José Honorio Martínez
Profesor del Departamento de Ciencia Política
Universidad Nacional de Colombia
Los resultados de las recientes elecciones en Bolivia mostraron una profundización del proceso político hacia una plena derechización en el control del gobierno y de la Asamblea Nacional. La rama judicial ya estaba en manos de la derecha y cumplió un papel estratégico al replegar las resistencias ofrecidas por el movimiento Evo Pueblo, en el que se aglutinaron las fuerzas de izquierda en resistencia frente a la retoma oligárquica del régimen político.
¿Por qué y cómo se llevó a cabo la retoma del poder por parte de la derecha? Este artículo sostiene que la recuperación del poder estatal por parte de la oligarquía está fundamentalmente determinada por la insostenibilidad del modelo rentista en el contexto energético regional. La caída de la renta gasífera desde 2014 comprometió la disponibilidad de recursos financieros para sostener las políticas asistencialistas y subsidiarias sobre las cuales se había construido la legitimidad del MAS. En este escenario, las fuerzas oligárquicas avanzaron tomando el control de instituciones clave, como el Tribunal Electoral y el Tribunal Constitucional, desde donde maniobraron hábilmente para incentivar las pugnas internas en el seno del MAS mediante una estrategia sostenida orientada a borrar el liderazgo de Evo Morales y del movimiento agrario en la conducción del campo popular.
El triunfo de Rodrigo Paz (partido Demócrata Cristiano) demuestra que la transición abierta por el gobierno Arce hacia la derechización del Estado continuará desarrollándose. Al tiempo, muestra que el campo popular atraviesa un proceso de depuración en el cual los liderazgos más urbanizados y próximos a los agenciamientos tecnocráticos quedan relegados, restituyéndose el reconocimiento del papel que puedan desarrollar las organizaciones de base (mineras, campesinas e indígenas). Estos sectores, encabezados por Evo Morales, promovieron el voto nulo como forma de protesta frente a las condiciones de exclusión impuestas por las autoridades judiciales y electorales. Obtuvieron 1.300.000 votos en la primera vuelta y 300.000 en la segunda. La presencia consciente del voto nulo expresó no solo el rechazo al actual gobierno, sino también una denuncia de la democracia liberal como dimensión del poder de clase. En la primera vuelta, el voto nulo triunfó en 133 municipios del país (el 40% del total).
La recuperación del poder estatal por parte de la oligarquía está fundamentalmente determinada por la insostenibilidad del modelo rentista en el contexto energético regional. La caída de la renta gasífera desde 2014 comprometió la disponibilidad de recursos financieros para sostener las políticas asistencialistas y subsidiarias sobre las cuales se había construido la legitimidad del MAS. En este escenario, las fuerzas oligárquicas avanzaron tomando el control de instituciones clave, como el Tribunal Electoral y el Tribunal Constitucional, desde donde maniobraron hábilmente para incentivar las pugnas internas en el seno del MAS mediante una estrategia sostenida orientada a borrar el liderazgo de Evo Morales y del movimiento agrario en la conducción del campo popular.
En lo que sigue del presente artículo se repasa críticamente la trayectoria de los gobiernos de Evo Morales, se interpreta el gobierno de Luis Arce como un mandato antipopular de transición hacia la derechización y, finalmente, se proponen algunos significados de la coyuntura electoral.
Los gobiernos de Evo Morales: las paradojas del rentismo y la democracia liberal
Evo Morales logró llegar al gobierno en 2006, luego de trasegar un difícil camino de luchas contra la oligarquía en el poder del Estado. Su gobierno fue el resultado de un largo proceso de acumulados organizativos de los movimientos populares, en especial del cocalero de la región del Chapare, el cual libró desde los años 1990 una férrea resistencia contra la injerencista política norteamericana en materia de cultivos de hoja de coca.
Apoyado en la existencia de una vasta red organizativa de carácter agrario aglutinada en torno a las Federaciones del Trópico de Cochabamba, el gobierno de Morales mantuvo un dominio hegemónico del Congreso, las gobernaciones y alcaldías. Entre 2005 y 2019, el Movimiento Al Socialismo (MAS) obtuvo sostenidamente exitosos resultados electorales.
Las decisiones gubernamentales más importantes de Morales se orientaron al rescate de la soberanía nacional, la relegitimación del régimen político, la ampliación del asistencialismo social ‒bono Juancito Pinto (2006) para escolares, Renta Dignidad (2008) para mayores de 60 años y bono Juana Azurduy (2009) para madres gestantes‒ y la inserción del país en las iniciativas latinoamericanistas (CELAC, ALBA y RUNASUR). La nacionalización de los hidrocarburos en 2006, la ruptura con la política injerencista estadounidense en materia de cultivo de hoja de coca, la expulsión de la DEA (2008) y de USAID (2013), así como la inscripción del país en el campo progresista surgido durante la primera década del siglo XXI en América Latina, fueron decisiones que confrontaron la hegemonía ejercida por Estados Unidos en Bolivia.
