social, de tal manera que la explotación ya no remite a la teoría del valor-trabajo y a la relación salarial clásica, pues ha quedado atrás la prevalencia del trabajo material sustituido por la dominación hegemónica del trabajo inmaterial. Estamos en la “época de la producción biopolítica”.
Tenemos que dar una respuesta nueva y satisfactoria a la caducidad de las categorías con las cuales se comprendía la explotación capitalista en otro momento. El clásico concepto marxista de plusvalía ya no da cuenta de la realidad, ni apoya la acción política; hay que “reconocer que el sujeto del trabajo y la rebelión han cambiado profundamente”4 .
Es en ese contexto, donde reaparece la Multitud, desligada por completo de lo que significa en el mundo presocial hobbesiano (en el cual es igual a la plebe o al pueblo que el Estado domina); la multitud debe encontrar la forma de erigirse como sujeto político.
La multitud contemporánea no está compuesta por “ciudadanos” ni por “productores”, pues se ha roto la distinción entre lo individual y lo colectivo, entre lo público y lo privado. Los muchos de la multitud ya no necesitan la unidad de la forma del Estado-nacional por que han reencontrado su unidad en las facultades genéricas de la especie humana.
Estamos ante una multitud como un concepto de clase, ya no de la clase obrera, sino de la clase de todas las singularidades productivas, de todos los obreros del trabajo material e inmaterial. Es una potencia ontológica que encarna un dispositivo que busca representar el deseo de transformar el mundo.
Si volvemos con esos elementos, y quizás otros más que esta oportunidad no permite exponer, a la situación universitaria, las cuestiones que hoy tenemos sobre el tapete y que se han venido escenificando desde hace 20 años, podrían sintetizarse así:
1. Desde entonces era claro para las universidades que esa financiación que soportaba la autonomía académica era limitada y, por ende, insuficiente. Se trataba, por lo tanto, de adelantar la tarea misional con los mismos recursos, pues eso es lo que supone la regla de la indexación, para lo cual les fue preciso apelar a sistemas de racionalización y eficiencia internos, los cuales arrojaron resultados parciales o temporales, pero que progresivamente evidenciaban la imposibilidad de avanzar realmente en los planes y programas académicos. Las reivindicaciones de nuevos y mayores recursos encontraron siempre respuestas negativas por parte de los Gobiernos bajo el argumento de la racionalidad del manejo presupuestal, aduciendo que se incrementarían las bases que anualmente debían ser actualizadas en armonía con las tasas de inflación.
2. Y fue precisamente esa circunstancia de insuficiencia presupuestal la que inspiró numerosos intentos gubernamentales para negociar el aumento de recursos en función de la pérdida de la autonomía académica, en otras palabras, para ofrecer nuevos ingresos a cambio de aceptar que con ellos se adelantaran determinadas programas bajo ciertas orientaciones trazadas por el Gobierno y concretamente por el Ministerio de Educación. En términos generales, esas iniciativas reposaban sobre la idea de que los nuevos recursos deberían ser distribuidos entre las universidades, que competirían por ellos en términos de determinados resultados medidos por ciertos indicadores. Esas ideas alcanzaron a plasmarse en proyectos de ley que no fueron presentados al Congreso o en normas de los Planes de Desarrollo, como el del gobierno de Pastrana o el primero de Uribe, que fueron declaradas inexequibles por la Corte Constitucional.
3. Ante esa imposibilidad legal de impulsar por la vía de la financiación un viraje en la política académica, el gobierno de Uribe optó por otros instrumentos que, en definitiva, han sido eficientes. En primer lugar, logró introducir, otorgándoles mayor importancia, en el modelo de indicadores para la distribución de los recursos de que trata el artículo 87º de la ley 30 de 1992, criterios armónicos con la reorientación académica, como el que pone el acento en el valor per cápita de la formación, que desdeña la diversidad de los programas y las restantes tareas misionales de la universidad en el campo de la investigación y la extensión social, generando en las universidades la idea de que lo importante es el crecimiento cuantitativo de los cupos, sin importar las áreas académicas ni mucho menos su contenido cualitativo.
