Dax Toscano Segovia
Magíster
Comunicador Social
Docente universitario
Marcel Merizalde Guerra
Magíster
Comunicador Social
Docente universitario y analista político
Al cierre de la edición de este número se conoció la noticia del triunfo de Daniel Noboa Azin, candidato de la derecha ecuatoriana, en las elecciones extraordinarias del pasado 15 de octubre. Ahora, el pueblo ecuatoriano deberá enfrentar un futuro de luchas contra la profundización del programa neoliberal y la creciente violencia que azota al país hermano.
La destrucción del país y el retorno al pasado
En las aceras y en el pavimento calentado por el fuerte sol, aparecieron los cadáveres de varias personas humildes que habían fallecido a causa del covid-19. Algunos cuerpos habían sido dejados por sus familiares en las entradas de las casas, para evitar el contagio al interior de los hogares.
Pocos tuvieron la suerte de ser cubiertos con una sábana o una tela. A otros, que antes de morir se habían desvanecido, sin fuerzas para poder sostenerse, en el lugar en el que la parca los había encontrado, poca gente, por temor o porque la muerte se iba naturalizando de esa forma, les prestaba atención.
Las escenas dantescas, que parecían sacadas de una película de terror, sucedieron en la ciudad de Guayaquil en los primeros meses del año 2020. Así lo testimoniaron las agencias de prensa internacionales.
Ni siquiera ataúdes hubo en aquel momento para poder colocar a los muertos provenientes de los sectores populares, para luego darles una digna sepultura. A algunos, se los pudo colocar en cajas de cartón que una empresa empezó a fabricar para hacer negocio, mientras un medio de comunicación halagaba el material de las mismas por ser ecológico.
En esa situación se debatía la gente pobre de la ciudad portuaria de Guayaquil, en los barrios pobres, olvidados de la urbe. El Guasmo, Isla Trinitaria, Batallón del Suburbio, Flor de Bastión, Balerio Estacio, Monte Sinaí, Bastión Popular, Nueva Prosperina, sobrevivieron, a su manera, en medio de la pobreza, la pandemia y el olvido del gobierno de turno.
Para ellos, el dilema no era quedarse en casa y protegerse del COVID o salir y morirse contagiados. No. Para ellos la disyuntiva estaba entre morir sin tener algo que comer o, en el mejor de los casos, sobrevivir al COVID, tratando de hacer algún trabajo, conseguir un poco de dinero y así comprar algún alimento para la familia.
En medio de esa realidad cruel, inhumana, desgarradora, el gobierno de Moreno despidió a un número de 400 servidores públicos vinculados al campo de la salud, en las provincias de Manabí y Santo Domingo de los Colorados. Ya en el año 2019 se había despedido entre 2.500 y 3.500 trabajadores de la salud.
El personal médico y de enfermería, en jornadas extenuantes de 24 horas seguidas, con lo poco que tenían, sin contar con los elementos de bioseguridad adecuados, combatieron a la pandemia, incluso a costa de sus vidas. Hasta 2021, 521 médicos y más de 100 enfermeras habían fallecido.
En Ecuador se prepara el relevo en el poder de otro miembro de las élites económicas, que permita desarrollar y concluir las políticas implementadas desde el Gobierno de Lenín Moreno, con una profundización del neoliberalismo y la consiguiente pérdida de los más importantes derechos de los ciudadanos ecuatorianos, como salud y educación pública, además de un retroceso en lo laboral.
La tragedia del Ecuador, con el retorno del neoliberalismo, cuya larga y oscura noche parecía haber sido superada, volvió a llenar de tinieblas la vida de la mayoría de los ecuatorianos.
Mientras el pueblo llano se enfrentaba a la muerte, la ministra de Gobierno, María Paula Romo, que en octubre de 2019 había ordenado la represión brutal contra el levantamiento popular que se llevó contra Moreno, negociaba votos en la Asamblea mediante el reparto de los hospitales con asambleístas que solicitaron algunos cargos para las instituciones de la salud y otras entidades del Estado.
Los negociados de medicamentos e insumos médicos también estaban a la orden del día. El expresidente de la República, Abdalá Bucaram y su hijo “Jacobito”, estuvieron involucrados en uno de esos casos, como lo estuvo el ex asambleísta, partidario de Moreno, Daniel Mendoza, implicado en una red de corrupción en la construcción del Hospital de Pedernales.
La inoperancia, la incapacidad y la corrupción fueron la tónica característica del mandato de Lenín Moreno y sus aliados.
Pero los problemas que tuvieron como causa fundamental la pandemia del Covid 19, no fueron los únicos que azolaron al Ecuador en esos años.
Las imágenes morbosas que se difundieron en 2019, fundamentalmente a través de las redes sociales, de la cabeza de un preso decapitado en el Centro de Privación de la Libertad Zonal 8, con la que otros detenidos se hicieron pases, tal cual, si se tratara de una pelota, causaron conmoción en la ciudadanía.
