Víctor Manuel Moncayo C.
Exrector y Profesor emérito
Universidad Nacional de Colombia
Los obstáculos al pensamiento crítico
Como ya lo hemos advertido en reciente oportunidad 1 , la circunstancia electoral por la cual atravesamos eclipsa de manera absoluta toda la realidad, pero lo más grave de ella es que ciega las mismas posibilidades de concreción y expresión del pensamiento crítico, como lo evidenciamos, con muy pocas excepciones, en el concierto nacional de nuestra intelectualidad. Igualmente sepulta o al menos debilita o invisibiliza todas las manifestaciones y acciones contra el orden social vigente, que es la raíz principal y única de todas las circunstancias de desigualdad e inequidad de sociedades como la nuestra, y ha permitido paralizar y hasta olvidar la vitalidad subversiva de los estallidos sociales de noviembre de 2019 y abril de 2021, que permitieron evidenciar un colectivo, diverso y heterogéneo, enlazado de manera inédita por un renovado antagonismo al sistema capitalista. Aunque la imagen no sea quizás la mejor, todos somos prisioneros del mercado electoral que, una vez más, nos cubre y oprime con el abrazo que siempre se presenta como la quintaesencia democrática, como la exaltación del pueblo soberano, como la encarnación de “la voz de dios”.
Deshacernos de esos lazos no es tarea fácil, pues su existencia es histórica; pertenecen a la esencia de la sociedad capitalista que, desde su origen, nos erigió como sujetos autónomos que conformamos los estados nacionales y contribuimos a su organización y funcionamiento mediante los mecanismos conocidos como democrático-representativos. Esa forma de existencia social, unida a todas las múltiples formas que constituyen la totalidad del orden capitalista, si bien podemos enfrentarlas con todas las armas posibles de la crítica, no desaparecen necesariamente gracias a ellas, pues para que ello ocurra es preciso que, en algún momento, asistamos a su ruptura y superación como resultado de la cristalización de un proceso histórico que aún no se ha presentado, del cual son y deben ser protagonistas todos los sujetos dominados y explotados que hasta hoy han ido acumulando, en medio de derrotas y no pocos retrocesos, experiencias en esa dirección transformadora.
Nuestra desafío hoy es no desfallecer, así sea con el aporte limitado y muy parcial que nos permite el mundo del pensamiento, en la crítica de todas las dimensiones del orden capitalista vigente a nivel planetario y, en particular, en cada uno de los colectivos nacionales como el colombiano, que él mismo ha construido. En el momento presente, frente a la celada electoral que periódicamente se repite, ese es el reto que podríamos llamar teórico-discursivo, obviamente sin pretensión distinta a la de ser partícipes de la resistencia, que no sustituye sino que complementa las restantes manifestaciones materiales críticas no discursivas, hoy clausuradas y a la espera de acontecimientos que desencadenen su potencia.
Una necesaria conceptualización: Estado, fase y régimen político
El recorrido que hay que emprender es imposible adelantarlo dentro de los límites de un artículo como el presente, pero sí es preciso avanzar en lo que supone encarar toda la complejidad del orden capitalista. El punto de partida insoslayable es el reconocimiento de la naturaleza capitalista de la sociedad en la cual vivimos, pero advirtiendo que se trata de un orden que históricamente ha sufrido muchas mutaciones profundas, dando lugar a fases del mismo. Es así como desde hace ya varias décadas asistimos a una época que se ha denominado neoliberal, la cual dejó atrás y sustituyó la fase interventora y de bienestar que vigorizó en otro momento el papel del Estado, contribuyendo a la construcción de una materialidad de aparatos estatales vinculados de manera directa a la producción y reproducción de las condiciones tanto del capital constante como del variable. Es una época que surgió de manera paulatina pero progresiva. Su genealogía enlaza, de manera muy prematura desde el punto de vista del momento del agotamiento del Estado-bienestar, con las reflexiones y orientaciones de la Sociedad de Mont Pélerin en 1947, pero se materializó en la década de 1970 con las voces de F.A. Hayek y M. Friedman, la reorganización chilena orquestada por los Chicago´s Boys, las orientaciones de los gobiernos de Tatcher y Reagan, y el Consenso de Washington de 1989.
Es una fase que vivió un primer ciclo caracterizado por el postulado de la sujeción y subordinación plena al mercado como absoluto definidor del funcionamiento del sistema que, por lo tanto, postula la reducción del Estado y la limitación de sus capacidades de intervención y planificación. Es el mercado el que asigna los recursos sociales, dictamina dónde se invierte, quiénes reciben servicios, es decir, se nos impone a todos como fuerza anónima, incontrolable.
