Julio C. Gambina
Doctor en Ciencias Sociales – UBA
Profesor Titular de Economía Política – UNR
Integrante de la Junta Directiva de la SEPLA
La Argentina tiene la mayor deuda con el FMI, como resultado del mayor préstamo otorgado por el organismo internacional en su historia. Se acordaron 57.000 millones de dólares en 2018 y se desembolsaron 45.000 millones, que hace poco se renegociaron con una hipoteca y ajustes fiscales y monetarios que comprometen al país hasta 2034 1 . Esa deuda pública es un gran condicionante de la evolución futura del capitalismo local, encima, cogobernando con el FMI, con auditorias trimestrales por dos año y medio. Además de la deuda, la Argentina tiene uno de los mayores niveles de alza de los precios en la región y en el mundo, del 58 % interanual a abril de 2022 2 , con una proyección para este 2022 en torno al 70 % 3 . Son dos grandes temas que enmarcan una política pública con resultados regresivos en la situación social, con índices de pobreza oficiales cercanos al 40 % y más grave para menores, que en algunas zonas escala al 70 %. La irregularidad en el empleo involucra a 1/3 de la fuerza de trabajo, con caída de los ingresos populares, sean salarios, jubilaciones o beneficios sociales.
Son valores de deterioro de la calidad de vida de la población, impensables hace medio siglo, momento de crisis que supuso una regresiva salida para restaurar el orden capitalista. Remito al golpe genocida de 1976 que reestructuró la economía, el Estado y la sociedad. Resultado de ello es la debacle del presente, en el que se consolida un modelo productivo y de desarrollo de profundización de la inserción subordinada en el sistema mundial. Aludo al modelo primario exportador de saqueo de los bienes comunes, especialmente de la tierra (agronegocios y megaminería a cielo abierto), sustentado en la dominación de corporaciones transnacionales de la alimentación, el petróleo y la biotecnología; de un sector industrial dependiente de insumos estratégicos, que en el sector más dinámico actúa como un enclave de armaduría para el mercado mundial, asegurando una tendencia a la baja de los ingresos de trabajadoras y trabajadores. Algo similar acontece en la esfera de la circulación, que en la extranjerización confirma el carácter subordinado de la economía local al capitalismo mundial y la especulación financiera.
La tendencia a la concentración y centralización del capital y una ampliación de la explotación y el saqueo constituyen una síntesis del acontecer local, pese a casi cuatro décadas de gobiernos constitucionales, los cuales no revirtieron la lógica esencial de una política económica de reestructuración regresiva del capitalismo local 4 .
Historia larga
En este medio siglo se transformó profundamente el país. El bloque en el poder abandonó el modelo industrializador y promotor del mercado interno para habilitar un tiempo de liberalización de la economía. La realidad devuelve una mayor explotación de la fuerza de trabajo y pérdida de derechos sociales, sindicales, laborales, colectivos e individuales, con merma en los ingresos; un cambio sustancial en la función estatal, de la mano de las privatizaciones de las empresas públicas, una tendencia a la desregulación estatal y la transferencia de funciones nacionales a los estados provinciales, sin afectar recursos adicionales; completado con subsidios empresariales que aseguren la rentabilidad del capital privado, especialmente de las privatizadas. Solo en el primer cuatrimestre de 2022, el principal gasto público proviene de los subsidios energéticos (electricidad, gas, combustible), que alcanzan el 17 %. El segundo rubro, un 15 %, se orienta al pago de los servicios de la deuda pública. Un tercio del gasto total del Estado nacional es apropiado por empresas privatizadas y acreedores de la deuda pública.
Cambió también la política. En efecto, la historia reconoce hasta 1976 dos grandes partidos políticos que alternaron la gestión del capitalismo local desde 1916 (primer gobierno constitucional): el radicalismo, surgido en 1895, y el peronismo, en 1945. El bipartidismo fue interrumpido por golpes entre 1930 y 1983 que pretendían restaurar el orden que articulaba al capital extranjero y el de los grandes terratenientes. Ese bipartidismo entre radicales y peronistas se terminó en 2015 cuando Mauricio Macri, primer presidente no radical ni peronista en la historia constitucional, asumió la presidencia. El gobierno de Macri (2015-2019) supuso un reforzamiento de la lógica (neoliberal) impulsada por la dictadura militar (1976-1983) y de lo acontecido en los noventa, bajo los gobiernos del peronista Carlos Menem y del radical Fernando De la Rúa. El punto de quiebre lo constituye la rebelión popular de 2001, que arrasó con la institucionalidad de los noventa del siglo pasado y habilitó un nuevo tiempo en el país.
