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Contornos y trazos iniciales de la política exterior del gobierno de Petro

Jairo Estrada Álvarez

Profesor del Departamento de Ciencia Política

Universidad Nacional de Colombia

 

Con el fin de comprender los alcances de la política exterior del gobierno progresista de Petro, es preciso tener como referencia la política que adelantó en ese campo la administración de Iván Duque durante el cuatrienio de 2018-2022. Aquí me refiero solamente a algunos tópicos; por lo demás, sin considerar las continuidades que se remontan a gobiernos anteriores.

La herencia del gobierno de Duque

La política exterior estuvo marcada por la subordinación plena a los intereses estadounidenses y a la derecha trasnacional, en una versión “ideologizada” y concordante con las narrativas más extremistas de sectores de derecha del Congreso de los Estados Unidos, de la mafia “cubano-americana” de Miami y, en general, del gobierno de Donald Trump. Bien es sabido que el país fue alineado sin recato alguno con las concepciones anticomunistas que sembraron la tesis de la necesidad de la contención de una presunta amenaza castrochavista en la Región, así como del combate al “eje del mal” (Cuba, Nicaragua y Venezuela). El gobierno de Duque se erigió en estandarte del injerencismo estadounidense a través de las más variadas modalidades, como quedó comprobado no solo con los hechos, sino plasmado en el libro de memorias del exasesor de seguridad nacional de Trump, John Bolton, La habitación donde sucedió (2020), especialmente en el capítulo sobre Venezuela 1. Por otra lado, el país entró a hacer parte de diseños geopolíticos más complejos, en tanto se concibió como parte de la contención de la influencia rusa, china e iraní en la Región; particularmente fueron notorias las posturas frente a la presunta expansión rusa a través de Venezuela.
Dentro de las incontables acciones injerencistas (directas o indirectas) del gobierno de Duque se encuentran, entre otras, el impulso de aventuras para el derrocamiento del gobierno de Venezuela, incluida la fallida operación mercenaria Gedeón; la conformación del “Grupo de Lima” para promover el “cerco diplomático”; la labor de zapa para contribuir a justificar la inclusión de Cuba dentro de la arbitraria lista estadounidense de “países patrocinadores del terrorismo”2; el voto en blanco contra el infame bloqueo económico a Cuba, con el cual se rompió la tradición colombiana de voto en contra desde 1992; acciones a las que se sumó una sostenida ofensiva cultural y mediática orquestada con la derecha de la Región. La convicción ⎼casi hasta el delirio⎼ de que se hacía parte de una misión en defensa de “la libertad, la democracia y los derechos humanos”, lo llevó incluso de manera soterrada a pretender incidir en los resultados electorales del estado de la Florida esperando apoyar la reelección Trump, asunto que, dado el triunfo de Joe Biden,  lo dejó mal colocado, obligándolo a doblar aún más la rodilla para ganarse los afectos del nuevo mentor de la Casa Blanca.

Las formulaciones iniciales indican que la política exterior se caracterizará por el respeto a los principios de la soberanía y la autodeterminación, el propósito de impulsar procesos de integración sustentados en la búsqueda de consensos en torno al cambio climático y la redefinición del modo actual del desarrollo capitalista, así como la consolidación de la paz regional. En principio, se trata de anuncios que poseen un gran significado y son concordantes con concepciones que buscan abrirse paso en Nuestra América a través de otros gobiernos progresistas ya existentes.

Junto con ello, en segundo lugar, la política exterior se sustentó en la pretensión de “neutralización” de propósitos de integración desarrollados lustros atrás por la Unasur y la CELAC; todos ellos vistos como componentes de la presunta estrategia “castrochavista”. En ese aspecto, se impulsó la creación de Prosur y se hicieron los mayores esfuerzos por reforzar la políticas injerencistas de la OEA (organismo en inconcluso proceso de decadencia) promovidas por su secretario general, Luis Almagro. A ello se agregó la continuidad de la política de integración basada en el “libre comercio”, pese a que la crisis capitalista agravada por la pandemia del covid-19 imponía nuevas condiciones que arreciaron las prácticas proteccionistas, incluso en los países del capitalismo central. Asimismo, se apreció el apego sin reserva alguna a la política estadounidense de “guerra contra las drogas”, que como es sabido articula narcotráfico, terrorismo y disposiciones geopolíticas, y ha sido caracterizada como un fracaso. 