Formaciones nacionales como la nuestra no debían encerrarse en sus espacios territoriales, sino reconocer y abrirse a la realidad global del mercado. No debían sobrevalorar su producción o ciertos sectores de ella mediante subsidios o cualquier otra forma de alteración de precios, y tampoco dar seguridad o estabilidad a los trabajadores o garantías de nivel de vida, por tratarse de factores que afectan la competitividad en el mercado nacional e internacional. Lo esencial es la libre competencia y por ello se reniega de la intervención estatal: el Estado se abstiene de intervenir en el mercado, reduce el ámbito de la política económica y se declara guardián obsesionado de unas fuerzas que no maneja, y que ni siquiera conoce lo suficiente. Sin embargo, no se trata, por lo tanto, de una renuncia absoluta del Estado a regular la economía (desregulación, liberalización del comercio y de los mercados financieros, y privatización), sino de su participación dentro de nuevos marcos que permitan expandir y profundizar la globalización.
Posteriormente, la fase contemporánea ha ingresado en un segundo ciclo que va dejando atrás la explotación de la fuerza de trabajo bajo el modelo industrial, para dar paso a nuevas formas de explotación-extracción del valor a partir de las crecientes formas de cooperación social y de apropiación del común natural/social, mediante mecanismos novedosos que giran especialmente alrededor de los instrumentos del sistema financiero que convierte en renta el beneficio o la riqueza generada.
Estos son los ciclos del neoliberalismo introducidos en Colombia desde la década de los noventa que redefinieron el Estado, aunque con las particularidades históricas de nuestra sociedad, pero configurando una forma particular del Estado y redefiniendo sus aparatos, en especial a partir de la Constitución Política de 1991.
Una urgencia: entender y caracterizar el régimen político
Pero, esa nueva forma estatal requiere conceptualmente su materialización concreta en los aparatos estatales, que es el escenario propio en cada sociedad de un régimen político específico. Se trata, en efecto, de que las clases y fracciones que soportan el sistema y son sus beneficiarias, organizan y armonizan sus diferencias e intereses, con una relativa autonomía, conformando un bloque (el llamado bloque de poder), siempre en función de la existencia y reproducción del sistema capitalista como un todo. Esa constitución del régimen político se establece alrededor de los elementos esenciales de la forma estatal, es decir, sobre aquellas abstracciones reales que lo configuran, como el reconocimiento del sujeto libre y sus propiedades, de su mercantilización y de la comunidad nacional que sustenta el Estado mismo con todos sus componentes, en especial el de la violencia legítima. Ello se traduce en configuraciones en el interior de las instituciones o aparatos estatales, que pueden revestir múltiples modalidades.
En el caso colombiano no se ha hecho esa indispensable caracterización del régimen político que ha venido acompañando la fase neoliberal, que es urgente abocar para la mejor comprensión de los momentos políticos. Los análisis que hasta ahora hemos conocido, no precisan las fracciones del capital y sus intereses, ni mucho menos sus especificidades, como serían las derivadas de la sectorización industrial y comercial, agropecuaria, minero-energética, del sector financiero, de los servicios, del grado de centralización, de sus diferenciaciones en el mercado interno y frente al internacional, ni mucho menos las articulaciones existentes con las economías al margen de la ley.
Ninguno de los dos candidatos enfrentados rechaza el sistema capitalista, ni ha mostrado ni expuesto un conocimiento de la fase por la cual atraviesa desde los años noventa. Ambos lo aceptan, con particularidades. El candidato del Pacto Histórico pretende sólo darle un rostro nuevo mediante un modelo productivo que inicie el tránsito hacia el abandono de los combustibles fósiles y promueva una nueva industrialización, especialmente en el sector agrícola y pecuario, apoyándose en una reforma tributaria que grave efectivamente a los sectores más elevados, y en sistemas distributivos diferentes en materia de ingresos y pensiones. Por su parte, Rodolfo Hernández poco o nada agrega sobre el orden capitalista y sustenta su campaña casi que exclusivamente en eliminar la corrupción y en una burocracia austera, con el fin de atacar la pobreza sin mecanismos claros para realizar ese propósito.
Sin embargo, podemos avanzar que ello remite a una integración, no necesariamente explícita ni consensuada, de mantenimiento y reproducción de ciertos parámetros del modelo de acumulación, que permite a las clases dominantes y a sus fracciones aceptar el tratamiento diferencial de sus intereses, dirimir las divergencias entre ellas para armonizarlos como un conjunto y asumir determinadas actitudes o posiciones (políticas públicas) frente a las clases o fracciones sometidas o subordinadas, cuya heterogeneidad en el antagonismo no está aún descifrada, ni se ha podido decantar positivamente bajo coordenadas estratégicas y organizativas como una nueva unidad de clase.