“El que a hierro mata, a hierro muere”, dice el refrán. William Poveda, alias “El Cubano”, había sido condenado a 25 años de prisión por el asesinato de la exdirectora de la Penitenciaría del Litoral, Soledad Rodríguez. Él lideraba la banda criminal de “Los Cubanos” y habría sido el responsable del asesinato al interior de la prisión de otros detenidos, cuyos compañeros vengaron sus muertes.
Una vez más, a nivel internacional, las noticias provenientes del Ecuador hacían relación a los motines y al número de asesinatos cometidos en el interior de las cárceles del país.
Sin embargo, la destrucción del Ecuador empezó mucho antes de estos acontecimientos, cuando los sectores oligárquicos, con el beneplácito de los EE. UU., empezaron a desmantelar apresuradamente todo el andamiaje institucional que se había levantado bajo el gobierno del presidente Rafael Correa.
Sometido a un brutal ataque mediático y propagandístico, Correa tuvo que enfrentar, bajo su gobierno, a la oligarquía ecuatoriana, a la partidocracia tradicional, a sectores de la clase media, a los medios de comunicación y los periodistas asalariados de los medios, así como también a grupos de la llamada “izquierda” ecuatoriana, representados fundamentalmente por el otrora Movimiento Popular Democrático-Partido Comunista Marxista Leninista del Ecuador (MPD-PCMLE), hoy Unidad Popular, así como al Movimiento Pachakutik, brazo político de la CONAIE, del cual, varios líderes, abiertamente de derecha, como Lourdes Tibán y Salvador Quishpe, encabezaron la oposición al mandatario.
Miembros de la policía y del ejército ecuatoriano también mantuvieron actitudes desafiantes contra el gobierno que los había privado de ciertos privilegios, fundamentalmente a la oficialidad de esas instituciones.
El 30 de septiembre de 2010 se produjo una intentona golpista, llevada a cabo por elementos de la Policía Nacional en el Regimiento Quito No. 1, al que había asistido Correa. Un grupo de uniformados gaseó al presidente, mientras gritaban insultos, lanzaban amenazas y ataques no solo contra el primer mandatario, sino contra los ciudadanos que se volcaron a las avenidas Mariana de Jesús y Mariscal Sucre a defender al gobierno.
En ese entonces, el extinto periodista Fernando Villavicencio, en un artículo titulado “Rafael Correa y el golpe de Estado del cabo Cotonete”, exaltaba positivamente la acción llevada adelante por miembros de la policía. Las plumas de aquellos a los que Correa denominó como “los mercenarios de tinta”, se pusieron nuevamente en acción para justificar el ataque contra el presidente, incluso esgrimiendo mentiras para engañar a la población como lo hizo Emilio Palacios.
Otro de los actores fundamentales que se opuso al proyecto progresista liderado por Correa en Ecuador, fue el gobierno de los EE. UU. Varios acontecimientos marcaron la distancia entre la Casa Blanca y Carondelet.
En abril de 2011, el presidente ecuatoriano declaró como “persona no grata” a la embajadora de ese país, Heather Hodges, por su intromisión en asuntos internos del Ecuador. La embajada de EE. UU. no veía con buenos ojos las decisiones de Correa, como la investigación que condujo en el año 2008 a presentar un “Informe de penetración de la CIA en las Fuerzas Armadas y la Policía” ecuatorianas, en el cual se estableció que los responsables de la inteligencia en estas ramas, coronel Mario Pazmiño y mayor Manuel Silva, trabajaban directamente con la Agencia y con los servicios de inteligencia colombianos.
No se debe perder de vista, además, que el presidente Correa no renovó el contrato para la presencia de la base militar estadounidense en la ciudad portuaria de Manta, el mismo que había sido suscrito por el gobierno de Jamil Mahuad en 1999, el cual llegó a su fin luego de 10 años, en septiembre de 2009.
Otro hecho que disgustaba sobre manera a los EE. UU., era la presencia en la embajada del Ecuador en Londres de Julián Assange, a quien el gobierno ecuatoriano había concedido asilo político ante la persecución llevada adelante por esa potencia y sus socios ingleses en contra del creador de WikiLeaks, el mismo que había puesto al descubierto los crímenes perpetrados por los Estados Unidos en diversos lugares del mundo con el pretexto de combatir al terrorismo.
El mandato de Correa fue objeto de los más feroces ataques propagandísticos y mediáticos que se hayan llevado adelante contra gobierno alguno en el Ecuador. En el trabajo “El mito del periodismo independiente en el Ecuador: guerra sucia contra el presidente Rafael Correa y posicionamiento a favor del candidato de la banca”, publicado en lahaine.org, el autor, Dax Toscano, expone con casos concretos como durante todos los años de gobierno de Correa, este fue sometido a estigmatizaciones, insultos, mensajes de odio y una campaña de manipulación y engaño para confundir a la mayoría de la población.
A pesar del apoyo que recibió de empresarios, medios de comunicación, sectores políticos de la derecha tradicional que se aliaron en torno a la figura de Lasso y hasta del respaldo de la “izquierda”, que públicamente llamó a votar por él, Moreno, el candidato del partido hasta ese entonces de Correa, Alianza País, lista 35, obtuvo el triunfo electoral.