La respuesta a la crisis de 2001/02 habilitó un tiempo de dos coaliciones que se disputan el gobierno del capitalismo local. Una liderada por el kirchnerismo, que gobernó por tres periodos: de 2003 a 2007, bajo la presidencia de Néstor Kirchner, y otros dos, de 2007 a 2011 y de 2011 a 2015, presididos por Cristina Fernández. Como señalamos, en el lapso 2015-2019 lideró el macrismo. El “kirchnerismo” agrupa a una mayoría peronista y también minorías provenientes del radicalismo, incluso de otras fuerzas y tradiciones políticas del país. Por su parte, el “macrismo” agrupa a la mayoría de radicales y minorías peronistas, pero también de otras agrupaciones. Se trata de dos coaliciones, que en la coyuntura y de cara a la renovación presidencial de 2023, pueden presentar nuevas rupturas y reordenamientos de un régimen político que hace dos décadas abandonó la lógica histórica de dos partidos que disputan el gobierno entre golpes con pretensión restauradora.
La novedad a partir de 2021 es la aparición de una fuerza política a la derecha de la derecha, liberales inspirados en la escuela austríaca que corren la agenda hacia la derecha y la liberalización de la economía. En las mediciones con vista a 2023 aparecen como una tercera fuerza en las opciones electorales, sumando un 18/20 %. El bi-coalicionismo alcanza entre 55 y 60 %, la izquierda con participación electoral entre un 6 y 7 %. Son ponderaciones de votos positivos, por lo que, respecto del total de votantes, el abstencionismo puede alcanzar entre 25 y 30 %.
En rigor, desde 1983, fue poco lo que las opciones electorales con programas críticos al neoliberalismo pudieron modificar en relación con el sentido esencial del modelo primario exportador y de armaduría, subordinado a la lógica transnacionalizada y especulativa. Se trata de gobiernos de centroizquierda, socialdemócratas o progresistas que asumieron desde 1976 generando expectativas de cambios del orden neoliberal hegemónico. Esa fue la caracterización de un electorado que votó con expectativas de cambios al Frente de Todos en 2019 para evitar un nuevo periodo de Mauricio Macri en el gobierno.
La tendencia a la concentración y centralización del capital y una ampliación de la explotación y el saqueo constituyen una síntesis del acontecer local, pese a casi cuatro décadas de gobiernos constitucionales, los cuales no revirtieron la lógica esencial de una política económica de reestructuración regresiva del capitalismo local.
A modo de balance
A tres años del triunfo del Frente de Todos crece la frustración del propio electorado ante promesas incumplidas de reversión de la situación de desigualdad que se consolida en el país. El presidente electo, Alberto Fernández, es resultado de una designación por parte de la principal líder del kirchnerismo, Cristina Fernández. La incógnita provenía de las fuertes críticas a las que este la sometió. Alberto Fernández fue jefe del gobierno de Néstor Kirchner y en los primeros tramos del de Cristina Fernández, del cual se retiró con fortísimas críticas y denuncias. La iniciación de Alberto Fernández en la política pública en el país apareció asociada al primer intento electoral de una derecha con votos en los 90 del siglo pasado, nada menos que de la mano del histórico liberal Álvaro Alsogaray, funcionario de dictaduras surgidas de golpes de Estado, y, luego, de Domingo Cavallo, ideólogo de la estafa de la estatización de la deuda durante la dictadura (1982) y artífice de la convertibilidad entre 1991 y 2001, la que terminó con la pueblada e inauguró un nuevo tiempo político en la Argentina.
Es cierto que el gobierno de los Fernández, Alberto y Cristina, tuvo a poco de andar el desafío del covid 19 y la deliberada recesión global, que al principio redituó en confianza ganada. Sin embargo, con las largas cuarentenas no solo se revirtió el consenso, sino que escaló la desconfianza social, incluso del propio electorado. En la elección de medio turno (2021), ganada por la oposición, esta no creció en votos. Lo que ocurrió fue la perdida de millones de votos del oficialismo como consecuencia del descontento. Esta situación es la que define el proceso político a un año de las elecciones de renovación del gobierno nacional. Ni el oficialismo ni la oposición tienen asegurado el proceso electoral, especialmente por la emergencia de una derecha que presiona en la agenda discursiva de la oposición, del mismo modo que la presión social induce realineamientos en el oficialismo, lo que puede significar fracturas políticas a derecha e izquierda de las dos coaliciones que disputan el gobierno en el país. Lo que aparece es la búsqueda por reposicionarse de cara a 2023.
