José Francisco Puello-Socarrás
Escuela Superior de Administración Pública
En “Las veinticuatro perdices” ‒una sección que pertenece a la segunda parte de La fiesta de la insignificancia que lleva por subtítulo: “El teatro de las marionetas”‒ Milan Kundera (2014) trajo a colación la siguiente anécdota contada por Iósif Stalin a sus colaboradores:
[…] Un día él [Stalin] decide ir de caza. Se pone una vieja parka, se calza unos esquíes, coge un fusil de caza y recorre trece kilómetros. De pronto, ante él, ve unas perdices en las ramas de un árbol. Se detiene y las cuenta. Hay veinticuatro. ¡Vaya mala pata! Sólo se ha llevado doce cartuchos. Dispara, mata a doce, luego da media vuelta, recorre otra vez los trece kilómetros hasta su casa y coge otra docena de cartuchos. Recorre una vez más los trece kilómetros hasta las perdices, que siguen en las ramas del mismo árbol. Y por fin las mata a todas…”.
La particular historia se encontraba, según la narración de Kundera, en las Memorias de Jrushchov reproducida “tal como Stalin la había contado a su gente”.
Este relato podría utilizarse como una contraparábola, pues su valor no deviene por las enseñanzas que usualmente transmiten simbólicamente las parábolas.
Quizás para un lector desprevenido esta anécdota resultaría increíble, absurda o al menos poco verosímil. Pero, en todo caso, permite evocar varios avatares del proceso de implementación de la Paz estable y duradera y del Acuerdo final de Paz en Colombia durante el fracaso reciente ex profeso del gobierno de Iván Duque (2018-2022) y también instruye sobre las ambigüedades presentes que se vienen registrando –sin corregirse– en el actual gobierno liderado por Gustavo Petro que ya cumple un año desde su posesión en 2022.
Más allá de las elucubraciones, el carácter profundo y concreto de este y cualquier gobierno se puede evaluar en función de las definiciones reales vinculadas con ejes claves que hacen del ejercicio en las orientaciones políticas del Estado: la economía, la seguridad y las relaciones internacionales, al menos. Para el caso de los mandatos políticos en Colombia es imposible omitir en los ejes anteriores un tema fundamental tan singular como definitivo para el ejercicio gubernamental: la Paz.
Está fuera de discusión que los procesos de construcción de la Paz en Colombia están íntimamente relacionados con los ritmos de la economía, las coyunturas de la seguridad personales, colectivas y social en general tanto con el rumbo de las relaciones internacionales (i. e. respaldos de la comunidad internacional, entre otros).
Por su relevancia, las decisiones gubernamentales sobre el Acuerdo final de Paz firmado en 2016 y su errática implementación iniciada en 2017 siguen siendo determinantes. Más aún: resultan ser inminentes para conducir y reconducir el destino de la nación.
El teatro de las marionetas. La paloma ausente de la Paz en el gobierno Duque
Una síntesis sobre la evolución de la implementación del Acuerdo final de Paz hasta agosto de 2022, mes en el que asume el Pacto Histórico, dejaría como conclusión inobjetable un proceso que se ha mostrado más que errático y tendiente hacia la perfidia (ver CEPDIPO, 2021).
Simplificando, esta trayectoria puede ser resumida a través de una secuencia gubernamental que cubre desde los incumplimientos parciales, paulatinos pero progresivos en temas claves estructurales (i. e. desfinanciación) tal y como fueron registrados durante la administración de Juan Manuel Santos (2017-2018) hasta el desconocimiento, distorsión y desfiguración sistemáticas del Acuerdo de paz y su implementación por parte de la administración de Iván Duque (2018-2022).Es irrevocable que el gobierno de Duque y su coalición de ultraderechas promovieron desde un principio la idea de “hacer trizas ese maldito papel” como propaganda electoral.
Sin embargo, el Acuerdo de paz como síntesis política y la misma implementación en disputa se mostraron resilientes y mal que bien tuvieron un blindaje legal formal; fundamentalmente, el proceso estuvo respaldado en lo real y la propuesta de una Paz estable y duradera con Justicia social ha sido apropiada culturalmente desde abajo por los procesos sociopolíticos recientes, tal y como lo reivindicaron las protestas populares que en las calles exigieron y siguen exigiendo su cabal cumplimiento.
