Karla Díaz Martínez
Doctora en procesos sociales y políticos en América Latina
karladiazm@yahoo.com
En Chile se encuentra en desarrollo un proceso constituyente. El pasado 4 de julio la Convención Constitucional entregó el texto de nueva Constitución que se trabajó durante el último año, y que el 4 de septiembre será sometida a un plebiscito de “apruebo” o “rechazo”.
Es el resultado de un trabajo colectivo, en un espacio democrático y participativo nunca antes visto en Chile, donde están representados los partidos políticos, los movimientos sociales, independientes, pueblos y naciones indígenas. Quienes nunca antes tuvieron voz, esta vez redactaron la nueva Constitución.
La Convención Constitucional es solo uno de los hitos de un proceso constituyente que emergió con el levantamiento popular de 2019, pero sin duda es de lo más significativo. Materializa, por escrito, buena parte de las demandas populares expresadas con furia y fuerza en las calles durante un estallido social sin precedentes. Dignidad fue la principal de las demandas.
El alza del pasaje de metro generó una ola de protestas de magnitud y nivel nacional que no encontró retorno durante largos días, a pesar de los intentos del aparato estatal para controlarla por la vía de la represión.
Han sido ampliamente documentadas las violaciones a los Derechos Humanos ocurridas en ese contexto. Es así que el acuerdo político alcanzado en el Congreso, el 15 de noviembre de 2019, con sus limitaciones, levantó una propuesta constituyente con la expectativa de encauzar el estallido social por la vía de transformaciones estructurales en el Estado.
El acuerdo fue suscrito por diversas fuerzas políticas a partir del acercamiento de las distintas visiones sobre la necesidad de revisar la institucionalidad vigente. La propuesta incluyó un plebiscito, que se realizó el 25 de octubre de 2020, en el cual se consultó si se quiere o no una nueva Constitución y qué tipo de órgano debiera redactarla: una Convención Constitucional (Asamblea Constituyente) o una Convención Mixta Constitucional, que estaría conformada en un 50 % por miembros elegidos por la ciudadanía y en un 50 % por parlamentarios. Posteriormente se realizó la elección de convencionales constituyentes, responsables de redactar la carta constitucional, y el próximo paso es un referéndum ratificatorio con sufragio universal obligatorio, que está previsto para el 4 de septiembre de 2022.
La Convención Constitucional es solo uno de los hitos de un proceso constituyente que emergió con el levantamiento popular de 2019, pero sin duda es de lo más significativo. Materializa, por escrito, buena parte de las demandas populares expresadas con furia y fuerza en las calles durante un estallido social sin precedentes. Dignidad fue la principal de las demandas.
El contexto político, social y económico en que se desarrolla el proceso es complejo. En lo político, una de sus características principales es que carece de liderazgo definido. A diferencia de lo que ha ocurrido en tiempos recientes en otros procesos constituyentes de América Latina, este proceso no fue impulsado por un liderazgo político estando en la presidencia.
La Convención Constitucional se instaló el 4 de julio de 2021 durante la presidencia de Sebastián Piñera, quien se constituyó en un obstaculizador del proceso en la primera etapa, negando recursos, condiciones y retrasando todo aquello que estuviere a su alcance.
A finales de 2021 resultó electo Gabriel Boric a la presidencia y se renovó el poder legislativo. Más allá de que el gobierno de la coalición Apruebo Dignidad, integrada por distintos partidos de izquierda, se ha manifestado a favor del proceso constituyente y buena parte de su programa de gobierno encuentra coincidencia con los contenidos de la propuesta de nueva Constitución, es un gobierno que entra en funciones cuando la Convención Constitucional ha recorrido la mitad de su camino, en marzo de 2022.
De lo más complejo de esta temporalidad tenemos que el Congreso actual, que será reemplazo por un nuevo poder legislativo en la nueva Constitución, se eligió legítimamente después de la propia Convención Constitucional. Lo que ha servido de argumento para quienes se oponen a la eliminación del deslegitimado Senado actual, se aferran a un sistema político y una estructura legislativa que durante las últimas décadas ha servido para impedir y retrasar cualquier intento de transformación y han resguardado el modelo neoliberal heredado de la dictadura.
El texto de la nueva Constitución consagra un Estado social y democrático, garante de derechos, que viene a reemplazar al Estado subsidiario del proyecto neoliberal, ese que solo se hace cargo de lo que no cubre el mercado, focaliza en extremo y se subordina a la lógica mercantil.
Se trata de una Constitución garantista, que incorpora un amplio catálogo de derechos fundamentales, como educación, salud, seguridad social, vivienda, trabajo, derecho a huelga y muchos otros que en la Constitución de 1980 solo se mencionaban para limitarlos.
La Convención propone un sistema político que recoge de la mejor forma las demandas sociales y las necesidades de transformación. Un presidencialismo atenuado en el Ejecutivo, un poder Legislativo con bicameralismo asimétrico: una cámara de diputadas y diputados, y una cámara de las regiones donde se expresarán los territorios, terminando de esta forma con el actual Senado, que concentra enorme poder y como cámara revisora se ha encargado de dilatar avances democráticos.
Se incorporan mecanismos de democracia participativa, como la iniciativa popular de ley, la iniciativa indígena, referendos, con inclusión de chilenos y chilenas en el exterior, de jóvenes y de pueblos y naciones indígenas, todo lo que se conecta con un diseño de Estado regional que reivindica a las regiones de una geografía diversa y compleja, dejando atrás la centralización extrema que hasta ahora ha marginado a muchas personas por haber nacido lejos del centro del país.
