Darío Salinas Figueredo
Profesor emérito
Universidad Iberoamericana
Miembro de la Red de Intelectuales
en Defensa de la Humanidad
La chilena es una sociedad que se ha caracterizado electoralmente por un alto abstencionismo de la población habilitada para votar. La jornada convocada para plebiscitar la propuesta del nuevo texto constitucional no fue la reafirmación de esta tendencia, por el contrario, el 85.81 % de participación dentro de un universo de 15.1763.857 electores habilitados es un registro sin precedentes en el espacio temporal de la historia reciente. Aunque esto sea apenas un indicador, su sola constatación ya está sugiriendo que algo importante se ha movido en la conducta electoral de la ciudadanía.
Por lo pronto, no está evidenciado si ello es debido al carácter obligatorio de estas elecciones, con consecuencias económicas de no hacerlo, o por un cambio en la apreciación política del electorado, cuya composición también se ha modificado al incorporar una masa de un poco más 4 millones de nuevos votantes que engrosaron el número total de habilitados para sufragar. Ninguno de estos factores y otros se excluyen en el proceso de revisión por entender este resultado.
Pero el fenómeno de mayor impacto y gravitación política es que, lejos de todo los pronóstico, en esta contienda electoral el voto ciudadano por el “rechazo” a la nueva carta magna fue de un 61.86 %, en tanto que para el “apruebo” fue de tan solo un 38.14 %. Es más, en solo 8 comunas de las 346 ganó el “apruebo”, mientras que, en el plebiscito de entrada al proceso constituyente, realizado 25 de octubre de 2020, con una participación de 50.9 %, el “rechazo” en aquel entonces obtuvo el triunfo en apenas 5 comunas. En cualquier caso, este resultado invierte completamente todos los registros previos. Más de 20 puntos porcentuales es la distancia que aventaja el “rechazo”. Un resultado que también afecta en similar sentido al gobierno, más aún si se considera que el mandatario sostuvo un compromiso con la propuesta derrotada. Nadie había proyectado, ni de lejos, semejante resultado en favor de la opción de la derecha que en la inmediatez ensombrece el panorama de las transformaciones esperadas. Esta afirmación, si en verdad es así, no dignifica a quienes tienen la responsabilidad política de leer, entender e incidir en la conducción del país, incluyendo a los intelectuales que participan en el análisis de la política.
El mar de fondo del plebiscito
¿Qué significa esta mutación tan marcada en los indicadores del comportamiento electoral? La cuestión obliga de nueva cuenta a pensar esta importante experiencia desde el contexto en que se produce, porque los objetivos fundamentales en pugna colocan a la política misma en un crucial punto de disputa entre la transformación democrática de la sociedad y la resistencia reaccionaria que se fortaleció alrededor de las condiciones de reproducción del sistema político, es decir, desde la oposición a la nueva constitución. Esas condiciones, casi sobra decir, tienen precisamente en la vigencia de la Constitución de Pinochet su principal trinchera, toda una casamata institucional desde la cual durante estas décadas de postdictadura la derecha junto con sus aliados de la clase política ha desplegado sus recursos de dominación y hegemonía.
Más allá del escrutinio electoral expresado en las urnas, es inomitible destacar el peso de los poderes fácticos, que siguen intactos, y que desplegaron una campaña sin treguas contra la Convención Constitucional y el nuevo texto para la carta magna, desde antes incluso de que se iniciara su trabajo deliberativo. Al hacerlo, apuntaron al mismo tiempo la dirección de sus dardos mediáticos hacia la gestión del gobierno. Sabían perfectamente de qué estaba hecho el terreno político al que impactaron. En ese gelatinoso campo de las percepciones, en un país permeado por la ideología neoliberal, cuenta mucho más de lo que solemos suponer el cultivo de las ideas vinculadas a los temores, las expectativas, los prejuicios y las incertidumbres que se instalan en el imaginario colectivo. Con esos insumos, que pertenecen a la subjetividad política y que fueron los principales focos de interés en el accionar de la maquinaria mediática del poder hegemónico, tempranamente ha logrado anticipar, construir e instalar una realidad plagada de inexactitudes, odio, infamias, noticias falsas y mentiras flagrantes para justificar “sus razones”, que a la postre generaron la atmósfera del comportamiento necesario para el “rechazo” ciudadano al nuevo texto constitucional. Lograron hacer creer a una franja considerable de la población que su seguridad estaba en riesgo inminente, que perderían sus casas, que dejarían de entonar el himno nacional, que serían despojados de sus ahorros para la jubilación, de sus herencias, que no tendrían recursos si se enfermaran para sufragar la atención médica necesaria y no dispondrían de muchos otros derechos que, como amarga paradoja, estaban todos precisamente consagrados en la nueva constitución que terminó siendo rechazada.