Ante la imposibilidad (e ineptitud) de deshacer lo pactado, el gobierno Duque optó por una salida rabisalsera que fue adelantada a través de una estrategia relativamente sofisticada de simulación del cumplimiento de la implementación. 1
Con el triunfo del Pacto Histórico surgía una nueva ilusión. Incluso, se pronosticaron mejores condiciones y posibilidades para reavivar el Acuerdo en tanto el nuevo gobierno reiteraba el respaldo a lo acordado, a pesar del suspenso que habría paralizado el proceso al comprometerse a rectificar el sendero de la implementación. De hecho, uno de los primeros aciertos del gobierno estuvo en elevar como objetivo general del Plan Nacional de Desarrollo ‒el Nuevo Contrato Social‒ ratificando que el conjunto de medidas públicas (económicas, sociales, etc.) desembocarían en la Paz. Sin embargo, lo consignado en la versión final del Plan Nacional de Desarrollo 2023-2026: Colombia Potencia Mundial de la Vida sugiere, por el contrario, el porvenir de otra desilusión.
Si bien esta estratagema incorporaba diferentes maniobras para emboscar el proceso de implementación, una de ellas de carácter “técnico” fue determinante: omitir incorporar un Capítulo específico de la implementación del Acuerdo de paz dentro del Plan Nacional de Desarrollo del momento (2019-2022), tal y como lo exigían las condiciones contempladas para poner en marcha el Acuerdo final en clave de políticas públicas y ajustes institucionales.
Estas manipulaciones fueron advertidas oportunamente por diferentes informes a través de análisis sistemáticos y basados en evidencia que denunciaron las gravosas consecuencias de no contemplar técnicamente un Capítulo especial del Acuerdo y su respectivo componente específico en el Plan plurianual de inversiones (CEPDIPO, 2019a; CEPDIPO, 2019b).
Con esta omisión, la planeación de las políticas y las medidas para la implementación correrían el riesgo no solo de mantenerse en la senda del incumplimiento que ya se venía plasmando al final del gobierno de Santos, sino que –peor aún– retorcerían el proceso hacia la perfidia entrampando lo pactado en orientaciones deliberadas y sobre todo unilaterales por parte de un gobierno que explícitamente se proponía desmembrarlo.
Al final, era más que previsible que la Paz estable y duradera con Justicia social del Acuerdo fuera subsumida por la (mal)llamada “Paz con Legalidad” duquista, orientación que desfiguró el sendero de acciones establecidas originalmente por el espíritu del pacto alcanzado en La Habana.
Por demás, se profundizó aún más la desfinanciación y la desarticulación tecnopolítica de componentes claves para la construcción de la paz. En diferentes situaciones, los avances tímidos en algunos puntos del Acuerdo final se revirtieron. Sin embargo, el discurso oficial de la época sostuvo –sin pruebas ni evidencias– que el Acuerdo y su implementación “seguían adelante”.
Después del cuatrienio duquista, los resultados tanto políticos como en las medidas públicas coincidieron con los presagios marcando la impronta del fracaso reciente: una Paz ausente y pospuesta (ver Estrada, 2021).
Las doce perdices de La Paz total. Inconsistencias y erráticas del gobierno Petro
Con el triunfo del Pacto Histórico surgía una nueva ilusión. Incluso, se pronosticaron mejores condiciones y posibilidades para reavivar el Acuerdo en tanto el nuevo gobierno reiteraba el respaldo a lo acordado, a pesar del suspenso que habría paralizado el proceso al comprometerse a rectificar el sendero de la implementación.
De hecho, uno de los primeros aciertos del gobierno estuvo en elevar como objetivo general del Plan Nacional de Desarrollo ‒el Nuevo Contrato Social‒ ratificando que el conjunto de medidas públicas (económicas, sociales, etc.) desembocarían en la Paz.
Sin embargo, lo consignado en la versión final del Plan Nacional de Desarrollo 2023-2026: Colombia Potencia Mundial de la Vida sugiere, por el contrario, el porvenir de otra desilusión.
El Plan de Desarrollo del Pacto Histórico repite la historia del anterior armado del Plan Duque. Y, aunque se registran algunos cambios de énfasis, estructural y técnicamente el Nuevo Pacto Social petrista insiste en omitir un Capítulo especial del Acuerdo de Paz. El contraste de ambos Planes en aspectos cruciales resulta retóricamente espurio y lógicamente obvio.