Aunque en materia de política exterior fueron evidentes las preferencias del gobierno de Duque por las políticas de Trump, de estas últimas debe decirse en todo caso que representaron apenas una variante de la política de “seguridad nacional” extraterritorial (intervencionista) practicada históricamente por el gobierno de los Estados Unidos en defensa de sus llamados “intereses estratégicos”. Por ello no sorprende que durante el mandato de Biden ⎼contrario a las tesis ligeras sobre su presunto progresismo en materia de política exterior⎼ no se haya observado modificación sustantiva alguna. La actual situación geopolítica mundial, incluido el acecho de una guerra mundial, es la muestra palpable. De esa invariabilidad no escapa Nuestra América, lo cual traza un contexto para el gobierno progresista que inició su mandato en Colombia el pasado 7 de agosto. 

Por otra parte, tal y como ocurrió en aspectos de la política interior, la política exterior se caracterizó por el “doble discurso” y la simulación. No es propósito de este texto describir el amplio espectro de la acción gubernamental; solamente se mencionan algunos ejemplos para ilustrar. Al tiempo que en escenarios internacionales se proyectaba una “visión progresista” frente al cambio climático, dentro del país nada se hizo por aprobar el Acuerdo de Escazú, se permitió la acelerada e impune deforestación de la Amazonia y se pretendió con insistencia ⎼pero sin éxito⎼ reanudar la aspersión aérea con glifosato sobre los cultivos de uso ilícito. En el mismo sentido, se valió del Acuerdo de paz celebrado con las FARC-EP para obtener reconocimiento internacional y recursos de financiación, mientras se dio a la tarea del bloqueo mañoso de la implementación y de hacerlo trizas. 

En general, dada la nefasta política del gobierno de Duque, el nuevo gobierno encuentra un terreno abonado para rehacer la política exterior, ajustándose a principios básicos del derecho internacional y a reglas elementales de convivencia de la comunidad internacional.

Alcances de la política exterior

Si se tienen en cuenta las declaraciones del presidente Gustavo Petro, así como del canciller Álvaro Leyva, está en curso un “giro progresista” en las relaciones exteriores del Estado colombiano. Las formulaciones iniciales indican que la política exterior se caracterizará por el respeto a los principios de la soberanía y la autodeterminación, el propósito de impulsar procesos de integración sustentados en la búsqueda de consensos en torno al cambio climático y la redefinición del modo actual del desarrollo capitalista, así como la consolidación de la paz regional. En principio, se trata de anuncios que poseen un gran significado y son concordantes con concepciones que buscan abrirse paso en Nuestra América a través de otros gobiernos progresistas ya existentes. Un triunfo electoral de Lula Da Silva en las elecciones presidenciales que se celebrarán en octubre de este año en Brasil fortalecería aún más la posición progresista en perspectiva regional. 

Sin duda se está en presencia de nuevas condiciones de contexto, frente a las cuales no es aconsejable una valoración en términos de la simple sumatoria de la geografía del progresismo. En diversos análisis se ha declarado con afán el inicio de un “nuevo ciclo progresista” y se ha ido pintando el mapa de la región en gama de rojos tenues. Siendo importante la presencia de gobiernos progresistas en la Región, en ningún caso ⎼desde la perspectiva nacional-estatal⎼ sería dable afirmar que se esté frente a proyectos que se puedan considerar consolidados; tampoco es posible declarar la existencia de un “consenso progresista” que permita inferir la actuación como “bloque progresista” regional. 