El despliegue cubría diversas zonas claramente focalizadas desde un diagnóstico de su de politicidad. Desde la definición de un enfoque se instaló una matriz de opinión con las referencias potencialmente formateadoras de una de preferencia política: “Un cambio sí, pero no este” y el guion para encausar el comportamiento electoral resultaba enteramente verosímil con la afirmación de “en 1989 voté por el NO, 2020 por el apruebo y el 4 de septiembre por el rechazo”. Esto logró incubarse exactamente en la percepción de segmentos importantes de la población, aptos para producir precisamente la conducta esperada.
Al enfrentar este desastroso panorama, no basta la afirmación de que hay que “escuchar la decisión del pueblo”. Esa expresión de lealtad no esclarece mucho para enfrentar el desconcierto. Tampoco el intento reduccionista de desplazar hacia la dinámica de la convención, o el trabajo de las y los convencionales, todo el peso de las responsabilidades, sin considerar lo que su composición no era más que el refleja de un arco de fuerzas reales que se ha ido conformando, en gran medida a pesar de los partidos tradicionales, en enfrentamiento con una institucionalidad parlamentaria y gubernamental percibida generalmente como inservible para frenar el abuso convertido en política, y mucho menos para interpretar y representar la demanda social acumulada.
El plebiscito de salida hacia la nueva constitución era el punto de quiebre. Su aprobación habría significado concluir una etapa impulsada con la fuerza del estallido y el triunfo electoral en segunda vuelta del programa del gobierno encabezado por Gabriel Boric, con lo cual se habría dado un paso sustantivo para las transformaciones democráticas bajo una nueva carta magna. Sin embargo, su derrota significa un duro revés para los diferentes sectores de la izquierda, para el movimiento popular en su conjunto, diluyéndose aquellas condiciones que parecían favorables para proseguir el proceso constituyente.
Eso y mucho más explica la explosión social y los condicionantes del estallido, que como fenómeno de masas no encierra en sí mismo los ingredientes de una estrategia de lucha, aunque haya logrado exigir genuinamente un proceso de transformación sustantiva y que alcanzó a colocar en la agenda del país la exigencia de una nueva constitución. El punto de llegada del 4 de septiembre, por lo tanto, no puede limitarse a una derrota solamente comunicacional. Que haya sido ese el desenlace del plebiscito contiene, aunque no de un modo completamente evidente, una disputa inconclusa y contradictoria en el campo político con sentido estratégico.
Cuando la derecha fue ganando terreno desde lo que podía considerarse encrucijadas electorales, cuando más claridad se necesitaba para activar la conciencia de la gente, fue introduciendo un referente de enorme confusión: “aprobar para reformar”, paralelo al enunciado de “rechazar para reformar”. Exactamente alrededor de este punto, que contiene toda una construcción, maniquea pero eficaz, hay que destacar la articulación de factores que fueron generando la fuerza para incidir en la dirección conservadora del proceso electoral. Aquí la derecha clásica, pinochetista, heredera de la dictadura y sus aliados del centro y una parte de la llamada centro izquierda han logrado construir exitosamente su avanzada política para obstruir toda conducta favorable al “apruebo”, con lo cual quedaban sembrada las condiciones requeridas para preservar la institucionalidad vigente.
La producción de un perverso vendaval comunicacional mediático operó como una verdadera trituradora de conciencias, propiciada por la derecha y la ultraderecha, así como por algunos personeros políticos ligados a la ex Concertación que encontraron en el resultado electoral y las debilidades del gobierno un peldaño para su reemergencia en el primer escenario de la institucionalidad del país. El saldo de todo ello es el cumplimiento eficaz de aquel objetivo primordial, tramado para generar todo tipo de obstrucciones al proceso constituyente, impidiendo a la postre la aprobación del nuevo texto constitucional. En la invocación ideológica del conservadurismo decimonónico, vinculado a los intereses que defienden la constitución pinochetista, fue un triunfo de las ideas de la “libertad”, una victoria de la certeza sobre la incertidumbre, una derrota de los “maximalistas”.