En ese contexto juegan también un lugar esencial las tendencias frente al núcleo de la ideología democrática, al cual pertenecen la dimensión de la representación, que explica las mil y una alternativas de la democracia formal; la regulación de la individualidad-homogeneización, que es fuente de todo el espectro de injerencia del Estado en el ámbito de los derechos y libertades individuales, y la misma violencia legítima, que integra rangos diversos entre los extremos de lo simbólico y la brutalidad de la fuerza física. Alrededor de las múltiples y diversas variaciones y combinaciones que admiten las coordenadas de esa ideología democrática se mueven también las configuraciones del régimen político, las cuales finalmente se concretan en el conjunto de los aparatos del Estado, en su relación, en su funcionalidad.
El Estado, cualquiera que sea la fase por la cual atraviese el orden capitalista, siempre se materializa en un régimen político asumiendo distintas modalidades según las particularidades de cada formación y de su desempeño histórico, así como de las exigencias planteadas por la fase capitalista. Todas esas modalidades distintas responden a una misma matriz, pero revisten especificidades ligadas a las diferentes inflexiones de la representación, del tratamiento de la individualidad o de la utilización de la violencia física, de la articulación de los sectores dominantes y de manejo de los intereses y demandas de los sectores sometidos y dominados, sin que en estricto sentido pueda hablarse de que se alejan o no, en cierta forma, de un modelo “democrático” ideal. En este sentido, no es admisible plantear las modalidades del régimen como normales o patológicas, con referencia a un supuesto tipo ideal. Por ello, si bien son diferentes e históricamente específicas, nunca son exceptivas.
Es claro que en esas modalidades se observan ciertos rasgos que en distintos momentos se han evidenciado, como la modificación de los aparatos represivos o de los aparatos ideológicos o de su función, relación e importancia; el desplazamiento de la rama o aparato dominante; la alteración del orden jurídico; las transformaciones en el sistema de sufragio, de partidos políticos y de representación, etc. Pero de ahí no puede concluirse una especie de tipología de regímenes políticos, como los que ha construido la teoría del régimen político de excepción para caracterizar numerosas formas del mismo, tales como bonapartismo, fascismo, dictaduras civiles, dictaduras militares, autoritarismo, cesarismo, democracia restringida, etc., olvidando que esas variaciones tienen una determinación histórica que las explican pero que es específica. Por ello, puede afirmarse que la especificidad histórica del régimen político siempre deshace las construcciones elaboradas a partir de las experiencias conocidas.
En síntesis, toda caracterización del régimen político debe ser específica, tanto para describir sus rasgos como para encontrar sus determinaciones. La llamada teoría del régimen político de excepción no sólo pondera, valora y magnifica la supuesta normalidad, sino que dicotomiza las configuraciones del régimen, como si respondieran una y otra a lógicas fundamentales distintas, y desconoce que, antes que dos grandes polos de inflexión y oscilaciones entre ellos, hay necesariamente tantas múltiples posibilidades de régimen político como combinaciones o variaciones sean impuestas alrededor de las coordenadas de la articulación del bloque de poder y del tratamiento de los sectores explotados, en el marco de los aparatos estales represivos e ideológicos y de las formas que puede asumir la ideología democrática.
En el caso colombiano ha existido siempre un régimen político que ha tenido variaciones u oscilaciones, al vaivén de la cambiante situación de la fase del capitalismo; de las circunstancias históricas internas ligadas a las vicisitudes que puede experimentar el bloque de poder; del tratamiento de la conflictividad planteada por los sectores dominados, o de la inadecuación frente a las exigencias de la fase capitalista en curso. Es urgente que avancemos en la caracterización del régimen político actual en tales términos, para no confundir el análisis con las apariencias puramente institucionales o partidistas, sin caer en conceptualizaciones innecesarias en términos de una determinada excepcionalidad del régimen político.
