Jairo Estrada Álvarez
Profesor del Departamento de Ciencia Política
Universidad Nacional de Colombia
Los resultados de los comicios presidenciales en primera vuelta, celebrados el pasado 29 de mayo, son un indicador indiscutible del momento político-cultural por el que atraviesa el país, sin que éste pueda ser reductible a ellos. La complejidad y la densidad de la problemática acumulada del país trasciende miradas de la política, lo político y la acción política circunscritas a la elección del presidente de la República, lo cual no implica que se deba ser indiferente frente a ella. Siempre es preciso advertir que los espacios institucionales están concebidos esencialmente para proveer garantías de preservación y reproducción del orden social vigente, sin que ello conlleve la negación de la posibilidad de disputarlos con el propósito de fisurar o incluso socavar la dominación de clase, contribuir a propiciar procesos democratizadores, abrir espacios para la reforma y habilitar mejores condiciones para las luchas.
Quienes aspiramos a la superación histórica del orden social y persistimos con tozudez en su transformación revolucionaria, al tiempo que reconocemos el significado y el lugar histórico de la reforma, tenemos la obligación de mirarla con perspectiva crítica y llamar la atención sobre sus límites y consecuencias, especialmente cuando ella deriva en propósito último, cediendo a la “razón pragmática”. Por esa circunstancia, sabemos por experiencia histórica que el campo de la reforma, así como no es desechable, tampoco puede convertirse en ilusión, y debe pensarse en perspectiva de la continua disputa hacia transformaciones más profundas.
Sobre estos presupuestos aproximo en este texto un análisis inspirado en una idea, que podría considerarse gramsciana: “el problema es cómo se traza una fuga que antes que nada significa rechazar la propensa aceptación pasiva de la realidad” 1 .
La tendencia a la crisis del régimen de dominación de clase
Los resultados de la primera vuelta presidencial confirman un proceso de maduración de la tendencia a la crisis de la dominación de clase, constituida sobre varios procesos confluyentes e interrelacionados que comprenden, entre otros:
- Los acumulados históricos de resistencia y movilización social y popular, continuos y persistentes pese a violenta represión estatal;
- los efectos políticos y culturales del Acuerdo de paz suscrito con las FARC-EP el 24 de noviembre de 2016, que además de contribuir a la mayor politización de amplios sectores de la sociedad colombiana, habilitaron nuevas condiciones para las luchas;
- el paro del 28 de abril de 2021 y la rebelión social de los meses subsiguientes, con alcances antisistémicos y de interpelación profunda el orden social vigente;
- el pérfido e infame gobierno de Iván Duque, sustentado en una coalición de los partidos de la derecha colombiana, liderada por el partido uribista de la derecha extrema, el Centro Democrático, que ha contado con el apoyo de los grandes poderes económicos y la tutela permanente de los Estados Unidos;
- los impactos económicos y sociales del proceso de neoliberalización adelantado durante las últimas décadas, que han producido una destrucción del aparato productivo, una precarización de la vida y la existencia de los colombianos y colombianas y convertido a Colombia en una de las sociedades más desiguales del mundo;
- la coyuntura de la macroeconomía, con presiones inflacionarias en ascenso, un déficit fiscal de 7,1 % del PIB, un déficit en la balanza comercial del 5 % del PIB, un nivel de deuda pública equivalente al 69 % del PIB, una tasa de desocupación de 11,2 %, entre otros indicadores, a lo cual se agrega la pobreza de 21 millones de personas y la pobreza extrema de 7,4 millones.
Todo ello, visto de conjunto ha producido un nuevo “estado de ánimo” y de hartazgo social frente a la indolencia y la ignominia de quienes han gobernado a sus anchas el país con la lógica de un régimen hacendatario en extremo violento, generando una marcada tendencia a la crisis del régimen de dominación de clase, que puede también comprenderse en términos de tendencia a una crisis de hegemonía, si se consideran además sus alcances culturales. Sin lugar a duda, en la sociedad, especialmente en las clases subalternas, está sembrada la expectativa de un “cambio”, que se comprende sobre todo en términos de un cambio frente a una vida que ni siquiera se puede sobrellevar. Se trata de legítimas aspiraciones por transformar las condiciones de existencia, incluso en la cotidianidad.
