Mateo Bedoya García
Estudiante del Doctorado en Estudios Políticos y Relaciones Internacionales
Integrante del Grupo de Investigación en Políticas Públicas de Educación Superior
Universidad Nacional de Colombia
En el neoliberalismo, es esencial la concepción de las personas como empresarios/as de sí mismos/as1 . Bajo tal racionalidad, la educación en general y la educación superior en especial son concebidas como una inversión que cada cual hace en su propia vida2 . El sujeto-empresa ideal calcula sus decisiones en busca de maximizar su beneficio, y pondera su crecimiento, progreso y desarrollo personal a modo de acumulación de capital humano. Así, la educación se reduce a una mera inversión que redunda en el aumento de los ingresos individuales, por lo que amerita el riesgo del endeudamiento para obtener el título del que derivarán dividendos3 , replicando el modelo del mercado financiero.
Bajo esta premisa, los contratos de capital humano se configuran como acuerdos legales entre una empresa y una persona que van más allá de las condiciones tradicionales del contrato laboral o el préstamo a un empleado. En estos contratos se acuerda un reconocimiento y valoración del conjunto de habilidades, conocimientos y experiencia que posee una persona, y se establecen términos y condiciones específicos para su cualificación, certificación y retención en la empresa a cambio del desembolso de un recurso, generalmente, para el pago de matrículas de educación superior4 .
A diferencia de los contratos de trabajo convencionales, que se centran principalmente en aspectos como el salario, las horas de trabajo y los beneficios, los contratos de capital humano se enfocan en la cualificación, la certificación y desarrollo profesional del empleado, desde la perspectiva del incremento del capital humano. Estos contratos pueden incluir disposiciones relacionadas con la formación y desarrollo de habilidades, oportunidades de promoción, asignación de responsabilidades y proyectos, compensación basada en el desempeño, planes de sucesión, entre otros aspectos.
El objetivo explícito de los contratos de capital humano es establecer una relación laboral sólida y de beneficio mutuo entre la empresa y el empleado. Al reconocer e invertir en el desarrollo del capital humano individual, las organizaciones buscan retener a sus empleados talentosos y motivados, promover su crecimiento profesional y maximizar su contribución al éxito de la empresa5 .
De modo análogo, estos contratos consisten en un pagaré que va más allá del pago, se deben cumplir condiciones no monetarias, como la participación en actividades de promoción y fomento o cualquier acción, hábito o comportamiento que se acuerde en el contrato, emulando la idealización del préstamo que sirvió de ejemplo para la fundación del ICETEX6 , vale decir que los contratos de capital humano no son ampliamente utilizados en todas las organizaciones y pueden variar en su alcance y contenido dependiendo de la industria y las circunstancias específicas de cada empresa.
La principal diferencia entre un contrato de capital humano y un crédito educativo radica en su naturaleza y propósito. Un contrato de capital humano es un acuerdo entre una empresa y un empleado que establece condiciones y compromisos específicos relacionados con el desarrollo y retención del empleado. Por otro lado, un crédito educativo es un préstamo financiero que se otorga a los estudiantes o sus familias para financiar los costos de la educación, como matrícula, libros, alojamiento, etc. Estos préstamos suelen ser proporcionados por instituciones financieras, como bancos o entidades gubernamentales. Los estudiantes o sus familias deben reembolsar el préstamo junto con los intereses acumulados después de que el estudiante se gradúe o abandone la institución educativa.
En síntesis, mientras que un contrato de capital humano se enfoca en el desarrollo y continuidad del empleado dentro de una empresa, un crédito educativo se centra en proporcionar financiamiento para los costos educativos de los estudiantes y su posterior reembolso, con lo que un contrato de capital humano supone mayores compromisos que la deuda, implica compromisos extrafinancieros que pueden ir desde la retención por un tiempo determinado en la empresa hasta asumir la vocería y representación de la empresa en determinados escenarios.