Las diversas fuerzas, y no solo las que sostienen políticamente al gobierno, que acordaron impulsar el trabajo en favor del “apruebo” no alcanzaron a percibir, anticipar ni menos desmontar esta estrategia, y si la percibieron ya fue muy tarde. Más allá de una lógica reacción, no se veía posible desmontar tanta mentira, calumnias y desinformación a la vez en ese terreno tan desigual y a la vez movilizar articuladamente las fuerzas que impulsaron desde la lucha social el proceso para llegar exactamente al punto en que nos encontramos. Y puesto que lo que estaba en juego era el texto de una nueva constitución, toca pensar qué lugar ocupó esa cauda de voto obligatorio y secreto, ese quantum considerable de ciudadanos que han sufragado por primera vez, sobre cuya conducta posible nada aparecía en los cálculos políticos. En esa zona exacta en que se alberga la compresión política de la población, allí donde se puede localizar el verdadero sentir de la gente, corresponde también indagar el lugar que ocupa la valoración informada de la actual constitución, tanto desde el punto de vista de la impudicia de su origen como desde sus negativas y visibles consecuencias para la inmensa mayoría, especialmente en lo que atañe a la desigualdad social en sus múltiples registros. Estas preocupaciones no son antojadizas, porque se requiere poder entender cómo es que habiendo sido millones los que se han movilizado, exigiendo una nueva constitución, votando por una nueva constitución y propiciando también el triunfo de Gabriel Boric, se haya generado este vuelto electoral en contra de la propuesta enarbolaba por las fuerzas populares.
Nadie duda de la larga y sostenida experiencia de Chile como referente de resistencia y multiformes expresiones de luchas en la reconstrucción de la democracia, prácticamente desde el mismo día del golpe de Estado. En ese itinerario se ha constituido una mayoría que en distintas circunstancias y de diferentes formas ha demandado cambios sustantivos. Una expresión encumbrada, la de mayor nivel por su movilización, amplitud, diversidad de exigencias, ha sido precisamente el estallido de octubre de 2019, sin el cual no se explica el punto al que hemos llegado en el proceso político del país. Sin embargo, allí mismo nace una problemática que como cuestión política no está resuelta, que tiene que ver con la transformación de esa mayoría social en suma articulada de fuerzas con potencial estratégico transformador. Bajo este horizonte, la traducción de lo social a lo político demanda una férrea unidad de acción en la dirección del cambio exigido. En lo que tiene de validez este modo de colocar los asuntos del progresismo de cara al poder político, se entiende que un estallido por sí solo no produce una estrategia de transformación. El estallido puso de manifiesto una crisis, pero la estrategia de resolución desborda límites de aquella formidable y heroica expresión social de lucha. Aun así, sus consecuencias se prolongan hasta el mismo 4 de septiembre y el impacto de su referencia sigue siendo un hecho político trascedente.
Es aquí donde se sitúa la necesidad de estudiar mejor a la derecha que fue demoledoramente efectiva, cuando entendió que su contrincante tenía puntos vulnerables sobre los cuales supo centrar su arremetida. La conciencia no articulada políticamente de las diversas y justas demandas, el dibujo difuso del sujeto político que produce, así como su punto de aterrizaje frente a las opciones de la lucha electoral. La derecha como conjunto de intereses en su estrategia evitó oponerse frontalmente, salvo la derecha extrema del Partido Republicano que no pudo evitar su desembozada radicalidad. Lo que hizo fue asumir el conflicto electoral desde una elaborada narrativa según la cual se conducía en el entendido de que, de todos modos, ya sea aprobando o rechazando la nueva carta magna, habrá reformas a la constitución. Quedaba claro que ese posicionamiento era un ingrediente de su estrategia, que ocultaba su verdadero rostro que era impresentable, pero que abría una interacción con la sociedad, especialmente con ciertos sectores potencialmente receptores de su mensaje.
Esa estrategia y sus señales no desconocían la percepción social que de algún modo ya estaba instalada sobre el accionar del gobierno. Desde las esferas de La Moneda ya estaba siendo difícil manejar algunos indicios de fragilidad, los que estaban impactando de hecho en sus niveles de aprobación. Aquí puede mencionarse la falta muchas veces de logros claros en la formulación de sus respuestas frente a la crisis social, una inflación no controlada, sin poder repuntar sostenidamente las demandas insatisfechas, ni siquiera con las ayudas de emergencia de que dispuso para sectores muy vulnerables, ni con las 40 horas y, qué duda cabe, su imposibilidad de abrir espacios de diálogo en el profundo y ancestral conflicto de la Araucanía, todo lo cual la derecha se los enrostraba como índice de su incapacidad para gobernar y la afirmación interesada de que se encontraba frecuentemente perdiendo en el manejo de la agenda de gobierno.