En ambas circunstancias se trata por lo pronto de procesos en curso, con niveles diferenciados de maduración, frente a los cuales no está dicha la última palabra. En todas las experiencias actuales se enfrentan las mayores resistencias “desde dentro”, y también se encuentra la celosa custodia de los Estados Unidos para que no se produzcan desbordes que pongan en cuestión de manera sustantiva su posición hegemónica en Nuestra América, así ella exhiba signos de debilitamiento, no solo por los cambios políticos registrados, sino por la presencia regional de otras potenciales mundiales, especialmente de China y Rusia. Lo cierto es que cada quien continúa haciendo su trabajo. Desde luego que en el campo democrático y popular se espera que tales proyectos se puedan desplegar y consolidar en el ámbito nacional-estatal e incluso que trasciendan sus visiones limitadas sobre la crítica al orden social vigente y el cambio político y social. Asimismo, que se logre configurar un “bloque regional” que fortalezca en perspectiva los procesos de integración autónoma de los estados y los pueblos de la Región. 

Las condiciones actuales en todo caso difieren de aquellas que se presentaron en la Región en la primera década de este siglo, cuando ⎼por efecto de la movilización social contra los regímenes de democracia gobernable neoconservadora y el “modelo neoliberal”⎼ se produjeron cambios políticos que llevaron al surgimiento de gobiernos definidos en ese momento como de izquierda y de centroizquierda 3. De las experiencias de esos gobiernos se puede afirmar, primero, que vistas de conjunto, asumieron rasgos más radicales mostrando en algunos casos posturas antiimperialistas y narrativas anticapitalistas, aunque con tendencia a la prevalencia de un espectro muy variopinto que incluía la moderación; segundo, que lograron construir rápidamente una propuesta de “integración alternativa”, con algunas concreciones destacables pero sin lograr llevar a feliz término el proyecto integrador regional, entre otras cosas por las diferencias en los alcances de los proyectos políticos que desde el ámbito nacional-estatal las inspiraban 4, y, tercero, que ⎼cuando pretendieron el desborde antisistémico o la desalineación frente a los Estados Unidos⎼ se encontraron frente a estrategias que combinaron el intervencionismo imperial (golpes de estado, guerra económica, “law fare”, ofensiva mediática, etc.) con una acción opositora de derecha “desde dentro”, articulada transnacionalmente.

El progresismo actual se caracteriza por la mayor moderación y el no cuestionamiento al imperialismo estadounidense; busca más bien otro tipo de relacionamiento con los Estados Unidos, sin pretender quebrar las estructuras de dependencia entronizadas históricamente. No es de ruptura. En lo esencial tiene como propósito hacer valer principios y valores del derecho internacional, como la soberanía y la autodeterminación, pisoteados de manera sistemática en la Región. En presencia de condiciones de dominación de espectro completo como son las impuestas por los Estados Unidos y de políticas de gobiernos de derecha plenamente alienadas (con matices) con la estrategia estadounidense, el progresismo actual representa un “avance democrático” y abre la expectativa de un “reformismo continuado”, que puede introducir nuevas agendas y acentos en la política exterior. Y eso debe valorarse, siendo conscientes de los alcances y limitaciones frente al sistema imperante de relaciones internacionales y globales, tanto en lo referido a las relaciones con los Estados Unidos, como en lo relacionado con las otras potencias que hoy disputan las nuevas configuraciones del orden mundial.

La política progresista del gobierno de Petro se inscribe dentro de ese planteamiento general. Empero, a diferencia del resto de países de la Región, posee un condicionante de peso mayúsculo: Colombia es “aliado estratégico” de los Estados Unidos y “socio global” de la OTAN. Esa doble condición es única en Nuestra América. Así es que el giro de la política exterior tendrá que hacerse a través de un ejercicio de complejo equilibrio entre lo anunciado por el gobierno y la señalada doble condición. Tarea nada fácil.

