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La Paz Total: entre esperanzas, falacias e imposibles

Santos Alonso Beltrán Beltrán

PH. D. en Estudios Políticos

Profesor UN-ESAP

 

El gobierno de Petro se ha concentrado en la construcción de un mecanismo que permita la desactivación de los múltiples conflictos armados que aquejan a la sociedad colombiana. Pero en un país como Colombia hablar de procesos de paz se ha convertido prácticamente tanto en un lema de campaña como en una política de cada gobierno. Por ello ese anuncio no despierta mayor fervor ni atención entre los ciudadanos; al contrario, la discusión sobre las implicaciones de la iniciativa de Petro parece reducida a los círculos cerrados de la gran política, a los corrillos de la gran prensa y a los sectores más encarnizados de la oposición al gobierno. Para el ciudadano de a pie hablar de paz nuevamente es una simple retahíla, un galimatías de lo más alambicado, cuando las preocupaciones del día a día le señalan que la economía, la seguridad ciudadana y los problemas ambientales son los temas más relevantes. Así las cosas, el Gobierno Nacional no ha logrado orientar la atención pública hacia esa política, y la prensa se ha dedicado a desinformar detallando solo los elementos más polémicos de las acciones emprendidas en torno a ella. Este artículo intenta ubicar tanto la necesidad de esa iniciativa, los ataques aleves que recibirá desde todos los puntos, como las falacias e imposibles que va a experimentar. 

https://www.elsoldemexico.com.mx/mundo/mexico-gestionara-la-paz-de-colombia-9504063.html

¡Otra vez la guerra; otra vez la negociación; otra vez la Paz!

En la historia colombiana, el conflicto armado hunde sus raíces a profundidades distintas según la naturaleza de la violencia que se pretenda reseñar. Para algunos analistas la violencia del siglo XIX no tuvo tregua, estuvo soterrada hasta finales de la primera mitad del siglo XX y explotó con furia con el asesinato de Jorge Eliécer Gaitán, el caudillo liberal cuya muerte catalizó la guerra política que aún se vive en el país. Otros ubican el inicio del conflicto con ese magnicidio y suponen que la violencia del XIX nada tiene que ver con los enfrentamientos políticos del siguiente siglo. La génesis del conflicto armado se inicia para otros con la violencia insurgente desarrollada por los grupos guerrilleros de primera generación hacia mediados de los años sesenta. Incluso para desarrollar la historia del conflicto actual, algunos ubican la espiral de violencia más amplia hacia los años ochenta e inicios de los noventa, con el genocidio del partido político de izquierda Unión Patriótica y la consolidación del paramilitarismo. Todas esta acotaciones y análisis tienen en común la identificación de una violencia cuyos tintes más marcados son de corte político, un proceso que algunos han calificado como un conflicto político, económico, social y armado que ha tenido como protagonistas al Estado y sus fuerzas militares, las insurgencias de diferente orientación política, las organizaciones paramilitares, muy influenciadas por el narcotráfico, y una sociedad civil entre víctima y participe estratégica de los enfrentamientos.

Un conflicto tan largo ha tenido múltiples intentos de negociación. Algunos en el marco del reconocimiento estatal del carácter político ‒tanto de la confrontación como de sus actores‒ han permitido la reinserción social y política de los combatientes y algunos proyectos de reformas, más o menos importantes, de la estructura del Estado. En otras ocasiones, las negociaciones se han llevado bajo la impronta del sometimiento a la ley sin reconocimiento político, aunque con garantías importantes hacia un trato benigno de los delitos cometidos. En muchas otras oportunidades las negociaciones se han suspendido, terminado o abortado de manera unilateral, casi siempre por el gobierno de turno, ante el arreciamiento de las dinámicas de la guerra. En todas las ocasiones, al finalizar las negociaciones, podría decirse que las causas estructurales que han generado la confrontación no se han superado, o que los acuerdos que están destinados a desarrollar esos cambios no se tramitan ni con la celeridad ni con la profundidad necesarias para acabar con la violencia. Así que cada proceso de paz ha despertado cada vez menos interés entre los colombianos, más zancadillas y tropiezos con los factores reales de poder y la clase política y, tras ellos, sin importar su desenlace, una desesperanza que invade a los firmantes y a las comunidades que apostaban por una transformación real de su condiciones de vida, y lo más preocupante, el reciclaje de violencias cada vez más degradadas, con vínculos más estrechos con la ilegalidad del narcotráfico, la minería ilegal, el contrabando, la trata de personas y otros flagelos propios de la violencia común. La violencia no cede, la paz se convierte en una especie de proyecto, y ante la imposibilidad de derrotar a los violentos, la negociación se vuelve a posesionar como el camino más expedito hacia ella.