Se trata de un escenario incierto en la política local, con protestas crecientes para resolver la vida cotidiana de un movimiento popular fragmentado, de organizaciones sindicales y sociales, en el que los primeros, con ingresos superiores respecto de los segundos, pujan por no seguir resignando derechos e ingresos, mientras los otros lo hacen por ingresos que aseguren la reproducción de la cotidianeidad, aun precarizando condiciones de trabajo e ingresos. Ambas fracciones del movimiento popular, movimiento sindical y organizaciones sociales territoriales, no siempre articulan dinámicas de lucha ni una construcción de alternativa política. La izquierda parlamentaria despliega un proceso de articulación con grupos sociales, sindicales y otros que pugnan en la lucha por la suspensión de los pagos de la deuda pública y la investigación de la misma, como con otros que protestan contra el modelo productivo en diversas campañas populares en defensa de los bienes comunes, por ejemplo. Ahí se procesan expectativas por proyectos políticos alternativos, de crítica al capitalismo y con pretensión de transformaciones profundas.
2020 fue un año de retroceso económico, con una caída del 9,9 % del PBI y deterioro de todos los indicadores sociales. La pandemia era el argumento explicativo del retroceso. Pese a la continuidad de la misma, el año 2021 supuso la recuperación con un 10,3 % de crecimiento del PBI, aunque en la distribución funcional del ingreso las ganancias se apropiaron en mayor proporción de esa recuperación que lo apropiado por los salarios y los ingresos populares 5 . Crecía la desigualdad, la explotación y el saqueo pese a la recuperación económica. En ese marco, la novedad de la guerra en Ucrania y su impacto económico y social agregaron incertidumbre en este 2022. Por un lado, los precios de los alimentos y la concentrada propiedad de los productores y exportadores locales impacta sobre el aumento de los precios y una inflación que se descarga sobre la mayoría empobrecida. Por otro, siendo Argentina un país importador de energía la suba de precios supone un horizonte de incertidumbre sobre el conjunto de la actividad económica.
Una herencia económica crítica al inicio del gobierno en diciembre de 2019 más pandemia y guerra resulta un combo que dificulta cualquier accionar, máxime si se pretende sostener un rumbo estratégico de inserción en el capitalismo contemporáneo. En este sentido, desde lo productivo, el país confirma un rumbo asociado al eje en el complejo sojero de exportación; la explotación para la exportación de hidrocarburos no convencionales (se piensa en atender la demanda europea que está queriendo reemplazar la provisión energética rusa); la producción minera para el mercado mundial, especialmente del litio, el oro y otros minerales, así como la potenciación de los mecanismos de armaduría fabril. Es una lógica que busca conseguir divisas para hacer frente a los vencimientos de deuda, con acreedores privados y el propio FMI. Eso define una lógica de gestión orientada a obtener las divisas para cancelar deuda, profundizando una inserción subordinada en el sistema mundial del capitalismo
¿Se podía o se puede hacer algo distinto?
La gestión se inició con la prioridad de resolver el problema del endeudamiento, por lo que al frente del Ministerio de Economía se puso a Martín Guzmán, joven profesional que incluía en su currículo el trabajo intelectual en la Universidad de Columbia junto al Nobel de Economía Joseph Stiglitz. La tarea asumida se concentró en la renegociación de la deuda pública, asociada a su especialización académica en reestructuración de deuda. Se establecieron dos momentos sucesivos: uno primero de renegociación con acreedores privados, de hecho, grandes fondos de inversión, expresión concentrada de la especulación financiera global, desplegados durante el periodo 2020-21; otro de reestructuración de las acreencias con el FMI, ejecutado entre 2021 y 2022. Los temas asociados a la producción recayeron en otro ministerio, a cargo de Matías Kulfas, autor de un libro sobre los tres “kirchnerismos”, en los que se realizan críticas a la gestión presidencial del último turno de Cristina Fernández.
Existen sectores afines al gobierno que critican al “ministro de la deuda” y proponen una política agresiva contra el núcleo de poder, ingresos y riquezas. Es una demanda que se suma a otra desde la oposición, que exige la formulación de un programa económico. En rigor, programa hay. El gobierno lo explicita sobre lo presupuestado y contiene los lineamientos de objetivos macroeconómicos, que ahora integran los acuerdos con el FMI en materia fiscal, monetaria y de política pública. No es un dato menor que este 2022 se actúe con presupuesto prorrogado del año anterior, ante la negativa de la oposición para facilitar la aprobación parlamentaria necesaria. Más allá del programa contenido en el presupuesto, la producción mantiene en esencia los rumbos que definen el modelo productivo y de desarrollo. Por estas horas, existe más acuerdo del presidente y su gabinete con el núcleo de poder económico en el país que con la propia coalición de gobierno y su electorado. Por su parte, la oposición emite mensajes dirigidos al poder según los cuales solo desde un gobierno explícitamente liberal se puede lograr la estabilización del capitalismo local, lo que demanda reaccionarias reformas laborales, previsionales y tributarias.
