COP-Alternativa por la defensa del agua y contra el extractivismo
Cali, 30 de octubre de 2024
1. A causa del capitalismo vivimos una crisis civilizatoria que pone en peligro la propia subsistencia de la vida en el planeta
Vivimos una crisis civilizatoria. La contaminación ambiental a la que hemos llegado en las últimas décadas arriesga la vida en el planeta. Hemos superado seis de los nueve límites planetarios, establecidos por el Centro de Resiliencia de Estocolmo junto con otros centros de la comunidad científica desde el año 2012. Y un séptimo está a punto de ser superado. Los dos umbrales que más ampliamente han sido rebasados son la pérdida de biodiversidad y la introducción de elementos dañinos en el entorno, como la aparición de plásticos, componentes químicos insolubles y otras sustancias ajenas al medio ambiente y persistentes en el tiempo. Otro ámbito gravemente amenazado y con límites ya superados son las modificaciones en los ciclos del agua y el suelo derivados del uso de fósforo y el nitrógeno, sobre todo por la agroindustria, que contamina indiscriminadamente los recursos naturales. Los límites de la acidificación del océano y la pérdida de agua potable también han sido superados y todo indica que la situación irá a peor en los próximos años con la biopiratería y las guerras biológicas impulsadas por el 1 % de los grandes ricos del planeta. El cambio climático es otro de los límites que se ha rebasado.
No cabe duda: estamos viviendo un colapso ecológico. El reto ya no es evitarlo, sino enfrentarlo para no caer en una catástrofe, al mismo que debemos propugnar por construir una civilización centrada en la vida.
Esta destrucción ha sido propiciada en mucho por la utilización intensiva de los combustibles fósiles (carbón, petróleo y gas) que representan más del 75 % de las emisiones de gases de efecto invernadero y casi el 90 % de las emisiones de dióxido de carbono. Esta utilización intensiva no se produce por azar, obedece a las exigencias de la sociedad capitalista que requiere aumentar incesantemente la producción de bienes y servicios y la circulación de mercancías. Los combustibles fósiles garantizan esos incrementos y aún no tienen reemplazo. Desde la segunda posguerra con la producción a escala de materias primas sintéticas basadas en la química del petróleo la contaminación del ambiente se elevó a niveles superlativos sin que haya podido detenerse.
A ello se suma el cambio del uso del suelo para producir alimentos mercantilizados o incluso para alimentar automóviles, los biocombustibles. Esta tendencia se agudiza con los Tratados de Libre Comercio en todas sus expresiones, los cuales destruyen la soberanía alimentaria, atacan las formas tradicionales de producción, distribución y consumo de comunidades indígenas, campesinos, afrodescendientes y su relación armónica con la Madre Tierra. Igualmente, los grandes consorcios transnacionales destruyen la salud de las poblaciones urbanas imponiendo la utilización de organismos genéticamente modificados (OGM). La producción de biocombustibles destruye selvas y sacrifican grandes extensiones de tierras que podrían utilizarse en el cultivo de alimentos. La vida misma ha sido mercantilizada y las riquezas del suelo y el subsuelo, mientras que de manera paralela millones de seres humanos padecen hambre, pobreza y exclusión, principalmente las poblaciones del Sur global.
La crisis alimentaria está asociada a la crisis climática responsable de la disminución de las cosechas, de la desertificación de amplias zonas del planeta, de las migraciones forzadas causadas por la erosión de los suelos. Sus impactos afectan a todos los ecosistemas y a la vida de humanos, plantas y animales.
A su vez, la crisis alimentaria viene acompañada de la crisis hídrica producida por la destrucción de los reservorios de agua, el agotamiento del agua dulce y la contaminación de ríos, lagos y mares, junto al arrasamiento de los humedales y los mismos páramos. Esta crisis parte de una de las premisas del capitalismo cual es la mercantilización del agua, lo que les sirve a las grandes empresas para la construcción de represas que desplazan pescadores y campesinos, para realizar proyectos mineros extractivos en páramos y ríos, para convertir los acueductos urbanos y rurales en negocio privado, para producir agua embotellada y gaseosas, como Coca-Cola, Danone, Pepsi-Cola que concentran el uso de este líquido vital. La agremiación científica agrupada en la “Asociación Ambiente y Sociedad” alertó desde febrero de 2018, que, de continuar el actual estado de cosas, en el 2030 la humanidad contará tan solo con el 40 % de agua dulce para el consumo humano y la producción alimentaria, un déficit irrecuperable que confirmaría las consecuencias de la de la privatización del agua.