En apariencia, el proyecto conocido como “La Revolución Ciudadana”, tenía garantizado su continuidad. No obstante, el viraje que trastocó todo el escenario político de ese momento, en el cual, a la derecha, de alguna manera se le había vuelto a derrotar, provino de la mano del recién electo presidente de la República, Lenín Moreno Garcés, quien, de las alabanzas desmedidas contra Correa, pasó a dirigirle los más furibundos ataques, fundamentalmente los de corrupto, ladrón, narcotraficante y hasta asesino.
A los diez años de ataques mediáticos y propagandísticos recibidos por Correa durante su mandato, le sucedieron cinco más, cargados de una virulencia mayor y, además, con la implementación del “lawfare” o guerra jurídica contra el exmandatario, el entonces vicepresidente electo Jorge Glas y otros cercanos colaboradores de Rafael Correa.
“Una mentira repetida mil veces, se transforma en verdad”, decía el jefe de propaganda del Tercer Reich, Joseph Goebbels. Así lo hizo el presidente Moreno, con el respaldo de todos los medios privados de comunicación, los periodistas asalariados en el país, a los que se sumaron voces de otros rincones del continente, gustosas de emprender en la campaña de desinformación, manipulación e intoxicación de la mente de la población ecuatoriana, como las de los periodistas Jaime Bayly y Andrés Oppenheimer y la del escritor Mario Vargas Llosa. Fundaciones, institutos y organizaciones con financiamiento de la CIA, al servicio de la derecha y de los EE. UU., cumplieron a cabalidad su papel para crear en el imaginario de un gran sector de la población ecuatoriana que Correa, representante del “Socialismo del Siglo XXI”, no era más que un corrupto y narcotraficante.
En el país, dieron rienda suelta a sus ataques un sinnúmero de medios y organizaciones como La Posta, 4 Pelagatos, Plan V, Código Vidrio, Fundamedios. A nivel internacional, el Interamerican Institute for Democracy, con sede en Miami, no ha escatimado recursos, hasta hoy día, para atacar a Correa y dar respaldo a sus aliados.
La traición de Moreno se completa
Bajo ese escenario, Moreno convocó a una consulta popular para el 4 de febrero de 2018, que, en lo fundamental, tenía como propósito, en caso de obtener un triunfo, bloquear una futura reelección del presidente Correa, así como desmantelar el aparato institucional mediante la reestructuración del Consejo de Participación Ciudadana. Y así se hizo, tras el resultado favorable que obtuvo Lenín Moreno.
Julio César Trujillo, fundador en la década de los 70 del siglo pasado de la agrupación política de derecha, Democracia Popular-Unión Demócrata Cristina, fue el hombre que se encargó de la “descorreización” del Estado. Nombrado como presidente del Consejo de Participación Ciudadana Transitorio, Trujillo fue el que dispuso, en forma omnipotente, la designación de las nuevas autoridades de control del país, en sustitución a las que se habían nombrado en la época de Correa. Tras su fallecimiento, acaecido el 19 de mayo de 2019, recibió una condecoración post mortem con la Orden Nacional de San Lorenzo en el Grado de Gran Cruz, por sus servicios prestados.
De esa manera, el lawfare contra el exmandatario, pudo llevarse en forma efectiva. Contraloría, Fiscalía, Corte Constitucional, Corte Nacional y Consejo de la Judicatura se convirtieron en instrumentos de la persecución judicial.
Diana Salazar, pese a un bochornoso examen escrito en el que obtuvo la calificación de 10/20 y a una mediocre exposición oral que poco o nada le importó al presidente del Consejo de Participación Ciudadana Transitorio, fue designada como fiscal general del Estado. Un hecho que no puede perderse de vista es la cercanía de Salazar con funcionarios de la embajada de EE. UU. y su presencia dentro de la legación diplomática, que no es algo reciente.
Ha sido esta funcionaria, nombrada por Trujillo, quien ha llevado adelante los procesos acusatorios contra el exmandatario Rafael Correa. Denunciada por haber cometido plagio en su tesis de grado por el Colectivo Acción Jurídica Popular, Salazar, que ha sido muy ágil para impulsar los procesos contra Correa, ha dejado pasar el tiempo en casos como el de “INA PAPERS” con la constitución de sociedades fantasmas, en paraísos fiscales, en el que el expresidente Moreno y su familia estarían involucrados o en el caso “León de Troya” en el que se pondría en evidencia los nexos del gobierno de Guillermo Lasso, con la mafia albanesa.
El 7 de abril de 2020, la Corte Nacional de Justicia ratificó la sentencia de 8 años de pena privativa de libertad por el delito de cohecho pasivo propio agravado en el caso Sobornos 2012-2016, en calidad de autor mediato por instigación, contra el presidente Rafael Correa Delgado.
En la sentencia, de manera subjetiva, se dice que Correa ejerció sus funciones “con un poder total concentrado en sus manos, a manera de un ‘autócrata’, esto es controlando las cinco funciones del Estado ecuatoriano”, para más adelante señalar que “la prueba evacuada en la audiencia de juicio, resultó incontrovertible para determinar que el procesado Rafael Correa Delgado, hizo surgir un grupo de personas, específicamente sobre un grupo de funcionarios públicos de su entera confianza -mediante influjo psíquico-, la resolución de realizar el injusto de cohecho pasivo propio agravado”.