El gobierno como gestor del régimen
Ahora bien; más allá de las fases del capitalismo y de los regímenes políticos en los términos que han sido planteados y expuestos, cuestión totalmente diferente es acercarnos al funcionamiento más inmediato de los aparatos estatales, en función de su control y operación por parte de autoridades específicas. Es la dimensión que podríamos denominar gobierno, expresión que explicaría como, cualquiera que sea la fase y el régimen político, la materialidad del Estado, concretada en sus aparatos, es puesta en acción por agentes específicos que asumen las competencias de ella y ejercen sus funciones específicas. Es fácil ilustrarlo si nos situamos, por ejemplo, frente a lo que se llama la rama ejecutiva, y pensamos que puede ser ocupada por un tiempo determinado, por autoridades que pueden tener distinto origen (electivo directo, parlamentario, de facto, etc.), o si consideramos la composición de los cuerpos representativos, la estructura de la justicia, los organismos de control o los cuerpos armados. En otras palabras, la categoría gobierno puede tener múltiples matices, según el papel que en la estructura institucional se asigne a los aparatos del Estado, cuestión que es eminentemente específica de cada formación social y de cada momento o coyuntura histórica.
Lo que, sin embargo, es necesario subrayar es que el gobierno necesariamente tiene relaciones con el régimen y con la fase, de múltiples maneras. Por ejemplo, puede imaginarse un gobierno como la continuidad o reiteración de un régimen político, o como el signo de instauración o de determinación de otro diferente. Y lo mismo podría predicarse respecto de una fase o de cualquiera de sus ciclos: el gobierno puede simplemente moverse en función de ella, obstaculizarla o promover o provocar su modificación o ajuste. En cualquier caso, las alternativas que históricamente pueden escenificarse son múltiples y sólo el análisis concreto podría ilustrarlas con la debida propiedad analítica.
Como la resurrección de la conflictividad latente es un escenario altamente probable, es indudable que por sus antecedentes y la composición de la alianza que representa el Pacto Histórico este movimiento ofrezca espacios renovados para reanudar la confrontación anticapitalista que conduzca a una probable recomposición del régimen político. Del lado de Rodolfo Hernández, por su desconocimiento del escenario político y socioeconómico, y hasta de la organización y funcionamiento de los aparatos, así como por la catadura de sus soportes electorales, por el contrario, podría conducir a una renovación de un gobierno cercano a las tendencias uribistas y al mantenimiento o a la transformación del régimen político con tintes autoritarios. No hay que olvidar que los hilos de la tramoya electoral y del tinglado gubernamental son hoy manipulables por los agentes de las clases y fracciones dominantes.
Reflexiones tácticas ante la coyuntura electoral
Con este breve y ciertamente imperfecto y deficiente conjunto conceptual crítico, volvamos ahora a la coyuntura electoral inmediata, para proponer algunas hipótesis que puedan contribuir a apreciar mejor la situación provocada por la oscuridad del eclipse e intentar liberarnos de la prisión que nos ha impuesto.
1. Colombia vive en el ciclo en curso de la fase neoliberal actual del capitalismo, obviamente con las particularidades propias de nuestra formación social. Este rasgo no ha sido considerado, sino más bien aceptado o ignorado por las propuestas programáticas que se presentaron para el debate del 18 de marzo, reducidas ahora sólo a dos para el evento del 19 de junio. Sobre su significación, alcance y limitaciones existen abundantes elaboraciones de carácter intelectual, de distinto origen y para diferentes propósitos, que es imposible considerar en este escrito, así fuera a manera de síntesis o explicación pedagógica.
2. Desde la vigencia de esta fase neoliberal y durante sus desarrollos hasta el momento presente ha operado un régimen político específico, cuyos rasgos y características, en los términos conceptuales que hemos avanzado, no han sido suficientemente comprendidos y expuestos. Hay muchos aportes en esa dirección que contribuyen a llenar ese vacío, como son precisamente los que ha venido incluyendo esta Revista Izquierda, especialmente en sus últimos números y, sobre todo, en este mismo número. Desconocemos, al menos desde nuestra perspectiva, una caracterización que nos lleve a iluminar el panorama conceptual, para entender cómo ese régimen responde a un determinado bloque en el poder y cómo está conformado; a ciertas formas de tratamiento de la conflictividad y la resistencia; a una composición y adecuación de los aparatos estatales a las exigencias de la fase capitalista y a las problemáticas internas y, en general, al manejo de las variaciones de la ideología democrática. E igualmente, no sabemos si durante todo el período que se extiende desde los comienzos de los años noventa hasta hoy, el régimen ha sufrido transformaciones significativas que permitan hablar de cambio de régimen y del sentido de sus modificaciones. Pero, salvo las alusiones impropias utilizando expresiones como las de Álvaro Gómez Hurtado 2 , el régimen político no ha tenido vicisitudes críticas, ni parece tenerlas en este momento.