En el marco de este apretado encuadre, incompleto pero real, que circunda la coyuntura electoral y sus resultados, la derecha hizo un trabajo efectivo, de consistencia restauradora, posicionando una opinión gravitante, una narrativa y un guion político movilizado por otros que nunca se declararían expresamente partidarios de la derecha. También hay que acotar que logró sostener un solo frente de acción, incluso en el transcurso de los acontecimientos. Hay que recordar que una parte de su dirigencia había inicialmente declarado que no estaba disponible para cambiar una sola coma a la Constitución de 1980. Sin que esa convicción haya desaparecido, su conducta electoral fue enarbolando otras posiciones más incisivas, más nucleadoras, más ganadora de espacios. Todo lo demás corría por cuenta del poder mediático, medios hegemónicos y articulación de redes sociales. Para todo el mundo ha quedado claro que la derecha estaba apelando a las redes sociales en una conjura organizada y sistemática, contra el gobierno, los partidos del Apruebo Dignidad, incluso contra la institucionalidad electoral
Las estrategias en pugna
Para abordar este punto es importante situarse en el juego de las tendencias y contratendencias que subyace al escenario electoral. Conviene recordar que, frente a la fuerza movilizada de 2019, la derecha ha perdido toda iniciativa política. Más allá de los episódicos exabruptos de la derecha extrema del Partido Republicano, el conjunto de su posicionamiento habla más bien de un deliberado perfil bajo, pero nunca ausente. Es interesante constatar que la derecha declina su accionar frente al desarrollo de la movilización. Allí su dispositivo político no produce interlocución. Cuando el conflicto transcurre primordialmente en el marco de la institucionalidad, como por ejemplo en el parlamento y especialmente en el senado, su eficacia reaccionaria adquiere un mejor rendimiento. Sea de esto lo que fuere, lo cierto es que su conducta dibuja un declinar coyuntural a partir de aquel entonces, que es más notorio después de la segunda vuelta electoral en que su fórmula de gobierno es derrotada ante la coalición que llevó a Gabriel Boric al gobierno. No será sino hasta los resultados del 4 de septiembre cuando la derecha recupera la iniciativa, después del colapso del “apruebo”. Momento axial de la vida política del país que significó un cambio importante en la correlación y en el sentido de la disputa política que comenzó a resultarle favorable.
En efecto, el plebiscito de salida hacia la nueva constitución era el punto de quiebre. Su aprobación habría significado concluir una etapa impulsada con la fuerza del estallido y el triunfo electoral en segunda vuelta del programa del gobierno encabezado por Gabriel Boric, con lo cual se habría dado un paso sustantivo para las transformaciones democráticas bajo una nueva carta magna. Sin embargo, su derrota significa un duro revés para los diferentes sectores de la izquierda, para el movimiento popular en su conjunto, diluyéndose aquellas condiciones que parecían favorables para proseguir el proceso constituyente.
El conflicto en perspectiva
La circunstancia pautada por el plebiscito y sus resultados contiene en su complejidad política la didáctica de mostrar que las tendencias en curso en favor de la democratización sustantiva no son suficientes para desmontar el edificio heredado de la dictadura y afianzar la política hacia un nuevo rumbo institucional. Que los cambios siguen transcurriendo entre el denso peso inercial del modelo hegemónico, aunque arrastrando una larga y profunda crisis que tiene sus raíces en la dictadura, y que los límites de una política construida ciertamente desde la lucha y la sumatoria de las diversas exigencias sigue siendo una disyuntiva de trascendental importancia. Creer erróneamente que estábamos incidiendo en la dirección correcta, para terminar, constatando, por la evidencia de los hechos políticos, que eso no estaba ocurriendo es, apenas, un índice de este crucial balanceo desfavorable para las fuerzas del cambio.
Las expresiones diversas y centrífugas de la derecha no han sido un obstáculo para que sus posiciones se alinearan oportunamente en la defensa del sistema como totalidad. Mostraron, de nueva cuenta, que dispone de una gran capacidad política para leer lo que muy probablemente no estaban leyendo sus contrincantes y des-acumular las fuerzas sociales construidas para transformar el sistema. Los resultados del plebiscito con sus múltiples consecuencias refuerzan esta apreciación.
El tiempo político que sucede al plebiscito remite a un escenario de derrota. Si el logro democrático es vaciado de su valor político, como conquista y ejercicio de soberanía popular que produjo un mandato para redactar una nueva constitución, el tiempo que se avecina puede ser muy complicado para las fuerzas sociales y políticas comprometidas con el cambio. Si prevalece un sensato equilibrio de fuerzas que logre moderar la beligerancia de la derecha y que el esquema de gobernabilidad ensayado desde La Moneda con la renovación de su base de sustentación sea para activar el programa de gobierno comprometido con el país y no para retrocederlo, entonces podría asumirse que el proceso constituyente no ha terminado, en cuyo caso habrá que elegir una nueva convención que redacte un nuevo texto.
