Josefina Morales
Investigadora titular
Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM
Presidenta de SEPLA
La larga descomposición del régimen político mexicano (abierta con la violenta represión al movimiento estudiantil en 1968) se enfrentó en las elecciones de 2018 a un poderoso freno de 30 millones de votos que quieren reconstruir un país destrozado por más de tres décadas de neoliberalismo y buscar alternativas sociales en beneficio de las mayorías empobrecidas de nuestro país. La divisa de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) cala hondo en la conciencia nacional: por el bien de todos, primero los pobres.
El largo recorrer de Andrés Manuel a lo largo del territorio nacional, una y otra vez durante tres décadas, le permite conocer la estrujante realidad del pueblo mexicano, las múltiples dimensiones de una crisis social, económica y política en la que el neoliberalismo ha sumergido al país y que se ha manifestado en una corrupción sin límite que acompañó de la mano la privatización y desmantelamiento de las empresas públicas que representaban cerca del 60 % de los activos nacionales; en crisis económicas recurrentes, y en la pérdida de la soberanía energética y de la soberanía alimentaria, lo que configuró un capitalismo neocolonial. La tasa de crecimiento del PIB per cápita en ese periodo no rebasó el uno por ciento anual; se registró un nuevo patrón de industrialización exportadora caracterizado por la inserción subordinada, con muy poco valor agregado, al último eslabón de las cadenas globales de valor; el déficit crónico de la balanza comercial se reproducía en los sectores cuya producción se destinaba al mercado interno. La inversión extranjera registró un gran dinamismo aprovechando un proceso que pasó de la privatización de la empresa pública y de los recursos públicos a la desnacionalización; entre 2000 y 2018 la inversión extranjera acumulada alcanzó 531 358 millones de dólares concentrada en el sector financiero (23 %) y en la industria automotriz (12 %) y, en menor medida, en comercio, bebidas, química, electricidad y minería.
La descomposición política en medio de los profundos cambios estructurales enmarca una recomposición del Estado y de la oligarquía a través de las privatizaciones y del abandono de los sistemas públicos de salud y de educación. Este proceso se profundizó con la política militarista decretada al inicio del gobierno de Felipe Calderón (diciembre de 2006), segundo gobernador del derechista Partido Acción Nacional (PAN), que sumió al país en un baño de sangre incalculable: más de 120 000 homicidios en su periodo sexenal. El secretario de seguridad pública de ese gobierno, Genaro García Luna, hoy está preso en Estados Unidos y próximamente enfrentará un juicio por narcotráfico. La criminalidad ardiente continuó en el siguiente sexenio con Enrique Peña Nieto, del viejo Partido Revolucionario Institucional (PRI), y ha continuado en el gobierno de AMLO con un cambio cualitativo consistente en que ya no se registran, como anteriormente, crímenes de Estado ni la desaparición forzada que se sintetizó en la desaparición de los 43 estudiantes de la normal rural Isidro Burgos de Ayotzinapa el 26-27 de septiembre de 2014 durante el gobierno de Peña Nieto.
Los ejes de la 4T
El gobierno de Andrés Manuel López Obrador abre una nueva etapa en la lucha de clases en nuestro país. Se propone realizar la cuarta transformación histórica de México, después de las realizadas por la Guerra de Independencia y la Guerra de Reforma en el siglo XIX y la Revolución Mexicana en los primeros años del siglo XX, de 1910-1917. Juntos haremos historia, el nombre de la campaña electoral, recupera el sentimiento vivo de nuestra historia en la vida nacional.
A la par de la suspensión del proyecto faraónico de un aeropuerto de primer mundo iniciado por el gobierno priísta anterior, apoyado en consulta popular realizada antes de la toma de gobierno, en octubre de 2018, se decreta en los primeros días de gobierno un aumento histórico del salario mínimo que lleva a la huelga de más de 35 000 trabajadores de la maquila en la frontera norte del país. Al descubrirse el robo inconmensurable de gasolina de la empresa pública petrolera, Pemex, se realiza un combate a ese robo denominado huachicol que cuenta con el apoyo de la población al establecerse una especie de racionamiento de gasolina.
La reorganización de las finanzas públicas lleva a combatir la corrupción en el sistema tributario y a cobrar los impuestos ya establecidos a los grandes grupos que evadían su pago. Esto, por sí mismo, es un avance en una reforma fiscal.
La política económica tiene dos ejes fundamentales: el primero es la soberanía energética a partir de la reconstrucción de Pemex, de la modernización de las seis refinerías existentes y la construcción de una nueva en Dos Bocas, Tabasco, territorio petrolero por excelencia del país. El neoliberalismo llevó a la importación de más de las dos terceras partes del consumo nacional de gasolina. La soberanía energética se busca también en el rescate de la empresa pública de generación eléctrica y en el freno del proceso de privatización desnacionalizadora en este sector.