Críticas a los CCH
Si bien los contratos de capital humano aparentan ser beneficiosos tanto para las empresas como para sus empleados, han sido objeto de críticas, empezando por la forma en la que se condiciona a quienes firman como beneficiaros, quienes deben cambiar de lugar de residencia, modificar sus hábitos cotidianos, transformar sus formas de consumo, entre otras dimensiones que les aprisionan, a cambio de acceder a la educación superior, tal como ocurre en la escena de la herencia de la fábrica de chocolate del Willy Wonka, a condición de que Charlie renuncie a su familia, en la versión cinematográfica del Tim Burton del cuento de Roald Dahl. Entre las principales críticas formales a este modelo se destacan:
Desigualdad y falta de equidad: Existe el riesgo de que los contratos de capital humano favorezcan a los empleados más talentosos o con habilidades especializadas, dejando atrás a aquellos que no cumplen con los criterios establecidos. Esto puede perpetuar la desigualdad y crear una brecha entre los empleados7 .
Pérdida de flexibilidad y movilidad laboral: Los contratos de capital humano pueden requerir que los empleados permanezcan en una empresa durante un período de tiempo determinado o cumplan ciertos objetivos antes de poder buscar otras oportunidades laborales. Esto puede limitar su movilidad laboral y dificultar su capacidad para cambiar de trabajo o explorar nuevas opciones.
Falta de transparencia y riesgo de explotación: Si los términos y condiciones de los contratos de capital humano no se comunican claramente, los empleados pueden estar en desventaja y correr el riesgo de ser explotados. Además, si la empresa no cumple con sus compromisos de desarrollo y crecimiento profesional, los empleados pueden sentirse atrapados en una situación desfavorable8 .
Enfoque limitado en el bienestar del empleado: Los contratos de capital humano a menudo se centran en el desarrollo y retención del empleado en beneficio de la empresa, poniendo menos énfasis en el bienestar y la calidad de vida del empleado. Esto puede resultar en altos niveles de estrés y agotamiento, ya que los empleados pueden sentir una presión constante para cumplir con las expectativas y objetivos establecidos.
Ahora, es posible que existan contratos de capital humano con el sector público. Estos contratos implican acuerdos entre individuos y entidades gubernamentales en los que se establecen compromisos específicos relacionados con el desarrollo y retención del capital humano, en el caso colombiano, mediante mecanismos de promoción y apoyo en la vinculación laboral al graduarse.
El Financiamiento Contingente al Ingreso como Contrato de Capital Humano
En algunos países, los programas de becas o préstamos educativos ofrecidos por el gobierno pueden tener elementos de contratos de capital humano. Por ejemplo, un estudiante puede recibir una beca o un préstamo para financiar su educación, y a cambio, se le puede requerir que trabaje en un sector específico o en una ubicación geográfica determinada por un período de tiempo después de graduarse9 .
Además, en ciertos campos como la medicina, la educación o servicios públicos esenciales, los profesionales pueden tener acuerdos de servicio con el gobierno. Estos contratos pueden comprometer a los profesionales a trabajar en áreas rurales o desfavorecidas durante un período determinado a cambio de beneficios adicionales, como el apoyo financiero para la educación o el acceso preferencial a oportunidades de empleo en el futuro.
Sin embargo, es importante tener en cuenta que la existencia y los detalles de los contratos de capital humano con el estado pueden variar según el país, la jurisdicción y las políticas gubernamentales específicas.
El modelo de Pago Contingente al Ingreso consiste en la aplicación una modalidad de contrato de capital humano. También se conoce como contrato de participación en los ingresos o contrato de ingresos compartidos, en Colombia, se implementó mediante la ley 1911 del 9 de julio del 2018, durante el segundo gobierno de Santos y con el liderazgo de la ministra Yaneth Giha Tovar promovido como el mecanismo que elimina la figura de deudor/a solidario/a, y no exige terminar el programa académico, para concentrarse en la pignoración de los ingresos futuros hasta resarcir el monto desembolsado.
En el neoliberalismo, es esencial la concepción de las personas como empresarios/as de sí mismos/as. Bajo tal racionalidad, la educación en general y la educación superior en especial son concebidas como una inversión que cada cual hace en su propia vida. El sujeto-empresa ideal calcula sus decisiones en busca de maximizar su beneficio, y pondera su crecimiento, progreso y desarrollo personal a modo de acumulación de capital humano. Así, la educación se reduce a una mera inversión que redunda en el aumento de los ingresos individuales, por lo que amerita el riesgo del endeudamiento para obtener el título del que derivarán dividendos, replicando el modelo del mercado financiero.