Lo que se discute es el gobierno del capitalismo local, en el oficialismo sustentando un discurso que contacte históricamente con un proyecto de distribución del ingreso y contención social de los sectores más desfavorecidos, mientras que, por el otro, la oposición de derecha sustenta ese mensaje como “populista” y responsable de la debacle de la Argentina, precisamente desde 1945, momento de emergencia del peronismo en la política y la economía locales. En rigor, si bien la Argentina parece haber superado el ciclo de alternancia entre gobiernos constitucionales y restauradores vía golpes de Estado, situación desplegada entre 1930 y 1983, la nueva situación de continuidad constitucional opera sobre nuevas condiciones, bajo las cuales la restauración del orden ya no requiere de la violencia explícita del golpe de Estado tradicional. La restauración del poder concentrado opera en el marco del régimen constitucional.
Volviendo al comienzo, si dos grandes condicionantes de la economía local son el endeudamiento y la inflación bien podría haberse atacado estos aspectos desde otro ángulo. La situación de pandemia y de guerra constituyeron momentos de excepcionalidad que bien podrían haberse utilizado para postergar pagos de la deuda mientras se investigaba la estafa, demostrada por el BCRA en un estudio de mayo de 2020, que señalaba que el 86 % de las divisas ingresadas en el periodo del gobierno de Macri se fugó del país, como cancelación de deuda, remesas de utilidades al exterior y constitución de activos externos 6 . Al contrario, la Argentina siguió esterilizando fondos con cancelaciones de deuda que impidieron utilizar recursos para resolver las emergencias sanitaria, alimentaria y de otra naturaleza del pueblo empobrecido.
La coalición de gobierno formuló su programa electoral con críticas al neoliberalismo imperante bajo el gobierno Macri, con un imaginario de reformas posibles sin cambiar la estructura económica y social, sin confrontar con el poder transnacionalizado del capitalismo local. Ese es el límite de los gobiernos “progresistas” en la región, que se contentan con la crítica al neoliberalismo sin abordar la crítica al propio orden capitalista, lo que supone una confrontación en línea con el poder concentrado de la economía. Esta confrontación es la premisa necesaria para encarar un proyecto de satisfacción de las necesidades populares, que encare un proceso de perspectivas y horizonte de transformación social, más allá y en contra del capitalismo.
Por su parte, la inflación, si bien un problema mundial ahora, pandemia y guerra mediante, tiene especificidad local y, en ese sentido, opera la disputa de poder por la apropiación del excedente económico. La inflación es un mecanismo de distribución del ingreso, entre el trabajo y el capital, pero también en la disputa y la competencia intercapitalista. La no reversión de la lógica privatista de los 90 del siglo pasado y la no restitución de capacidad de control, de gestión y de planificación estatal actuaron potenciando la debilidad gubernamental ante la impunidad y ofensiva del capital más concentrado, lo que se explicita en la suba acelerada de los precios.
La coalición de gobierno formuló su programa electoral con críticas al neoliberalismo imperante bajo el gobierno Macri, con un imaginario de reformas posibles sin cambiar la estructura económica y social, sin confrontar con el poder transnacionalizado del capitalismo local. Ese es el límite de los gobiernos “progresistas” en la región, que se contentan con la crítica al neoliberalismo sin abordar la crítica al propio orden capitalista, lo que supone una confrontación en línea con el poder concentrado de la economía. Esta confrontación es la premisa necesaria para encarar un proyecto de satisfacción de las necesidades populares, que encare un proceso de perspectivas y horizonte de transformación social, más allá y en contra del capitalismo.
1 FMI. “El FMI y las Autoridades Argentinas Llegan a un Acuerdo a Nivel del Personal Técnico sobre un Servicio Ampliado del Fondo”, 3 de marzo de 2022, en: https://www.imf.org/es/News/Articles/2022/03/03/pr2256-argentina-imf-and-argentine-authorities-reach-staff-level-agreement-on-an-eff
2 INDEC. Índice de precios al consumidor, abril 2022, en: https://www.indec.gob.ar/uploads/informesdeprensa/ipc_05_2224DC1A5434.pdf
3 INDEC. Indicadores de condiciones de vida de los hogares en 31 aglomerados urbanos Segundo semestre de 2021, en: https://www.indec.gob.ar/uploads/informesdeprensa/eph_indicadores_hogares_05_22F217D37524.pdf
4 INDEC. Encuesta Nacional a Grandes Empresas, 2020, en: https://www.indec.gob.ar/uploads/informesdeprensa/enge_01_220645761023.pdf
5 INDEC. Cuenta de generación del ingreso e insumo de mano de obra. Cuarto trimestre de 2021, en: https://www.indec.gob.ar/uploads/informesdeprensa/cgi_04_225023F8C53A.pdf
6 BCRA. Mercado de cambios, deuda y formación de activos externos 2015-2019, mayo 2020, en: http://www.bcra.gob.ar/Noticias/publicacion-de-informe-mercado-cambios-deuda-2015-2019.asp
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