A mi juicio, se precisará la construcción de un consenso (implícito o convenido) de política exterior con los Estados Unidos, mediante el cual, al tiempo que la potencia imperial tiene la certeza de que no habrá transgresión de sus intereses estratégicos mayores, el gobierno tiene el margen de actuación para un relacionamiento con los Estados Unidos y la Región sustentado en los preceptos de política exterior anunciados. Por la postura hasta ahora mostrada por los Estados Unidos tengo la impresión de que existe el interés de ese país de discutir condiciones para habilitar una “política exterior controlada” en el sentido de evitar el desborde, o de propiciar la “auto-regulación” por el propio gobierno5. En ese sentido, muy seguramente se tratará de dotar con otros contenidos y narrativas la noción de “aliado estratégico”, buscando superar el indigno arrodillamiento que ha predominado históricamente en la política exterior colombiana.

Contornos y trazos de la política exterior

Si este planteamiento se desglosara son muchos los temas que aparecen en la escena. Algunos de ellos interrelacionados y todos con alcance geopolítico. Me refiero, por una parte, al propósito de la paz completa, a la normalización de las relaciones con la República Bolivariana de Venezuela, a la calidad de las relaciones con Cuba y Nicaragua y a la política antidrogas, entre otros. En todos esos casos, sin desconocer los propósitos de una pretendida política exterior soberana, será preciso concertar o al menos coordinar con los Estados Unidos.

La relaciones con Cuba, Venezuela y Nicaragua

En su momento, los diálogos y negociaciones con la guerrilla de las FARC-EP contaron con el beneplácito del gobierno estadounidense; de hecho, se designó un “enviado especial”, que si bien no estuvo de manera directa en la Mesa de Conversaciones de La Habana, se reunió en forma continua con las partes y estuvo atento a cualquier acuerdo que afectara los intereses de los Estados Unidos, incluido sobre todo el punto 4 sobre la “solución al problema de las drogas ilícitas”. En la reanudación del proceso con el ELN y el desarrollo esperado de los diálogos y negociaciones con esa guerrilla, además del indiscutible rol de Cuba como sede alterna y país garante, la contribución de Venezuela será fundamental.

En el caso de Cuba, se trata de una nación hermana incluida en la lista estadounidense de países patrocinadores del terrorismo, lo cual ⎼de manera injusta⎼ ha arreciado las condiciones del ya severo bloqueo económico de los Estados Unidos por más de seis décadas contra ese país. El desagravio realizado por el Canciller Álvaro Leyva en su reciente visita a La Habana y el rechazo enfático a la inclusión de Cuba en la señalada lista es un paso que debe saludarse. Se esperaría que fuese acompañado de la exclusión de Cuba de la lista por parte de los Estados Unidos, si su justificación se sustentó en el infame argumento presentado por el gobierno de Duque de albergar los “terroristas” de la delegación de paz del ELN. El reconocimiento de la legitimidad de la delegación del ELN que está en La Habana y de los protocolos pactados con esa guerrilla por el gobierno de Santos generan sin duda una nueva situación. Desde luego que no es el gobierno de Colombia el que define la política exterior de los Estados Unidos frente a Cuba. Es sabido que el gobierno de Biden no ha introducido variación sustantiva alguna incluso frente a la medidas impuestas durante el mandato de Donald Trump. Lo cierto es que hay nuevas condiciones ⎼más allá de los propósitos de paz completa⎼ para reconducir las relaciones con Cuba.