El pedido de la fiscal, Diana Salazar, fue acogido por la Corte. Salazar, en su exposición llegó a comparar al exmandatario con la figura de Pablo Escobar, comparación nada inocente y con una clara connotación para asociar a Correa con el narcotráfico, acusación que sin prueba alguna la han hecho algunos de sus más despiadados opositores como fue el caso del excandidato presidencial, Fernando Villavicencio, asesinado por un grupo criminal el 9 de agosto de 2023.
El país está a la deriva. Un Estado fallido y un gobierno incapaz de solucionar los problemas acuciantes de la mayoría de la población que está destrozada emocional y anímicamente, culturalmente sin rumbo, al punto crítico que en un colegio del distrito Nueva Prosperina de Guayaquil el 16 % de los alumnos está relacionado con una organización delictiva o que hay ciudades en las que los niños juegan a ser sicarios.
Moreno había cumplido su cometido. Pero el proyecto de restauración del orden oligárquico solo podía completarse si se hacía una intervención en lo materia económica. La figura más destacada en este campo, que sirvió a los intereses de los grupos de poder económico en el país, fue la del ministro de Economía y Finanzas, Richard Martínez, nombrado en mayo de 2018.
El hoy funcionario del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) fue el encargado de poner en ejecución las medidas destinadas a golpear a los trabajadores y la clase media, mientras se favorecía a los grupos empresariales y a las cámaras de comercio. No podía esperarse otra cosa de quien fuera presidente del Comité Empresarial Ecuatoriano y de la Federación Nacional de Cámaras. Junto a él estuvo el exvicepresidente Alberto Dahik, como miembro del Consejo Económico para asesorar a Moreno, que conformó un equipo de verdaderos criminales neoliberales.
Los resultados no se hicieron esperar. El economista Marco Flores ha puesto en evidencia en varias intervenciones suyas la forma en que Martínez llevó adelante la economía del país, beneficiando a los tenedores de bonos de deuda, entre ellos bancos extranjeros, mientras se garantizaba la austeridad fiscal y se sacrificaba el desarrollo humano de pobres y de la clase media, a decir de Flores.
Estancamiento económico, fuga de capitales, remisión o falta de cobro de las deudas tributarias a los sectores económicos más poderosos, mientras se rebajan los salarios de los empleados públicos y se mandaba al desempleo a miles de trabajadores, precarizando la condición de vida de muchas familias, fue lo que caracterizó el manejo de la economía bajo el gobierno neoliberal de Moreno y Martínez.
Para 2021 la CEPAL señaló que la evasión tributaria en el Ecuador alcanzaba la cifra de 7.000 millones de dólares. Empresas fantasmas, cuentas en paraísos fiscales, fuga de divisas han sido algunos de los mecanismos que los grupos de poder económico han llevado adelante para eludir sus responsabilidades con el Estado. En el ranking de los mayores deudores al fisco, con una deuda en firme de 89 millones de dólares aparece la Exportadora Bananera Noboa, grupo al que pertenece Daniel Noboa, candidato a la presidencia del Ecuador.
Mientras intoxicaban a la gente diciendo que la corrupción en el gobierno de Correa había causado pérdidas de entre 30 y 70 mil millones de dólares al Estado ecuatoriano, declaración que ni el BID la avalado, pero que la difundieron, sin beneficio de inventario, por medios de comunicación como Infobae, La Hora o La República, el gobierno de Moreno y Martínez nada hacía para detener la evasión tributaria y la fuga de divisas que hasta hoy día pone en riesgo la dolarización que dicen defender.
El golpe más duro que Moreno y Martínez dieron a los sectores populares y a la clase media, con el respaldo de los asambleístas de Lasso, fue la aprobación de la denominada “Ley Humanitaria”, que constituyó un verdadero salvataje empresarial en desmedro de la clase trabajadora. Mediante esta ley inhumana, se posibilitó el despido de trabajadores, la rebaja de sueldos de los empleados del sector público, la imposición de jornadas laborales flexibles con disminución salarial o con extensión de horarios de trabajo, la celebración de contrataciones desfavorables para los trabajadores, desahucios sin indemnizaciones, todo lo cual se llevó a cabo para que los dueños del capital no sean los perjudicados, mientras se precarizaba cada vez más la situación, de por sí crítica, de quienes estaban laborando.
Lasso: Moreno elevado a la potencia
Moreno terminó su mandato con un 9,3 % de aprobación de su gestión, una clara muestra del rechazo de la población a su gobierno.
En ese escenario, un triunfo del progresismo parecía algo posible. Sin embargo, una vez más la campaña de intoxicación y el odio incrustado en la mente de un amplio sector de la población contra el “correísmo”, más la novelería, la exaltación de lo banal y la imposición del show y la farándula como un mecanismo para llegar a los jóvenes que, alejados de la reflexión política y del análisis de la realidad económica y social, finalmente terminaron identificándose con quienes no eran más que la continuación del gobierno de Lenín Moreno.