El cambio climático también produce enfermedades respiratorias, la segunda causa de muertes en el mundo, y la pérdida de biodiversidad favorece la transmisión de patógenos, los cuales son los principales detonadores de enfermedades, como el dengue, el paludismo, el cólera y el propio coronavirus. Es necesario recordar que la mayoría de los virus que han afectado a la Humanidad durante los últimos 30 años han sido producidos por la codicia del capitalismo, por la producción de cárnicos en granjas apiñadas de vacunos y cerdos, por la invasión de áreas boscosas sin ninguna prevención, lo que ha terminado por debilitar las barreras naturales contra la aparición de nuevos patógenos aumentando las posibilidades de que virus agresivos infecten a los humanos.
Esta encrucijada humanitaria ha llevado a que en medio de los avisos de alerta de comunidades científicas comiencen a elaborarse propuestas de salida. Lamentablemente, el camino escogido por Naciones Unidas durante las últimas décadas, organismo internacional controlado de manera corporativa por los grupos financieros internacionales y por los países imperialistas, impone el “capitalismo verde”, lo que profundiza la mercantilización de la Naturaleza, convirtiéndola en un negocio bancario y de intermediación financiera. Las COP ‒tanto las de cambio climático como las de biodiversidad‒, siguiendo la orientación de convenios internacionales, impulsa las llamadas “inversiones verdes” a escala internacional, integrando a gobiernos, empresarios, banqueros y Fondos de Inversión en esta nueva área de negocios. La ampliación de los “mercados verdes” sirve igualmente de pretexto al Imperio norteamericano para militarizar y controlar territorios, tal y como viene ocurriendo en el caso de la isla de La Gorgona y en la Amazonia.
2. El extractivismo desplaza poblaciones, destruye la naturaleza e impulsa la guerra interna
La “COP-Alternativa por la Defensa del Agua y contra el Extractivismo” posibilitó el encuentro de comunidades y organizaciones de base tanto de la ciudad como del campo. Nuestro recorrido a Cali vino acompañado por nuestras historias de vida y resistencia, recorriendo el Río Magdalena, sus cuencas y afluentes, los ríos Atrato, Cauca, Amazonas, Putumayo, Caquetá, Orinoquia, San Juan, Orteguaza, Bogotá, los páramos de Santander, Cundinamarca, Huila, Boyacá y el Macizo colombiano con sus cuidadores, sus ribereños, sus mujeres, sus jóvenes, sus hombres, pescadores, campesinos, protectores de las fuentes de vida que padecen el desplazamiento y el deterioro de los ecosistemas causado por el extractivismo. Confirmamos que somos constructores de una relación dialógica con las fuentes de vida y ella debe inspirar la resolución del conflicto armado y de las violencias armadas en un enfoque sistémico de justicia ambiental. La paz, en general, y la paz ambiental, en particular, deben ser la respuesta al militarismo, al autoritarismo, a todas las formas de neoesclavitud y exterminio de todas las vidas y la riqueza abiótica.
Entre el 21 y el 30 de octubre del 2024, en la sede de la Universidad Católica ‒sede Plaza de Caicedo‒ quienes dialogamos en esta “COP-Alternativa por la defensa del agua y contra el extractivismo” constatamos que este extractivismo afecta principalmente la totalidad de los ciclos del agua en cuencas páramos, ríos y humedales. La explotación de carbón afecta dese hace décadas cuencas hídricas y hasta las aguas subterráneas, como ocurre en la Guajira, Cesar, Norte de Santander, generalizando hambre y mortalidad infantil; la minería de oro en los páramos contamina las fuentes de agua con mercurio, tal y como vienen denunciando las comunidades el caso de Santurbán y el Macizo colombiano del suroccidente; la expansión de los cultivos de palma aceitera, destruye los ecosistemas hídricos; décadas de industrialización y de lanzar al Río Magdalena los desechos industriales y de los acueductos urbanos, de deforestar sus riberas y de construir represas han terminado por condenarlo casi que a su extinción; los ingenios azucareros destruyen a diario el Río Cauca y sus afluentes y el entorno regional cercano vive procesos de desertificación; los megaproyectos de inversión que colindan con los ríos Atrato, San Juan, en el Chocó destruyen sus cuencas y desplazan poblaciones, al igual que ocurre en Bogotá y Soacha. Jóvenes de las ciudades capitales e intermedias confrontan los modelos de ciudad neoliberal diseñados para beneficiar las inmobiliarias y obras de infraestructura que producen daños ambientales, y destruyen los nacimientos de agua, humedales, bosques secos tropicales. Los líderes juveniles del “estallido en Cali”, que durante el 2021 fueron atacados de manera brutal por el terror de Estado, ahora organizan con las comunidades barriales la defensa de los humedales, huertas urbanas y economía solidaria. El Sindicato de Trabajadores del Acueducto de Bogotá (SINTRAEMSDES) viene cuestionando la política que sobre agua han implementado las alcaldías e impulsando campañas de solidaridad con las comunidades que resisten contra esas mismas políticas en los barrios de la ciudad.
