Carlos Medina Gallego
Docente- Investigador
Universidad Nacional de Colombia
1. Expectativas
En el marco de la propuesta de Paz Total, cinco días después de la posesión, el gobierno del presidente Gustavo Petro y la vicepresidenta Francia Márquez retoman los diálogos con el ELN en un contexto de expectativas, retos y escepticismos.
La delegación conformada por el ministro de Relaciones Exteriores, Álvaro Leyva Duran, el Alto Comisionado de Paz, Camilo Rueda, el presidente de la Comisión de Paz del Congreso, Iván Cepeda Castro, acompañados por las Naciones Unidas, la Conferencia Episcopal y los países garantes Cuba y Noruega, entra en contacto con la delegación de paz del ELN en una primera reunión que abre una ruta de acciones encaminadas a retomar los diálogos en el lugar en el que quedaron hace cuatro años, a la finalización del gobierno del presidente Juan Manuel Santos. Los contactos se retoman en un nuevo contexto cargado de requerimientos formales, construcción de confianzas y de certezas procedimentales que pongan fin a las incertidumbres generadas por los incumplimientos de acuerdos formales que posibilitan los diálogos.
Las dos partes coinciden en la necesidad de retomar el proceso como una demostración de “voluntad real” para seguir una ruta que posibilite la solución política del conflicto armado y la construcción de una paz, estable, duradera y sostenible, atendiendo el interés y el llamado que distintos sectores de la sociedad colombiana vienen haciendo desde hace décadas al gobierno y a las distintas organizaciones armadas de poner fin a la violencia y a la guerra.
Como resultado de esa primera reunión, el nuevo gobierno levanta las ordenes de captura y extradición de la delegación de paz del ELN y reactiva los protocolos de retorno que la libera para que los miembros de esa organización, contando con todas las garantías políticas y jurídicas, puedan regresar al país a hacer las consultas y ajustes a la delegación que consideren convenientes, reciban los nuevos mandatos en materia de diálogos y negociación política y retornen a la mesa de conversaciones a desarrollar una agenda, a la que seguramente se le harán ajustes en el marco de un proceso de diálogo que ahora se reviste de una particular lectura de lo acontecido en materia de implementación y seguridad en el proceso con las FARC.
Con las acciones desarrolladas con celeridad por el nuevo gobierno, caracterizado como de izquierda democrática y progresista, se abre una serie de expectativas en materia de construcción de paz, en la medida en que gobierno y ELN coinciden en la necesidades de desarrollar agendas de cambio que garanticen derechos fundamentales a los colombianos, amplíen el ejercicio de la democracia, favorezcan la participación creciente de los movimientos sociales y de la sociedad civil en general en la gestión política, social y económica de los territorios y se pueda avanzar en la superación de los problemas estructurales de la nación. No obstante estas coincidencias, existen miradas distintas al respecto que deben ser aclaradas en materia de metas y alcances de un proceso de paz que se circunscribe a un gobierno en específico, pero que debe garantizar que lo acordado se cumpla independientemente de la filiación política del gobierno que lo reemplace y esto implica que parte fundamental de los acuerdos se constituya en política de Estado, lo cual convoca, más allá de las partes, el interés y la voluntad política del gobierno, los partidos políticos y de la sociedad colombiana.
Las dos partes coinciden en la necesidad de retomar el proceso como una demostración de “voluntad real” para seguir una ruta que posibilite la solución política del conflicto armado y la construcción de una paz, estable, duradera y sostenible, atendiendo el interés y el llamado que distintos sectores de la sociedad colombiana vienen haciendo desde hace décadas al gobierno y a las distintas organizaciones armadas de poner fin a la violencia y a la guerra.
2. Retos
Uno de los mayores retos que tiene este proceso es hacer coincidir los contenidos de la idea de paz total entre ambas partes e ir superando en el diálogo franco y realista las diferencias de contenido de los temas en la precisión de un lenguaje común que se pueda medir en metas, procedimientos y logros específicos.