4. En segundo término, reorganizó todo el sistema alrededor de procesos de control de la oferta académica (registro calificado de programas, acreditación de los mismos, acreditación institucional, ECAES, crédito educativo, observatorio laboral, etc.), orientados a lograr cambios o reformas académicas que abandonaran la senda esencial de la formación profesional y disciplinaria fundamentada en el conocimiento, para abrir paso a la formación de manera segmentada y diferencial en destrezas y habilidades en el tratamiento de la información para una nueva división del trabajo; en síntesis, para desarrollar el esquema de formación en competencias, imitando los esquemas europeos que se iniciaron con los principios de Bologna y fueron, luego, desarrollados en los programas Tunning y Strata.
5. Todo ello ha estado acompañado por un proceso de intervención deliberada en los gobiernos internos de las universidades y en un desmonte sin reforma legal de las atribuciones del CESU y del ICFES, para asumir el propio Ministerio de Educación las tareas de control y orientación; e igualmente por prácticas selectivas de asignación presupuestal, por fuera de las reglas de los artículos 86º y 87º, para las universidades que mejor se adaptaran al nuevo paradigma, y por el redireccionamiento de los recursos del subsidio a la demanda a través del ICETEX.
6. Los resultados de esas políticas y acciones gubernamentales han dado sus frutos. Las universidades han adoptado reformas académicas que acogen el nuevo paradigma; han acogido y fortalecido los instrumentos de aseguramiento del tipo de calidad que se pretende impulsar; se ha desarrollado y ampliado la formación técnica y tecnológica en desmedro de la propiamente universitaria; la función docente ha cambiado de papel y ha favorecido la vinculación ocasional y temporal afectando las comunidades académicas estables; el estudiante está siendo acicateado para las formaciones flexibles y de corta duración con la falsa expectativa de empleabilidad; las universidades han disminuido la responsabilidad presupuestal del Estado acudiendo indiscriminadamente a la generación de recursos propios; los posgrados mercantilizados se han convertido en fuente sustitutiva del financiamiento estatal; se ha generalizado el subsidio a la demanda a través del sistema de crédito del ICETEX o de programas como “ser pilo paga”, que alimentan esencialmente a las universidades privadas adaptadas al nuevo modelo, etc.
7. Al lado de esa supuesta y engañosa financiación de la oferta universitaria, en la cual predomina el direccionamiento y la sujeción a las políticas gubernamentales contra todo criterio de autonomía académica, no podía faltar en el esquema la reafirmación de la política de subsidio a la demanda por la vía del crédito de ICETEX. El sistema SER PILO PAGA, la generación E, y programas como EL PROGRAMA DISTRITAL DE JOVENES A LA U., que con certeza alimentan el funcionamiento de las instituciones privadas en alta proporción. Es la clara materialización de la mercantilización de la educación superior, pues tales “subsidios de matrícula” asumirán la forma de crédito que pagarán las familias o los propios beneficiarios.
Palabras finales:
No hay duda de que la U ha vivido y vive hoy momentos difíciles, ante la reforma anunciada pero aún no conocida de la ley 30 de 1992. El de ahora es relativamente nuevo. No podemos caer en la desesperanza, sino pensar que el movimiento universitario no puede ser vencido. Como lo dije hace veinte años al retirarme de la Rectoría, después del desconocimiento de la consulta académica, sé que todos (profesores, estudiantes, pensionados y empleados) parafraseando a Celaya podrán repetir:
No vivimos del pasado
Ni damos cuerda al recuerdo
Somos, turbia y fresca, un agua que atropella sus comienzos
Somos el ser que se crece
Somos un río derecho
Somos el golpe temible de un corazón no resuelto
De cuanto fue nos nutrimos
Transformándonos crecemos
Y así somos quienes somos, golpe a golpe…
1 Intervención del autor con ocasión de la distinción Alfonso López Pumarejo discernida por la Asociación de docentes pensionados de la Universidad Nacional de Colombia, ASDOPUN, el 19 de septiembre de 2023.
2 Expresión que no pertenece al texto citado.
3 Consultar Alfonso López y la Universidad Nacional de Colombia (2000). Bogotá: Ed. Unibiblos.
4 Moncayo, Víctor Manuel (2021). Aprender a volar. Bogotá: Ed. Aurora Bogotá.
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