Finalmente, como telón de fondo, la gran prensa y los defensores de las viejas rectorías han intentado presentar el conflicto actual como una disputa entre academia y política, donde maniqueamente Peña encarnaría la academia y Múnera la política. Ambas alternativas en la rectoría expresan un proyecto académico y un proyecto político, tanto de universidad como de sociedad. No podría ser de otra manera, aunque su caracterización dista de la caricatura elaborada por la derecha de la UN.

El grupo político-académico que controló la UN hasta 20246 no es una logia de eminentes premios Nobel que desarrollan avances científicos, sin que ello demerite ninguno de sus logros o capacidades académicas. Tampoco detrás de la elección de Múnera hay una secta de extrema izquierda sin formación que llegó a convertir la UN en una clientela del petrismo. Están en disputa dos modelos de Universidad con alineaciones ideológicas y políticas.

Ismael Peña es el último eslabón de una cadena administrativa que gobernó la UN antidemocráticamente y, lejos de resolver su crisis, la agravó con medidas mercantilizantes y represivas. Sin restarle ningún mérito académico, no es su virtud intelectual lo que lo ha llevado a aspirar de manera persistente a la rectoría, sino los intereses que representa en torno a la universidad concebida como negocio. Desde la administración del rector Mantilla se impuso un modelo de venta de servicios que supera el billón de pesos y que permite que algunos docentes reciban hasta 300 millones por los denominados Servicios Académicos Remunerados (SAR), perdiendo así cualquier interés en sus funciones pedagógicas. Se crearon además corporaciones que manejan contratación pública por más de 300 mil millones y se entregó la administración de las cámaras de seguridad del campus a una empresa vinculada con el apartheid en Cisjordania. Por ello no resulta fortuito que el Centro Democrático sea gestor de la disputa judicial a su favor y que este sector exija una intervención de la cuestionada Procuraduría General.

De otra parte, más allá de la figura de Múnera y su reconocimiento académico, existe un movimiento universitario inconforme con el anterior modelo de universidad, así como un compromiso programático que se sintetiza en el denominado proceso constituyente universitario, avalado ya por el CSU. El proceso constituyente, que cuenta con participación de todos los estamentos y todas las sedes de la UN, se apresta a presentar una propuesta de reforma estatutaria que enrute a la principal casa de estudios del país hacia su democratización y a la conquista de una verdadera autonomía, sin que ello niegue sus fines misionales ni las funciones propias de formación, investigación y extensión acordes a nuestro país. 

No se trata solo de una rectoría, sino de modelos de universidad y, más aún, de los espacios y dimensiones en los que deben abordarse y definirse esos debates. Está en juego si se impondrá la ruta santanderista defendida por las viejas administraciones, de espaldas a la deliberación vinculante de la comunidad universitaria, o si se consolidará una reforma universitaria con la participación directa de esta. Si la autonomía universitaria residirá en sus integrantes ejerciendo poder constituyente, o si será diseñada y delimitada desde poderes constituidos ajenos, sin la incidencia efectiva de los universitarios. Como en toda disputa en la construcción del conocimiento, el derecho o la política, el rumbo de la UN dependerá de las luchas que seguirán librándose desde arriba y desde abajo, más allá de una rectoría o una elección.