Otro tanto se puede afirmar respecto de Venezuela. El camino de la normalización es de mutuo interés y hace parte de un complejo en el que también se encuentran los Estados Unidos. La paz completa implica abordar de manera conjunta la problemática derivada de la presencia de guerrillas y de mercenarios narcotraficantes y paramilitares en territorios fronterizos; demanda los buenos oficios de Venezuela, país que ha vivido en años pasados la guerra económica impuesta por los Estados Unidos y las numerosas intentonas golpistas, apoyadas por el gobierno de Duque. Recomponer en ese sentido la relaciones con el hermano país, con independencia de las valoraciones que se tengan sobre sus asuntos internos, es tarea prioritaria. La rápida designación mutua de embajadores representa un buen punto de partida, frente a asuntos comunes en los que los temas económicos, militares, de fronteras, de migración y culturales, entre otros, ocupan un lugar central. En materia económica, sobra decir que hay un margen de actuación significativo, si se considera la balanza comercial positiva para Colombia que caracterizó la relación bilateral antes de su deterioro, permitiendo un volumen de exportaciones que en el momento más significativo bordeó los 8.000 millones de dólares anuales. Se trata de una relación con incontrovertible beneficio mutuo, absurdamente destruida.

En dirección similar se encuentra la normalización de las relaciones con Nicaragua, país con el que se tienen diferencias limítrofes que ⎼más allá de lo que se tramita en tribunales internacionales⎼ exigen una relación bilateral amistosa, como debe ser entre naciones. También con ese país se va camino de la normalización; se ha designado igualmente embajador.

El progresismo actual se caracteriza por la mayor moderación y el no cuestionamiento al imperialismo estadounidense; busca más bien otro tipo de relacionamiento con los Estados Unidos, sin pretender quebrar las estructuras de dependencia entronizadas históricamente. No es de ruptura. En lo esencial tiene como propósito hacer valer principios y valores del derecho internacional, como la soberanía y la autodeterminación, pisoteados de manera sistemática en la Región. En presencia de condiciones de dominación de espectro completo como son las impuestas por los Estados Unidos y de políticas de gobiernos de derecha plenamente alienadas (con matices) con la estrategia estadounidense, el progresismo actual representa un “avance democrático” y abre la expectativa de un “reformismo continuado”, que puede introducir nuevas agendas y acentos en la política exterior.

En todos esos casos, a diferencia de lo que ingenuamente se pudiera pensar, se trata de procesos complejos y con inciertas temporalidades, que no se agotan solamente en declaraciones de voluntad y demandan labores de filigrana no solo para reconstruir las relaciones bilaterales severamente afectadas por el gobierno de Duque, sino para encausarlas por una senda que brinde confianzas y certezas a las partes involucradas. Se podría considerar, incluso, que el gobierno progresista de Petro pueda servirse de su condición de “aliado estratégico” de los Estados Unidos para hacer sus buenos oficios en aspectos puntuales de las relaciones de ese país con Cuba, Nicaragua y Venezuela, en la perspectiva de su regularización. Bajo cualquier circunstancia, siempre estará el muro de contención de los “intereses estratégicos” de los Estados Unidos y la persistente labor de la ultraderecha estadounidense que ya anuncia una oposición férrea a las políticas del gobierno Petro, lo cual no excluye acciones desestabilizadoras6.

La política antidrogas y el TLC

Junto con lo anterior, se encuentra la política antidrogas. La concepción expuesta en el discurso presidencial del 7 de agosto es concordante con visiones progresistas conocidas en el ámbito internacional; la convocatoria de una conferencia internacional para el abordaje multilateral del problema es una disposición pospuesta del Acuerdo de paz celebrado con las FARC-EP. El planteamiento formulado desde el principal país productor de cocaína del mundo adquiere particular significado; cómo se recibe por parte del país principal consumidor y promotor de la “guerra contra las drogas”, los Estados Unidos, no es todavía predecible, más aún cuando tal guerra se ha constituido en uno de los ejes de la política exterior estadounidense, le ha sido útil para justificar su política intervencionista y representa un negocio para grupos corporativos estadounidenses. Por lo pronto, debe valorarse el propósito de redefinir los contenidos de la política antidrogas y son de esperarse diferencias de concepción y en la acción gubernamental.