La mesa de conversaciones no es un espacio de negociación en el que se producen transacciones e intercambios de prácticas y acciones diferenciadas, sino que se constituye en una escuela de aprendizajes compartidos y de toma común de decisiones en el marco de un acuerdo político que establece las responsabilidades y compromisos de las partes en relación con el bienestar general de la nación, en un proceso de formulación de política pública y de gestión social y de gobierno que se desarrolla en el tiempo y que puede tomarse décadas. Dada la complejidad de los problemas estructurales que dieron origen al conflicto armado las soluciones no van a verse en lo inmediato, sino que serán el resultado de largos y complejos procesos. Total, por una parte, hay que superar el inmediatismo de logros que suele vender ilusiones sobre lo que no es posible, creando tempranas decepciones, y, por otra, no se puede pensar que el futuro está cargado de incumplimientos, porque eso tampoco posibilita avanzar. Se trata de apostarle a un proyecto de gestión política del gobierno y del Estado en el que la sociedad es protagonista fundamental y no un receptor pasivo de la acción institucional. Esto implica la generación de una dinámica de construcción de la participación social como parte esencial de la vida democrática de la nación en una atmósfera de plena garantía de derechos, que se reconoce desde la diversidad, el pluralismo y las especificidades de los territorios y las poblaciones.
La principal doliente de la paz y de los acuerdos al respecto debe ser la sociedad y para ello es necesario que las comunidades, las organizaciones y en general los distintos sectores de la población se vean reflejados en los acuerdos y se apersonen de ellos, algo que es posible en el marco de un gobierno progresistas que entienda la movilización social como fuerza trasformadora y constructora de futuro y de una sociedad que se reconozca a sí misma como gestora de los cambios necesarios, y no como receptora de los mismos a la deriva de la voluntad política de los gobiernos de turno. Una sociedad que entiende el valor que representa el estar organizada para, partiendo de sus propias agendas y territorios, hacer efectivos sus derechos en un modelo de gestión social de lo público.
Sobre estos criterios generales, resulta necesario que el gobierno nacional y el ELN hagan explícitos de manera absolutamente clara los propósitos y alcances de un proceso de paz construido en consideración de los intereses de la nación, que ambos dicen representar, y que sea la sociedad en su conjunto la que le diga a las partes qué es lo que esperan en materia de derechos, planes y programas de desarrollo económico, social y político.
Sin duda, resulta un reto de grandes proporciones para el gobierno entender la idea de paz con justicia social que tiene el ELN, en el manejo no solo de los contenidos de esa noción, sino, adicionalmente, en relación con la manera de construirla en el tiempo teniendo en cuenta las causas generadoras del conflicto social y armado. Debe existir allí una preocupación especial de la comisión de paz del gobierno que ponga en blanco y negro desde muy temprano las expectativas en materia de paz de la organización, las cuales están muy demarcadas por la participación de la sociedad civil y la fórmula vaga de cambios necesarios para la paz, a los que hay que llenar de contenido digerible y gestionable. Existe una gran disposición del gobierno para asumir en toda su extensión un proceso que conduzca a la construcción de la paz territorial a través de los diálogos regionales, los cuales posibilitan ampliamente que la premisa de la participación social y los diálogos territoriales de paz del ELN puedan desarrollarse con un componente adicional, esto es, que sus resultados sean vinculantes y se puedan ver reflejados en planes de desarrollo concretos.
Igualmente resulta un reto para el ELN entender las realidades y alcances que puede tener un proceso de paz en el marco de los múltiples condicionantes que tiene el país en todos los órdenes y el desarrollo del mismo al interior de un gobierno de izquierda democrática, que es resultado de la acumulación de la inconformidad de amplios sectores de la sociedad que le apostaron al cambio a través del orden constitucional y democrático de la nación y que va a ser blanco de todo tipo de ataques desde la oposición política y mediática. Un gobierno que le ha presentado al país la idea de paz total en una clara diferenciación de la naturaleza de los distintos actores armados, los que, desde luego, NO se meten en una misma “bolsa”, porque se entiende con claridad la diferencia sustancial de sus motivaciones para hacer uso de las armas y de las prácticas de violencia. La paz total es, si se quiere, una apuesta temeraria y arriesgada, pero que constituye una obligación del Estado en materia de construcción de seguridad y paz para que la nación pueda transitar el camino de los cambios sin las angustias de la muerte y la violencia.