El alcance de los resultados de la primera vuelta presidencial
Precisamente sobre ese malestar social generalizado ⎼y en ausencia de un proyecto de izquierda⎼ es que se construyeron los proyectos políticos que salieron victoriosos en la elección presidencial en su primera vuelta y pasarán al balotaje: el del progresismo social-liberal del Pacto Histórico de Gustavo Petro con una clara mayoría del 40,33 % y el de un populismo demagógico y de derecha borrosa de la Liga de Gobernantes Anticorrupción (LIGA) de Rodolfo Hernández, con un 28,15 % del total de los sufragantes. Si se suman los votos de la Coalición de la Esperanza, del insulso “centro político”, liderada por Sergio Fajardo (4,2 %), a primera vista, en una aritmética superficial, se podría afirmar que cerca del 73 % de los electores votaron contra el “establecimiento”.
La importancia de tal resultado no es menor; pero tampoco se puede magnificar. Es claro que ella evidencia el rechazo mayoritario al “continuismo” condensado en la candidatura de Federico Gutiérrez; también lo es que se pone de presente el declive continuado de la ultraderecha militarista y con ello del “uribismo”. Al mismo tiempo, empero, debe considerarse que de una elección presidencial no puede derivarse una modificación sustantiva y mecánica de la relación de poder existente, considerando no solo que los poderes fácticos (económicos, militares, mediáticos y criminales) permanecen invariables, sino que los “partidos perdedores” de la derecha que los representan preservan aún su poder en el Congreso de la República, en los organismos de control, en la institucionalidad del Estado y en los órdenes regionales, entre otros. Aún se está lejos del fin definitivo del “uribismo”, que más allá de proyecto político y de gobierno, se ha erigido en forma de organización del Estado y de la dominación de clase, con demostrada capacidad de supervivencia y mimetización. Precisamente parte de las tareas democratizadoras pendientes se encuentra en la habilitación de condiciones para su superación real.
Estar en contra del “establecimiento” no conlleva necesariamente una interpelación del orden social vigente en sus rasgos y configuraciones estructurales y esenciales, aunque sí de sus formas constitutivas y de reproducción. Desde luego que ese “estar en contra” puede devenir hacia posturas antisistémicas y de superación del orden existente. Ello depende de la ideología, del programa, de la estrategia, así como de la correlación específica de fuerzas y de la tendencia de las luchas sociales y de clase.
De la primera vuelta de la elección presidencial quedaron dos proyectos políticos, cuya tarea consiste en la superación de las tendencias a la crisis del régimen de dominación de clase en sus formas actuales. No hay campo para la futurología y la predicción acerca de los contenidos ciertos y definitivos de un eventual gobierno de cualquiera de ellos. Por lo pronto nos tenemos que ajustar, por una parte, a los perfiles de los candidatos y formulaciones programáticas, y por la otra, a la realpolitik, aquella que habla del devenir concreto de la campaña electoral en la fase que conducirá a la elección definitiva de presidente de la República, de los condicionantes sistémicos y de las acciones para lograr la movilización de la opinión.
La experiencia de la Región y, en general, a nivel internacional, enseña que una de las funciones principales de los balotajes consiste, más allá de la construcción de un presunto mayor y mejor “consenso democrático”, en el ablandamiento sistémico de los programas de gobierno, en una especie de disciplinamiento para estos no sean percibidos por la “opinión” (en realidad por el poder constituido) como una amenaza desestabilizadora del orden existente. Así es que de entrada debe esperarse una modulación y moderación de los discursos, incluso exhibiendo rasgos de aproximación en algunos de sus contenidos.
La experiencia también enseña que los procesos electorales, la dimensión política y las discusiones sobre contenidos programáticos han sido desplazados por la escenificación del espectáculo, la exploración primaria de los deseos y pasiones, la producción comunicacional de estados de “sicología social”, distanciando al grueso de los electores de los aspectos sustantivos y buscando convertirlos en hinchadas fanáticas de una gran final. Es la degradación extrema de la política, ajustada a la reproducción controlada del orden existente. No hay cabida para el debate ilustrado y racional, pues precisamente de lo que se trata es de la utilización extrema del predominio de la ausencia de “cultura política”, condición sobre la cual se ha erigido la hegemonía ⎼hoy fisurada en todo caso y con tendencia a la crisis⎼ de las clases dominantes. La segunda vuelta presidencial en Colombia no será en ese sentido una excepción.