En un contrato de pago contingente al ingreso, una institución educativa o una entidad de financiamiento, en nuestro caso el ICETEX, proporciona fondos para cubrir los costos educativos del estudiante a cambio de un porcentaje de sus ingresos futuros durante un período de tiempo determinado después de graduarse (estimado en 20 años para el caso colombiano). Cada estudiante no tiene que pagar una cantidad fija de dinero, sino que su reembolso está vinculado a su nivel de ingresos.
Este tipo de contrato tiene como objetivo alinear los intereses del estudiante y la institución educativa o el financiador. La institución o el financiador invierte en la educación del estudiante con la expectativa de que obtendrá beneficios económicos a medida que el estudiante tenga éxito y obtenga ingresos más altos.
El Pago Contingente al Ingreso se utiliza a nivel internacional en programas de educación superior, especialmente en programas de educación vocacional o de aprendizaje intensivo, lo que se concreta en el Marco Nacional de Cualificaciones. Es una forma de financiamiento alternativa que pretende reducir la carga financiera inicial para estudiantes y compartir el riesgo educativo entre cada estudiante y la institución educativa o el financiador.
Gobierno del cambio y aceleración de la FCI
A un año de posesionado, este gobierno ha mostrado criterios flotantes para medir su gestión, muestra de ello es el trato al sector de educación superior: primero, con designación al principal opositor durante la campaña en el cargo de Ministro de Educación Nacional; segundo, la entrega del ICETEX a un partido como acuerdo burocrático; y finalmente, la inclusión en el Plan Nacional de Desarrollo de la implementación de la FCI que le da carta libre a la aplicación de contratos de capital humano.
Ya desde el informe de empalme del ICETEX se heredaba, del gobierno saliente al entrante, la urgencia de implementar la FCI como instrumento para perpetuar las peores condiciones que derivaron en el descontento ciudadano. En el documento se insta a la implementación inmediata del programa con miras a continuar las agendas propias de quienes se benefician de esta modalidad, a saber, bancos y oficinas de cobro, universidades privadas y la burocracia operadora de tales programas, generalmente, contratistas egresados/as de las mismas universidades beneficiadas.
Queda pendiente conocer los mecanismos de seguimiento y monitoreo a la población beneficiaria, es decir, rastrear los ingresos individuales a fin de verificar los montos a pagar derivados de todas las actividades económicas individuales (no solamente del trabajo) que cada persona realice, tal como se hace en otros países que implementan esta modalidad de financiamiento. Para ello puede emplear estrategias diversas como:
Cálculo de pagos: El cálculo específico de los pagos en los contratos de PCI puede variar. Por lo general, el monto del pago se determina como un porcentaje del ingreso del estudiante, que suele oscilar entre el 2 % y el 15 %. El porcentaje de pago puede ser fijo o progresivo, lo que significa que aumenta a medida que aumenta el ingreso del estudiante.
Umbrales de ingreso y duración: Los contratos de PCI a menudo incluyen umbrales de ingreso, por debajo de los cuales no se requieren pagos. Esto garantiza que las personas con ingresos más bajos no se vean afectadas por obligaciones de pago. Además, generalmente hay un período máximo de pago o un límite predeterminado en la cantidad total pagada, para asegurarse de que los pagos no continúen indefinidamente.
Riesgo compartido: Los contratos de PCI se consideran una forma de compartir el riesgo de las inversiones educativas entre los estudiantes y las instituciones o financiadores. Si el ingreso de un graduado es inferior a lo esperado, es posible que termine pagando menos en total, mientras que si su ingreso es mayor, puede pagar más. Este mecanismo de compartir el riesgo tiene como objetivo alinear los intereses de ambas partes.
Verificación de ingresos: Los contratos de PCI suelen requerir verificaciones regulares de ingresos para determinar con precisión los montos de pago. A menudo se solicita a los graduados que informen sus ingresos a la institución o al financiador, y no proporcionar información precisa sobre los ingresos puede dar lugar a sanciones.