El Plan de Desarrollo del Pacto Histórico repite la historia del anterior armado del Plan Duque. Y, aunque se registran algunos cambios de énfasis, estructural y técnicamente el Nuevo Pacto Social petrista insiste en omitir un Capítulo especial del Acuerdo de Paz. El contraste de ambos Planes en aspectos cruciales resulta retóricamente espurio y lógicamente obvio (ver tabla N.° 1).
Tabla N.° 1. Contraste Planes Nacionales de Desarrollo gobiernos Duque y Petro en relación a la implementación del AFP
Mientras que el gobierno Duque subsumió la implementación del Acuerdo bajo su propia hermenéutica: “la Paz con Legalidad”, parece ser que el gobierno Petro insiste ahora en el error, pero con el tono de la convocada “Paz total”2 .
En ambos casos, aún con los matices que puedan suspicazmente justificarse, pues el nuevo Plan de Desarrollo retrotrae retóricamente la expresión: “paz estable y duradera”, la ausencia del Capítulo especial del AFP no garantiza una trayectoria autónoma desde lo técnico ni propia desde lo político para ceñirse rigurosamente al espíritu del Acuerdo de La Habana. Por el contrario. Los cambios de “estrategia” a “eje”; de “Pacto” a “Nuevo contrato social” resultan más bien anecdóticos y, con base en la experiencia inmediatamente anterior, le incorporarían más incertidumbres a la tendencia hasta ahora registrada.
Tampoco parecerían revertirse las desviaciones del Acuerdo final sufridas durante el cuatrienio anterior, incluidas la simulación y la perfidia. Se asiste entonces a una situación catastrófica, pues el desastre duquista exigía rupturas, si se quiere: construir sobre lo destruido, resarciendo los daños infringidos y restaurando estratégica y tácticamente el proceso para así recuperar el espíritu del Acuerdo final.
Hay que notar que, por ejemplo, los problemas de financiamiento continúan relativamente intocados, a pesar de los anuncios gubernamentales. El incremento de los recursos entre lo proyectado por el gobierno de Petro y el de Duque inicialmente sería del 25% circa, teniendo siempre en cuenta que la diferencia no se sustenta en la brecha existente entre los precios constantes en los años 2018 y 2022. Pero si se observan estas cifras a precios constantes de 2021, la ejecución de los recursos del Acuerdo final entre 2017 y 2021 ascendería a $39,6 billones con una programación adicional de $6,5 billones para el primer trimestre del año 2022.
Si esta adición no fue subejecutada, pues se trata de una inclinación más que verificada durante todo el proceso de la implementación del AFP durante el (des)gobierno de Duque, los recursos 2017-2022 (I trimestre) se aproximarían a $45 billones (Contraloría Delegada para el Posconflicto, 2022). Frente a lo estimado por el PND 2023-2026, los recursos de la Paz ‒sin que necesariamente sean los del Acuerdo final de Paz‒ se incrementan en $5 billones circa (a precios constantes de 2022).
Tabla N.° 2. Fuentes de financiamiento del Plan Plurianual de Inversiones Públicas para la Paz
Tabla N.° 3. Distribución del Plan Plurianual de Inversiones Públicas para la Paz por punto
Solo refiriendo los aspectos financieros, el aumento alrededor de $5 billones para el Acuerdo final de Paz en el gobierno de la Paz Total bajo la “metodología” que omite un Capítulo especial resultaría insuficiente para reavivar la implementación. Máxime cuando la promesa política durante la campaña fue revertir la tendencia hacia la perfidia recuperando el espíritu del Acuerdo original en una perspectiva de implementación efectiva hacia el futuro.
Lo mismo sucede en otros temas claves que exigen definiciones políticas y técnicas inminentes. Por ejemplo, los llamados oficialmente “PDET” continúan siendo instrumentados a partir de la deformación técnica heredada del gobierno anterior. Hasta el momento, ni siquiera parece haberse discutido los diagnósticos sobre el incumplimiento en este tema ni tampoco realizado evaluaciones para recrear las alternativas hacia la reconstrucción (por tanto, la existencia efectiva) de los PDET en correspondencia con lo pactado (ver Estrada, Galvis, et al., 2021).
Una situación análoga se presenta en los ajustes institucionales y organizacionales de diferentes órdenes, incluida la infraestructura para la Paz que mandataba el Acuerdo final, otra de las facetas del incumplimiento, el entrampamiento y la perfidia.