El gobierno de Petro se enfrenta a una tarea titánica. Primero tiene que ambientar en la opinión pública la necesidad de un nuevo proceso con mayores complejidades: más y nuevos actores con móviles políticos cada vez más tenues. En segundo lugar, debe fortalecer el apoyo al proceso en medio de los ataques más enconados de una derecha política inmersa en una oposición irreflexiva y caníbal contra el gobierno, y una izquierda que, aunque cobijada bajo la sombrilla del Pacto Histórico, no presenta unidad ni consensos claros a su interior. Tercero, debe alinear las presiones y los apoyos internacionales para que el tratamiento penal y el manejo del problema del narcotráfico no genere aislamiento o sanciones de la comunidad internacional. 

https://www.rcnradio.com/colombia/comision-de-paz-citara-al-gobierno-para-que-explique-su-estrategia-frente-al-eln

¿Una nueva guerra? ¿Una nueva negociación?: entre los móviles políticos y la pura delincuencia

En la actualidad, con la reinserción a la vida civil de la mayor y más antigua organización guerrillera de América Latina, las FARC-EP, y con la mezcla de nuevos móviles y actores más alejados de la política y más cercanos a las dinámicas de multicrimen internacional, se vuelve más complejo el inicio de un proceso de diálogo. En el caso del ELN, otra guerrilla de primera generación con la que se han desarrollado diversos procesos de diálogo más o menos exitosos, el horizonte parece claro: se reconoce en ella a una guerrilla con móviles políticos, con la que se puede desarrollar un proceso de paz que puede incluir la revisión de la estructura de Estado y del funcionamiento de la democracia. Incluso estas características podrían predicarse de los mayores reductos de la FARC-EP que o no entraron a la negociación o que, alegando incumplimiento de los acuerdos, se marginaron de su cumplimiento y volvieron a la confrontación. Pero al interior de esas disidencias también existen reductos dedicados de forma casi exclusiva a las actividades derivadas del narcotráfico, la minería ilegal y las rentas extorsivas. 

Aún más alejadas de este espectro político están todas las estructuras delincuenciales que usan la violencia para fortalecer su participación en los mercados ilegales. Todas las bandas, tanto las que actúan en las ciudades como las que extienden sus tentáculos hacia el mundo rural controlando el microtráfico, la prostitución, la comisión de robos, atracos, la extorsión al comercio y las actividades productivas en su zona de influencia, no tienen fines políticos, no se les puede tratar con la benevolencia que se trata al delincuente político, con ellos no se pueden acordar reformas al Estado, participación política, reconocimiento de su influencia social en los territorios. Justamente en esa distinción estriba la mayor dificultad. El cariz actual del conflicto implica la existencia de actividades y organizaciones multicrimen con nexos internacionales. La incapacidad del Estado para brindar condiciones de vida digna a las poblaciones que habitan las regiones donde se presentan los flujos de ilegalidad, convierte a sus habitantes en víctimas de la violencia, pero en muchas ocasiones los vuelve actores del conflicto cuando engrosan las filas de esas estructuras delictivas: tanto los jóvenes de las barriadas como los campesinos sin posibilidades económicas son, a la vez, víctimas de una violencia económica y social que los margina y posibles combatientes al servicio de la criminalidad más despiadada. 