Los contratos de PCI son una innovación para el mercado financiero, y su implementación e impacto pueden variar desde la compra de cartera financiera hasta opciones como la titularización de tales contratos a modo de instrumento financiero, tal como se han implementado en contextos como el norteamericano, europeo y australiano, con efectos generalmente negativos, dada la alta tasa de morosidad e impago10 .
Problemas de seguimiento y vigilancia al programa
Por su parte, la verificación de ingresos reportados por los graduados en contratos de pago contingente al ingreso (PCI) típicamente involucra una combinación de métodos para garantizar precisión y confiabilidad. Aquí hay algunos enfoques comunes utilizados para la verificación de ingresos tal como se ha identificado en el trabajo de Miriam Madsen y su equipo de trabajo:
Autoreporte: A menudo se requiere que los graduados informen sus ingresos a la institución o al financiador. Proporcionan información sobre su situación laboral, fuentes de ingresos y ganancias. Este autoreporte generalmente se realiza a través de un sistema o plataforma designada para informes.
Datos de declaración de impuestos: Las instituciones pueden solicitar a los graduados que proporcionen copias de sus declaraciones de impuestos u otros documentos relacionados, como formularios de declaración de renta o estados de financieros entregados a la banca, como medio de verificación de ingresos. Las declaraciones de impuestos proporcionan registros oficiales de los ingresos de una persona y se pueden utilizar para validar la precisión de los ingresos reportados.
Reportes de nómina: Se puede solicitar a los graduados que presenten documentación de nómina, como talones de pago o contratos laborales, para verificar sus ingresos. Estos documentos proporcionan evidencia de su situación laboral, cargo, salario y otros detalles relevantes.
Cruce de datos: En algunos casos, las instituciones o financiadores pueden utilizar técnicas de cruce de datos para comparar los ingresos reportados con bases de datos externas o registros gubernamentales como los medios magnéticos que dispone la DIAN, donde se cruzan bases de datos de bancos, comercio y nóminas. Esto puede implicar contrastar los ingresos reportados con datos de ingresos de autoridades fiscales, sistemas de seguridad social u otras fuentes relevantes.
Servicios de verificación de terceros: Las instituciones pueden contratar servicios de verificación de terceros especializados en verificación de ingresos. Estos servicios pueden verificar de manera independiente los ingresos contactando directamente a empleadores, instituciones financieras u otras fuentes relevantes para confirmar la precisión de los ingresos reportados11.
Vale preguntarse por la relación costo/beneficio de cada método y el nivel de escrutinio para la verificación de ingresos, este puede variar según los términos contractuales y las políticas institucionales que se acuerden con quienes firmen y las IES que les acojan. Las consideraciones de privacidad y las regulaciones de protección de datos también influyen en la cantidad de información que se puede recopilar y utilizar con fines de verificación y seguimiento a quienes se acojan.
Al emplear una combinación de autoreporte, documentación oficial, cruce de datos y servicios de verificación de terceros, las empresas empleadoras, las instituciones de educación superior y los financiadores buscan garantizar la integridad de la información de ingresos proporcionada por los graduados en los contratos de PCI.
Por otra parte, las sanciones o consecuencias para los graduados que proporcionen información de ingresos inexacta en contratos de pago contingente al ingreso (PCI) pueden variar según los acuerdos establecidos en el contrato y el marco legal y regulatorio aplicable. Aquí hay algunas posibles sanciones o consecuencias asociadas con la presentación inexacta de ingresos:
Si bien los contratos de capital humano aparentan ser beneficiosos tanto para las empresas como para sus empleados, han sido objeto de críticas, empezando por la forma en la que se condiciona a quienes firman como beneficiaros, quienes deben cambiar de lugar de residencia, modificar sus hábitos cotidianos, transformar sus formas de consumo, entre otras dimensiones que les aprisionan, a cambio de acceder a la educación superior, tal como ocurre en la escena de la herencia de la fábrica de chocolate del Willy Wonka.
Vale preguntarse por la relación costo/beneficio de cada método y el nivel de escrutinio para la verificación de ingresos, este puede variar según los términos contractuales y las políticas institucionales que se acuerden con quienes firmen y las IES que les acojan. Las consideraciones de privacidad y las regulaciones de protección de datos también influyen en la cantidad de información que se puede recopilar y utilizar con fines de verificación y seguimiento a quienes se acojan.
