Jairo Estrada Álvarez
Profesor del Departamento de Ciencia Política
Universidad Nacional de Colombia
Han transcurrido un poco más de dos años y medio del gobierno de Gustavo Petro, sin que se haya logrado perfilar de manera consistente y menos aún consolidar la senda de política reformista que se anunciara al inicio del mandato presidencial. El propio presidente ha reconocido que su gobierno ‒visto de conjunto‒ se encuentra distante de cumplir los compromisos asumidos y hacer realidad los propósitos y metas trazadas en el Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026.
Limitantes de la acción gubernamental
Los limitantes que se advirtieron al inicio del cuatrienio presidencial en lugar de debilitarse pareciera más bien que se han acentuado, convirtiendo al actual gobierno en un administrador y atemperador de una situación, en buena medida heredada y frente a la cual no se aprecian tendencias de superación.
En efecto, el programa progresista se ha encontrado, en primer lugar, con unos condicionantes estructurales derivados de un marco normativo constitucional y legal concebido y diseñado para garantizar la reproducción del orden existente en todos sus niveles y admitir a lo sumo reformas cosméticas, tal y como se evidencia en el amplio margen que hay entre el discurso presidencial y lo que efectivamente se ha logrado, considerando incluso los recortados alcances del proyecto progresista.
En segundo lugar, se aprecia un débil soporte político del programa progresista, derivado a) de los acuerdos pragmáticos celebrados con sectores del establecimiento para alzarse con la presidencia de la República, que incluyeron alianzas con facciones clientelistas y corruptas e individuos que las representan; b) de la inexistencia de una fuerza política propia organizada que ejerza liderazgo colectivo y comprometido en torno a propósitos comunes dentro lo que ha sido la borrosa e instable coalición de gobierno y trascienda la figura del pacto electoral; c) de la marcada dependencia de la figura presidencial, lo cual alienta tendencias al caudillismo y al seguidismo, a lo cual se agrega un movimiento social y popular en reflujo, todavía con alguna expectativa del cambio, pero sin movilización y adhesión notoria a las políticas de reforma, salvo contadas excepciones.
Han transcurrido un poco más de dos años y medio del gobierno de Gustavo Petro, sin que se haya logrado perfilar de manera consistente y menos aún consolidar la senda de política reformista que se anunciara al inicio del mandato presidencial. El propio presidente ha reconocido que su gobierno ‒visto de conjunto‒ se encuentra distante de cumplir los compromisos asumidos y hacer realidad los propósitos y metas trazadas en el Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026.
En tercer lugar, y en relación con lo anterior, se ha observado dificultad para garantizar y consolidar un equipo estable de gobierno que, más allá de la proyección sectorial del discurso progresista, exhiba la necesaria capacidad de gestión gubernamental y logre traducir en realizaciones concretas los numerosos anuncios y promesas, incluso en medio de la maraña de normas y procedimientos. Un periodo de gobierno impone, más aún cuando se aspira a la continuidad, aprendizaje rápido y profundo de la cosa pública; exige definición precisa y consistente de las trayectorias de la acción gubernamental; demanda coherencia entre el decir y el hacer; no admite cambios recurrentes y frecuentes de equipo. Con mayor razón, cuando se trata de un proyecto político que pretende mostrarse como alternativo. Junto con lo anterior, se encuentra que el gobierno progresista, comprometido programáticamente con una nueva ética, no ha estado exento de prácticas corruptas de algunos de sus funcionarios que han hecho mella en su credibilidad.
En cuarto lugar, ha enfrentado desde su inicio una sistemática, obtusa y férrea oposición del espectro político de las derechas, de los poderes económicos y mediáticos, que a una no le ha dado respiro, ha sabido aprovechar sus debilidades e inconsistencias, trabaja de manera incesante por el bloqueo a las reformas y el fracaso del proyecto progresista, y se erige en guardiana de los más variados niveles del orden existente. En su accionar pululan los repertorios que actualmente exhibe la derecha global, incluida la manipulación a su favor del sentir y el pensar de amplios sectores de la población.