Sin embargo, la amenaza de retrotraer todo este tiempo de positivos avances en el ejercicio participativo por las fuerzas restauradoras y sus aliados es un dato duro de la realidad. No hay que desmerecer que la victoria está potencialmente asumida bajo un formato de integralidad. La creencia de la derecha y sus aliados de que son los únicos y verdaderos vencedores, aun cuando no toda la votación en favor del “rechazo” les pertenezca, puede conducir a que el país se vea enfrentado a mayores conflictos.
Sin embargo, es de gran importancia saber colocar esta coyuntura posplebiscito y los obligados cambios en el gabinete de gobierno en el movimiento de un proceso mayor. Una conclusión, probablemente la más perentoria en esta perspectiva, sugiere que la lucha constituyente frente al poder constituido no ha sido completamente eliminada, se mantiene bajo condiciones distintas, bastante menos favorables, si se considera el debilitamiento de la esfera gubernamental, la ausencia de un proyecto movilizador de las fuerzas sociales y la reactivación de la institucionalidad parlamentaria como protagonista para las decisiones sobre cualquier formato constituyente.
El panorama general es regresivo en lo inmediato. El accionar de esa maquinaria de clase que está en movimiento es para eliminar el proyecto que lucha por resolver la desigualdad social desde la soberanía del pueblo. Encarar el conflicto no es ni será fácil para las fuerzas populares, porque lo que se puso en marcha va contra los grandes intereses económicos, políticos y mediáticos del poder, que dispone de un largo acervo de experiencia, con recursos internos y externos dispuestos para modificar el juego democrático cuando advierten el desarrollo de amenazas que pueden afectar los soportes de la dominación. Entre tanto, y en lo que tiene de validez esta forma de razonar, hay un conjunto de líneas reflexivas que se van abriendo y que sugieren, con meridiana claridad, que lo realizado hasta aquí es muy importante, con su legado de aprendizajes para considerar que los instrumentos políticos construidos requieren de mayores entendimientos, de más fuerza, de mayor articulación desde la riqueza de la diversidad y desde luego de una mayor unidad para cambiar esta historia de abusos y exclusiones.
Lo avanzado sienta este precedente, de que la formulación democráticamente construida tiene la impronta constituyente, con su arraigo en la soberanía del pueblo, lo que establece una distancia como experiencia en el debate político de una lucha ante tramposos de negociaciones, como si fuera un asunto de hacer justicia por medio de un equilibrio en los favores, en los escaños o cargos ministeriales en los espacios de una desprestigiada institucionalidad, en los puestos de decisión y un largo etcétera de execrables prácticas que ha caracterizado a grandes rasgos el accionar de la clase política del neoliberalismo en Chile.
Va quedando igualmente claro que lo que se ha perdido en el plebiscito no se podrá obtener con ofertas engañosas, provenientes de los mismos intereses que propiciaron el golpe cívico-militar de 1973 y que hoy, algunos bajo nuevos ropajes y otros sin ellos, se empeñan por sostener los fundamentos de la Constitución de 1980, que puede ser nuevamente remozada, incluso bajo una nueva edición, como nueva constitución, bien maquillada, con concesiones retóricas o cambios reales pero secundarios. De esa envergadura es la responsabilidad del gobierno con quienes, desde la voluntad popular, eligieron democráticamente a su presidente, votando por un programa, bajo el impulso, no está de más recordar, de las fuerzas emanadas del estallido que se ha producido justamente para superar todas las formas de exclusión y abuso que propicia este modelo de sociedad y su constitución.
Acorde con esta línea argumental, va quedando igualmente claro que lo que se ha perdido en el plebiscito no se podrá obtener con ofertas engañosas, provenientes de los mismos intereses que propiciaron el golpe cívico-militar de 1973 y que hoy, algunos bajo nuevos ropajes y otros sin ellos, se empeñan por sostener los fundamentos de la Constitución de 1980, que puede ser nuevamente remozada, incluso bajo una nueva edición, como nueva constitución, bien maquillada, con concesiones retóricas o cambios reales pero secundarios. De esa envergadura es la responsabilidad del gobierno con quienes, desde la voluntad popular, eligieron democráticamente a su presidente, votando por un programa, bajo el impulso, no está de más recordar, de las fuerzas emanadas del estallido que se ha producido justamente para superar todas las formas de exclusión y abuso que propicia este modelo de sociedad y su constitución.
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