Al emplear una combinación de autoreporte, documentación oficial, cruce de datos y servicios de verificación de terceros, las empresas empleadoras, las instituciones de educación superior y los financiadores buscan garantizar la integridad de la información de ingresos proporcionada por los graduados en los contratos de PCI.
Por otra parte, las sanciones o consecuencias para los graduados que proporcionen información de ingresos inexacta en contratos de pago contingente al ingreso (PCI) pueden variar según los acuerdos establecidos en el contrato y el marco legal y regulatorio aplicable. Aquí hay algunas posibles sanciones o consecuencias asociadas con la presentación inexacta de ingresos:
Sanciones financieras: Los graduados que proporcionen intencionalmente o por negligencia información de ingresos inexacta pueden estar sujetos a sanciones financieras. Estas sanciones podrían incluir pagos o tarifas adicionales, cargos de interés o ajustes a los términos de pago para reflejar los ingresos correctos.
Acciones legales: En casos de representación indebida deliberada o fraude, las instituciones o los financiadores pueden emprender acciones legales contra los graduados que proporcionen información de ingresos inexacta. Esto puede resultar en consecuencias legales, como multas, daños u otros remedios legales disponibles según las leyes aplicables.
Terminación del contrato: La presentación inexacta de ingresos puede considerarse un incumplimiento del contrato. Como resultado, las instituciones o los financiadores pueden tener el derecho de terminar el contrato de PCI si se determina que el graduado proporcionó información de ingresos falsa o engañosa. La terminación del contrato puede generar obligaciones de pago inmediato u otras consecuencias especificadas.
Pérdida de beneficios: Los graduados que proporcionen información de ingresos inexacta pueden perder ciertos beneficios asociados con el contrato de PCI. Por ejemplo, es posible que ya no cumplan los requisitos para planes de pago basados en ingresos, subsidios de intereses u otras condiciones favorables que dependían de una presentación precisa de ingresos 12.
Daño a la reputación: Proporcionar información de ingresos inexacta puede dañar la reputación y credibilidad financiera del graduado. Esto puede tener consecuencias más amplias más allá del contrato de PCI específico, incluyendo posibles dificultades para obtener servicios y asistencia financiera futura u oportunidades de empleo que requieran una demostración de solvencia, integridad y honestidad.
Habría que conocer las sanciones y consecuencias específicas por la presentación inexacta de ingresos establecidas en el propio contrato. Además, el marco legal y regulatorio que rige los contratos de PCI también puede influir en los recursos disponibles y los mecanismos de aplicación.
Para garantizar la claridad y la equidad, los contratos de PCI suelen incluir disposiciones sobre el proceso de verificación de ingresos, las consecuencias de la presentación inexacta y los derechos y obligaciones tanto del graduado como de la institución o el financiador. Los graduados deben revisar cuidadosamente estas disposiciones y buscar asesoramiento legal o financiero si tienen alguna inquietud o pregunta.
Algunos puntos adicionales a considerar con respecto a las sanciones o consecuencias para los graduados que proporcionan información de ingresos inexacta en contratos de pago contingente al ingreso (PCI):
Auditorías e investigaciones: Las instituciones o los financiadores pueden realizar auditorías o investigaciones para verificar la precisión de la información de ingresos proporcionada por los graduados. Esto puede implicar revisar documentación de respaldo, solicitar pruebas adicionales o realizar entrevistas con el graduado o sus empleadores. Si se descubren inexactitudes durante la auditoría o investigación, se pueden aplicar las sanciones o consecuencias correspondientes.
Reporte a las agencias de crédito: En algunos casos, las instituciones o los financiadores pueden informar sobre incumplimientos o violaciones del contrato a las agencias de crédito. Esto puede afectar negativamente el puntaje crediticio y la solvencia crediticia del graduado, lo que dificulta obtener préstamos u otras formas de crédito en el futuro.
