Jairo Estrada Álvarez
Director de la Revista Izquierda
Los acuerdos alcanzados recientemente en La Habana son, sin lugar a duda, una muy buena noticia para la sociedad colombiana. También para el gobierno del presidente Gustavo Petro, que puede mostrar un avance en el desarrollo de su política de paz total e integral. Igualmente para el ELN, que reafirma con hechos su voluntad de avanzar hacia una solución política, sin afectación de su visión de paz y fiel a su proyecto político.
En cuanto al acuerdo de cese al fuego debe afirmarse que todo lo que conlleve aliviar la vida cotidiana de la población, afectada directamente por la violencia y la persistencia del conflicto armado, debe valorarse como altamente positivo. En el caso del ELN es la primera vez que pacta con el Estado colombiano un cese al fuego bilateral; en esta ocasión, por seis meses y con posibilidad de prolongarse, de mantenerse las condiciones que lo hicieron posible. Para bien del proceso de paz y su recepción por el conjunto de la población es mucho mejor que las negociaciones se adelanten en un ambiente de limitación extrema o incluso de ausencia de confrontación armada directa.
La apertura del compás que brinda el cese al fuego seguramente redundará en avances en paralelo en la mesa de negociaciones, y es igualmente una oportunidad para que el gobierno –más allá del discurso– demuestre y desarrolle con acciones los contenidos progresistas y populares en que dice inspirarse. La concepción de paz que tiene el ELN está ligada íntimamente a cambios de alcance estructural y estos no se logran con los buenos recursos retóricos del Presidente.
El otro acuerdo, menos comentado en los medios, ha sido el que definió los trazos sobre el punto de participación ciudadana. En su diseño, está recogida parcialmente la concepción elena sobre la política y la acción política. La guerrilla no se entiende como agencia; parte de la naturaleza de su insurgencia es para habilitar nuevas condiciones de posibilidad para la política y estas deben surgir de un profundo e intenso diálogo nacional. Advierto en ese acuerdo el resultado de la persistencia elena en un idea formulada décadas atrás sobre la Convención Nacional; ahora, con otros alcances, pero esencialmente dentro de la misma lógica. De la contraparte gubernamental debe destacarse su disposición a considerar un concepto abierto de participación, es decir, a construir; superior a la visión tacaña del gobierno de Santos en su negociación con las FARC-EP. Más allá de las formalidades, en lo que concierne a este punto, está por verse, por una parte, cuáles son las fuerzas y sectores sociales que se comprometerán realmente con ese proceso y, por la otra, qué nuevos contenidos logran desarrollar y, sobre todo, qué rutas específicas se acuerdan para su materialización.
Por otro lado, una vez más, se evidenció el interés de la comunidad internacional en aportar a la paz de Colombia. Tal interés ha coincidido, al mismo tiempo, con visiones de las partes negociadoras consistentes en que el acompañamiento internacional contribuye a brindar confianza, se erige en garantía, e incluso, en momentos complejos, puede ayudar a la búsqueda de salidas y a la superación de obstáculos.
En ese marco, debe destacarse el rol fundamental de Cuba, que puede ser comprendido recordando una imagen que seguramente pasará a la historia: su presidente Miguel Díaz Canel, además de fungir como garante del comentado acuerdo del gobierno colombiano con la guerrilla del ELN, celebraba el apretón de manos entre el Comandante del ELN Antonio García y el primer mandatario Gustavo Petro. Una imagen similar se vio años atrás en el proceso de Juan Manuel Santos con las FARC-EP. Quien estuvo en ese momento, en actitud similar, fue el entonces presidente cubano, el comandante Raúl Castro. Esas dos imágenes reflejan la continuidad de una política del Estado y del pueblo cubano, profundamente comprometida con la paz de Colombia, con antecedentes que se extienden a la década de los ochenta del siglo pasado y que se encuentran muy bien narrados en el libro de Fidel “La paz en Colombia”, publicado en 2008.
Por ese compromiso irrestricto, humanista y solidario, Cuba ha tenido que pagar el precio de la injusticia, expresada en su inclusión en la lista espuria de países patrocinadores del terrorismo que elaboran los Estados Unidos, luego de la infame gestión del gobierno de Iván Duque, en acción mancomunada con la mafia cubano-americana y la derecha republicana trumpista. Y vaya contrasentido, que se sigue prolongando hasta el presente y debería terminar: un Garante del proceso de paz en Colombia es al mismo tiempo un presunto “patrocinador de terrorismo”.
Colombia es el único país de Nuestra América en el que persisten un conflicto armado de larga duración y la última guerrilla revolucionaria, surgida entre otras cosas, al calor de los impactos políticos y culturales que produjo el triunfo de la Revolución cubana. Aunque el proceso con el ELN aún está en sus prolegómenos, si se tiene en cuenta que los temas sustantivos para aproximar un acuerdo de paz todavía no se han abordado, todo acuerdo parcial que se logre impacta positivamente sobre la Región. El difícil camino de la construcción de la paz en Colombia se inscribe dentro de una de las aspiraciones fundacionales de la CELAC, hoy plenamente vigente: hacer de la América Latina un territorio de paz.
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