La guerra interna ha sido condición necesaria para la imposición del extractivismo en el país. Los 6 millones de desplazados del campo a la ciudad que, desde 1985 hasta ahora, según las propias cifras oficiales y los miles de muertos y desaparecidos por el “terror de Estado” y el paramilitarismo habitaban en regiones extractivas. Contabilizamos la vergonzosa estadística de contar con el mayor número de asesinatos de líderes ambientales en el planeta. Por ello, somos solidarios con las víctimas y sus familias en todo el país, especialmente en estas regiones, y acompañamos sus denuncias del “terror de Estado”.
Por ello, estamos convencidos de que es necesario hacer un giro en las definiciones del actual proceso de paz partiendo del respeto a la autodeterminación de los pueblos, para que desde los territorios sean las mismas comunidades las que decidan sobre su futuro. El mecanismo de cerrar el círculo de los diálogos a las partes militarmente involucradas, gobierno y “actores armados” no produce resultados. Hay que buscar salidas más consensuadas, creativas y desafiantes con las comunidades que históricamente han habitado en esos territorios.
3. No al “Canje de deuda por Naturaleza”
La deuda pública constituye uno de los mayores azotes que padecen los pueblos del Sur, aumenta la dependencia y asfixia los presupuestos públicos, limitando el gasto social en salud, educación y vivienda, y produciendo, al mismo tiempo, una transferencia enorme de riqueza a los acreedores, los grandes grupos financieros La mayor parte de esa deuda ha sido obtenida mediante la corrupción, la militarización, soporte del “terror de Estado” y de forma ilegítima, con condiciones onerosas, que alientan un sistema que enriquece acreedores, banqueros, especuladores.
En la COP16 circula la propuesta de “canjear deuda por naturaleza” que tiene el inconveniente de reconocer el monto de la deuda sin discriminar las asumidas a espaldas del pueblo, las deudas usureras con tasas de interés exorbitantes, las deudas corruptas para beneficio de grandes grupos económicos y elites políticas dentro y fuera del país. Como si fuera poco estos canjes establecen la “cesión del control de territorios” al acreedor. Configura un coloniaje financiero. El reciente canje que realizó Ecuador en la isla Galápagos lo confirma.
Esta propuesta viene siendo acompañada en esta COP 16 con la oficialización de la ampliación del mercado de la naturaleza. Efectivamente, Davivienda acaba de emitir un instrumento financiero denominado bono de biodiversidad por 50 millones de dólares ‒210 mil millones de pesos‒ para apalancar “inversiones verdes” en el país, lo que en el futuro inmediato redundara en mayor endeudamiento y en un mayor control privado de los territorios. Lo mismo puede decirse en el caso de ENEL Colombia, una de las compañías del sector energético más grandes del mundo que desplazó campesinos y pescadores en el Huila con la construcción de la represa de “El Quimbo” y que invertirá en el país cerca de dos billones de euros en los próximos años con el pretexto de acelerar la Transición Energética.
Este control privado ya ha sido reconocido en el caso de la información genética por las grandes empresas transnacionales que negocian con la misma obteniendo importantes beneficios. La discusión ha quedado reducida en esta COP a la exigencia de Brasil y los países africanos por participar en un porcentaje mínimo de esas ganancias, el 1 %.
En consideración a lo que venimos anotando, proponemos la conformación de un gran Frente Unitario y Popular que convoque a la solidaridad de los pueblos de la región en contra de este tipo de endeudamiento, exigiendo auditorías ciudadanas que develen la forma en como fueron obtenidos, en la perspectiva de eliminar los paraísos fiscales, de anular las deudas ilícitas y de enrutarnos hacia la construcción de una nueva arquitectura financiera internacional.