Estrechamiento del campo de acción del progresismo
Junto a sus propias cerraduras, se avizora un campo de acción aún más estrecho para el despliegue de la política progresista como consecuencia, entre otras causas:
Primero, de las condiciones generadas por efecto del “imperialismo duro” que promueve el gobierno de la tecno-oligarquía trumpiana, con la pretensión de acentuar la histórica relación de dependencia y subordinación.
Segundo, de la ausencia de un accionar común de los disímiles gobiernos progresistas de la Región, que no muestran hasta articulación o coordinación en torno a una agenda común para enfrentar mancomunadamente los nuevos rasgos de la geopolítica imperial, pese a la reivindicación por separado del principio de la soberanía;
Tercero, de la compleja situación fiscal, que pese a no desprenderse de los libretos de la sostenibilidad fiscal y de la regla fiscal, no encuentra salida consistente y conlleva limitaciones presupuestales adicionales, al margen de los problemas de gestión y ejecución observados hasta el momento,
Cuarto, del deterioro de la situación de orden público, asociada con la visión gubernamental actual sobre la naturaleza y persistencia del conflicto armado, el errático enfoque de la política de “paz total”, la concepción de la estrategia y la táctica por parte de las organizaciones declaradas en rebelión y el accionar de las variopintas estructuras armadas narcotraficantes y paramilitares. A lo cual se agrega la continuidad de “zonas grises”, en el nivel territorial, con participación “en terreno” de la fuerza pública, en desarrollo de políticas de carácter contrainsurgente. Todo ello ha traído como consecuencia un reposicionamiento de los discursos de seguridad en su entendimiento más agreste, que en lo concreto va tomando mayor distancia frente a la idea progresista de la seguridad humana integral y de la transformación estructural de los territorios.
A un gobierno progresista se le valorará, entre otros aspectos, por sus logros en la democratización de la vida política, económica, social y cultural; por su contribución a la reducción del patrón de desigualdad imperante; por las bases que deje sentadas para propósitos de profundización de reformas con contenidos sociales y populares y para la redefinición del modo de vida y de producción. No es suficiente con demostrar solvencia intelectual y poseer el discurso político oportuno y acertado, útil en todo caso para concertar apoyos y lealtades en torno al proyecto político. A los gobiernos se les mide por sus realizaciones y por su capacidad para transformar para bien la vida de la población, particularmente de aquella humilde y desposeída.
Algunas realizaciones del gobierno
Lo anterior no pretende desconocer logros sociales como la disminución de la pobreza y la miseria, los avances tímidos frente a la irresuelta cuestión de la tierra y el territorio, incluida la producción de alimentos, los esfuerzos por “democratizar” el presupuesto público, la reforma tributaria (reducida en sus limitados alcances por efecto del control de constitucionalidad), la reforma pensional (con mejoras para algunos sectores poblaciones desprotegidos, y castigo a otros, particularmente de las denominadas capas medias, dada su atención al modelo del Banco Mundial), el sinnúmero de acciones y medidas puntuales sectoriales orientadas a hacer más llevadera la vida cotidiana (en todo caso, con poca vocación de permanencia en el largo plazo). A lo cual se adiciona el posicionamiento y puesta en marcha de nuevos enfoques en las políticas ambiental, energética, de infraestructura vial y de transporte, entre otras. Asimismo, la persistencia en las reformas a la salud y laboral, sometidas a grandes recortes como consecuencia de la “negociación” para hacerlas viables. Otra, como la reforma a la educación fue preciso engavetarla por sus protuberantes distorsiones al pasar por el Congreso, quedando restringida en lo esencial a una redefinición de la fórmula de financiación de las universidades públicas del orden nacional, aún sin aprobar.
Asuntos que comprometen la estructura del modo de producción como la llamada transición energética o el fortalecimiento del aparato productivo vía reindustrialización, o la expansión de la actividad turística, o el fortalecimiento de economías populares y, en general, el conjunto de las cinco transformaciones definidas en el Plan Nacional de Desarrollo, apenas admitirían una valoración provisional (lo cual no es propósito de este texto). Todavía queda el tramo final del cuatrienio, cerca de 18 meses, tiempo en que el gobierno progresista tendrá que empeñarse a fondo para mostrar los resultados que hasta ahora le han sido esquivos. No será suficiente con afirmar que se registra tendencia lenta al crecimiento económico, o que se ha garantizado la estabilidad macroeconómica, o mantener la sostenibilidad de la inmensa deuda pública, o reducir la tasa de desocupación.
