John Freddy Gómez
GT Crisis y Economía Mundial
Docente e investigador universitario
Universidad Nacional de Colombia
Coordinador de la Plataforma de la
Auditoria Ciudadana de la Deuda en Colombia
Camila Andrea Galindo
GT Crisis y Economía Mundial
Abogada defensora de DDHH
Magíster en Derecho Administrativo
Coordinadora del Grupo de Estudio Economía Digna
El pasado 19 de junio se realizó la segunda vuelta presidencial en Colombia, en la que salieron ganadores Gustavo Petro Urrego y su fórmula vicepresidencial Francia Márquez con 50,44 % del caudal de votación, aproximadamente 11.281.013 votos, la elección con mayor votación en la historia de Colombia. Se trata de una elección presidencial que se circunscribe al contexto posibilitado por el Acuerdo de Paz, negociado entre los años 2012 y 2016. Una elección presidencial con un contradictor chabacán y fiel representante de la decadencia de un régimen en vía de extinción, Rodolfo Hernández.
El nuevo gobierno responde a las exigencias de una sociedad abigarrada, como son todas nuestras sociedades en América Latina. Un gobierno que se configura como un parteaguas en la historia de Colombia, donde los poderes económicos de características latifundistas, violentos, retardatarios y enquistados en el Estado, se intercalaban en el poder sin el menor pudor y con total desprecio por las clases populares. Un nuevo gobierno que se enfrentará a los límites propios de la administración gubernamental que afronta un contexto de crisis económica y política a nivel internacional, y que encarará las exigencias de un pueblo sediente de dignidad, el cual lleva a sus espaldas las esperanzas, los anhelos y los sueños de millones de colombianas y colombianos presentes y ausentes de este espectro terrenal.
Es por lo anterior que se hace necesaria la recopilación telegráfica de los retos de este nuevo gobierno, una tarea monumental en tanto que es una exigencia de gran parte de la población desanudar más de 500 años de colonialismo, más de 200 años de dependencia, subordinación y endeudamientos, y más de 30 años de neoliberalismo con sus políticas de privatización, liberalización, desregulación, flexibilización y precarización laboral.
El nuevo gobierno enfrentará un contexto totalmente adverso derivado de las dinámicas económicas nacionales e internacionales. La estanflación es una sombra que persigue nuestros tiempos; vivir una nueva década pérdida para América Latina parece ser el escenario de imposición proveniente de las metrópolis hacia nuestra región. En consecuencia, el nuevo gobierno, a nuestro parecer, se debe centrar en cinco grandes procesos que concatenan el conjunto de las relaciones sociales y económicas en la actualidad: i) la inflación, ii) el desempleo, iii) el elevado endeudamiento del Estado y la población, iv) la equidad de género y una cultura de paz, y v) el paso de una sociedad violentada a una sociedad con derechos y justicia social.
1. Inflación
La inflación en Colombia ha venido creciendo constantemente en los últimos dos años, generando el encarecimiento de la canasta básica familiar y golpeando directamente a las clases más empobrecidas del país. Según datos gubernamentales, una familia promedio en Colombia, esto es, 4 personas, necesitaba en el año 2019 alrededor de 4,2 salarios mínimos mensuales para poder acceder a la canasta básica familiar (Sarmiento, 2019). Esta cifra, sin embargo, ha aumentado en aproximadamente un 20 % para el año 2022 debido al incremento de los precios en una serie de mercancías de necesidad vital, en particular del precio de los alimentos, el cual se encuentra alrededor del 15 %, y del de el alojamiento, el agua, la electricidad, el gas y otros combustibles, que se encuentra en 33,12 %, cifras anuales (DANE, 2022). Es decir que una familia colombiana promedio ya no solo necesita 4,2 salarios mínimos para satisfacer sus necesidades básicas, sino que a partir de las presiones inflacionarias este indicador ha aumentado a alrededor de los 5 salarios mínimos mensuales para el año 2022, en un país donde en promedio el 35 % de las familias devenga menos de un salario mínimo al mes (ANDES, 2021).