Así, podríamos estar transitando desde la simulación del fracaso reciente de Duque y la coalición ultraderechista hacia la disimulación de la retórica del presente de Petro y la coalición progresista, desafortunadamente repitiendo la historia, pero esta vez sin absolución.
La anécdota de las perdices concluye con el siguiente diálogo entre Jrushchov y Stalin:
-¿Cómo? ¿Quieres decir realmente que las perdices no se fueron y se quedaron en las ramas del árbol? ‒preguntó Jrushchov.
-Así es ‒contestó Stalin‒, no se movieron de su sitio.
Referencias bibliográficas
Centro de Diálogo y Pensamiento Político – CEPDIPO. (2019). La Paz Ausente. Un Plan Nacional de Desarrollo (2018-2022) sin capítulo específico de la implementación del Acuerdo de Paz. Centro de Diálogo y Pensamiento Político (CEPDIPO).
Centro de Diálogo y Pensamiento Político – CEPDIPO. (2021). La “Paz con legalidad” al desnudo. Simulación de la implementación y trizas del Acuerdo de paz con las FARC-EP. Centro de Diálogo y Pensamiento Político (CEPDIPO).
Centro de Pensamiento y Diálogo Político (CEPDIPO). (2019). La implementación del Acuerdo de paz durante el gobierno de Iván Duque. Tendencia a la perfidia y simulación. Centro de Diálogo y Pensamiento Político (CEPDIPO).
Contraloría Delegada para el Posconflicto. (2022). Sexto informe sobre la ejecución de los recursos y cumplimiento de las metas del componente para la paz del Plan Plurianual de Inversiones. Noviembre de 2016 a 31 de marzo de 2022 Énfasis Vigencia 2021. (Seguimiento a los recursos del posconflicto). Contraloría General de la República.
Estrada, J. (Ed.). (2021). La Paz pospuesta. Situación actual y posibilidades del Acuerdo con las FARC-EP. Centro de Diálogo y Pensamiento Político (CEPDIPO).
Estrada, J., Galvis, M. I., Jiménez Martín, C., Mora, A. F., Puello-Socarras, J. F., & Vargas, F. (2021). Reavivar el Acuerdo de paz con las FARC-EP. Propuestas de planeación y política pública. Centro de Diálogo y Pensamiento Político (CEPDIPO).
Estrada, J., Jiménez, C., & Puello-Socarrás, J. F. (Eds.). (2021). La implementación territorial del Acuerdo de paz con las FARC-EP. Estudio sobre los Programas de Desarrollo con Enfoque territorial—PDET. Centro de Diálogo y Pensamiento Político (CEPDIPO).
Kundera, M. (2014). Las veinticuatro perdices. En La fiesta de la insignificancia (pp. 29–34). Tusquets.
1 Uno de los ejemplos más deplorables de la simulación duquista son los Programas de Desarrollo Territorial (PDET), los cuales técnicamente hoy no existen, a pesar de que la retórica gubernamental de su momento haya bautizado de esa manera a una serie de situaciones que están lejos de observar el Acuerdo final (ver Estrada, Jiménez, et al., 2021).
2 La definición de la Paz Total se encuentra en el artículo 1º del PND: “(…) la paz total, entendida como la búsqueda de una oportunidad para que todos podamos vivir una vida digna, basada en la justicia; es decir, en una cultura de la paz que reconoce el valor excelso de la vida en todas sus formas y que garantiza el cuidado de la casa común” (artículo 1º). Después en el artículo 4º se lee: “(…) una apuesta participativa, amplia, incluyente e integral para el logro de la paz estable y duradera, con garantías de no repetición y de seguridad para todos los colombianos; con estándares que eviten la impunidad y garanticen en el mayor nivel posible los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación. Esto implica que el centro de todas las decisiones de política pública sea la vida digna, de tal manera que los humanos y los ecosistemas sean respetados y protegidos. Busca transformar los territorios, superar el déficit de derechos económicos, sociales, culturales, ambientales, y acabar con las violencias armadas, tanto aquellas de origen sociopolítico como las que están marcadas por el lucro, la acumulación y el aseguramiento de riqueza. Este eje tendrá presente los enfoques de derechos de género, cultural y territorial” [énfasis propio] (artículo 4º).
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