Más allá del texto constitucional, los principales logros del proceso son otros. Lo primero es la solidaridad como principio y eje transversal de la nueva carta fundamental, que incorpora un paradigma distinto que viene a romper con el individualismo y la fragmentación social impuesta, y promoverá nuevas subjetividades, solidarias, y la rearticulación del tejido social.
En segundo lugar, el repensar colectivamente la sociedad con derechos, con inclusión, desde las diversidades, es un ejercicio creativo que en sí mismo tiene la potencia de resistir y contrarrestar décadas de monotonía neoliberal.
La nueva Constitución es vanguardista en reconocer que la naturaleza es sujeto de derechos, así como en declarar que Chile es plurinacional y en él coexisten diversas naciones en la unidad del Estado. Y de esta forma, conecta con otros procesos constituyentes de América Latina de los últimos años.
Se trata, además, de la primera Constitución en el mundo que ha sido escrita por un órgano con paridad, y que consagra una democracia paritaria, en la que se reconoce y promueve una sociedad en la que mujeres, hombres, diversidades y disidencias sexogenéricas participen en condiciones de igualdad sustantiva.
La garantía de respeto a los derechos humanos es un eje transversal del texto constitucional e implica un nuevo paradigma para una sociedad que normalizó, por imposición, la impunidad y la represión, y que tuvo una transición democrática incompleta, con los derechos humanos como principal conflicto.
Las normas transitorias plantean un período de transición progresivo en el que se irá implementando lo que se ha consagrado y se instalarán las nuevas instituciones, respetando a las autoridades electas en ejercicio. No implicará la relegitimación de autoridades, como se ha hecho en experiencias comparadas recientes, lo que es resultado de los acuerdos alcanzados. En el marco del proceso se requerían dos tercios para aprobar los contenidos constitucionales.
Una deuda de esta nueva Constitución es la negación del reconocimiento explícito del pueblo tribal afrodescendiente, al que se le negó estar representados en la Convención, así como el derecho a la participación en el nuevo sistema político. Deberá superarse el desconocimiento y el prejuicio, y seguirán vigentes la lucha y las justas demandas del pueblo afrodescendiente.
Esta Convención es solo una de las etapas de un proceso de luchas de largos años, que se desarrolla en los territorios, en las organizaciones barriales y vecinales, en los cabildos, asambleas, que resuena en las redes sociales, en las conversaciones cotidianas del pueblo. Y justamente esa es la esencia y principal virtud de un tiempo de transformaciones.
Más allá del texto constitucional, los principales logros del proceso son otros. Lo primero es la solidaridad como principio y eje transversal de la nueva carta fundamental, que incorpora un paradigma distinto que viene a romper con el individualismo y la fragmentación social impuesta, y promoverá nuevas subjetividades, solidarias, y la rearticulación del tejido social.
En segundo lugar, el repensar colectivamente la sociedad con derechos, con inclusión, desde las diversidades, es un ejercicio creativo que en sí mismo tiene la potencia de resistir y contrarrestar décadas de monotonía neoliberal.
Y lo fundamental es que nunca más deberá quedar la política ajena al pueblo, ni restringida para expertos, técnicos y especialistas, como obliga el proyecto neoliberal. Este proceso ha significado que la política se hace en las calles, que la norma fundamental la escribe el pueblo, gente común y corriente que se posiciona situada desde sus realidades.
El momento actual en Chile es de enorme complejidad y volatilidad. Los impactos de la economía global se dejan sentir y se suman a una situación crítica en lo social de precarización de la vida, que se evidenció con el estallido de 2019. En ese sentido, la generación de altas expectativas en materia de derecho y su efectivo cumplimiento es uno de los desafíos que debe enfrentar el gobierno actual y todo el sistema político en el marco de la transición.
En lo político, lo inmediato es la aprobación de una Constitución democrática y de derechos que espera poner fin a la institucionalidad que dejó instalada y protegida la dictadura cívica militar encabezada por Augusto Pinochet.
La despolitización promovida durante las últimas décadas se hace evidente en la actualidad. La campaña en contra de la nueva constitución es feroz, cuenta con amplios recursos, se promueve sin tapujos en los medios de comunicación masivos y redes sociales, y está fundamentada en fake news. Las vocerías de la derecha política emiten falsedades sin tapujos con la intensión de desinformar y atemorizar a una población que ⎯despolitizada⎯ cree lo que se dice en la tele.
Despolitizar es uno de los propósitos del proyecto neoliberal. El desinterés en lo político es lo que se instala a través de diferentes mecanismos, uno de ellos es reducir la democracia al ejercicio del voto cada tantos años, y ni eso se cumplía en un país como Chile, con altísimos niveles históricos de abstencionismo electoral. De ahí que los efectos de las nefastas campañas de desinformación y mentiras impactan fuertemente en la sociedad.
El desafío será superar a los poderes fácticos que pugnan porque se rechace la nueva Constitución y que tienen de su lado el respaldo del dinero y de los medios. El desafío es terminar con el proyecto de sociedad de la dictadura cívico-militar y abrir los caminos a nuevas formas de convivencia, que los derechos dejen de ser privilegios y la dignidad sea para todas y todos.
Y lo fundamental es que nunca más deberá quedar la política ajena al pueblo, ni restringida para expertos, técnicos y especialistas, como obliga el proyecto neoliberal. Este proceso ha significado que la política se hace en las calles, que la norma fundamental la escribe el pueblo, gente común y corriente que se posiciona situada desde sus realidades.
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