3. Durante más de treinta años se han sucedido gobiernos de diferente origen partidista o ideológico que han gestionado el régimen político existente, con los avatares y contratiempos relativamente “normales”, sorteando cada cuatro años la renovación del Congreso y del presidente de la República, así como los cambios periódicos de los cuerpos y autoridades departamentales, distritales y municipales. En ese lapso, podría decirse que ha sido dominante la tendencia política representada por Álvaro Uribe Vélez (Centro Democrático), con la alteración provocada por el gobierno de Juan Manuel Santos (proceso de paz con las FARC), y la díscola e ineficiente administración de Iván Duque, que no pudo restaurar plenamente el “uribato”.
4. Superada la renovación del Congreso, con una composición que no erige a una fracción política con carácter dominante, desde ese mismo momento se abrió la “comparsa” electoral para elegir al sucesor de Iván Duque, la cual nos llevó a unos resultados en primera vuelta que concluye en un debate dual para la segunda vuelta entre el candidato del Pacto Histórico y un representante de un movimiento nuevo sin sustentación partidista explícita.
5. Ninguno de los dos candidatos enfrentados rechaza el sistema capitalista, ni ha mostrado ni expuesto un conocimiento de la fase por la cual atraviesa desde los años noventa. Ambos lo aceptan, con particularidades. El candidato del Pacto Histórico pretende sólo darle un rostro nuevo mediante un modelo productivo que inicie el tránsito hacia el abandono de los combustibles fósiles y promueva una nueva industrialización, especialmente en el sector agrícola y pecuario, apoyándose en una reforma tributaria que grave efectivamente a los sectores más elevados, y en sistemas distributivos diferentes en materia de ingresos y pensiones. Por su parte, Rodolfo Hernández poco o nada agrega sobre el orden capitalista y sustenta su campaña casi que exclusivamente en eliminar la corrupción y en una burocracia austera, con el fin de atacar la pobreza sin mecanismos claros para realizar ese propósito.
Obviamente, ninguno de ellos hace ni siquiera alusión al régimen político, salvo las expresiones habituales que lo confunden con la estructura constitucional o con las prácticas gubernamentales. No existen para ellos clases o fracciones dominantes ni sectores explotados o dominados, sino simplemente empresarios legítimos y conjuntos poblacionales excluidos, discriminados, en la miseria o tratados desigual e inequitativamente, a quienes ni el sistema ni el Estado benefician.
6. Ambos candidatos, por lo tanto, tienen como objetivo central ocupar el gobierno, es decir, las plazas o puestos de las autoridades que gestionan el régimen político al servicio de la fase actual del capitalismo. Desde ese gobierno son muchas las hipótesis posibles sobre el futuro del acontecer político nacional:
a) El nuevo gobierno, cualquiera que sea, puede provocar la desestabilización del régimen político, sobre todo por la imposibilidad de cooptar el Congreso Nacional en favor de sus iniciativas legislativas o constitucionales. Podría incluso desarmonizar el Estado frente a la exigencias de la fase actual del capitalismo.
b) En cualquier caso, la acción gubernamental tendrá que enfrentar la reanimación de la conflictividad social y comunitaria que reclamará modificaciones políticas que la beneficien. Por sus vínculos en el proceso electoral, esos agentes de la legítima resistencia social estarán más próximos al gobierno del Pacto Histórico y podrían vislumbrarse alternativas de recomposición gubernamental en una dirección relativamente favorable a nuevas condiciones para la expresión de la resistencia y la eventual organización.
c) Como la resurrección de la conflictividad latente es un escenario altamente probable, es indudable que por sus antecedentes y la composición de la alianza que representa el Pacto Histórico este movimiento ofrezca espacios renovados para reanudar la confrontación anticapitalista que conduzca a una probable recomposición del régimen político. Del lado de Rodolfo Hernández, por su desconocimiento del escenario político y socioeconómico, y hasta de la organización y funcionamiento de los aparatos, así como por la catadura de sus soportes electorales, por el contrario, podría conducir a una renovación de un gobierno cercano a las tendencias uribistas y al mantenimiento o a la transformación del régimen político con tintes autoritarios. No hay que olvidar que los hilos de la tramoya electoral y del tinglado gubernamental son hoy manipulables por los agentes de las clases y fracciones dominantes.
1 Moncayo, Víctor Manuel. Ante el eclipse electoral: ¿es posible una táctica defensiva?. En Revista Izquierda, Mayo 2022.
2 Nos referimos a la expresión de Álvaro Gómez Hurtado para referirse al gobierno de Ernesto Samper por el escándalo de la financiación de su campaña por el narcotráfico que, evidentemente, hacía alusión a la ilegitimidad del gobierno y no a lo que conceptualmente hemos denominado el régimen político.
3 Ver artículo ya citado: “Ante el eclipse electoral: ¿es posible una táctica defensiva?”. Revista Izquierda. Mayo de 2022.
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