A esto se debe sumar el hecho de que la agrupación política de Correa, hasta hoy día, no ha hecho un trabajo de formación entre su militancia que permita el desarrollo de una identidad y conciencia teórica y política revolucionaria, de izquierda, ni tampoco ha formado cuadros que permitan una reflexión política profunda sobre la realidad social, económica del país y geopolítica del mundo dentro de los sectores populares.
En la campaña previa a las elecciones del 7 de febrero de 2021, el uso de las redes sociales fue un elemento determinante en la decisión del voto de diversos sectores de la población, fundamentalmente del electorado joven.
TikTok fue una de las redes más utilizadas para llegar a la juventud. Un candidato presidencial se vistió de viuda y anduvo en patineta, otro, que aspiraba la alcaldía de Guayaquil bailó al ritmo de Plaza Sésamo, mientras que el que quería convertirse en burgomaestre de Playas-Cantón Villamil, invocó a Goku. Los candidatos hicieron uso de “influencers”, bailaron al ritmo del Juyayay, salieron simulando disparar una bazuca y, por supuesto, no dejaron de utilizar a muchachas bonitas, con cuerpos esbeltos, para ganar la atención de la población.
Dentro de ese escenario de banalidades, show y circo barato, el banquero Guillermo Lasso, hizo lo suyo. Su frase célebre fue el “ya que chucha”, incitando a la población a violar las normas y a beber cerveza.
Para la segunda vuelta electoral, Lasso sumó a su equipo a algunos asesores y expertos en campañas electorales como el consultor político Juan Manuel Zúñiga, que luego pasó a formar parte de su gobierno, y Jaime Durán Barba, conocido como el “gurú” de las elecciones, personaje que fue determinante en el triunfo de Macri en Argentina en 2015.
Con paso de Michael Jackson, zapatos deportivos rojos, jean, chaqueta y camisa abierta, Lasso lanzó su primer TikTok. Más de un millón de seguidores llegó a tener en su cuenta e igual número de likes. De esa manera, el banquero asestaba sus primeros golpes en la segunda vuelta electoral. A esto se sumó luego la frase contra el candidato de Revolución Ciudadana, Andrés Arauz, “Andrés, no mientas otra vez”, que penetró profundamente en la psiquis de un amplio sector de la población que, además, lo calificaron de lelo, pipón y alfombra de Correa.
Lasso se mostró como el candidato de la unidad, del encuentro, como decía su eslogan de campaña, mientras sus asesores lanzaban todo su arsenal contra Arauz, acusándole de que iba a desdolarizar el país y que iba a convertir al Ecuador en otra Venezuela.
Con el 52,5 % de los votos, el 11 de abril de 2021, Guillermo Lasso Mendoza fue electo presidente del Ecuador. En ese proceso electoral, Leonidas Iza, líder de la CONAIE, llamó a las bases a cumplir con la decisión de la organización de ejercer el “voto nulo ideológico”.
El 5 de julio de 2020, Lasso publicó un tuit en el que señalaba: “Con mi equipo estamos preparando un proyecto para que en los primeros 100 minutos de gobierno podamos arreglar el desastre que hoy atravesamos. ¡El Ecuador ya no aguanta más!”
Con más del 70 % de aprobación, una campaña de vacunación contra la COVID exitosa y un aumento de 25 dólares al salario básico unificado, Lasso iniciaba sus primeros meses de gobierno con pie derecho. Pero hasta ahí llegó.
Un Lasso errático, inoperante, carente de energía y vitalidad, insustancial, empezaba a mostrarse abiertamente como la continuación del gobierno anterior, pero en una versión aún más incompetente.
Al igual que lo hizo Moreno con la promulgación de la “Ley Humanitaria”, el 23 de septiembre de 2021, Lasso presentó la suya con el nombre de “Ley Orgánica para el desarrollo económico y sostenibilidad fiscal tras la pandemia Covid-19” cuyas disposiciones, en lo fundamental, estaban creadas para golpear a la clase media y trabajadora, mientras los grupos de poder económico mantenían intactos sus intereses.
En materia laboral Lasso propuso un nuevo régimen para legislar la materia, en el cual se planteaban un sinnúmero de normativas favorables exclusivamente para los empleadores, a los que les garantizaba la posibilidad de aumentar los períodos de prueba para la contratación de trabajadores, modificar las jornadas laborales en cualquier momento de virtuales a presenciales, extender las jornadas diarias de trabajo, supuestamente por “mutuo acuerdo” de las partes, sin que a la semana se haya trabajado más de 40 horas, la reducción de la jornada laboral por motivos de fuerza mayor o caso fortuito con la reducción de la remuneración y los aportes a la seguridad social de los trabajadores, pago de indemnización del empleado al empleador cuando el despido sea por causas justas, entre otras disposiciones.
En materia tributaria, nuevamente la clase media fue la más afectada, con contribuciones onerosas, mientras que, para los sectores económicos con ingresos millonarios, el incremento apenas llegaba al 1 %.