El índice de inflación anual, de mayo de 2021 a mayo de 2022, muestra un incremento de los precios en alrededor de 9,07 %, evidenciándose las mayores presiones inflacionarias sobre las mercancías más demandadas y las que cubren necesidades básicas, en particular, de las clases populares en el país. El trigo y sus derivados necesarios para la producción del pan han experimentado un encarecimiento del 27 %, la carne de res del 26 %, la carne de aves del 20 %, la leche del 35 %, los aceites del 34,6 % y el tomate del 41 %, entre otros alimentos afectados por el incremento de los precios, los cuales golpean directamente los bolsillos de los colombianos en escalas desiguales.
La inflación afecta con mayor intensidad a las mercancías demandadas por la poblaciones empobrecidas. En efecto, la variación anual del incremento de las mercancías más demandadas por el segmento con menor nivel de ingresos fue del 11,26 %, mientras que para las clases con mayor poder adquisitivo tan solo llega a un 7,46 %, lo cual es una muestra clara de las tasas de hiperdesigualdad existentes en nuestro país, un hecho que nos posiciona en el segundo puesto de los Estados más desiguales de la región.
Las dinámicas de inflación no solo pueden ser estudiadas a partir de la teoría económica clásica o neoclásica, la cual encubre los procesos actuales de señoreaje monetario, las transferencias de inflación entre regiones y el empobrecimiento de las poblaciones dependientes. De ello se deriva que, en este caso concreto, el gobierno tiene el reto de desatarse de la tecnocracia neoliberal y pensar en subordinar los intereses macroeconómicos internacionales a las necesidades de las clases más empobrecidas.
La receta aplicada por los gobiernos neoliberales de incrementar las tasas de interés por parte de los bancos centrales como medida para hacer frente a la inflación se presenta como un proceso violento contra la población, dado que se pretende controlar en escala doméstica los procesos inflacionarios de corte e inspiración internacional, generando con ello el crecimiento de la ya preocupante hambruna que se manifiesta a nivel mundial.
El incremento de la tasa de interés por parte del Banco de la República de Colombia ⎯que pasó del 2 % en el año 2021 al 6 % en el contexto actual⎯ ha derivado en un encarecimiento de los créditos de consumo, los cuales, en cierta medida y con graves problemas de usura y burbujas especulativas, permiten sobrellevar las dinámicas de sobreexplotación del pueblo colombiano. Este aumento de las tasas de interés por parte del Banco de la República se debe en cierta medida a la salvaguarda del sistema financiero para mantener su tasa de ganancia en contraposición a la sociedad en su conjunto. El gobierno del Pacto Histórico debe replantear el horizonte de actuación ante una inflación importada, el papel del banco central y la responsabilidad de los pasados y actuales directores, codirectores y juntas del Banco de la República en la crisis fiscal del Estado colombiano.
2. Desempleo
Las MIPYMES ⎯micro, pequeñas y medianas empresas⎯ representan el 90 % de las empresas productivas en el país, generan el 80 % del empleo y aportan aproximadamente el 40 % del Producto Interno Bruto (Portafolio, 2022). Sin embargo, esta escala empresarial ha sido relegada del acceso a los subsidios destinados en tiempos en pandemia al sector productivo. En efecto, a las microempresas, por ejemplo, tan solo se les ha destinado aproximadamente un 10,4 %, en comparación con las grandes empresas que han recibido más del 33,6 % de los subsidios gubernamentales, que en total rondan los 8 billones de pesos (Portafolio, 2021).
Este es el nudo gordiano que debe desatar el Pacto Histórico: dar la relevancia a los generadores de empleo y producción real, y no a las grandes compañías que viven del lobby ⎯grupo de presión y prebendas⎯ estatal. Colombia, según instituciones internacionales, es uno de los países con menor probabilidad de salir de la pobreza: el 10 % con menor ingreso tardaría 11 generaciones en superar esta situación, y si se es mujer el plazo escalaría a 15 generaciones.
Es necesario implementar políticas públicas de empleo enfocadas en la equidad de género y de acceso a un primer empleo en condiciones de dignidad, puesto que mientras en mayo de 2022 el desempleo entre los hombres fue de 9,6 %, entre las mujeres esta cifra ascendió al 15,6 %. La diferencia entre los índices de desempleo masculino y femenino alcanza alrededor del 62 %, es decir, que por cada 10 hombres hay 16,2 mujeres en situación de desempleo. Así mismo, la cifra de desempleo entre las y los jóvenes se encuentra en 21,3 %.