Más que una toma de posición frente a una candidatura presidencial, este texto tiene el propósito de suministrar elementos de análisis, seguramente herejes y no “políticamente correctos” para una comprensión del momento político, acompañados de una valoración preliminar de los proyectos políticos que hoy se disputan la presidencia de la República, comprendidos como las opciones de salida estabilizadora de las tendencias a la crisis del régimen de dominación de clase que se pueden sintetizar entre autoritarismo disfrazado y reformismo moderado, en ausencia de un proyecto revolucionario por (re)construir, bajo el supuesto de la no indiferencia frente a la elección presidencial y la no aceptación pasiva de la realidad.
El proyecto de la LIGA
El proyecto de la LIGA es esencialmente demagógico, con rasgos de populismo y de derecha borrosa, así ⎼a diferencia del populismo clásico⎼ no se sustente en un movimiento de masas, en un liderazgo carismático de conexión profunda entre el líder y la masa ni en un “proyecto nacional”. El talante de Rodolfo Hernández, además de una pobreza intelectual mayúscula, exhibe los rasgos propios de la cultura hacendataria predominante en sectores de las élites colombianas más retrógradas, la de un capitalismo autoritario, patriarcal, machista, racista, misógeno y homofóbico.
Ahora, en el contexto de la segunda vuelta presidencial, se esfuerza por “culturizar” el proyecto político, ampliando el espectro del programa de gobierno prácticamente inexistente hasta el 29 de mayo, incluyendo facetas de una retórica antineoliberal (política frente al agro, eliminación del impuesto 4xmil, etc.) e incluso componentes “progresistas” (respeto y garantías frente a la protesta social, renta básica, cubrimiento de deudas de ICETEX, etc.). La propuesta de Hernández incluye además una normalización de las relaciones con Venezuela; afirma comprometerse con la implementación del Acuerdo de paz con las FARC-EP y considera que negociación con el ELN se resuelve con “otro sí” a lo convenido en La Habana. Dando continuidad a su condición “antiestablecimiento” descarta alianzas políticas, se declara contrario al “uribismo” y a las maquinarias de los partidos políticos, y persiste en su eje central: la lucha contra la corrupción y en su lema “No robar, no mentir, no traicionar y cero impunidad”. Fiel a las estrategias comunicacionales hoy predominantes, el discurso es breve, directo y acompañado de frases efectistas, que en buena medida recogen los que se dice en las calles de centros urbanos y en los territorios, especialmente en sectores populares despolitizados. Los temas sustantivos y de fondo se encuentran ausentes hasta el momento, aunque es notoria la labor de los estrategas de la comunicación por llenar ese vacío.
En suma, se trata de un proyecto que frente a las tendencias a la crisis de la dominación de clase formula una salida sustentada en que llegaría un “viejito” a la presidencia, investido de experiencia y éxito económico (pues es millonario), que pondrá orden y autoridad en la casa, y proveerá alivio a la existencia precaria de las grandes mayorías. Su “salida” es aparentemente transgresora del orden existente, parece disfuncional a la cuidadosa y estable institucionalidad construida por las clases dominantes a lo largo de la vida republicana. En realidad representa una opción de estabilización y reforzamiento por la vía autoritaria. Opciones con esos rasgos ya se han observado a nivel internacional: Trump en Estados Unidos y Bolsonaro en Brasil, casos en los que las clases dominantes prefieren “sacrificar” diseños del orden existente a ceder frente a lo que consideran una amenaza. A diferencia de los dos mencionados, el ideario de derecha en Hernández no se hará suficientemente explícito; más bien se matizará, mostrando incluso contenidos progresistas. Ya lo está haciendo. Sin duda, una operación de engaño calculado al elector, que en su retórica empieza a mostrar rasgos ilustrados y de corrección de las posturas iniciales gracias al apoyo de sectores intelectuales, de políticos profesionales y de “técnicos” y “consultores” en proceso de acomodamiento.