Debe decirse que las numerosas demandas sociales que salieron a flote en la rebelión social de 2021 siguen prácticamente intactas, por no registrarse hasta ahora avances significativos en su solución.
A un gobierno progresista se le valorará, entre otros aspectos, por sus logros en la democratización de la vida política, económica, social y cultural; por su contribución a la reducción del patrón de desigualdad imperante; por las bases que deje sentadas para propósitos de profundización de reformas con contenidos sociales y populares y para la redefinición del modo de vida y de producción.
No es suficiente con demostrar solvencia intelectual y poseer el discurso político oportuno y acertado, útil en todo caso para concertar apoyos y lealtades en torno al proyecto político. A los gobiernos se les mide por sus realizaciones y por su capacidad para transformar para bien la vida de la población, particularmente de aquella humilde y desposeída.
Si en el tramo final, el gobierno actual continúa atrapado en la lógica que impone una visión de la política circunscrita a la administración del poder constituido y a la transacción para el logro de lo posible, no debe esperarse un cambio significativo en la trayectoria que hasta ahora ha exhibido; aserto que cobra más fuerza si se considera que el “tiempo político” es más corto que el tiempo cronológico aún pendiente.
Perspectivas inmediatas
Por ahora, la anunciada recomposición del gobierno de cara a su último trecho, luego de la más reciente “crisis ministerial”, confirma e indica más bien el interés en la búsqueda pragmática de gobernabilidad y un no descartable mayor alejamiento de la propuesta programática del progresismo. El presidente parece estar considerando el apalancamiento de una amplia coalición hacia la elección presidencial de 2026, muy probablemente con mayor disminución de los limitados alcances su proyecto político.
Se está ad portas del inicio relativamente temprano de la campaña electoral de 2026, tanto en lo que concierne a la elección de un nuevo presidente como del Congreso de la República. Todas las fuerzas políticas se encuentran ya en las primeras de cambio del aprestamiento electoral: las opositoras acentuando un accionar orientado hacia el fracaso del gobierno, pues es sobre este que construyen sus mayores posibilidades; las que acompañan el gobierno, a la espera de realizaciones gubernamentales que les permitan sustentar la necesidad de la continuidad a través de un nuevo mandato presidencial. Y en medio de ellas, las que buscan erigirse como opción de “centro”, apelando a la moderación frente a los “extremos”.
En ese contexto debe reconocerse, por una parte, que otras visiones de la política, aquellas con conciben la disputa por el poder más allá de la disputa por el poder Estado (sin desconocer la importancia de este), propugnan por la producción de poder social propio, “desde abajo”, y centran expectativas en el despliegue del poder constituyente, apenas poseen una presencia latente, sin descartar la posibilidad de la irrupción, teniendo en cuenta que lo que la podría originar sigue ahí, presente. Por la otra, que los reductos de la izquierda que habían logrado sobrevivir a la guerra contrainsurgente y la democracia de excepción terminaron absorbidos por el progresismo, sin siquiera constituirse en “tendencia crítica” en su interior o desplegar una acción política para desarrollar contenidos sociales y populares.
Quiérase o no, por lo pronto se sigue dependiendo de las realizaciones y resultados del gobierno progresista. Tal y como ha ocurrido en otros países de la Región, si al final de cuatrienio no se dan las condiciones para perfilar una perspectiva democrática-popular, se habrá allanado el camino para la derecha, con todo lo que ello implica. Es necesario repasar las experiencias ya vividas en América Latina. El progresismo colombiano es relativamente tardío si se analiza en perspectiva comparada. Aún está por verse cómo se desenvolverá la conflictividad social y de clase en el tramo final del gobierno actual. La contingencia puede variar el curso del proceso político. Más que frente a un “destino manifiesto” se está frente a un campo político en continua disputa.
.