El nuevo gobierno tiene el reto de abordar el proceso de paz con ELN de manera que este asuma sus propias características y realidades particulares, haga su propio tránsito y llegue a un acuerdo en materia temática y de implementación, lejos si se quiere de cualquier referencia a lo acordado con las FARC, a no ser que la similitud de algunos temas obligue a construir sobre los construido.
Hay aspectos que preocupan al ELN, que los ha hecho explícitos en la voz de Antonio García y Pablo Beltrán, tales como el papel de Estados Unidos en materia de seguridad y lucha contra narcotráfico. Se trata de temas que el nuevo gobierno ha venido considerando desde un enfoque que toma distancia de las tradicionales formas de subordinación y sometimiento a las políticas de seguridad estadounidense, en el marco de una política de relacionamiento independiente y soberano que ha ido dando origen a una agenda de relaciones bilaterales que esta por construirse de manera clara y definitiva. El gobierno tiene la intención de desarrollar una estrategia de lucha contra el narcotráfico en una estrecha relación con la población de colonos cocaleros y en diálogos abiertos y francos que construyan rutas para la producción regulada de la hoja de coca, mariguana y amapola que favorezca los usos tradicionales, terapéuticos, médicos y recreativos y que comprometa a los países consumidores en el control de las economías criminales y el tratamiento de salud pública para los consumidores. Sin embargo, este es un tópico multilateral entre países productores y países consumidores.
La transformación de las políticas de seguridad y de las instituciones de la fuerza pública, que es otro tema de preocupación del ELN, va evolucionando en el nuevo gobierno dentro de las necesidades y requerimientos que tiene el país a ese respecto y que, desde luego, se unen a los avances que experimente la idea de paz total. En este contexto, en específico, el nuevo gobierno toma distancia de la doctrina de la seguridad nacional y del concepto del enemigo interno, que tanto daño le ha hecho al país, para marchar hacia una política de transición en seguridad soportada en el respeto del DIH y los DH, que desemboque en la concepción de la seguridad humana, en la que el componente militar es solo uno dentro de otros que apuntan a la superación de las causas estructurales de la violencia. Es bajo esta perspectiva que este tema puede ser abordado en el desarrollo de las conversaciones y tener desarrollos pertinentes.
Por su parte, el cese bilateral al fuego para crear las condiciones necesarias de los diálogos en los territorios no está por fuera de las posibilidades y disposiciones del nuevo gobierno en el marco de una propuesta lo suficientemente clara y ajustada para que este no quede imposibilitado para enfrentar las distintas expresiones del crimen organizado existentes en el país. Seguramente, el ELN, teniendo en cuenta las experiencias de ceses bilaterales, tendrá una propuesta que hacer que el gobierno tome en consideración y someta a revisión y discusión.
La agenda social de la mesa de conversaciones tendrá que plantearse la superación de los problemas del hambre, la pobreza, el desempleo y la oferta de derechos fundamentales. Todo eso es viable en el nuevo gobierno y hace parte de sus propósitos, porque es mandato explícito de las movilizaciones populares que precedieron el cambio de gobierno, y, según lo ha hecho saber Antonio García, el ELN lo ha tomado en consideración.
La política de relaciones internacionales del nuevo gobierno ha reconstruido rápidamente los lazos diplomáticos con Venezuela y se abren todas las posibilidades para compartir los asuntos de la seguridad y el desarrollo fronterizo, entre los que está el papel que puede jugar Venezuela para impulsar y garantizar que los diálogos con el ELN tengan éxito.
En general, el reto mayor consiste en que el ELN, considerando las dinámicas de transformaciones democráticas de los gobiernos alternativos en América Latina, entienda la importancia del gobierno del Pacto Histórico, más allá de todos los cuestionamientos que pueda hacerle y de las dudas que tenga respecto a este.