El nuevo gobierno enfrentará un contexto totalmente adverso derivado de las dinámicas económicas nacionales e internacionales. La estanflación es una sombra que persigue nuestros tiempos; vivir una nueva década pérdida para América Latina parece ser el escenario de imposición proveniente de las metrópolis hacia nuestra región. En consecuencia, el nuevo gobierno se debe centrar en cinco grandes procesos que concatenan el conjunto de las relaciones sociales y económicas en la actualidad: i) la inflación, ii) el desempleo, iii) el elevado endeudamiento del Estado y la población, iv) la equidad de género y una cultura de paz, y v) el paso de una sociedad violentada a una sociedad con derechos y justicia social.
3. Endeudamiento
El endeudamiento del Estado y de la población es otro proceso al cual se le debe prestar prioritaria atención. La deuda pública bruta del Sector Público No Financiero se encontraba al mes de diciembre de 2021, fecha del más reciente informe, en 856,9 billones de pesos, aproximadamente el 72,8 % del Producto Interno Bruto colombiano. El crecimiento del endeudamiento durante la administración de Iván Duque fue de 329,8 billones de pesos en menos de 4 años, pasando de 527,1 a mediados de 2018 a 856,9 billones a finales de 2021. Ello representa un incremento aproximado del 60 % del endeudamiento público del país (Banco de la República, 2022).
El endeudamiento se deriva de la crisis fiscal del Estado, en tanto las reformas tributarias, en su afán de generar garantías a la inversión extranjera directa y a los grandes capitales, han aumentado las reducciones y exenciones tributarias en los últimos años, generando un incremento del déficit de alrededor de 85 billones de pesos, un 7,9 % del PIB.
Otra causa del elevado endeudamiento es la devaluación de la moneda colombiana, la cual ha experimentado en menos de una década un incremento porcentual de más de 124 %, lo que equivale al encarecimiento de la deuda puesta en dólares que se encuentra alrededor del 40 % del total de la deuda pública en el país.
Como si esto fuera poco, la cartera de crédito en Colombia ha venido creciendo en tasas de dos dígitos mensuales generando una burbuja especulativa a partir de la emisión de créditos sin respaldos reales por parte de la población, pero con una garantía estatal que se ha aumentado por la vía de decretos de Estado de Emergencia y otros posteriores, lo que ha derivado en una garantía estatal que ronda el 90 % de estos créditos insostenibles y usureros. El gobierno del Pacto Histórico debe liberar al Estado de las cadenas del sistema financiero nacional e internacional y construir una economía real sostenible y sustentable en momentos de resquebrajamiento de la globalización neoliberal. De igual manera, se debe enfocar en la integración de Nuestra América y en la consolidación de un mercado regional solidario, impulsando una renegociación soberana de la deuda pública a nivel regional en cuyo contexto se puedan considerar diferentes proyectos, tales como la condonación de deuda por protección ambiental y avances en el Acuerdo de Paz.
4. Reconocimiento de los derechos de las mujeres
A principios del año 2022, los movimientos feministas celebraron la despenalización del aborto en Colombia hasta la semana 24 de gestación por medio de la sentencia c-055 de 2022 de la Corte Constitucional. El reto que al respecto tiene el gobierno es el de generar los escenarios necesarios para el respeto de las decisiones judiciales, frente a declaraciones e incluso acciones judiciales iniciadas por el gobierno aún en funciones contra esta sentencia; además, este debe ser un aspecto a tener en cuenta también en términos presupuestales dentro del sistema de salud, habida cuenta de los innumerables fallos de acción de tutela e informes mediante los cuales se erigen barreras para el acceso a este derecho. El legislativo debe asumir el debate de un proyecto de ley que reconozca los derechos de las mujeres, que si bien ya han sido reconocidos judicialmente, requieren ser adoptados por ley.
Además del derecho al aborto, son múltiples los derechos de las mujeres que a diario son reivindicados en la medida en que se las reconoce como sujetos políticos, por lo cual desde la misma configuración del gabinete hasta la construcción de las diferentes políticas públicas evidenciarse un reconocimiento de las mujeres, sus derechos y su papel político.