Sin embargo, un aspecto estratégico ‒la nacionalización del pensamiento de la Policía y de las Fuerzas Armadas‒ nunca logró concretarse. Este pendiente resultó decisivo en la coyuntura golpista de diciembre de 2019, cuando la cúpula militar, encabezada por el general Kalimán, se alineó con la sedición. Si se tiene en cuenta que entre 2008 y 2019 más de 25.000 funcionarios (policías, fiscales, jueces) fueron “capacitados” en Estados Unidos (Lajtman-Bereicoa, 2023), puede conjeturarse el enorme poder que continúan ejerciendo las doctrinas norteamericanas en el interior del aparato de Estado.
La nacionalización de los hidrocarburos implicó la recuperación de la estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) empresa que había sido desvertebrada, igualmente significó la recuperación de la renta gasífera y la renovación de los contratos de exportación con Brasil y Argentina en condiciones más acordes con el interés nacional. El ejercicio de la soberanía en política energética implicó una relativa demarcación geopolítica frente a los mercados especulativos y las corporaciones transnacionales euro-norteamericanas. A pesar de ello, Bolivia continúo atada al régimen primario exportador que implica la profunda dependencia frente a procesos y poderes exógenos.
La recuperación de la renta gasífera y la existencia de contratos de exportación con Brasil y Argentina estabilizaron las finanzas públicas proveyendo considerables recursos monetarios hasta 2015, cuando, como resultado de las políticas de autoabastecimiento energético desarrolladas por Brasil y Argentina, comenzó una tendencia declinante en el flujo de exportaciones. La caída de la renta gasífera ‒y el subsecuente incremento del endeudamiento y el agotamiento de las reservas monetarias‒ en el transcurso de los últimos diez años es la causa principal de la actual crisis económica expresada en problemáticas como la escasez de diésel, la especulación con los precios de los bienes básicos y los tipos de cambio y el incrementó de la inflación.
Otra realización significativa del gobierno fue la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente en 2006-2007, que culminó con la expedición de una nueva Constitución Política en 2009, celebrada por el movimiento popular debido a sus apuestas democratizadoras. Paradójicamente, dos aspectos del desarrollo constitucional ‒las autonomías regionales y la democratización de la rama judicial‒ han terminado yendo en contravía del “proceso de cambios”.
Fue la persecución del gobierno de Arce la que dividió al MAS, y no la obvia postura de Morales frente a las ejecutorias gubernamentales. Mientras Morales reclamaba por el rumbo incoherente del gobierno, el exvicepresidente García Linera advertía que tales cuestionamientos dividían al partido. Sus llamados a la “unidad orgánica” tenían como contracara su tácito respaldo a la candidatura presidencial de Andrónico Rodríguez. En este contexto, resulta absurdo pensar que el movimiento popular hubiera seguido a figuras respaldadas por quienes hoy son juzgados como traidores. La proscripción judicial de la candidatura de Morales fue respondida dignamente por la corriente histórica del MAS mediante la convocatoria al voto nulo como forma de protesta.
En el caso de las autonomías, la burguesía agroindustrial cruceña, forjada durante la dictadura del genocida Hugo Banzer, mantuvo una oposición constante al gobierno, especialmente en 2008 y luego en 2019, cuando el fascista Comité Cívico de Santa Cruz, encabezado por Luis Fernando Camacho, participó de manera protagónica en el golpe de Estado contra Morales. La agresiva burguesía del oriente, alentada por el autonomismo constitucional, ha impulsado de forma persistente un proceso organizativo de carácter sedicioso orientado a su separación del resto del país.
Un sentido negativo similar ha marcado la democratización de la rama judicial. Actualmente, las altas magistraturas de los tribunales se proveen mediante voto popular. Sin embargo, una vez estos cargos fueron ocupados por fuerzas de derecha ‒que controlan la formación de jueces y fiscales y la producción del derecho‒, los magistrados procedieron a autoprorrogar sus mandatos, todo bajo la actitud contemplativa del gobierno de Arce y de la Asamblea Nacional. Desde estas instancias se ha conducido, en los últimos años, una estrategia orientada a la “muerte por vía judicial” de Evo Morales. Fue el Tribunal Constitucional el que determinó su proscripción electoral. La persecución judicial ‒incluida una orden de captura‒ contra Morales constituye una paradoja para el “proceso de cambios”, pues el intento constitucional de ampliar la democracia liberal terminó entregando las máximas instituciones de justicia a las fuerzas de derecha.