La principal doliente de la paz y de los acuerdos al respecto debe ser la sociedad y para ello es necesario que las comunidades, las organizaciones y en general los distintos sectores de la población se vean reflejados en los acuerdos y se apersonen de ellos, algo que es posible en el marco de un gobierno progresistas que entienda la movilización social como fuerza trasformadora y constructora de futuro y de una sociedad que se reconozca a sí misma como gestora de los cambios necesarios, y no como receptora de los mismos a la deriva de la voluntad política de los gobiernos de turno. Una sociedad que entiende el valor que representa el estar organizada para, partiendo de sus propias agendas y territorios, hacer efectivos sus derechos en un modelo de gestión social de lo público.
3. Escepticismos
En distintos sectores de la sociedad y del gobierno no dejan de existir inquietudes, preocupaciones, incertidumbres y escepticismo en relación con un proceso de diálogo de paz con el ELN, dado el costo político que puede tener para el primer gobierno democrático de izquierda en el país.
Son algo más de treinta años y cinco gobiernos los que han pasado, y los logros al respecto se han mostrado esquivos. Hay un acumulado importante en materia de agenda y de metodologías, pero este está precedido y acompañado por un discurso de la organización en el que se expresan reservas sobre aspectos fundamentales como la terminación de la guerra y la dejación de las armas.
Desde luego que la paz es mucho mas que la terminación de la guerra y la dejación de armas y que compromete cambios estructurales que posibiliten avanzar en la construcción de una sociedad justa, libre y democrática. Gran parte de las transformaciones que se están produciendo en el país son resultado del avance de los procesos de solución política: El M-19, del que hizo parte el actual presidente Gustavo Petro Urrego, fue cogestor de la constitución de 1991 que tomó en consideración una amplia lista de derechos y redefinió la naturaleza de la sociedad, de la nación y del Estado que los gobiernos de derecha han querido desmontar. El acuerdo de paz con las FARC les devolvió a las comunidades sus agendas de lucha que ha sido la razón de los estallidos sociales de los últimos años y los que han conducido al país al actual gobierno democrático de izquierda progresista con una profunda vocación reformista.
Existen suspicacias sobre la unidad de mando de la organización y la subordinación de todas estructuras al Comando Central (COCE), dado que la organización es considerada como un conglomerado de estructuras regionales con distintos niveles de desarrollo y autonomías, pero no existe evidencia explícita de disidencias que repulsen el proceso de paz o estén en contra de él. El regreso de la Comisión de Paz del ELN al país, las reuniones que realicen y las decisiones que tomen y den a conocer resultan necesarias para desvanecer toda duda sobre su voluntad real de paz, en tanto existe preocupación sobre la idea del ELN acerca de que los diálogos de paz se hacen para medir la voluntad de paz del gobierno y llenarse de razones para permanecer en la guerra. O, como se viene señalando a raíz de los acuerdos con las FARC, para desarmar la organización y aniquilarla, incumpliendo luego el grueso estructural de los acuerdos.
Sin embargo, más allá de cualquier escepticismo, se abre una oportunidad para trabajar en un proceso de paz con el ELN, en el que la organización tiene que ponderar lo que en materia de legitimidad significa desarrollar un proceso con un gobierno de izquierda, democrático y progresista dispuesto a impulsar reformas posibles en el contexto de las realidades actuales del país, el continente y el mundo.
Referencias docuemntales
- Entrevista al comandante Antonio García, primer responsable del ELN, realizada en el mes de septiembre por Antorcha Estéreo; la emisora Voz de la Libertad, Radio Frontera Rebelde y el Sistema Radio Nacional Patria Libre, Ranpal, todos medios de comunicación de la Organización. Entrevista al jefe de la delegación de Paz del ELN, Pablo Beltrán, Nuestra América en Palabras, entrevista para comprender la guerra y construir la paz. El Camino del ELN hacia la Paz. Carlos Medina Gallego. Alquimia Ediciones. Bogotá, 2020.
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