El segundo eje es la construcción de infraestructura: la construcción de un nuevo aeropuerto para la zona metropolitana de la ciudad de México y la construcción del tren maya en el sureste del país. El aeropuerto Felipe Ángeles, general de la revolución mexicana, ya está en funcionamiento; y se espera terminar el tren maya el año próximo.
El gobierno de Andrés Manuel López Obrador abre una nueva etapa en la lucha de clases en nuestro país. Se propone realizar la cuarta transformación histórica de México, después de las realizadas por la Guerra de Independencia y la Guerra de Reforma en el siglo XIX y la Revolución Mexicana en los primeros años del siglo XX, de 1910-1917. Juntos haremos historia, el nombre de la campaña electoral, recupera el sentimiento vivo de nuestra historia en la vida nacional.
La nueva etapa de la lucha de clases se registra, asimismo, en la guerra declarada por el poder económico, sus grandes empresas y sus representantes y aliados, en la modalidad del lawfare, de la lucha judicial. Y así, se presenta amparo tras amparo contra las principales obras del gobierno: contra la cancelación del proyecto monumental aeroportuario, contra la construcción del nuevo aeropuerto Felipe Ángeles; contra la construcción del tren maya. El combate a la reforma eléctrica fue feroz tanto en el ámbito judicial como en el legislativo, que la detuvo por ser una reforma constitucional que requería una mayoría calificada. Sin embargo, la aprobación de la Ley de energía eléctrica por la Suprema Corte resguardó la generación mayoritaria para la empresa pública. En el legislativo, se aprobó la reserva del litio para el Estado.
La política social es parte constitutiva de la política económica que reorganiza al gobierno bajo un principio republicano de austeridad y busca la separación del poder económico del poder político.
Una de las primeras decisiones del gobierno fue la anulación de la mal llamada reforma educativa del gobierno anterior. Con esta medida modificó radicalmente las nefastas condiciones laborales de los maestros impulsadas por uno de los oligarcas más reaccionarios del país, Claudio X. González, a través de una ONG autodenominada Mexicanos contra la corrupción, y abrió, con ello, el diálogo con el sindicato de los docentes, en particular, con la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), que ha llevado una larga lucha por la democratización del sindicato y por una reforma que atienda realmente las condiciones de trabajo e impulse una genuina renovación de la educación.
La nueva política social sin precedente entrega a todos los hogares del país ingresos monetarios que han aumentado periódicamente (pensión para adultos mayores, becas para estudiantes en la educación pública de todos los niveles, becas para madres solteras); programas de empleo en el campo, como Sembrando vida, el cual da un ingreso a los campesinos que se incorporan, y el de primer empleo de los jóvenes, así como la cancelación del programa neoliberal en el sistema público de educación primaria y secundaria sustentado en evaluaciones sistemáticas que lesionaban los derechos laborales de los maestros.
En la política económico-social durante la pandemia del covid y la consecuente recesión que fue una de las más graves de la historia contemporánea (-8.5 % del PIB en 2020), destaca el no endeudamiento, en el que sí cayó la mayoría de los países, la atención generalizada a los enfermos y la posterior vacunación de la población. Oficialmente, el país ha registrado hasta el 2 de junio de este año 324 966 defunciones. La mayor parte se presentaron en el año de la pandemia 2020.
La atención a la población enferma se realizó con las ruinas de un sistema público de salud deteriorado y desmantelado por el neoliberalismo; con falta de médicos por la política neoliberal de impedir la educación de médicos durante décadas.
A poco más de la mitad del sexenio, la aprobación de Andrés Manuel López Obrador por parte de la población es muy alta, superior al 60 %, y se registra en las evaluaciones internacionales como el segundo presidente con mayor reconocimiento.
Lo mismo ocurre con la aprobación de AMLO en Nuestra América, que es indudable. Mantiene la posición histórica de nuestro país con Cuba; el gobierno organizó la reunión de la CELAC en octubre 202, y ahora demanda una reunión de la Cumbre de las Américas sin exclusiones.
Los triunfos del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) en las elecciones intermedias de 2021 así lo mostraron. Hoy Morena gobierna la mitad de las 32 entidades del país y es mayoría en 18 congresos locales. Y con los resultados de las elecciones del domingo 5 de julio aumentará su presencia, por lo menos, en otras cuatro entidades.
La lucha de clases sigue en ascenso y la oligarquía multiplica su presencia en múltiples frentes, del mediático al lawfare y al electoral.
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