En apenas 6 meses la popularidad de Lasso cayó en un 40 % y ya para junio de 2022, tuvo que hacer frente a una contundente movilización popular que puso en jaque al gobierno, el cual ordenó una represión feroz en las zonas de conflicto, fundamentalmente en barrios populares como San Miguel del Común en el norte de Quito, dejando un saldo total de 6 muertos y más de 500 heridos, luego de dos semanas de protestas.
Mientras eso acontecía, el crimen organizado iba tomando el control del país, convirtiendo como bastión de su poderío a los centros carcelarios en las principales provincias del Ecuador, situación que no ha cambiado hasta hoy día, al punto que el líder de “Los Choneros”, José Adolfo Macías Villamar, alias “Fito”, sacó un video musical titulado “El Corrido del León”, filmado al interior de la cárcel y divulgado por las redes sociales.
Las bandas criminales relacionadas con el negocio del narcotráfico, la venta de armas, los secuestros, las vacunas, las extorsiones han ubicado al Ecuador entre los 10 países con mayor criminalidad del mundo, según la Iniciativa global contra el Crimen Organizado Internacional, sin que el Estado haya hecho algo para detener su avance, porque, además, la institución encargada de combatir a esos grupos delincuenciales, paradójicamente, está impregnada de delincuentes, al punto que generales de la policía han sido señalados por sus relaciones estrechas con el narcotráfico.
Lo más grave, y que se ha pretendido silenciar en estos últimos meses, es la relación del cuñado del presidente Lasso, Danilo Carrera Drouet, con la mafia albanesa, en el caso investigado por el periodista Andersson Boscán, conocido como “El Gran Padrino”, situación que el primer mandatario, según un informe que la policía ocultó, con el nombre “León de Troya”, si tenía conocimiento.
A Carrera, Lasso le habría entregado el manejo de las empresas públicas del Estado, creando una red de corrupción para el otorgamiento de contratos, así como para el nombramiento de cargos públicos a cambio de sumas millonarias.
Como en la época de Moreno, los titulares de la prensa internacional hacen mención del Ecuador para referirse a situaciones trágicas, desgarradoras: estudiantes de universidades secuestrados para extorsionar a sus padres, escuelas cerradas por la amenaza de vacunadores, sicarios que acribillan a un padre y su hijo de cinco años al interior de una camioneta, joven al que le clavan un puñal para robarle un celular, un bus de pasajeros quemado por los extorsionadores.
Con un 9,71 % de aprobación a su gestión, una derrota contundente en la consulta popular que convocó el pasado 5 de febrero, el banquero guayaquileño ha anticipado las elecciones presidenciales, tras haber decretado la ‘muerte cruzada’ el 17 de mayo de 2023.
Es el Ecuador que Lasso ha dejado luego de dos años y medio de su gobierno, en el que, además, se ha acelerado la destrucción que inicio Moreno de la obra pública desarrollada bajo el gobierno de Correa, así como de las instituciones encargadas de prestar servicios a la ciudadanía.
El país está a la deriva. Un Estado fallido y un gobierno incapaz de solucionar los problemas acuciantes de la mayoría de la población que está destrozada emocional y anímicamente, culturalmente sin rumbo, al punto crítico que en un colegio del distrito Nueva Prosperina de Guayaquil el 16 % de los alumnos está relacionado con una organización delictiva o que hay ciudades en las que los niños juegan a ser sicarios.
Con un 9,71 % de aprobación a su gestión, una derrota contundente en la consulta popular que convocó el pasado 5 de febrero, el banquero guayaquileño ha anticipado las elecciones presidenciales, tras haber decretado la ‘muerte cruzada’ el 17 de mayo de 2023.
En este escenario el Ecuador se enfrenta a un nuevo proceso electoral, empañado por el asesinato de un candidato presidencial, el cual tuvo como propósito el perjudicar a la candidatura del progresismo, a la que se le imputaría irresponsablemente, por parte de los partidarios de Villavicencio y de sectores de la oposición a Correa, el crimen, así como de varias autoridades de elección popular.
La derecha se organiza para evitar que Revolución Ciudadana llegue al poder
2023 se convirtió, de manera casi inesperada, en un año electoral. Después de seis meses de severas acusaciones de la oposición y de las dilaciones del gobernante, el presidente ecuatoriano, Guillermo Lasso, decidió utilizar el recurso constitucional de la llamada ‘Muerte Cruzada’.
Con este mecanismo, previsto en la Constitución de Montecristi, del 2008, tanto el Presidente como la Asamblea Nacional, pueden cesar a estos dos poderes del Estado y convocar a elecciones anticipadas, para que los nuevos dignatarios completen el periodo para el que fueron elegidos los defenestrados.
El 17 de mayo de 2023, apenas un día después que se iniciara un juicio político en su contra, en la Asamblea, Lasso, decidió disolver el Legislativo y solicitar al Consejo Nacional Electoral (CNE) la convocatoria de elecciones anticipadas.