La derecha y los poderes fácticos, tras el fracaso de su fórmula, han comprendido que pueden hacer parte de la LIGA y definir sus contornos sin estar formalmente en ella; están dispuestos a aceptar la retórica contra la politiquería y la corrupción, pese a representarla, al tiempo que rodean con sus apoyos (explícitos u ocultos) al candidato Hernández. Sus expectativas mayores se encuentran en el perfilamiento definitivo del programa de gobierno, en su influencia en la conformación del gabinete presidencial y en el control de las mayorías del Congreso, que hoy está, para el nuevo período 2022-2026, en manos de los partidos del establecimiento. Se trata de sectores dispuestos a arriesgar la tentación autoritaria intrínseca del candidato Hernández, como resultado de lo cual no sería descartable un quebrantamiento abierto y explícito de la (precaria) institucionalidad democrática existente. Si lo han hecho con Duque, quien contaba con menor apoyo y un enorme desgaste político, por qué no con un candidato que, de ganar, tendría una copiosa votación que le permitiría conferir a sus decisiones la legitimidad de las reglas del juego democrático. Las crisis capitalistas han mostrado que entre sus salidas no deben desecharse opciones autoritarias y con contenidos ideológicos y prácticas fascistas, que se muestran ⎼aparentemente⎼ comprensivas e intérpretes de las aspiraciones de las grandes mayorías. La propia experiencia colombiana ha mostrado que las clases dominantes no escatiman en su disposición contrainsurgente el uso de todos los recursos que estén a su alcance para preservar su régimen de democracia de excepción.
Quienes aspiramos a la superación histórica del orden social y persistimos con tozudez en su transformación revolucionaria, al tiempo que reconocemos el significado y el lugar histórico de la reforma, tenemos la obligación de mirarla con perspectiva crítica y llamar la atención sobre sus límites y consecuencias, especialmente cuando ella deriva en propósito último, cediendo a la “razón pragmática”. Por esa circunstancia, sabemos por experiencia histórica que el campo de la reforma, así como no es desechable, tampoco puede convertirse en ilusión, y debe pensarse en perspectiva de la continua disputa hacia transformaciones más profundas.
El proyecto del Pacto Histórico
El progresismo social-liberal del Pacto Histórico representa un proyecto de estabilización de la dominación de clase por otra vía, la vía de la reforma democratizadora y modernizante. Se ha presentado como un proyecto de “buen capitalismo” con contenidos populares. En perspectiva histórica, ello no es novedoso; se inscribe dentro de las líneas ideológicas de continuidad del “capitalismo popular” del fin del siglo XIX y de proyectos socialdemócratas moderados del siglo XX, con las necesarias actualizaciones de la crítica al capitalismo “desde dentro” del siglo XXI. No discute el orden existente, pero sí rasgos de la configuración del régimen político y sociocultural, así como de la tendencia de la acumulación capitalista en sus componentes de extractivismo depredador y financiarización. Su programa busca por la vía tributaria y del estímulo a la producción una reedición de los propósitos redistribuidores del ingreso y de la generación de empleo formulados por Keynes en el contexto de la Gran Depresión de 1929-1933, desde luego traídos a las condiciones del presente, con el fin de reducir el patrón de desigualdad, considerando entre tanto la necesidad de superar los límites exhibidos por el patrón energético sustentado en la energía fósil y los impactos civilizatorios del cambio climático y del rentismo financiero. Sobre ese propósito de construir una renovada base económica del capitalismo colombiano, afirma pretender hacer realidad la materialización de los derechos en sus comprensiones y desarrollos más actuales, con perspectiva de género, étnica e interseccional. Especialmente destacables son las incorporaciones en su programa de las elaboraciones de una economía política feminista. Las aspiraciones programáticas de alcance social y en materia de derechos parecen condensarse en “hacer realidad la Constitución del 91 por fuera del negocio”. Es sin duda un proyecto político ilustrado y consistente.
Aunque una descripción y un análisis al detalle del programa del Pacto Histórico escapa a los propósitos de este texto, debe señalarse, no obstante, que él contiene propuestas democratizadoras del régimen político, una redefinición progresista de la política exterior (frente a Venezuela y los Estados Unidos) y una política precisa de paz expresada en el propósito de “un gran tratado de paz para Colombia”. Visto de conjunto, el programa progresista se inscribe dentro de la moderación y los límites mostrados por los proyectos progresistas actuales en Nuestra América; se encuentra más bien circunscrito a la problemática nacional, estando ausentes planteamientos gruesos y de fondo relacionadas con la integración y de contribución clara a la redefinición activa de la geopolítica regional.