Según declaraciones gubernamentales, el giro de política exterior (comercial) comprende igualmente una renegociación del Tratado de Libre Comercio; propósito más que necesario si se consideran los nefastos efectos que para la producción nacional han tenido diez años del TLC con los Estados Unidos. En este campo debe advertirse que, además del acuerdo de la contraparte, los marcos normativos imponen un proceso cuya duración puede extenderse por dos años con lo obligación de aprobación por ley tanto por parte del Congreso de los Estados Unidos como por el legislativo colombiano. Solo en el evento de que se trate de reformas menores, podría esperarse un trámite más expedito. La normatividad de los TLC y, en general, la que ha establecido un régimen de protección de los “derechos del capital” constituye un condicionante estructural para una política exterior progresista. No es casualidad que en algunas experiencias de la Región los procesos constituyentes que se adelantaron hubieran incorporado normativas de “desconstitucionalización” del neoliberalismo. No es el caso del progresismo colombiano.

Por otro lado, aunque con otros alcances, se encuentran las relaciones con China y, sobre todo, con Rusia. Estas últimas también han sufrido un deterioro. Si se contempla que la política exterior progresista se inscribe dentro del multilateralismo, debería esperarse ⎼sobre todo en la relación con Rusia⎼ que se asistiera a un mejoramiento, dejando atrás la idea del gobierno de Duque de que la Rusia capitalista actual es una versión encubierta del régimen soviético. En general, debe señalarse que el giro de la política exterior también supone la recuperación de la diplomacia, extraviada en la oscuridad de las narrativas de la extrema derecha.

En todo caso, todas estas valoraciones se circunscriben a los inicios del gobierno; son, en ese sentido, preliminares. Se trata de una aproximación sustentada en los elementos de análisis a disposición.

Desde la perspectiva de la geopolítica mundial, la alineación de Colombia con la OTAN en calidad de “socio global” le resta objetivamente margen de maniobra para una política exterior soberana y limita el propósito de hacer de Colombia una “potencia mundial de la vida”, si se tiene en cuenta el militarismo inherente a ese tratado político-militar controlado por los Estados Unidos.

El consenso en torno al cambio climático

El propósito del gobierno progresista de Petro de impulsar un consenso regional en torno al cambio climático y la descarbonización del régimen de producción predominante permitirá introducir con mayor fuerza otro tipo de discusiones que trascienden las históricas sobre procesos de integración. En ese campo se encuentran sin duda posibilidades interesantes y opciones de ejercer otro tipo de liderazgo regional, que de todas maneras chocarán con las condiciones del capitalismo realmente existente, el cual dista aún ⎼más allá de vigentes tratados internacionales⎼ de transitar por el camino de superación de la energía fósil hacia un modo de producción capitalista socio-ambientalmente sustentable y un “capitalismo desfinanciarizado”.

En este último aspecto es preciso recordar que, entre tanto, el cambio climático y las economías de la descarbonización se encuentran inmersos en lógicas de financiarización. El mercado especulativo de bonos de carbono es un ejemplo de ello. De todas maneras, en este aspecto, debe señalarse que la propuesta progresista de Petro es concordante con visiones progresistas del capitalismo, desarrolladas por Joseph Stieglitz y por organismos multilaterales (Banco Mundial, BID, Cepal), entre otros. Aún está por verse qué recepción tiene dentro de los otros gobiernos progresistas y los demás gobiernos de la Región al momento de construir un consenso, del que además se espera también hagan parte los Estados Unidos. Si se considera el predominio de formas neoliberales de la integración, abrir ese campo de discusión merece la debida atención y debe destacarse con la debida ponderación.

¿Un bloque progresista regional?

Desde la perspectiva de la geopolítica mundial, la alineación de Colombia con la OTAN en calidad de “socio global” le resta objetivamente margen de maniobra para una política exterior soberana y limita el propósito de hacer de Colombia una “potencia mundial de la vida”, si se tiene en cuenta el militarismo inherente a ese tratado político-militar controlado por los Estados Unidos. Por otra parte, se esperaría que los propósitos anunciados de la política exterior progresista de Petro tengan la debida expresión y consecuencia en su actuar en el sistema de la Organización de Naciones Unidas.