Dijo que lo hacía, amparado en el artículo 148 de la Constitución, porque la Asamblea Nacional no le dejó ejecutar su Plan Nacional de Desarrollo, además de una grave crisis política y conmoción interna. Argumento, el de la grave crisis y conmoción interna, que refutó a sus opositores, quienes exhibían, como pruebas, casos de corrupción, evasión de impuestos, recursos familiares en paraísos fiscales y cientos de cadáveres, en matanzas dentro de las cárceles ecuatorianas.
Lo cierto es que, hasta ese día, no cesaron las acusaciones de los opositores, los asesinatos en las cárceles se volvieron más espantosos y en las calles se inició el reinado del terror de los grupos delictivos, que extorsionan hasta a los niños de las escuelas fiscales para no golpearlos. Todo esto, mandó al Presidente contra la pared, sin otra defensa que el silencio, la evasión y luego la ‘Muerte Cruzada’.
Lasso reinventó la figura del ‘enemigo público’, encarnado en el expresidente Rafael Correa, quien ahora aparecía, en el relato oficial, como el Patrón de la mafia local, que manejaba la violencia desde su domicilio o ‘ático’, en Bélgica. Un retrato de un ‘Pablo Escobar’ de la política ecuatoriana.
En su exposición de motivos, Lasso dijo, en cadena nacional de medios de comunicación, que: “Esta es una decisión democrática, no solo porque es constitucional, sino porque le devuelve al pueblo ecuatoriano, a ustedes, el poder de decidir su futuro en las próximas elecciones”.
Se preparaba, de esa manera, el relevo en el poder de otro miembro de las élites económicas, que permita desarrollar y concluir las políticas implementadas desde el Gobierno de Lenín Moreno, con una profundización del neoliberalismo y la consiguiente pérdida de los más importantes derechos de los ciudadanos ecuatorianos, como salud y educación pública, además de un retroceso en lo laboral.
Así, tanto el Presidente como los asambleístas cesaron en funciones. En el caso de Guillermo Lasso, por el calendario electoral, estará en funciones hasta casi la Navidad de 2023.
El 26 de octubre de 2023, en declaraciones de prensa, a la cadena informativa NTN24, Lasso dijo: “Prefiero haber gobernado 6 meses en el purgatorio y no 2 años en el infierno”. El Presidente, dijo que no se arrepiente de sus decisiones.
Los herederos millonarios, ahora de candidatos
Con la ‘Muerte Cruzada’, vino la convocatoria a elecciones anticipadas de presidente, vicepresidente y 137 asambleístas.
Se presentaron ocho postulantes. Seis de ellos, parte de la clase política en ejercicio del poder.
Destaca, Otto Sonnenholzner, el exvicepresidente del gobernante Lenín Moreno, nombrado por la Asamblea Nacional, en reemplazo de Alejandra Vicuña.
Sonnenholzner se presentó como uno de los candidatos más opcionados, por el respaldo del votante juvenil. Al final de las elecciones del 20 de agosto de 2023, perdió y resultó ser un fraude para sí mismo, al no recibir el apoyo popular.
También formaron parte de los presidenciales, Jan Topic, hijo de uno de los empresarios más ricos y poderosos del país, heredero de la transmisión – provisión de datos de Internet, de la televisión por cable y del sistema de fotorradares, que le generan a su familia un 75 % de los valores recaudados en multas. Solo un 25 % va a las arcas de los municipios.
Otro heredero en presentarse a esas elecciones anticipadas, fue Daniel Noboa Azin, hijo del magnate del banano Álvaro Noboa Pontón. Candidato apoyado por los jóvenes votantes, a quienes ofrece quitar becas estudiantiles, salud y educación pública. En el SRI, consta que el grupo económico Noboa, de él y de su padre, mantiene una deuda con el Estado de más de USD. 89 millones de dólares.
Suman otros candidatos como Bolívar Armijos, cercano al progresismo. El autodeclarado indígena, Yaku Pérez, quien apoyó en el balotaje de 2021, al ahora presidente Guillermo Lasso.
Fue también candidato presidencial, Javier Hervas, empresario denunciado por Guillermo Lasso, por querer chantajearlo y así evitar el juicio político en la Asamblea. Según Lasso, Hervas no quería pagar impuestos al Estado, a través del Servicio de Rentas Internas (SRI).
El candidato presidencial Fernando Villavicencio, resultó ser un caso excepcional, en las elecciones anticipadas. En declaraciones al medio digital La Posta, reveló que el presidente Lasso, tras ganar las elecciones de 2021, lo llamó para ofrecerle un alto puesto en el Gobierno.
Sin embargo, Villavicencio le pidió dirigir la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional, desde donde protegió al Primer Mandatario de las acusaciones de paraísos fiscales y de la relación con la mafia albanesa, que fue confirmada con el Operativo León de Troya y el posterior asesinato de uno de los implicados, Rubén Chérrez, amigo y socio de Danilo Carrera, cuñado de Lasso y presidente del Directorio de Banco Guayaquil, propiedad de la familia presidencial.