Este planteamiento acompaña la propuesta que sobre el tema y desde hace algún tiempo viene impulsando el Consejo Mundial de Iglesias, el cual tuvimos la oportunidad de escuchar presencialmente por parte de sus liderazgos oficiales en nuestras sesiones (este Consejo reúne a la mayoría de las iglesias ortodoxas bizantinas y orientales) así como a iglesias anglicanas, bautistas, instituidas en África, evangélicas, luteranas, menonitas, metodistas, moravas, reformadas, entre otras). Compartimos, igualmente, la fórmula que este mismo Consejo ha presentado para implementarse en el corto plazo ante el carácter de urgencia que demandan los acontecimientos y que se encuentra en uno de los apartes de sus últimas declaraciones: La cancelación de la deuda de los países menos desarrollados y la reforma fiscal internacional pueden recaudar recursos para cubrir el déficit de financiación y abordar las desigualdades que impiden la acción climática. En particular la creación de un convenio internacional y un sistema fiscal unitario podría respaldar la inversión en objetivos medioambientales. Eliminar los subsidios a la industria de los combustibles fósiles y recortar el gasto militar también podría redirigir los flujos financieros hacia la biodiversidad y la protección del clima.
Aspiramos a que sectores de la Iglesia Católica en el país compartan estos planteamientos teniendo en cuenta el pronunciamiento del papa Francisco, que en la reciente declaración a los movimientos sociales anotó que: Para tratar de romper el círculo financiamiento-deuda sería necesaria la creación de un mecanismo multinacional, basado en la solidaridad y la armonía de los pueblos.
En conclusión:
Hemos decidido conformar una coordinación nacional compuesta por los representantes de las organizaciones sociales y populares que participamos en este encuentro de carácter amplio y unitario llamando a todo(a)s los que resisten contra el extractivismo y compartan los lineamientos aquí expresados a integrarse. Esta coordinación tomará las decisiones consultando a la totalidad de los adherentes y mediante el mecanismo de consenso. Tendrá un espíritu internacionalista.
Integraremos los planes de acción de las organizaciones sociales y ambientales aquí presentes para solidarizarnos con sus resistencias y para elaborar planes nacionales de acción.
Diseñaremos un área de comunicaciones para la divulgación masiva de nuestros diagnósticos y propuestas.
Realizaremos escuelas de formación partiendo de las propias experiencias que ofrece la resistencia bajo los supuestos de la “investigación-acción”, seminarios y foros de divulgación con apoyo de las comunidades universitarias.
Nuestras líneas de acción priorizarán:
- La confrontación al extractivismo con movilizaciones unitarias en ríos, cuencas, páramos y humedales urbanos. La denuncia a la mercantilización de la naturaleza y a la falsa salida de “pagos por servicios ambientales” que orientan las COP y que se convierten en políticas estatales.
- El propugnar por una organización democrática de los territorios impulsando una economía amable con la naturaleza y el fortalecimiento de relaciones sociales solidarias.
- Acompañar las campañas de denuncia de la presencia de tropas militares extranjeras en nuestros territorios.
- Confrontar con movilizaciones unitarias las políticas de ajuste que reducen la calidad de vida de lo(a)s colombiano(a)s mediante el mecanismo de la deuda pública.
- Impulsar una política de paz que posibilite la democratización real de los territorios con la participación de las comunidades en la toma de decisiones y con justicia socioambiental. Rechazo al aumento del militarismo a escala internacional, a las invasiones y las guerras que vienen causando miles de muertos, como en el caso del genocidio de Gaza. La paz entre los humanos es la paz con la tierra.
Firman:
Movimientos sociales: Mesa Nacional del Río Magdalena, sus afluentes y cuencas hídricas; organizaciones sociales y ambientales de la Amazonía, Orinoquía, río Atrato, Río San Juan, Río San Jorge, Río Sinú, Río Cauca, Río Patía, Río Caquetá, Río Putumayo y procesos comunitarios en defensa de los humedales de la ciudad de Cali; Delegados de la Unión Latinoamericana de Pesca.
Organizaciones Nacionales y Regionales: Asoquimbo, “Corporación Compromiso Santander”, “Red Génesis” y sus capítulos regionales, Proceso Unitario del Occidente PUPSOC, Vigías del Atrato, Defensores Río Atrato, Asociación de Mineros de San Roque-Antioquia, Red nacional de periodismo alternativo ASOPRENSA y ALTER MEDIA, SINTRAEMSDES Nacional, International River, Tejido Unuma-Ejercicio de Paz Ambiental (Orinoquia), Proceso de Resistencia del Humedal Tibabuyes (Bogotá), Proceso de resistencia del Humedal de Meléndez (Cali).
(siguen firmas de otras organizaciones y personalidades)
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