Se trata de un proyecto que se ha esforzado –y lo hará con mayor énfasis en la semanas subsiguientes⎼ por mostrar que no constituye una amenaza sustantiva para el régimen de dominación de clase, como se ha expresado en sus mensajes, explícitos o entre líneas, a los “mercados”, los organismos multilaterales y las agencias calificadoras del riesgo, al gran empresariado transnacional, a grupos económicos y sectores del empresariado colombiano, así como a sectores del Congreso de los Estados Unidos, entre otros. Eso sí, explicitando un concepto de política tributaria que de concretarse afectaría a los grandes capitales; un distanciamiento frente a las economías de extracción depredadora, especialmente de carbón e hidrocarburos; así como reformas importantes a la intermediación financiera en salud y al negocio privado de las pensiones, y medidas con indiscutible alcance social contra el hambre y la pobreza, al tiempo que expresa el compromiso de mantener las políticas de “estabilidad macroeconómica” y “sostenibilidad fiscal” que han imperado en la décadas precedentes.
Aunque, como se puede apreciar, no es un proyecto antisistémico ⎼de hecho, él mismo no se autoconcibe así⎼, es visto por el bloque dominante de poder como una “amenaza”, que en sus versiones más retrógradas afirma que podría conducir a la instauración de una “dictadura comunista”. Es de tal magnitud la naturaleza reaccionaria y de conservatismo hirsuto de la actual dominación de clase, que un proyecto democratizador y modernizante del capitalismo, consonante con los discursos más progresistas en el campo sistémico que se advierten en la escena internacional, es convertido en enemigo a combatir a ultranza. Desde luego que en la trasescena se encuentra la preocupación porque de ser gobierno y llevarse a cabo las políticas anunciadas, el proyecto progresista pueda conducir en perspectiva a una redefinición en la composición actual del bloque de poder, debilitando las facciones que han dominado y acumulado capital y riqueza con base en el ejercicio estructural de la violencia. Esto por una parte. Y, por la otra, que él pueda conducir a la transgresión y desborde del orden constituido a través de un no descartable “empoderamiento” del movimiento social y popular, en buena medida dependiente de la preservación de su autonomía y del despliegue de su potencia de poder para trascender incluso los límites y controles que por convicción se autoimpone y pretenderá imponer el proyecto progresista. De hecho, sectores ilustrados del establecimiento ven en el proyecto progresista una opción de contención. Muy bien lo expresó Alejandro Gaviria: “es mejor tener una explosión controlada con Gustavo Petro que embotellar el volcán”.
A diferencia del proyecto de la LIGA, de irrupción más bien coyuntural (pese a que su líder gobernó la ciudad de Bucaramanga), la propuesta progresista es expresiva de un proceso de lustros de construcción y elaboración programática bajo el liderazgo de Gustavo Petro, quien tras su militancia en la extinta guerrilla del M-19 en los años ochenta del siglo pasado y el paso por partidos de la llamada izquierda democrática, conformó su propio proyecto político, el cual disputó la elección presidencial de 2018 con el nombre de Colombia Humana. Petro ha sido además alcalde de la capital de la República y congresista reconocido. La persona de Petro ha sido el eje del proyecto progresista, logrando concitar el apoyo popular, sin alcanzar los rasgos de un liderazgo carismático, como el apreciado en otras experiencias de la Región.
El proyecto progresista es policlasista. Su mayor base social se encuentra sin duda en las clases subalternas, en lo que bien se podría denominar la nueva clase trabajadora, con predominio de población joven, en sectores de las pobrerías urbanas y rurales, en los pueblos étnicos y en las poblaciones de los territorios especialmente afectados por la guerra y la violencia, así como también en segmentos de las capas medias. Al mismo tiempo comprende sectores de las clases dominantes, del capital y del empresariado que ven en la propuesta de redefinición y actualización del modelo económico opciones para nuevos y mejores negocios y aspiran a la superación de los rasgos inestables y las tendencias a la crisis de la dominación de clase.