Obligaciones legales: Los graduados pueden tener obligaciones legales de proporcionar información de ingresos precisa como parte de sus contratos de PCI. No cumplir con estas obligaciones puede tener consecuencias legales más allá de las sanciones especificadas en el contrato en sí. Es importante que los graduados comprendan sus responsabilidades legales y las posibles ramificaciones de proporcionar información inexacta.
Modificación o renegociación del contrato: Si se descubren inexactitudes en la presentación de ingresos, las instituciones o los financiadores pueden tener el derecho de modificar o renegociar los términos del contrato de PCI. Esto podría implicar ajustar los montos de pago, extender el período de pago u aplicar otras medidas para rectificar la situación.
Impacto en la ayuda futura: Proporcionar información de ingresos inexacta en un contrato de PCI puede tener implicaciones para futuras ayudas financieras u oportunidades educativas. Otras instituciones o financiadores pueden tener en cuenta el historial del graduado en cuanto a la presentación inexacta al considerar su elegibilidad para programas o financiamiento futuro13.
Es importante que los graduados comprendan los términos y condiciones de su contrato de PCI específico, incluyendo cualquier disposición relacionada con la presentación inexacta de ingresos y las sanciones o consecuencias asociadas. La comunicación abierta y honesta con la institución o el financiador es fundamental para abordar cualquier discrepancia o inquietud relacionada con la presentación de ingresos y buscar orientación sobre cómo rectificar la situación.
Dado que la aplicación y las consecuencias pueden variar según el contrato y la jurisdicción aplicable, los graduados deben consultar los términos específicos de su contrato y buscar asesoramiento legal si es necesario para comprender completamente las posibles sanciones o consecuencias por la presentación inexacta de ingresos.
Todo ello, acompasado con un programa de matrícula universitaria gratuita, que peca por su exceso de focalización, y perpetúa la concepción punitiva de la educación superior, al implicar que quienes incumplan con las condiciones de condonación deberán reembolsar los recursos en que se incurrió para su matrícula y demás desembolsos como el sostenimiento ¿pagarán el costo unitario para la universidad o el precio de matrícula pagado?
Quienes acepten tales condiciones, probablemente compartirán el destino de quienes les antecedieron en programas como las líneas de créditos ACCES, los créditos condonables como Ser Pilo Paga y Generación E14. o los actuales programas municipales como Jóvenes a la U, Todos a estudiar, Becas pa’pepas con problemas de cumplimiento, desempeño, deserción y ni se hable de la tasa de colocación de quienes cumplan, destaquen y se titulen. Con ello, verán comprometidos no solo sus ingresos sino todo lo que ello implica: embargos de ingresos salariales, reporte en centrales de riesgo en caso de incumplir algún pago, condicionamiento de acceso a otros créditos como el hipotecario, de consumo o vehicular, y por supuesto, nuevos créditos educativos para los niveles posgraduales en la misma lógica de capitalización humana.
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1 Laval y Dardot, La nueva razón del mundo: ensayo sobre la sociedad neoliberal.
2 Viallet, Higher education : the new global economic war.
3 Lazzarato, Gobernar a través de la deuda: tecnologías de poder del capitalismo neoliberal; Lazzarato, La fábrica del hombre endeudado: ensayo sobre la condición neoliberal; Lazzarato, El capital odia a todo el mundo: Fascismo y revolución.
4 Palacios y Lleras, Investing in human capital: A capital markets approach to student funding.
5 Palacios y Lleras.
6 Betancur, The institutionalization of educational credit : this is how educational credit was born.
7 Guevara Castañeda, “Financiarización y educación superior, nuevos espacios para el capital financiero en el tercer milenio. Estudio de caso para Colombia”.
8 Oviedo León, “El financiamiento de la educación superior: una aproximación comparada al caso colombiano”.
9 Madsen, “Methodological Approaches: Studying Graduate Outcome Metrics and Educational Governance”.
10 Delapierre, La bomba de la deuda estudiantil.
11 Governing by Numbers and Human Capital in Education Policy Beyond Neoliberalism.
12 Palacios y Lleras.
13 Elliott y Lewis, Student debt: a reference handbook.
14 Mora y Múnera, “‘Ser pilo no paga’: privatización, desigualdad y desfinanciamiento de la universidad pública en Colombia”.
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