En un confuso incidente, el miércoles 9 de agosto de 2023, un grupo de sicarios asesina a Fernando Villavicencio Valencia, el candidato presidencial por el movimiento Construye, lista 25, de la exministra de Gobierno María Paula Romo, acusada de enfrentar de manera sanguinaria a indígenas y sectores sociales que protestaban por el alza de los precios de los combustibles. Romo, al igual que Sonnenholzner, formó parte del equipo del mandatario Lenín Moreno.
Sicarios colombianos acribillaron a Villavicencio, a la salida de un mitin político, en el Coliseo del excolegio Anderson, al norte de Quito. El político fue disparado dentro de la camioneta que lo sacaría del lugar, en medio de escoltas privados y policiales. La muerte de Villavicencio, cambió, sin duda, el resultado de la primera vuelta electoral presidencial en Ecuador.
Por la Revolución Ciudadana, surgió la candidata presidencial Luisa González. Mujer de origen manabita y cercana al expresidente Rafael Correa Delgado.
Ella se convirtió en el blanco de ataque del resto de candidatos, excepto de Armijos.
La narrativa política, compartida a la ciudadanía en las elecciones anticipadas, se sostiene sobre la idea levantada por las élites de Ecuador, según la cual, la Revolución Ciudadana es una mafia que saqueó el país, con Correa como líder fugado.
Esgrimen un robo de USD. 70 mil millones, monto que no ingresó a las arcas fiscales en el periodo de Rafael Correa, de acuerdo con los organismos mundiales de crédito. Lo que confirma la falsedad de dicha narrativa.
Rumbo al balotaje o segunda vuelta electoral, a realizarse el 15 de octubre, la narrativa política subraya que las mafias, grupos delictivos y Revolución Ciudadana son lo mismo.
Así se vende la infamia a cuatro millones de jóvenes menores de 35 años de edad, que reaccionan más como consumidores y no como ciudadanos. Y serán ellos quienes decidan quien será presidente del Ecuador por un año y tres meses.
En este escenario el Ecuador se enfrenta a un nuevo proceso electoral, empañado por el asesinato de un candidato presidencial, el cual tuvo como propósito el perjudicar a la candidatura del progresismo.
Los excesos de sinceridad de Daniel y Verónica
Del candidato presidencial, Daniel Noboa Azin, no se puede decir que miente a los votantes. Tampoco de su candidata a vicepresidente, Verónica Abad. Dicen sus verdades en medio de exabruptos, al menor descuido de sus consultores políticos.
Hay un exceso de sinceridad de los candidatos, que los jóvenes votantes parecen no tomar en cuenta o quieren dejar pasar por alto, a propósito, para estar a la altura de la political fashion, que exhibe la ignorancia como valor y trofeo.
De manera pública, Noboa dijo a medios ecuatorianos de comunicación social, durante la segunda semana de septiembre de 2023, que su interés es privatizar sectores como la seguridad social, la salud y educación pública, que representan un alto gasto para el Estado y que es una muestra de que los ciudadanos quieren todo gratis.
Además, hizo notar que el sueldo del trabajador ecuatoriano, de USD. 450, es de los más altos de la región. Dijo que por eso Ecuador no es competitivo y dejó entrever que la desdolarización podría ser una salida para bajar todos los costos de producción, en especial en lo que respecta a la mano de obra. En la región, el salario promedio no supera los USD. 200 al mes.
Además, Noboa plantea que el trabajador ecuatoriano debe ganar por horas, lo que exime al ‘pobre y desesperado empresario’, del peso financiero de pagar por la seguridad social de sus empleados.
La candidata vicepresidencial de Daniel Noboa, Verónica Abad, subrayó los propósitos del presidencial. Por sus dotes histriónicos, el anuncio ganó proporciones inesperadas, que tampoco inquietaron a los más de cinco millones de votantes menores de 45 años de edad, según el padrón electoral levantado por el Consejo Nacional Electoral (CNE).
Por boca de Abad, también se conoció que, en su perspectiva, las mujeres casadas deben ganar menos salarios que los hombres. Igualmente, resaltó que las féminas ecuatorianas se embarazan para cobrar bonos al Estado y recibir pensión de los padres de sus vástagos. Esto, con el silencio cómplice de las agrupaciones feministas, para guardar prudente distancia del ‘correísmo’.
Pero no es todo. El propio Daniel Noboa, señaló que los ecuatorianos cometen delitos para ir presos y en las cárceles reciben alimentación diaria gratis y hasta pueden operarse de sus dolencias sin invertir un centavo.
En ambos, el término gratuidad se convierte en un signo perverso, que puede ser inoculado, como derecho ciudadano, mediante la privatización. Este patrón de la oferta electoral de Noboa y Abad, coincide con el imaginario ciudadano, según el cual, lo barato es malo, dale caro y hay que ‘hacer un esfuercito’ para lograr educación y salud de calidad. Es el descrédito de lo publicó en favor de lo privado.
El 15 de octubre de 2023, los ecuatorianos deberán decidir nuevamente entre el país o los representantes del capital. Entre tanto, marines de EE. UU. preparan sus maletas para venir a ‘salvarnos’ de los narcos y sicarios, mientras en las calles de New York ni siquiera pueden salvar a los suyos del consumo de fentanilo.
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