El gobierno Arce: doblegar al movimiento popular
En octubre de 2019, Evo Morales fue electo para el mandato 2020-2025, pero fue derrocado tres meses después mediante un golpe de Estado dirigido por el gobierno norteamericano. Los golpistas, aunque impusieron “el orden” con masacres ‒como las de Sacaba y Senkata‒ y recibieron grandes préstamos (4.200 millones de dólares) que incrementaron la deuda pública, no lograron consolidar su mandato. Se convocaron nuevas elecciones en las que, sin la presencia de Morales ‒exiliado entonces en México‒, resultó vencedor Luis Arce con el voto de los movimientos populares.
Cuando Morales regresó a Bolivia en noviembre de 2020, Arce ya había entregado el control efectivo de su gobierno a su ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, un “aparecido” en el MAS. El gobierno de Arce administró la crisis económica, permaneció expectante ante una renta del litio que nunca despegó y dio patente de corso a Del Castillo para criminalizar y reprimir al campesinado del Chapare: en la última ocasión, en septiembre de 2024, hubo más de 320 detenidos. Un mes después ocurrió un atentado contra Morales.
En estos términos, fue la persecución del gobierno de Arce la que dividió al MAS, y no la obvia postura de Morales frente a las ejecutorias gubernamentales. Mientras Morales reclamaba por el rumbo incoherente del gobierno, el exvicepresidente García Linera advertía que tales cuestionamientos dividían al partido. Sus llamados a la “unidad orgánica” tenían como contracara su tácito respaldo a la candidatura presidencial de Andrónico Rodríguez.
En este contexto, resulta absurdo pensar que el movimiento popular hubiera seguido a figuras respaldadas por quienes hoy son juzgados como traidores. La proscripción judicial de la candidatura de Morales fue respondida dignamente por la corriente histórica del MAS mediante la convocatoria al voto nulo como forma de protesta.
La fractura masista, aunque presentada como un conflicto de personas, expresa diferencias de fondo entre los sectores de la pequeña burguesía tecnocrática (Arce, García Linera, Rodríguez), dispuestos a gobernar para la burguesía1, y los movimientos populares comprometidos con reformas orientadas a la justicia social, la soberanía nacional y la democratización social.
Las elecciones y el horizonte de las contradicciones sociales
En las elecciones de 2025, la burguesía irrumpió con frenesí presentando varios candidatos acordes con sus intereses. Entre ellos destacan Jorge Quiroga, quien fuera vicepresidente del genocida Hugo Banzer; el capitán retirado Manfred Reyes, hijo de Armando Reyes, ministro de Defensa del también genocida Luis García Meza; Samuel Doria, propietario de la otrora privatizada industria del cemento, quien, en plena época de los derechos de “la madre tierra”, ha aumentado su fortuna mediante la explotación de los recursos naturales; y el descendiente de la jesuítica saga de los Paz (Víctor Paz Estenssoro y Jaime Paz Zamora), y a la postre ganador, Rodrigo Paz Pereira. Este último, pese a su publicitada “infancia clandestina” en los años setenta, coincide en que la crisis del capitalismo dependiente debe ser pagada por los asalariados, el campesinado y los sectores desposeídos. El gobierno de Paz estará plenamente comprometido con el restablecimiento del neoliberalismo, el Estado securitario y la agenda norteamericana de injerencia y agresión contra Nuestra América.
Más allá de la derrota del progresismo, los resultados de las elecciones contienen otras significaciones. Entre ellas: que la vertiente histórica del movimiento popular se ratifica en su organicidad con los votos nulos obtenidos; que este voto no representa un mero ritual democrático, sino una forma alternativa de protesta y movilización; que los bastiones del movimiento popular continúan en la ruralidad y en las periferias urbanas, especialmente en los departamentos de Potosí, Chuquisaca y Cochabamba; que los sectores de la pequeña burguesía urbana que se sumaron al MAS en su fase de ascenso fueron depurados, quedando políticamente debilitados hacia el futuro; que el voto nulo puede convertirse en un instrumento de crítica del régimen político con potencial altamente corrosivo; que las posibilidades de la democracia liberal para seguir dando aliento al capitalismo dependiente tienden a agotarse; y que la apuesta restauradora de la burguesía enfrentará una firme oposición popular, en especial del movimiento agrario, el cual ha madurado su conciencia para las batallas futuras.
1 Ver: Molina Fernando (2019). Modos del privilegio: alta burguesía y alta gerencia en la Bolivia contemporánea. La Paz : CIS.
.