La trasversalidad del enfoque de género, entre otros enfoques diferenciales, requiere estar presente en la delimitación del presupuesto general de la nación, en los programas que el ejecutivo ponga en marcha y en los proyectos de ley impulsados por el legislativo.
5. Implementación del Acuerdo de Paz
Durante la campaña electoral, la candidatura del Pacto Histórico expresó su respaldo al Acuerdo de Paz y reconoció la importancia de su implementación. Teniendo en cuenta que el gobierno de Duque ha configurado en los últimos cuatro años un andamiaje administrativo e institucional por medio de la “Paz con legalidad”, que supuso una simulación de la implementación del Acuerdo y el desvío de recursos tanto del presupuesto nacional como de la cooperación internacional para la consolidación de la seguridad democrática en las regiones, el nuevo gobierno enfrenta un gran reto en este aspecto. En consecuencia, se requiere volver a la esencia de los Acuerdos para poder establecer no solo la institucionalidad, sino los presupuestos adecuados para cada uno de ellos.
De igual forma, se requieren acciones importantes respecto al desmantelamiento del paramilitarismo y la protección de la vida de líderes sociales y personas defensoras de derechos humanos, una situación que pone de presente los incumplimientos de lo plasmado en el Acuerdo sobre la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad y de la política pública en materia de garantías para la labor de la defensa de los Derechos Humanos.
Los retos que anteriormente se han planteado son válidos tanto para el ejecutivo como para el legislativo. Es así como quienes representan al Pacto Histórico han asumido en ambas ramas un importante mandato de una gran parte de la sociedad colombiana que les ha respaldado con sus votos en las elecciones del presente año. Varios de los retos enunciados han sido recogidos por los planes de gobierno y hacen parte de los puntos fundamentales de las propuestas legislativas. Sin embargo, a su vez, se enfrentan a desafíos tanto a nivel nacional como internacional que pueden llegar a limitar dichas propuestas e, incluso, a posicionar escenarios que no podrían preverse y requerirán de un análisis y respuestas oportunas. De igual forma, se requerirá seguir generando escenarios de socialización de las propuestas y de rendición de cuentas, en un país en donde los medios de comunicación se posicionan como un tercer poder y, además, dejaron bastante clara su postura durante el proceso electoral. Ante la desinformación es necesario llegar de otras formas a la ciudadanía para poder evidenciar qué se está realizando y sus verdaderas implicaciones, tarea tanto del gobierno como de quienes en su momento se unieron a la campaña desde las calles.
El gobierno del Pacto Histórico debe liberar al Estado de las cadenas del sistema financiero nacional e internacional y construir una economía real sostenible y sustentable en momentos de resquebrajamiento de la globalización neoliberal. De igual manera, se debe enfocar en la integración de Nuestra América y en la consolidación de un mercado regional solidario, impulsando una renegociación soberana de la deuda pública a nivel regional en cuyo contexto se puedan considerar diferentes proyectos, tales como la condonación de deuda por protección ambiental y avances en el Acuerdo de Paz.
Referencias bibliográficas
- Sarmiento, L. (2019). Canasta básica familiar (CBF) y pauperismo en Colombia, 1998-2019. Bogotá: Desde Abajo.
- DANE. (2022). Boletín Técnico. Bogotá: Departamento Administrativo Nacional de Estadística.
- ANDES. (2021). Nota Macroeconómica No.33 Empleo Formal: el gran reto para el 2022. Bogotá: Universidad de los Andes.
- Portafolio. (2022). Estado, un socio que aporte a las empresas. Obtenido de Portafolio: https://www.portafolio.co/opinion/otros-columnistas-1/estado-un-socio-que-aporte-a-las-empresas-claudia-milena-manjarrez-557553
- Portafolio. (8 de Noviembre de 2021). Microempresas, las más beneficiadas por los subsidios del Paef. Obtenido de Portafolio: https://www.portafolio.co/negocios/empresas/microempresas-son-el-63-6-de-los-beneficiarios-del-paef-558288
- Banco de la República. (2022). Boletín sobre deuda pública. Obtenido de Banco de la República: https://www.banrep.gov.co/es/boletin-deuda-publica
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