La paz es un derecho y un deber constitucional. La paz es el insumo básico para la civilidad, para el respeto de los derechos. Sin paz no hay crecimiento económico, no hay estabilidad jurídica. El fin del Estado mismo no es otro que la búsqueda de la paz. Petro ha abrazado con fervor una causa que debería seguir moviendo al país. Tal vez ante esa lucha habría que decirle al gobierno lo que Cervantes ponía en boca del Caballero de la Triste figura: lo grande con intentarlo basta.

Si el trato es diferenciado y, con ello, más amable con los delitos políticos, ¿a quiénes se puede incluir, a quiénes excluir? ¿Dónde terminan las actividades ilegales ligadas a la lucha política y empieza la simple criminalidad? ¿Hasta qué punto es válido que un representante del Estado se siente a negociar con un delincuente común? ¿Qué puede negociarse, y con quién? Y, aún más importante, ¿Cómo ligar o desligar la violencia armada que victimiza a las poblaciones de la violencia dirigida contra el Estado y sus agentes desarrollada por esas mismas poblaciones convertidas en carne de cañón de la guerra? Tal vez no exista un solo conflicto sino múltiples, y la guerra que se vive ahora amerita una nueva forma de negociar la posibilidad de paz. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Di%C3%A1logos_de_Paz_Entre_el_Gobierno_de_Colombia_y_el_Ej%C3%A9rcito_de_Liberaci%C3%B3n_Nacional

La Paz Total y sus escollos: ¿Una nueva paz?

El gobierno de Petro se enfrenta a una tarea titánica. Primero tiene que ambientar en la opinión pública la necesidad de un nuevo proceso con mayores complejidades: más y nuevos actores con móviles políticos cada vez más tenues. En segundo lugar, debe fortalecer el apoyo al proceso en medio de los ataques más enconados de una derecha política inmersa en una oposición irreflexiva y caníbal contra el gobierno, y una izquierda que, aunque cobijada bajo la sombrilla del Pacto Histórico, no presenta unidad ni consensos claros a su interior. Tercero, debe alinear las presiones y los apoyos internacionales para que el tratamiento penal y el manejo del problema del narcotráfico no genere aislamiento o sanciones de la comunidad internacional. 

El gobierno inicia con casi todo en contra. La matriz de opinión generada desde los medios de comunicación ha satanizado la iniciativa presentándola como una fiesta a la impunidad, un premio a la delincuencia común y una claudicación del Estado. El ciudadano de a pie, hastiado de los procesos de paz, inconforme con la supuesta reincidencia de la violencia luego de la desmovilización de las FARC-EP y bajo la presión de una posible crisis económica, no tiene oídos para un nuevo intento de negociación con esos actores que no se sabe si son luchadores políticos o simples bandas de narcotráfico. La derecha recalcitrante ha hecho causa común contra el proceso y empieza a construir un ambiente de autoritarismo y desconocimiento de la institucionalidad ante cada medida que se adelanta. De lado de la coalición de gobierno, los partidos tradicionales unidos de manera pragmática y burocrática en torno al gobierno no van a acompañar de manera decidida a Petro en estas iniciativas, y al núcleo duro de la coalición, los partidos de izquierda y las fuerzas progresistas, que están atomizadas y no han atinado ni siquiera en la gestión coordinada de la agenda de gobierno, tal vez les resulte más difícil hacerlo en una iniciativa tan polémica. Finalmente, la comunidad internacional, Estados Unidos en particular, ha asistido de forma muy reflexiva y crítica, sin entusiasmo, a respaldar el proceso. 

La paz es un derecho y un deber constitucional. La paz es el insumo básico para la civilidad, para el respeto de los derechos. Sin paz no hay crecimiento económico, no hay estabilidad jurídica. El fin del Estado mismo no es otro que la búsqueda de la paz. Petro ha abrazado con fervor una causa que debería seguir moviendo al país. Tal vez ante esa lucha habría que decirle al gobierno lo que Cervantes ponía en boca del Caballero de la Triste figura: lo grande con intentarlo basta. 

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