Finalmente, debe decirse que a pesar de algunos trazos comunes, la tarea de constitución de un “bloque regional” de política exterior progresista que incida sobre los destinos de la Región se encuentra pendiente, aunque posee condiciones de posibilidad. No están suficientemente decantadas las posturas frente a los gobiernos de Cuba, Nicaragua y Venezuela, en relación con los cuales se marca distancia con la excepción de México. La posición del gobierno de Petro no es todavía suficientemente explícita, más allá de los preceptos generales de política exterior anunciados. En la idea de un “bloque progresista” regional tampoco se encuentran definidos las rasgos de una política común (regional) frente a los Estados Unidos y las posturas frente a experiencias de integración alternativa de los primeros lustros de este siglo 8. El propósito de ejercer un liderazgo regional exige valorar, recuperar y fortalecer experiencias recientes de Nuestra América, si en efecto se trata de fortalecer una posición autónoma, propia, de la Región no solo en sus relaciones con los Estados Unidos, sino en el contexto mundial. Por ahora se está en presencia de procesos en desencadenamiento.

1  En declaraciones recientes Bolton reiteró que el gobierno de los Estados Unidos se dio a la tarea de desestabilizar y derrocar gobiernos que ese país consideraran una amenaza para sus intereses estratégicos. Duque fue estandarte y gregario de esa política frente a Venezuela, violando claramente los principios de la soberanía y la autodeterminación, propios del derecho internacional.

2  En este caso, mediante el desconocimiento de los protocolos convenidos por el Estado colombiano con la guerrilla del ELN para el evento de ruptura de los diálogos y negociaciones, contraviniendo de manera flagrante el derecho internacional.

El desenvolvimiento del proceso político mostró que tales caracterizaciones eran insuficientes, considerando las diferenciaciones que se fueron advirtiendo, entre otros, en sus definiciones programáticas y en la propia acción gubernamental. A lo largo de los últimos lustros, se ha apreciado numerosas maneras de nombrarlos. Se hablado del “socialismo del siglo XXI” y de gobiernos nacional-populares, en los casos en los que asumieron una mayor radicalidad; de gobiernos populistas, alternativos, posneoliberales, neodesarrollistas y también de gobiernos progresistas, entre otros.

Aunque se creó la La Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América – Tratado de Comercio de los Pueblos (ALBA-TCP), no todos los “gobiernos alternativos” decidieron hacer parte de ella. No fue posible llevar a cabo iniciativas impulsadas por Hugo Chávez como la del Sistema Único de Compensación Regional (Sucre), para enfrentar la hegemonía del dólar, Petrosur y el Banco del Sur. Se crearon sí la Unasur y la CELAC. 

En contraste con el gobierno de Iván Duque, que fue sometido a una larga espera, hubo comunicación expedita del presidente Biden con el presidente Petro; igualmente se realizaron reuniones de intercambio de alto nivel. Se dio continuidad a la relación fluida que ha sostenido Petro desde lustros atrás con la embajada de los Estados Unidos y sectores del Congreso de ese país.

En ese sentido, la conformación del senado estadounidense, tras la elección de 34 de sus 100 integrantes el próximo 8 de noviembre, será de la mayor importancia. No hay certeza de que el Partido Demócrata logre consolidar la mayoría.

Omito en este texto una mención a los debates sobre el “buen capitalismo” y las posibilidades actuales del “capitalismo productivo nacional”.

Destaco los esfuerzos de Andrés Manuel López Obrador por recuperar la CELAC y darle nuevas proyecciones, al tiempo que llamo la atención sobre el fracaso de política exterior estadounidense en la reciente Cumbre de las Américas, celebrada recientemente en Los Ángeles del 6 al 10 de junio, al persistir en el propósito de aislamiento de Cuba, Nicaragua y Venezuela.

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