Ese carácter policlasista del progresismo colombiano explica su muy heterogénea conformación de fuerzas políticas y organizaciones sociales, que además de englobar la “izquierda democrática” institucional, recoge sectores provenientes de partidos del establecimiento y del movimiento social y popular, asumiendo los rasgos de un frente político electoral de amplia convergencia, cuyo propósito principal en lo inmediato consiste en disputar la alternancia en el gobierno, con la aspiración de abrir una “fase progresista” que trascienda el período 2022-2026 y logre reeditarse en las contiendas electorales subsiguientes, tanto de gobiernos locales, como de posteriores elecciones presidenciales. En ese sentido, sus propósitos programáticos se conciben en perspectiva de un proceso acumulativo y de reformismo continuado orientado hacia un capitalismo democrático y modernizado. En el contexto de la coyuntura electoral actual, esa parece ser una no deseada limitación frente a la inmediatez, el simplismo y el efectismo de la oferta de mercado del candidato Rodolfo Hernández.
Cómo y hacia dónde se irá decantando el policlasismo y la heterogeneidad del proyecto progresista está por verse, no solo en lo que resta de la campaña electoral, sino sobre todo en la posibilidad de un eventual gobierno. Por lo pronto se puede afirmar que hay un realinderamiento pragmático de fuerzas para alcanzar un resultado electoral favorable, el cual se traduce inevitablemente en compromisos y amarres que reducen el programa original e incidirán sobre la conformación del gobierno. La graficación parcial de ese realinderamiento es conocida: inicia en el entorno inmediato de la conducción política de la campaña. De ganar Petro se perfila un gobierno de mucha mayor moderación frente a las expectativas de cambio que ha generado sobre todo en las gentes del común, el cual tendría además que consolidar ⎼mediante acuerdos con sectores de los partidos de la derecha⎼ mayorías parlamentarias para sacar adelante sus propuestas de reforma. Tarea nada fácil.
El proyecto progresista se encuentra hoy frente a la paradoja de anunciarse como un proyecto de cambio político y al mismo tiempo tener que presentarse como el que podría brindar más confianza para que ese cambio transcurra por los cauces de la institucionalidad existente. Petro lo afirmó en su discurso del 29 de mayo, refiriéndose al candidato Hernández: “hay cambios que son al vacío, que no son cambios, son suicidios”; y dirigiéndose al sector empresarial señaló: “ha llegado un momento de escoger, yo lo que propongo al empresariado es justicia social y estabilidad económica”.
Colofón
Más que una toma de posición frente a una candidatura presidencial, este texto tiene el propósito de suministrar elementos de análisis, seguramente herejes y no “políticamente correctos” para una comprensión del momento político, acompañados de una valoración preliminar de los proyectos políticos que hoy se disputan la presidencia de la República, comprendidos como las opciones de salida estabilizadora de las tendencias a la crisis del régimen de dominación de clase que se pueden sintetizar entre autoritarismo disfrazado y reformismo moderado, en ausencia de un proyecto revolucionario por (re)construir, bajo el supuesto de la no indiferencia frente a la elección presidencial y la no aceptación pasiva de la realidad.
Para quienes consideramos que la lucha política no es reductible a procesos electorales ⎼sin desconocer su importancia⎼, la pregunta gruesa consiste en cómo se traza la fuga, el éxodo, frente a lo no deseado existente como realidad histórico-concreta. Y en ese sentido, bajo qué circunstancias se habilitan mejores condiciones para las luchas y para el despliegue de la potencia del poder contenido en las clases subalternas de la sociedad. Más que una contención del “movimiento real” por la vía de la represión o de la cooptación, a lo que aspiramos es a la profundización de las luchas hacia transformaciones revolucionarias y de superación del orden social capitalista vigente.
La importancia de la elección presidencial no lo es solo en ese sentido; lo es también al momento de considerar la configuración geopolítica de la Región. Las mayores o menores posibilidades de las luchas han trascendido los espacios nacional-estatales, guardan relación estrecha con la relación de poder en el orden supranacional. Bajo la persistencia de relaciones de dependencia y de dominación imperialista de espectro completo, también se encuentran las tareas de construcción ⎼sin timidez o vergüenza⎼ de la “Patria Grande”.
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